REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 8 de febrero de 2017
206º y 157º
ASUNTO: AP11-V-2013-000630
Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva.
PARTE DEMANDANTE: Ciudadana CARMEN ALEJANDRINA PADILLA DOMÍNGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-16.497.804.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Ciudadana ANA MARÍA ALCALA ROJAS, abogada en ejercicio, de este domicilio e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 150.826.
PARTE DEMANDADA: Ciudadano FIDIAS JOSÉ GARCÍA BELLO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-12.828.104.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No consta en autos apoderado judicial alguno.-
MOTIVO: DIVORCIO CONTENCIOSO.
-I-
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA
Se inició el presente juicio, mediante escrito de demanda presentado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.), del Circuito Judicial de los Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 14 de junio de 2013, por la ciudadana ANA MARÍA ALCALÁ ROJAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 12.393.581, abogada en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 150.826, quien actuando como apoderada judicial de la ciudadana CARMEN ALEJANDRINA PADILLA DOMÍNGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 16.497.804, mediante la cual demanda por DIVORCIO CONTENCIOSO al ciudadano FIDIAS JOSÉ GARCÍA BELLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 12.828.104; la cual previo sorteo de Ley, le correspondió conocer a éste Juzgado.-
Luego de que fueran consignados los recaudos que acompañan el libelo de la demanda, mediante auto de fecha 19 de junio de 2013, procedió a admitir la demanda, ordenándose emplazamiento de la parte demandada.-
En fecha 10 de julio de 2013, se ordenó librar compulsa de citación, oficio y comisión, a los fines que se gestionara la citación personal de la parte demandada; asimismo, se libró boleta de notificación dirigida a la representación Fiscal del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.-
El día 9 de agosto de 2013, compareció la abogada BLANCA MARCANO MORALES, en su condición de Fiscal Nonagésima Cuarta (94º) del Ministerio Público, para la Protección de Niños, Niñas, Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares, se dio por notificada de la presente demanda y señaló que se encontraban cumplidos con los requisitos de Ley.-
Por auto de fecha 10 de enero de 2014, se ordenó agregar a los autos, las resultas de la comisión provenientes del Juzgado del Municipio Plaza de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.-
La representación judicial de la parte actora, mediante diligencia de fecha 10 de febrero de 2014, solicitó que la citación de la parte demandada fuera realizada mediante cartel de citación. Solicitud ésta, que fue debidamente proveída en fecha 14 de febrero de 2014.-
Por diligencia de fecha 26 de marzo de 2014, la representación judicial de la parte actora, consignó ejemplares del cartel de citación debidamente publicados en presa. Posterior el día 13 de mayo de 2014, se acordó librar oficio y comisión dirigida al Juez del Juzgado Distribuidor de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a los fines que se fijara el cartel de citación en la morada de la parte demandada.-
En fecha 4 de junio de 2014, la apoderada judicial de la parte actora, solicitó la designación de defensor judicial a la parte demandada, lo cual fue acordado por auto de fecha 10 de junio de 2014, designándose a la ciudadana AMÉRICA GÓMEZ, cargo éste que fue revocado por contrario imperio por auto de fecha 11 de Junio de 2014, exhortándose a la parte actora a gestionar la fijación del cartel de citación.-
La ciudadana AMÉRICA GÓMEZ, antes identificada, el día 14 de julio de 2014, se dio por notificada, aceptó el cargo y juró cumplirlo bien y fielmente. Por diligencia de fecha 22 de Julio de 2014, la representación judicial de la demandante consignó los recaudos necesarios para la elaboración de la compulsa. Luego, en fecha 11 de noviembre de 2014, se libró compulsa de citación dirigida a la ciudadana AMÉRICA GÓMEZ, antes identificada.-
El Alguacil de éste Circuito Judicial, en fecha 24 de noviembre de 2014, dejó constancia de haber citado personalmente a la defensora judicial AMÉRICA GÓMEZ.
En fecha 13 de marzo de 2015, este Tribunal dicto sentencia declarando La Nulidad de las actuaciones realizadas desde el día 2 de octubre de 2013, hasta el día 24 de noviembre de 2014, las cuales rielan desde el folio cuarenta y cinco (45) hasta el folio ciento doce (112) folios, asimismo ordenó La Reposición de la causa al estado en que se practique la citación personal de la parte demandada ciudadano FIDIAS JOSÉ GARCÍA BELLO.
Mediante diligencia de fecha 09 de junio de 2015, la representación judicial de la parte demandada ciudadana ANA MARÍA ALCALÁ ROJAS, solicitó se oficiara al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), a los fines de que informara el último domicilio del ciudadano FIDIAS JOSÉ GARCÍA BELLO, librándose los respectivos oficios.
Posteriormente en fechas 09 de octubre y 18 de noviembre del año 2015, este Tribunal dio por recibidos oficios provenientes del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) y del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Seguidamente, en fecha 11 de abril de 2016, se agregaron las resultas de comisión proveniente del Juzgado Décimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Sin Cumplir.
En fecha 02 de mayo de 2016, la ciudadana CARMEN PADILLA, asistida de abogada revocó el poder conferido a la ciudadana ANA MARÍA ALCALÁ ROJAS.
Por último en fecha 06 de febrero de 2017, me aboque al conocimiento de la presente causa.
-II-
MOTIVA
Vistas las precedentes actuaciones contenidas en el presente expediente, por cuanto no existen elementos sobre los cuales ameriten un pronunciamiento previo de este Tribunal, se acuerda hacer las siguientes consideraciones:
Establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto del procedimiento por las partes (sic.)”. (Negrita del Tribunal)
De la norma antes transcrita se infiere que el Legislador ha previsto con la misma, sancionar la conducta omisiva del actor negligente que no impulsa el juicio que ha instaurado para que llegue a su culminación por los trámites procesales pertinentes, ya que tal conducta va contra el principio de economía y la celeridad procesal que busca que éstos sean sustanciados y decididos en los lapsos pertinentes para ello, sin retrasos ni demoras injustificadas.-
La perención constituye una sanción contra el litigante negligente, porque si bien el impulso procesal es inoficioso, cuando no se cumpla aquél debe estar listo a instarlo a fin de que el proceso no se detenga.
Se logra así, bajo la amenaza de la perención, una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un período de tiempo muy largo, como ocurre en el caso bajo estudio, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso.
Como lo establece nuestro Autor Patrio RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en su texto Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 330:
“…El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que este una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.
Por ello, el juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia. Pero esta potestad del juez tiene dos límites, a saber: a) cuando las partes están de acuerdo en continuar el juicio, pues el interés público no reside en la caducidad del proceso sino en la pendencia indefinida; porque así lo desean ambas partes de consuno, el juez no debería declarar extinguido el proceso aunque ya haya pasado el año de inactividad. b) El interés público en la perención de la instancia no significa que no exista un momento preclusivo para la perención de la instancia en lo que a las partes se refiere. Si uno de los litigantes actúa en el proceso después de un año de inactividad, sin solicitar la perención, se apropia de los efectos de la pendencia de la litis y por tanto revalida tácitamente el proceso; por lo que no habría deber en el juez de atender positivamente la solicitud de perención que ese litigante haga posteriormente.”
Ahora bien, podemos observar que el autor ARISTIDES RENGEL-ROMGERG, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II, relativo a la teoría General del Proceso, ha establecido que los caracteres de la Perención, son los siguientes:
“…b) La perención se verifica de Derecho, esto se realiza Ope Legis, al vencimiento del plazo de un año de inactividad, y no desde el día en que es declarada por el Juez. …
…c) La perención no es renunciable por las partes.
d) La perención puede declararse de oficio por el Juez. Por el carácter irrenunciable que tiene, el Juez puede declararla de oficio sin esperar petición de parte para su declaración.
e) La perención puede interrumpirse. Así como la inactividad prolongada por un año opera la perención, la actividad procesal durante el curso del lapso de perención, la interrumpe.
La actividad interruptiva ha de consistir en la realización de uno o más actos procesales que revelen la intención o propósito de continuar el proceso.”
En esta línea argumentativa, este Juzgador estima pertinente hacer énfasis a lo establecido con respecto a la perención, y sobre este punto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 01 de junio de 2001 (Caso: FRAN VALERO GONZÁLEZ y MILENA PORTILLO MANOSALVA DE VALERO), establece:
“…El Código de Procedimiento Civil establece la institución denominada perención de la instancia.
Dicho Código señala que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (artículo 267); y agrega, que la inactividad del juez después de vista la causa, lo que se entiende que es solo con relación al fallo de fondo, no producirá la perención. Ella tampoco tendrá lugar cuando el proceso se encuentre en consulta legal, ante el juez que ha de conocerla (artículo 270 del Código de Procedimiento Civil).
En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como lo señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil.
El efecto de la perención declarada es que se extingue el proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos, y las pruebas que resulten de los autos, continuarán teniendo plena validez. Simplemente, la perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de aquélla.
Como la acción no se ve afectada por la perención, la demanda puede volverse a proponer, y si con ella (la perimida) se hubiere interrumpido la prescripción, tal interrupción sigue produciendo efectos.
Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinados plazos (caso del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo) a la cual lo requiere el Tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer a una determinada actuación, no lo hace (artículos 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil). De estas dos posibilidades para los fines de este fallo, a la Sala le interesa la primera de ellas: la perención que nace por falta de impulso procesal propio…”
Del criterio jurisprudencial previamente trascrito, se reitera nuevamente el hecho de que la Perención de la Instancia constituye una sanción para la parte actora que por negligencia incurre en inactividad y no impulsa el proceso instaurado en el transcurso de un año; por ello acogiendo este Juzgado el criterio contenido en el fallo supra trascrito y aplicándolo al caso sub examine, considera que efectivamente en el presente caso, estamos en presencia de una Perención de la Instancia, puesto que se evidencia que la última actuación de la parte actora tendiente a impulsar el proceso se circunscribe al 09 de Junio de 2015, de lo cual claramente se desprende, que transcurrió mas de un (01) año, sin que conste en autos que la parte actora haya impulsado en forma alguna la continuación del proceso. En consecuencia, no existe actuación alguna realizada por la actora, dentro del término previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, adecuándose perfectamente el caso de marras, a lo establecido en el artículo in comento.
Finalmente, resulta importante destacar que la Perención de la Instancia opera ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada, por lo que la perención se verifica desde el mismo momento en que ha transcurrido el término prescrito en la ley. En tal sentido, es necesario reiterar que conforme a lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, la institución de la Perención de la Instancia producida por negligencia de la parte demandante en impulsar la continuación del proceso, es una norma de orden público, no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal que la detecte, acarreando como consecuencia la extinción del presente proceso, y así debe ser declarado en la parte dispositiva del presente fallo. ASI SE DECIDE.
-III-
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO UNDECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, Declara: PERIMIDA LA INSTANCIA, en consecuencia EXTINGUIDO EL PROCESO de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLIQUESE Y REGISTRESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 11º de 1era Inst. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 8 de febrero de 2017. 206º y 157º.
El Juez,
Abg. Maritza Betancourt Morales
La Secretaria
Abg. Isbel Quintero
En esta misma fecha, siendo las 2:39 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
La Secretaria
Abg. Isbel Quintero
Asunto: AP11-V-2013-000630
