REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 25 de octubre de 2017
207º y 158º
ASUNTO: AP11-V-2015-001109
PARTE ACTORA: ALFONSO CARDOZO HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V- 5.304.690.
APODERADO JUDICAIL DE LA PARTE ACTORA: JOSE VICENTE ARVELAIZ CARPIO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-2.395.929 e inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 14.549.
PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil INVERSIONES MODERNAS S.A, de este domicilio e inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda el 27 de agosto de 1953 bajo el Nº 524, Tomo 2-G, posteriormente migrado al Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, actualmente en el expediente Nº 8.135 del Registro Mercantil quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y a sus accionistas MARIA CECILIA CARDOZO HERNANDEZ, ANA GRACIELA CARDOZO HERNANDEZ, MANUEL JAVIER CARDOZO HERNANDEZ, ROBERTO JOSE CARDOZO HERNANDEZ, ISABEL EUGENIA CARDOZO DE BLANCH, ALICIA CARDOZO HERNANDEZ, BEATRIZ CARDOZO CAPDEVIELLE, y JESUS IGNACIO CARDOZO HERNANDEZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de la cédula de identidad Nº V-3.229.695, V-4.351.004, V-4.439.651, V-4.772.924, V-5.304.493, V-3.229.696, V-4.438.651 y V-4.769.116, respectivamente.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: No consta en autos representación alguna.-
MOTIVO: NULIDAD DE ASAMBLEA
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITVA (Perención)
I
ANTECEDENTES
Se inició la presente demanda por ante la Unidad de Distribución y Recepción de Documentos (U.R.D.D) de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contentivo del juicio que por NULIDAD DE ASAMBLEA, incoado por ALFONSO ELIAS CADOZO HERNANDEZ, contra la Sociedad Mercantil INVERSIONES MODERNAS S.A., y sus accionistas MARIA CECILIA CARDOZO HERNANDEZ, ANA GABRIELA CARDOZO HERNANDEZ, MANUEL JAVIER CARDOZO HERNANDEZ, ROBERTO JOSE CARDOZO HERNANDEZ, ISABEL EUGENIA CARDOZO HERNANDEZ DE BLANCH, ALICIA CARDOZO HERNANDEZ, BEATRIZ CARDOZO HERNANDEZ DE CAPDEVIELLE y JESUS IGNACIO CARDOZO HERNANDEZ, plenamente identificados en autos, correspondiéndole conocer de la misma a este Juzgado, en fecha 10 de Agosto de 2015. Por auto de fecha 17 de septiembre de 2015, este Tribunal ordenó darle entrada a la presente causa y anotarlo en el libro correspondiente. En esta misma fecha, se admitió la presente demanda, ordenando el emplazamiento de la parte demandada.
En fecha 14 de octubre de 2015, el ciudadano JOSE VICENTE ARVELAIZ CARPIO, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, consignó escrito de reforma de la demanda.
En fecha 26 de octubre de 2015, se dictó auto mediante el cual este Tribunal admitió la reforma de la demandada.
En fecha 27 de octubre de 2015, el ciudadano JOSE VICENTE ARVELAIZ CARPIO, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, consignó los fotostatos requeridos para la citación de los demandados.
En fecha 03 de noviembre de 2015, la Secretaría de este Tribunal dejó constancia de haberse librado las compulsas a los demandados
En fecha 26 de noviembre de 2015, el ciudadano ROSENDO HENRIQUES, en su carácter de Alguacil adscrito a este Circuito Judicial, dejó constancia de haberse trasladado a la dirección correspondiente, a los fines de citar a la Sociedad Mercantil INVERSIONES MODERNAS S.A., siendo imposible lograr entregar dicha citación.
En fecha 03 de noviembre de 2015, el ciudadano JOSE VICENTE ARVELAIZ CARPIO, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, solicitó la citación por carteles.
En fecha 14 de diciembre de 2015, se dictó auto mediante el cual este Tribunal negó lo solicitado por la parte actora, en consecuencia, se ordenó librar oficio al SAIME, CNE y SENIAT, a los fines de que informen sobre el último domicilio registrado de los ciudadanos MANUEL JAVIER CARDOZO HERNANDEZ Y ANA GRACIELA CARDOZO HERNANDEZ.
En fecha 21 de enero de 2016, se recibió oficio Nº 1031-2015, de fecha 11/01/2016, proveniente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), informando el último domicilio de los ciudadanos MANUEL JAVIER CARDOZO HERNANDEZ Y ANA GRACIELA CARDOZO HERNANDEZ.
En fecha 05 de febrero de 2016, se ordenó cerrar la pieza uno (1) y abrir una nueva denominada pieza dos (II).
En fecha 17 de febrero de 2016, el ciudadano JOSE VICENTE ARVELAIZ CARPIO, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, solicitó se librara cartel de citación por prensa. En esta misma fecha, el referido apoderado actor, consignó copias simples constante de diecinueve (19) folios útiles, a los fines de la apertura del cuaderno de medida.
En fecha 15 de marzo de 2016, se dictó auto mediante el cual se dejó sin efecto la compulsa de citación del ciudadano MANUEL JAVIER CARDOZO HERNANDEZ; y en su defecto se ordenó librar una nueva, en la dirección suministrada por el SAIME. Por otra parte, se ordenó librar cartel de citación a la parte demandada.
En fecha 14 de marzo de 2016, se recibió oficio Nº 00204, de fecha 23/02/2016, proveniente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
En fecha 15 de marzo de 2016, el ciudadano JOSE VICENTE ARVELAIZ CARPIO, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, solicitó se librará cartel de citación.
En fecha 01 de abril de 2016, visto el oficio Nº 00204, de fecha 23/02/2016, proveniente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), este Juzgado lo dio por recibido, a los fines de que surtan los efectos legales consiguientes. En esta misma fecha, la Secretaria de este Tribunal, dejó constancia de haber librado cartel de citación a la ciudadana ANA GRACIELA CARDOZO HERNANDEZ, co-demandada en la presente causa, tal y como fue ordenado por auto de fecha 15/03/2016.
En fecha 25 de abril de 2016, el ciudadano JOSE VICENTE ARVELAIZ CARPIO, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, consignó copias simples a los fines de su certificación. Asimismo, solicito se expida boleta de citación.
En fecha 16 de mayo de 2016, la Secretaria de este Tribunal, dejó constancia de haber librado compulsa de citación al ciudadano MANUEL JAVIER CARDOZO HERNANDEZ, co-demandado en la presente causa, tal y como fue ordenado por auto de fecha 15/03/2016.
En fecha 06 de junio de 2016, el ciudadano JOSE VICENTE ARVELAIZ CARPIO, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, dejó constancia que canceló los emolumentos necesarios, ante la Oficina de Alguacilazgo.
En fecha 07 de junio de 2016, se recibió oficio Nº 1032/2015, de fecha 14/12/2016, proveniente de la Oficina Nacional de Registro Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En fecha 16 de junio de 2016, visto el oficio Nº 1032/2015, de fecha 14/12/2016, proveniente de la Oficina Nacional de Registro Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), este Juzgado lo dio por recibido, a los fines de que surtan los efectos legales consiguientes.
En fecha 18 de julio de 2016, el ciudadano JOSE DANIEL REYES, en su carácter de Alguacil adscrito a este Circuito Judicial, dejó constancia de haberse trasladado a la dirección correspondiente, a los fines de citar a la Sociedad Mercantil INVERSIONES MODERNAS S.A., siendo imposible lograr entregar dicha citación.
En fecha 26 de septiembre de 2016, el ciudadano JOSE DANIEL REYES, en su carácter de Alguacil adscrito a este Circuito Judicial, solicitó se libre cartel de citación.
En fecha 28 de septiembre de 2016, se dictó auto mediante el cual este Tribunal dejó sin efecto el cartel librado en fecha 01de abril de 2016; y acordó librar uno nuevo. En esta misma fecha, se libró cartel de citación a la Sociedad Mercantil INVERSIONES MODERNAS S.A.
II
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Vista la secuencia de los actos de impulso procesal efectuados por la parte diligenciante, este órgano jurisdiccional para decidir hace las siguientes consideraciones: “…La figura jurídica de perención de la instancia, fue concebida por el Legislador como una sanción frente a la inactividad de los involucrados en impulsar el proceso, la cual implica el abandono del mismo y como un correctivo a la pendencia indefinida de estos, tendente a garantizar su desarrollo hasta la sentencia y su ejecución, que es una exigencia del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva...” (Vid sentencia numero RC-01092, expediente número 06-673 Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia)
El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil prevé:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la Perención”.
En el mismo orden de ideas, el artículo 269 del Código Adjetivo señala:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”.
Los artículos anteriormente reproducidos, señalan que la perención se verifica cuando el proceso se paraliza por inactividad procesal y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al Juez de la causa a que de oficio se pronuncie sobre la extinción del procedimiento, en virtud de lo establecido por la institución jurídica de la perención, es decir, que de la norma anterior se desprende la facultad que tiene el juez de declarar la perención de oficio, cuando se configuren de autos todos sus supuestos necesarios para ello.
En este sentido, y siguiendo el mismo orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado que cuando se trate de cualquier otro pronunciamiento que no sea la sentencia de mérito, no existe impedimento para decretar la perención. Y tal señalamiento se dejó sentado mediante sentencia Nº 2.148 de fecha 14 de septiembre de 2004, indicando a tal efecto lo siguiente:
“El decreto de la perención, por el transcurso de más de un año sin actividad de las partes, ha sido considerado por esta Sala Constitucional como una sanción del legislador frente a la inactividad de las partes. Así en la sentencia Nº 956/01 del 1 de junio, se dejó sentado lo siguiente:
‘...También quiere asentar la Sala, que la perención es fatal y corre sin importar quiénes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento, y según el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención.’.
Es necesario destacar, que el mencionado estado de sentencia es el referido a la sentencia de fondo, y que nace luego de que se ha dicho vistos, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo I, del Título III, del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, por lo que no impide el decreto de la perención la espera de cualquier otro pronunciamiento del juzgador, distinto al de mérito.
En ese sentido se pronunció esta Sala Constitucional en sentencia Nº 909 del 17 de mayo de 2004, en la que señaló:
De lo anteriormente expuesto, se colige que la perención ha de transcurrir, mientras las partes estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio, para realizar actos de procedimiento, aun en aquellos casos que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo en los casos en que el tribunal haya dicho ‘vistos’ y el juicio entre en etapa de sentencia’. (…).
En el caso en el que se dictó la sentencia citada, se encontraba la causa al igual que en el presente, a la espera de un pronunciamiento del órgano jurisdiccional, en particular de la Sala Político Administrativa, pero en ambos se trataba de una decisión interlocutoria.
En ese orden de ideas se indicó en la sentencia citada:
‘…que el acto judicial objeto del presente recurso de revisión, es la decisión del 30 de enero de 2003, dictada por la Sala Político-Administrativa, en el proceso correspondiente al recurso de nulidad interpuesto por el hoy solicitante, contra la resolución número DGAC-002 dictada por la Contraloría General de la República, en el cual la parte recurrente apeló, el 18 de abril de 1996, del auto que declaró inadmisible la prueba de testimonial promovida, se ordenó pasar el expediente al ponente a los fines de decidir la incidencia,posteriormente, el 2 de julio de 1997, la parte actora solicitó pronunciamiento sobre la referida apelación. En ese estado la causa principal se paralizó por un período superior a un año, por lo que, la representación de la Contraloría General de la República solicitó se decretara la perención, el 21 de julio de 1998.
De lo anterior se desprende que en la referida causa no se había dicho ‘vistos’ y estaba pendiente una decisión interlocutoriacon relación a la mencionada apelación, razón por la cual no puede pretenderse la aplicación del criterio vinculante establecido por esta Sala con relación a la institución de la perención, que según lo expuesto, conduce a la anulación de las sentencias posteriores al 1 de junio de 2001 que declaren la perención en causas paralizadas por más de un año después de ‘vistos’.
Siendo así, estima la Sala que, en el caso planteado, la parte actora debió impulsar el procedimiento y ante su falta de actividad operó la perención de la instancia prevista en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo declaró la Sala Político- Administrativa a través de su decisión del 30 de enero de 2003, objeto del presente recurso de revisión”. (Subrayado del texto y Resaltado de esta).-
De igual modo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 853 de fecha cinco (05) de mayo de dos mil seis (2006), señalo:
“Así las cosas, aprecia esta Sala Constitucional que la declaratoria de perención opera de pleno derecho, y puede ser dictada de oficio o a petición de parte, sin que se entienda en esta frase que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma, ya que la sanción debe ser dictada tan pronto se constate la condición objetiva caracterizada por el transcurso de más de un año sin actuación alguna de la parte en el proceso salvo que la causa se encuentre en estado de sentencia.
Es necesario destacar, que el mencionado estado de sentencia es el referido a la sentencia de fondo, y que nada luego de que se ha dicho vistos, de conformidad con lo dispuesto en el Capitulo I, del título III, del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, por lo que no impide el decreto de la perención la espera de cualquier otro pronunciamiento del juzgador, distinto al mérito.
En ese sentido se pronunció esta Sala Constitucional en sentencia Nº 909 del 17 de mayo de 2004, en la que señalo:
De lo anteriormente expuesto, se colige que la perención ha de transcurrir, mientras las partes estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio, para realizar actos de procedimiento, aun en aquellos casos que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo en los casos en que el tribunal haya dicho “vistos” y el juicio entre en etapa se sentencia (…) (Subrayado del texto y resaltado de este Despacho)”
El anterior criterio fue ratificado, por la misma Sala Constitucional, de nuestro más Alto Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, mediante sentencia número 66 de fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil catorce (2014), Expediente No. 2014-11, al analizar la decadencia y extinción de la acción por falta de interés procesal en las causas paralizadas o inactivas, en la cual señaló:
“El derecho al acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta con la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el impulso del proceso. De esta manera, el requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 416/2009).
Al respecto, la Sala ha señalado que el interés procesal surge de la necesidad que tiene un particular, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de que a través de la Administración de Justicia, el Estado le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 686/2002).
Por ello, el interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y ha de mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Así que, ante la constatación de esa falta de interés, la extinción de la acción puede declararse de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 256/2001).
En tal sentido, la Sala ha establecido que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia.En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso de decisión de la causa, la inactividad produce la perención de la instancia.
Este criterio se estableció en el fallo de esta Sala Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001, caso: DHL Fletes Aéreos, C.A., en los siguientes términos:
“(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido (…)”.
El referido criterio, según el cual, debe declararse la pérdida del interés procesal por abandono del trámite, aun estando la causa en estado de sentencia, si se verifica la inactividad de la parte accionante y la falta de impulso procesal de la misma por más de (1) un año ha sido ratificado por esta Sala Constitucional, en sentencias nros. 132/2012, 972/2012, 212/2013 y 1483/2013, entre otras”.
En atención a los expresado, tomando en cuenta este Sentenciador, el discernimiento sostenido por nuestro más Alto Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, recogido en las Jurisprudencias antes transcritas, y efectuando un minucioso estudio de las actas procesales, que conforman el presente expediente, comprueba quien aquí decide, que en el presente Juicio, desde el veintiocho (28) de agosto de 2016, fecha en la cual este Tribunal libró cartel de citación a la Sociedad Mercantil INVERSIONES MODERNAS S.A., ha transcurrido (1) año sin que hubiese actuación alguna que impulsara el presente procedimiento, ello a los fines de que la causa continuara su curso, lo que demuestra la perdida de interés en las resultas del juicio. En consecuencia y en virtud de las circunstancias antes señaladas, concluye este Juzgador que en el caso bajo estudio se configura el supuesto de hecho previsto en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, se ha producido la perención de la instancia en razón de no haberse ejecutado ningún acto de procedimiento en el transcurso de un (1) año. Y así será declarado en la parte dispositiva del presente fallo. Así se declara.
III
DECISIÓN
Por los razonamientos anteriormente expuestos, éste JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242, 243 y 267, del Código de Procedimiento Civil, declara: PRIMERO: La PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en la presente causa que por NULIDAD DE ASAMBLEA, incoado por ALFONSO CARDOZO HERNANDEZ contra la Sociedad Mercantil INVERSIONES MODERNAS S.A., y sus accionistas MARIA CECILIA CARDOZO HERNANDEZ, ANA GABRIELA CARDOZO HERNANDEZ, MANUEL JAVIER CARDOZO HERNANDEZ, ROBERTO JOSE CARDOZO HERNANDEZ, ISABEL EUGENIA CARDOZO HERNANDEZ DE BLANCH, ALICIA CARDOZO HERNANDEZ, BEATRIZ CARDOZO HERNANDEZ DE CAPDEVIELLE y JESUS IGNACIO CARDOZO HERNANDEZ, ambas partes plenamente identificadas en el encabezado del presente fallo.
Dada la naturaleza del fallo, no hay especial condenatoria en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los 25 días del mes de octubre de 2017. Años 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
EL JUEZ,
WILSON GERARDO MENDOZA PEDRAZA.-
EL SECRETARIO ACCIDENTAL
JAN LENNY CABRERA PRINCE.
En esta misma fecha, siendo las 2:18 pm, Previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
EL SECRETARIO ACCIDENTAL,
WGMP/JLCP/FM.- JAN LENNY CABRERA PRINCE
AP11-V-2015-001109
