REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, treinta (30) de Junio de 2017
207º y 158º
ASUNTO: AP11-V-2016-001216
Sentencia Interlocutoria
RECUSANTE: Ciudadanas INDIRA MERCEDES AMARISTA AGUILAR y THAMARA ANDREINA MEJÍAS, ambas mayores de edad, venezolanas, de este domicilio, abogadas en ejercicio e inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 93.181 y 95.814, actuando en su condición de apoderadas judiciales de las ciudadanas MARIA MAGDALENA NEGRÓN DE KAUERT y BETTINA JAFFE DE TETZNER, venezolanas, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-3.398.586 y V-5.304.064.
RECUSADO: DRA. MARITZA BETANCOURT MORALES, Juez de este Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.-
MOTIVO: Recusación.
I
FUNDAMENTOS DE LA RECUSACIÓN
Surge la presente incidencia en virtud de la Recusación interpuesta en fecha 28 de junio 2017, por las profesionales del derecho INDIRA MERCEDES AMARISTA AGUILAR y THAMARA ANDREINA MEJÍAS, ambas mayores de edad, venezolanas, de este domicilio, abogadas en ejercicio e inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 93.181 y 95.814, actuando en su condición de apoderadas judiciales de las ciudadanas MARIA MAGDALENA NEGRÓN DE KAUERT y BETTINA JAFFE DE TETZNER, venezolanas, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-3.398.586 y V-5.304.064, señalando lo siguiente:
“…en nombre de mi representado RECUSO, de conformidad con el ordinal 18° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, a la Juez de este Juzgado Dra. MARITZA BETANCOURT MORALES, en virtud de haber “por enemistad entre el recusado y cualquiera de los litigantes, demostrada por hechos que, sanamente apreciados, hagan la imparcialidad del recusado… con fundamento en las consideraciones siguientes: Que alo largo del presente procedimiento se han producido varios hechos irregulares, que han colocado en tela de juicio su parcialidad en relación a la parte actora, entre ellos se encuentra el hecho que; de las múltiples ocasiones que se ha solicitado el expediente contentivo de todas actas procesales, en el archivo del Circuito, de manera sistemática se nos ha prohibido el acceso, alegando en todas las oportunidades que el mismo se encuentra en el tribunal de la causa, la falta de acceso al expediente, impuesta por usted a esta representación, ha traído consecuencias procesales gravísimas, tal es el caso de no haber tenido oportunidad de verificar en el expediente las pruebas promovidas ilegalmente por la parte actora; y como consecuencia de ello, no haber podido hacer formal oposición a las mismas, dentro del lapso legal establecido; manteniendo esta representación una conducta apegada a derecho, en el sentido de no formular oposición a las pruebas sin su conocimiento, pues tal actuación de nuestra parte hubiere comportado un litigio temerario en el caso, una vez admitidas las pruebas de ambas partes, tal y como consta del auto de fecha 26 de mayo de 2016; y siendo que efectivamente las pruebas de la parte actora, son totalmente impertinentes e ilegales; y siendo que fue desechada la prueba de informes promovida en representación de la ciudadana MARIA NEGRÓN DE KAUERT, se procedió a ejercer oportunamente RECURSO DE APELACIÓN, en contra del auto de admisión de pruebas; SIN OBTENER A LA PRESENTE FECHA NINGUN TIPO DE PRONUNCIAMIENTO AL RESPECTO; muy por el contrario se ha dedicado a proveer de forma “MUY DILIGENTE”, todas y cada una de solicitudes realizadas por la parte actora en el presente caso, tal es así que de acuerdo a lo arrojado por el sistema computarizado del Circuito, OJO EL CUAL ES EL UNICO MEDIO DEL QUE DISPONE ESTA REPRESENTACIÓN PARA MEDIANAMENTE CONOCER DE LO QUE SUCEDE EN LA CAUSA, se ha fijado nueva oportunidad para la testigo declarada desierta en su oportunidad, promovida ilegalmente por la parte actora; ya que como recordará se le hizo saber en su oportunidad, que no se había indicado su pertinencia y necesidad; colocando en total estado de indefensión a nuestra representadas; ya que ni usted ni nosotros, supimos, sino hasta el momento de la evacuación de los otros testigos, que pretendía probar la actora con sus deposiciones. Por otro lado, todas las pruebas promovidas por a parte actora en el presente proceso incluyendo la de testigos; fueron admitidas por este Tribunal, sin detenerse en ningún momento a la verificación del libelo de la demanda; ya que del mismo se desprende, que la parte actora nunca acompaño ni ofreció en su escrito libelar, ninguna de las pruebas promovidas y violentando de esta manera una vez más nuestro derecho a la defensa. Siendo inadmisible que lo que fue negado a una de las co-demandas le esté siendo acordado y proveído a la actora, a través de la admisión de la prueba de informs que aparte de ser ilegal pretende probar y traer a estos autos que están siendo ventilados en un proceso penal parte; el cual usted impidió traer a este juicio, por medio de sentencia interlocutoria” (Sic) (Subrayado mío)…”
II
DE LA RECUSACIÓN
Narrados como ha sido la actuación relativa a la recusación sometida al conocimiento de este Juzgador, de seguidas pasa a resolver la misma en los siguientes términos:
Le corresponde a los funcionarios judiciales la función de administrar justicia en las causas que por razón del cargo deban conocer, esta actividad jurisdiccional que denomina la doctrina como la idoneidad relativa del juez para decidir imparcialmente, puede ser definida como la absoluta aptitud del funcionario judicial para intervenir en el proceso.
La doctrina ha establecido que la capacidad subjetiva del funcionario jurisdiccional reside en su aptitud moral para administrar justicia; averiguando ya que esta revestido de poder general para hacerlo y de esta facultad pueda concretarse al caso individual de que se trata, ha de saber si, no como titular de la jurisdicción, sino como individuo humano puede servir a la tarea que se encarga imperiosamente. La ley presupone que los Jueces están atados, como todos sus semejantes por vínculos personales como el afecto o desafecto, el interés patrimonial o el simplemente intelectual; por ello establece los supuestos que impiden a ejercer la jurisdicción, o les permite abstenerse de hacerlo.
Es por ello que para garantizar su excepcional misión, la ley permite a los propios funcionarios mediante la declaración de su impedimento, separarse del análisis de la causa. Cuando esto no acontece por voluntad de la persona en quien concurre el obstáculo impediente de su parcialidad, los interesados de desvirtuarlo del asunto puesto en su examen se encuentran facultados para hacerlo por la vía de la recusación.
La recusación es el acto por el cual la parte contra quien obra el impedimento exige la exclusión del juez o funcionario judicial del conocimiento o intervención en el asunto, por estar vinculado con las partes o con el objeto del proceso.
La recusación constituye el instituto procesal concebido por el Legislador para que las partes actuantes en un proceso como lo dice el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil puedan recusar a “los funcionarios judiciales sean ordinarios, accidentales o especiales e incluso en asunto de jurisdicción voluntaria”; por ello evidentemente no autoriza a la parte o a su apoderado en juicio para utilizarla como mecanismo o medio como lo dicen algunos glosistas legales, para quitarle el expediente al Juez que resulta incomodo.
Para evitar tales conductas el legislador sometió la recusación a causales taxativamente enumeradas en el artículo 82 ejusdem, las cuales deben ser explanadas, como lo expresa el artículo 92 ejusdem, en “diligencia ante el Juez” señalando los hechos que sean motivo del impedimento; y cuya hipótesis habrá de estar subsumida la conducta del funcionario judicial, para que esta pueda conocer; además de que se ha establecido que la misma no las valora el mismo juez sino que la somete a la decisión de otro juez de jerarquía superior, previo el cumplimiento de la tramitación prevista en los artículos 95 y 96 ejusdem; además de que, como lo expresa el artículo 90 eisdem “solo podrá intentarse bajo pena de caducidad, antes de la contestación de la demanda, pero si el motivo de la recusación sobreviniere con posterioridad a esta o se tratare de los impedimentos previstos en el artículo 85, la recusación podrá proponerse hasta el día en que concluya el lapso probatorio. Si fenecido el lapso probatorio, otro juez o secretario intervine en la causa las partes podrán recusarlo por cualquier motivo legal dentro de los tres días siguientes a su aceptación.
Las causales de recusación e inhibición contenidas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, se reúnen en veintidós (22) ordinales, que son las vinculaciones que califica la ley como razones suficientes, fundadas en una presunción iure et de iure, de incompetencia subjetiva; o más propiamente dicho, de inhabilidad del funcionario judicial, para intervenir en el pleito.
Dispone el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, que la obligación que tiene todo funcionario judicial de inhibirse – sin aguardar que se le recuse – a fin de que las partes dentro de los dos días de despacho siguientes expresen su allanamiento o contradicción.
En el caso que nos ocupa, en el escrito de Recusación de fecha 28 de junio 2017, presentada por las profesionales del derecho INDIRA MERCEDES AMARISTA AGUILAR y THAMARA ANDREINA MEJÍAS, ambas mayores de edad, venezolanas, de este domicilio, abogadas en ejercicio e inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 93.181 y 95.814, actuando en su condición de apoderadas judiciales de las ciudadanas MARIA MAGDALENA NEGRÓN DE KAUERT y BETTINA JAFFE DE TETZNER, venezolanas, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-3.398.586 y V-5.304.064, fundamentan la misma de conformidad con el ordinal 18° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.
Así las cosas, el numeral 18 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:
“Los funcionarios judiciales, sean ordinarios, accidentales o especiales, incluso en asuntos de jurisdicción voluntaria, pueden ser recusados por alguna de las causas siguientes: (…omisis…)
18º. Por enemistad entre el recusado y cualquiera de los litigantes, demostrada por hechos que, sanamente apreciados, hagan sospechable la imparcialidad del recusado.….” (Negrillas y subrayado del Tribunal)
Al respecto en el Auto SCC, de fecha 21 de junio de 1990, Ponente Presidente de la Sala Magistrado Dr. René Plaz Bruzual, juicio Dr. Arturo Luis Torres Rivero Vs. Magistrado Dr. Aníbal Rueda; O.P.T. 1990, N° 6, pág. 203, estableció lo siguiente:
“…Esta disposición es idéntica a la del anterior Código, respecto a la cual la doctrina consideró que las alegaciones genéricas, no concretas, no engendran enemistad; que tampoco la engendran la burla o ironía pasajeras; el desgano del funcionario a proveer constantes y asiduas solicitudes de la parte; el resentimiento de la parte contra el Juez por decisiones adversas; pero sí configuran la enemistad las frases hirientes y despectivas del magistrado contra alguna de las partes en diversas ocasiones, (Ej. Humberto Cuenca, Derecho Procesal Civil, Tomo II, pág. 221)…(…) Las agresiones, injurias y amenazas, si bien constituyen causales de recusación diferentes en nuestra normativa, están como motivo de recusación, estrechamente ligadas a lo discutido…(…), tal enemistad, consecuencia de frases agresivas o injuriosas, deberá constar de autos para que proceda la recusación con base al motivo expresado en el Ord. 18° de la disposición considerada. Y, de estimarse injuriosas las expresiones del Dr. X…, habría que tomar en cuenta que fueron exteriorizadas luego de iniciado el presente juicio. En definitiva, no consta de autos ningún hecho que haga presumir la enemistad entre el recusado y la parte recusante…”.
Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estableció los casos excepcionales en los que procede la declaratoria de inadmisibilidad de la recusación, proferida por el propio funcionario recusado, en sentencia N° 96 de fecha 17/2/06 expediente N° 06-039 en el juicio de Grupo Aymesa Venezolana, C.A. contra Auto Stylo, con del Magistrado Carlos Oberto Velez, que estableció lo siguiente:
“…La Sala observa que la sentencia contra la cual se anunció y negó el recurso extraordinario de casación, resolvió declarando sin lugar la recusación interpuesta por la abogada María Olimpia Labrador, en su carácter de apoderada judicial de la sociedad de comercio con la denominación mercantil Grupo Aymesa Venezolana, C.A., parte actora en el proceso, contra la Dra. Angelina García en su condición de Juez del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
En este mismo orden de ideas, en relación a la admisibilidad del recurso de casación anunciado contra las decisiones que resuelven incidencias de inhibición y/o recusación, esta Sala de Casación Civil estableció el criterio vigente en sentencia N° RH.00468, de fecha 20 de mayo de 2004, expediente N° 2002-000959, en el caso de Galaire Export, C.A. y otra contra Sumifin, C.A. y otras, que prevé únicamente dos (2) situaciones excepcionales en las cuales se admitirá el recurso de casación, en este sentido señaló:
‘…Ahora bien, la Sala Constitucional retomó el criterio que venía sosteniendo la Casación Civil en los fallos antes citados y expresó: “...cuando el juez recusado decida que la recusación propuesta por la parte es inadmisible, bien sea porque: a) se ha propuesto extemporáneamente, esto es, después de transcurrido los términos de caducidad previstos en la ley; b) o se trate de un funcionario judicial que no está conociendo en ese momento de la causa principal o incidental; c) o que la parte hubiese agotado su derecho, por haber interpuesto dos recusaciones en una misma instancia; d) o que la recusación no se hubiese fundamentado en una causa legal; el juez puede, sin necesidad de abrir la incidencia a la que hace referencia el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 96 y siguientes, decidir la recusación propuesta, y, por esta razón, cuando el juez decide su propia recusación declarándola inadmisible, sin abrir la incidencia contemplada en la ley, la parte puede intentar el recurso de apelación y el eventual recurso de casación, ya que, al no darle curso a la incidencia, se podría hacer nugatorio el recurso, siendo imposible que la ley faculte al funcionario judicial para impedir el ejercicio de un recurso que es inherente al derecho de defensa que tienen las partes en el proceso’.
La Sala acoge el anterior criterio jurisprudencial y en aras de lograr la uniformidad de la jurisprudencia, abandona el sostenido en la sentencia de 26 de junio de 1996 (José de Jesús Contreras c/ Ana Cecilia López de Guerrero), conforme al cual no es posible la admisión del recurso de casación contra las providencias recaídas en las incidencias de recusación e inhibición.
En consecuencia, excepcionalmente se admitirá dicho recurso en los siguientes supuestos:
1. Cuando in limine litis el propio funcionario declara inadmisible la recusación propuesta en su contra, desde luego que en este caso, lejos de resolverla, lo que hace es impedir que nazca la incidencia.
2. Cuando se alega la subversión del procedimiento y la consecuente violación del derecho a la defensa, por cuanto en ello está interesado el orden público.
Por cuanto en asuntos de esta naturaleza se encuentra interesado el derecho a la defensa y el acceso a la justicia de los recurrentes, el nuevo criterio se aplicará de inmediato, es decir, los juicios que se encuentren en curso, desde luego que ello en ningún caso limitará sino ampliará las facultades de los litigantes pues además de que no existe conflicto inter partes sino entre alguna o todas de ellas y el funcionario respectivo, tampoco se produce la suspensión del procedimiento a tenor de lo dispuesto en el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, con la advertencia de que esta Sala de Casación Civil será estricta en el supuesto de observar que alguno de los litigantes ejerció de manera temeraria su derecho a recurrir…” (Resaltado de la Sala).
Asimismo, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Velez, en sentencia de fecha 31 de julio de 2007, Exp N° 07-230, estableció:
“…la jurisprudencia ha venido delimitando la posibilidad de que el Juez resuelva su propia recusación, sólo en lo que respecta a su admisibilidad; en este sentido, si la considera admisible deberá rendir informe (art. 92 c.p.c), remitir el expediente al Tribunal que corresponde, según al artículo 93 de la Ley Adjetiva Civil y enviar al Tribunal que deba conocer sobre la procedencia de la recusación las copias conducentes que indique el recusante y el mismo recusado (art. 95 c.p.c.). Pero, si concluye que la recusación propuesta en su contra es inadmisible, así lo declarará sin necesidad de abrir el trámite antes indicado, sin que ello lesione el derecho de defensa del recusante, pues como se indicó, la doctrina casacionista estableció que en tales casos, dicha decisión tendrá apelación y casación; medios recursivos que garantizan el derecho de defensa, permitiendo el control del pronunciamiento del Juez recusado por un Juez de Alzada y por esta Sala de Casación Civil…” (Negrillas y Subrayado de este Tribunal)
Decisiones estas que comparte quien aquí decide de conformidad con lo dispuesto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, y las aplica al caso que nos ocupa, en consecuencia de conformidad con los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este Tribunal declara INADMISIBLE la recusación propuesta en fecha 28 de junio de 2017, por las profesionales del derecho INDIRA MERCEDES AMARISTA AGUILAR y THAMARA ANDREINA MEJÍAS, ambas mayores de edad, venezolanas, de este domicilio, abogadas en ejercicio e inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 93.181 y 95.814, actuando en su condición de apoderadas judiciales de las ciudadanas MARIA MAGDALENA NEGRÓN DE KAUERT y BETTINA JAFFE DE TETZNER, venezolanas, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-3.398.586 y V-5.304.064, contra mi persona, en mi condición de Juez de este Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por cuanto la misma es temeraria, maliciosa y por consiguiente infundada, por no existir una enemistad manifiesta entre las referidas profesionales del derecho y mi persona, asimismo es de resaltar que en el siguiente procedimiento se han cumplido a cabalidad todos los lapsos procesales respectivos dentro de la oportunidad legal correspondiente, así como dado respuestas oportunas a peticiones realizadas por ambas partes, manteniendo mi imparcialidad y garantizando una justicia expedita sin retrasos ni dilaciones indebidas, de igual forma con respecto a los alegatos formuladas por las recusantes que no tienen acceso al expediente en diversas oportunidades, se hace de conocimiento a las referidas profesionales del derecho que deben solicitar el expediente en las taquillas de préstamo de expedientes del Archivo de este Circuito Judicial, dentro de las horas destinadas para despachar, es decir, de 08:30 a.m, a 03:30 p.m., donde los funcionarios encargados tienen la obligación de suministrar su requerimiento, y en caso de tener alguna inconformidad con el servicio prestado en dicha unidad comunicárselo al Coordinador del Archivo, asimismo, es de acotar que existen otros mecanismos por los cuales pueden tener acceso a cada una de las actuaciones realizadas en cualquier expediente a través del Sistema Juris 2000 (Sistema Auto Consulta Juris), pudiendo acceder al mismo en las computadoras que se encuentran disponibles para los justiciables en los pasillos de este Circuito Judicial Civil. Y ASI SE DECIDE.-
Ahora bien, ante esta situación esta sentenciadora; debe establecer lo siguiente a manera de reflexión, y es que indudablemente nuestro ordenamiento jurídico venezolano reconoce el derecho que asiste a las partes de recusar al Juez o Jueza, cuando consideren que existe alguna causa que comprometa su competencia subjetiva para decidir con imparcialidad. Por esa razón y para evitar que las partes abusen de ese derecho, planteando sospechas infundadas o por caprichos de las mismas, en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, se enumeran las razones específicas por las cuales los funcionarios judiciales están en el deber de abstenerse del conocimiento de una causa.-
De lo anterior se colige, necesariamente, que el uso que deben dar las partes a su derecho a recusar un Juez o Jueza, tiene que ser responsable y no pueden pretender convertirlo en instrumento que afecte la buena marcha del proceso. A eso se refiere el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, cuando exige de las partes que deben actuar con lealtad y probidad en el proceso.-
En efecto, como todo acto procesal, la recusación tiene una finalidad tal como se indico, pero su interposición debe estar acompañada de una argumentación razonada y explicativa del porque se esta ejerciendo tal derecho, pues, evidentemente,
En otro orden de ideas, en materia de recusación, el artículo 98 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:
“…Declarada sin lugar la recusación o inadmisible o habiendo desistido de ella el recusante, pagara este una multa, de dos mil Bolívares si la causa de la recusación no fuere criminosa, y de cuatro mil Bolívares si lo fuere. La multa se pagara en el término de tres días al Tribunal donde se intento la recusación, el cual actuara de agente del Fisco Nacional para su ingreso en la Tesorería Nacional. Si el recusante no pagare la multa dentro de los tres días, sufrirá un arresto de quince días en el primer caso y de treinta días en el segundo…”
La norma antes transcrita, se refiere cuando la recusación es declarada sin lugar o inadmisible o habiendo desistido de ella al recusante, se le condenara a pagar una multa, por lo que este Juzgador condena a la parte recusante a cancelar una multa por la cantidad de DOS BOLIVARES FUERTES (Bs. F 2,00).
-V-
En fuerza de las razones y consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: INADMISIBLE la Recusación interpuesta en fecha 28 de junio 2017, por las profesionales del derecho INDIRA MERCEDES AMARISTA AGUILAR y THAMARA ANDREINA MEJÍAS, ambas mayores de edad, venezolanas, de este domicilio, abogadas en ejercicio e inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 93.181 y 95.814, actuando en su condición de apoderadas judiciales de las ciudadanas MARIA MAGDALENA NEGRÓN DE KAUERT y BETTINA JAFFE DE TETZNER, venezolanas, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-3.398.586 y V-5.304.064, contra mi persona en mi condición de Juez de este Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por cuanto la misma es temeraria, maliciosa y por consiguiente infundada, por no existir una enemistad manifiesta entre las referidas profesionales del derecho y mi persona, asimismo es de resaltar que en el siguiente procedimiento se han cumplido ha cabalidad todos los lapsos procesales respectivos dentro de la oportunidad legal correspondiente, así como dado respuestas oportunas a peticiones realizadas por ambas partes, manteniendo mi imparcialidad y garantizando una justicia expedita sin retrasos ni dilaciones indebidas, de igual forma con respecto a los alegatos formuladas por las recusantes que no tienen acceso al expediente en diversas oportunidades, se hace de conocimiento a las referidas profesionales del derecho que deben solicitar el expediente en las taquillas de préstamo de expedientes del Archivo de este Circuito Judicial, dentro de las horas destinadas para despachar, es decir, de 08:30 a.m, a 03:30 p.m., donde los funcionarios encargados tienen la obligación de suministrar su requerimiento, y en caso de tener alguna inconformidad con el servicio prestado en dicha unidad comunicárselo al Coordinador del Archivo, asimismo, es de acotar que existen otros mecanismos por los cuales pueden tener acceso a cada una de las actuaciones realizadas en cualquier expediente a través del Sistema Juris 2000 (Sistema Auto Consulta Juris), pudiendo acceder al mismo en las computadoras que se encuentran disponibles para los justiciables en los pasillos de este Circuito Judicial Civil..
SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Código de Procedimiento Civil, se ordena a la parte recusante pagar la cantidad de DOS MIL BOLIVARES (Bs. 2.000,00) por concepto de multa, la cual deberá pagar en término de tres (3) días ante el Tribunal donde se intentó la recusación, el cual actuará de Agente del Fisco Nacional, para su ingreso a la Tesorería Nacional.
Regístrese, publíquese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los treinta (30) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017). AÑOS 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
LA JUEZ,
LA SECRETARIA,
DRA. MARITZA BETANCOURT MORALES
Abg. ISBEL QUINTERO
En esta misma fecha, siendo las 11:34 A.M, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA,
Abg. ISBEL QUINTERO
Exp. AP11-V-2016-001216
MBM/IQ/Yuleika*
