REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Trigésimo Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, trece (13) de Julio de dos mil dieciocho (2018)
208º y 159º
ASUNTO: AP21-L-2013-000836
PARTE ACTORA: ARMANDO JOSE MEDINA, titular de la Cédula de Identidad Nro. 6.994.081.
ABOGADO DE LA PARTE ACTORA: MARIANO GIANNANTONIO HERNANNDEZ y HERNANN VASQUEZ FLORES, Abogados en ejercicio de este domicilio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo los Nros. 158.313 y 35.213.
PARTE DEMANDADA: VIVIENDAS DE SALAMANCA, C.A. Y URBANIZADORA GRAN VALLE DE CHARA, C.A.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.
De conformidad con el Acta N° 6 de fecha 24 de Abril de 2018, emanada de la Presidencia de este Circuito Judicial en la cual fui designado como Juez Suplente del Tribunal Trigésimo Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este Circuito Judicial, en virtud que la comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, aceptó la renuncia presentada por la Abg. Karla González Mundaraín al cargo de Juez Provisorio y vista la juramentación de mi persona ante la Rectoría Civil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 19 de Enero de 2016 en la cual la Comisión del Tribunal Supremo de Justicia mediante oficio Nº CJ-15-4784 de fecha 16 de Diciembre de 2015 resolvió mi designación como Juez Suplente, es por lo que me ABOCO al conocimiento de la presente causa, en tal sentido, se observa.
Que se inicia el presente procedimiento con motivo de la demanda por Cobro de Prestaciones Sociales y Otros Conceptos Laborales presentada por el ciudadano ARMANDO JOSE MEDINA, titular de la Cédula de Identidad Nro. 6.994.081 contra las empresas codemandadas VIVIENDAS DE SALAMANCA, C.A. Y URBANIZADORA GRAN VALLE DE CHARA, C.A.; la cual se dio por recibida por ante este Juzgado, en fecha 11 de Marzo de 2013.
En fecha 14 de Marzo de 2013, se dictó auto mediante el cual el tribunal se abstuvo de admitir la demanda por no llenar los requisitos establecidos en el numera 3 del artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En fecha 03 de Abril de 2013 se libró Boleta de Notificación dirigida al ciudadano ARMANDO JOSE MEDINA, a los fines que subsanara el libelo de la demanda, de acuerdo al auto dictado el día 14 de Marzo de 2013.
En consecuencia, el día 13 de Mayo de 2013, se recibió la resulta de la notificación proveniente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Charallave, en la cual el Alguacil FREDDY DIAZ AMARO se traslado a la dirección indicada en la Boleta de Notificación y no pudo entregar la misma por los motivos señalados en la referida consignación.
Ahora bien, a partir de la fecha 13 de Mayo de 2013 hasta la presente fecha 13 de Julio de 2018; no consta en autos, en modo alguno, acto de procedimiento de la parte actora.
En tal sentido, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en el caso LUIS CONRRADO MORALES LOAIZA contra la sociedad mercantil SCHLUMBERGER VENEZUELA, S.A, resolvió sobre una situación similar dictando sentencia de fecha 26 de junio de 2013, en la que se estableció:
(…) Igualmente señala que en nuestro vigente derecho procesal la perención se concibe como la extinción del proceso por el transcurso de un (1) año sin ningún acto de procedimiento por las partes. El instituto de la perención también es conocido con el nombre de caducidad, cualquiera de los dos vocablos es adecuado para su designación.
Así tenemos que la perención se encuentra determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales, otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del juez; y finalmente, una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un (1) año. No se considera inactividad, a los efectos de la perención, la suspensión del curso del proceso que pueden acordar las partes para tratar de una transacción, pero al cesar el plazo de la suspensión el procedimiento recobra su curso y puede producirse la perención por la inactividad posterior de las partes.
(…)
En relación con la condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes está sometida al plazo de un (1) año, el cual se computa desde el último acto de procedimiento. Aunque la ley no precisa este momento inicial, debe aplicarse la regla general de cómputo de los lapsos por año, es decir, desde el día siguiente al de la fecha del acto que da lugar al lapso (…)”.
En este orden de ideas, se observa que el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo contempla:
“Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (01) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes…”
En consecuencia, en el caso que nos ocupa se aprecia que, desde la actuación realizada por este Tribunal en fecha 13 de Mayo de 2013 hasta la presente fecha 13 de Julio de 2018, ha transcurrido más del año previsto en la norma antes transcrita; por lo que no se evidencia que la parte actora haya ejecutado actos de impulso que demuestre su interés procesal para la prosecución de la presente causa, en consecuencia, conforme al artículo 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, el cual aplica este Tribunal conforme a las facultades atribuidas a los Jueces laborales, contenidas en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; resulta forzoso para este Tribunal declarar la perención, como en efecto será establecido.
Por las motivaciones de hecho y derecho antes expuestas este Juzgado Trigésimo Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de Ley, declara:
PRIMERO: LA PERENCION DE LA INSTANCIA en la demanda por Cobro de Prestaciones Sociales y Otros Conceptos Laborales presentada por el ciudadano ARMANDO JOSE MEDINA, titular de la Cédula de Identidad Nro. 6.994.081 contra las empresas codemandadas VIVIENDAS DE SALAMANCA, C.A. Y URBANIZADORA GRAN VALLE DE CHARA, C.A.
SEGUNDO: Dada la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas.
TERCERO: Se ordena la notificación de la parte Actora de la presente decisión, en la Cartelera del Tribunal de conformidad con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, aplicado analógicamente de conformidad con el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en virtud de lo señalado por el ciudadano Alguacil en la consignación realizada en fecha 29 de Abril de 2013.
PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho Juzgado Trigésimo Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los trece (13) días del mes de Julio de dos mil dieciocho (2018). Años 208° y 159°.-
EL JUEZ
ABG. CARLOS MORENO
EL SECRETARIO
ABG. RICHARD ALVARADO
Nota: En esta misma fecha, se publicó la anterior decisión.
EL SECRETARIO
ABG. RICHARD ALVARADO
