REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Décimo Noveno (19º) de Primera Instancia de Sustanciación,
Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del
Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 18 de septiembre de 2018
208º y 159º
EXPEDIENTE: AP21-L-2014-001705
PARTE ACTORA: RAMIRO ROMAN GAMEZ NAVARRO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 12.991.687.
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: ANA BRAVO, abogada en ejercicio, inscrita en el IPSA, bajo el Nº 66.636.
PARTES CODEMANDADAS: SOCIEDAD MERCANTIL TRANSPORTE RUBER 3000, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 03 de abril de 2006, bajo el Nº 25, tomo 53-A-SDO; y en forma personal y solidaria en contra de los ciudadanos JAVIER EDUARDO RUBIO TOVAR y CARLOS ALBERTO RUBIO TOVAR, venezolanos, mayores de edad y titulares de la cédula de identidad Nº 15.614.788 y 12.641.230, respectivamente.
APODERADO JUDICIAL DE LAS PARTES CODEMANDADAS: NO ACREDITADO EN AUTOS.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS (PERENCION).
Siendo que en fecha 03 de abril de 2018, fue acordada la designación de quien suscribe, como Juez Provisorio del Tribunal Décimo Noveno (19º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este Circuito Judicial Laboral, por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, según consta de oficio signado con el N° CJ-0148-2018, y visto que en fecha 12 de abril de este mismo año, fui debidamente juramentado por ante la Rectoría Civil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; me ABOCO al conocimiento del presente expediente.
Ahora bien, de la verificación efectuada a las actas que conforman el presente asunto se
pudo constatar lo siguiente:
1).- Que se inicia el actual procedimiento, en virtud de la presentación de demanda por cobro de prestaciones sociales incoada por el ciudadano Ramiro Román Gamez Navarro en contra de la Sociedad Mercantil Transporte Ruber 3000, C.A., y en forma personal y solidaria en contra de los ciudadanos Javier Eduardo Rubio Tovar y Carlos Alberto Rubio Tovar, en fecha 16 de junio de 2014, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta sede Judicial, correspondiendo su conocimiento a los fines de tramitación y admisión, previa distribución, a este Juzgado Décimo Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, quien procedió a su admisión en fecha 18/06/2014, ordenando en consecuencia la notificación de las partes codemandadas a los fines de la celebración de la audiencia preliminar, (ver folios 01 al 16).
2).- Que la practica de los actos comunicacionales dirigidos a las partes codemandadas, han sido infructuosas, (ver folios 17 al 23, 25, 37 al 49, 55 al 62, 66 al 69, 77 al 85, 94 al 106, 116 al 127, 142 al 145, 149 al 152, 161 al 173).
3).- Que la última actuación efectuada por la parte actora fue mediante diligencia de fecha 10/01/2017, (ver folios 108, 109, 154 y 155).
Pues bien, menester es traer a colación lo dispuesto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la cual dispone en sus artículos:
“...Artículo 201.- Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, éste último deberá declarar la perención.
Artículo 202.- La perención se verifica de pleno derecho y debe ser declarada de oficio por auto expreso del tribunal...”.
Del mismo modo, considera necesario este Juzgador señalar que, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión Nº 1724, de fecha 30/06/2010, estableció que:
“…Así las cosas, se observa que en el presente caso la última actuación de las partes antes de la suspensión de la causa por las razones antes señaladas, se verificó el 13 de agosto de 2002 y ciertamente es el 14 de enero de 2004 cuando se practica una nueva actuación de las partes en el expediente, es decir, transcurrió 1 año y 5 meses de inactividad. Sin embargo, a este período deben descontársele los aludidos plazos muertos o inactivos y aquellos en los que la causa estuvo suspendida por causas legales no imputables a las partes.
En tal sentido, consta en autos que en fecha 7 de mayo de 2003 el alguacil dejó constancia en autos de la notificación practicada a la Procuraduría General de la República, en el día 6 del mismo mes y año, con lo cual a partir de la referida fecha la causa estuvo suspendida durante 90 días. Previamente, y tal como consta de la certificación de cómputo que corre inserta en el expediente (…) había transcurrido 1 mes (del 15 de agosto al 15 de septiembre de 2002) y 14 días (del 24 de diciembre de 2002 al 6 de enero de 2003), correspondientes a las vacaciones judiciales. Igualmente, 1 mes y 12 días (del 9 de julio de 2003 al 21 de agosto de 2003), en el cual, según resolución emanada de la rectoría civil, se acordó no despachar por la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así como también 14 días (del 24 de diciembre de 2003 al 6 de enero de 2004), correspondientes al período de vacaciones judiciales. Estos períodos en total suman 6 meses y 10 días, que deben ser descontados del tiempo durante el cual se materializó la inactividad de las partes…”.
Mientras que, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión N° 195, de fecha 16/02/2006, señaló lo siguiente:
“…La perención de la instancia es entonces una institución procesal de orden público, que debe ser declarada aún de oficio por el juez de la causa, en cualquier grado de conocimiento jurisdiccional, en ausencia de actos procesales de impulso dimanados de las partes –tanto actor como demandado– en litigio, ello como principio general ante la ausencia de regulación especial”.
(…)
El siguiente acto procesal lo constituye el auto del 29 de marzo de 2004, por el cual el Juez Cuarto Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas se avocó al conocimiento de la causa y ordenó la notificación de las partes para proceder a dictar sentencia dentro de los sesenta días siguientes a la práctica de la última de éstas (…). Tal actuación no fue instada por alguna de las partes involucradas en el litigio y no consta que la misma haya sido impulsada con posterioridad por éstas, de lo cual no puede concluirse que la misma fuese idónea para interrumpir la perención por inactividad de la parte, en los términos del artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo…”.
En tal sentido, vale acotar que lo que se colige de la normativa y decisiones in comento, es que, para que opere la perención de la instancia, las partes no deben dar impulso al proceso por el transcurso de un año; que el acto procesal de que se trate, debe serle privativo a las mismas y no al Tribunal, y que en cuanto a la forma como debe realizarse el cómputo del lapso de perención de la instancia, se deben excluir aquellos los lapsos donde: haya estado suspendida la causa y no sea imputable a las partes; los relativos a las vacaciones judiciales y decembrinas.
Importa señalar que, de autos se constata que en el presente juicio la parte demandante no ha realizado acto procesal tendente agilizar el impulso del proceso, pues se observa que su última actuación fue mediante diligencia de fecha 10 de enero de 2017, mediante el cual ratifica dirección procesal de los codemandados, indicada en fecha 13/08/2015, a los efectos de lograr su notificación (ver folios 108, 109, 154 y 155), y antes de esa oportunidad, fue mediante diligencia de fecha 30/05/2016 (ver folios 135 y 136), es decir, desde el 10/01/2017 y el día de hoy (18 de septiembre de 2018), la parte demandante no ha realizado actuación alguna que evidencie el interés procesal en mantener vivo el presente asunto, por lo que, al adminicularse los hechos señalados supra, con el ordenamiento jurídico in comento, se colige que en el presente caso se produjo una paralización de más de un año imputable a la parte accionante, lo que implica que haya operado la perención de la instancia. Así se establece.-
Asimismo, vale indicar que esta forma anormal de terminación del proceso, es decir, ponerle fin al juicio por la paralización del mismo durante un período equivalente o mayor a un (1) año; en virtud de no haberse realizado ningún acto de impulso procesal por las partes (estando legitimadas para ello), es una sanción cuya aplicación oficiosa atiende al orden público que ella comporta, por lo que, resulta forzoso para este Tribunal, declarar, tal como se hará en la parte dispositiva del presente fallo, de conformidad con lo establecido en los artículos 201 y 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la perención de la instancia en la presente causa. Así se establece.-
DISPOSITIVO
Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Décimo Noveno (19º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en la acción iniciada por el ciudadano Ramiro Román Gamez Navarro en contra de la Sociedad Mercantil Transporte Ruber 3000, C.A., y en forma personal y solidaria en contra de los ciudadanos Javier Eduardo Rubio Tovar y Carlos Alberto Rubio Tovar. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza de la presente decisión. TERCERO: Se ordena notificar a la parte actora de la presente decisión.
Dando cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, se ordena dejar copia certificada de la presente sentencia en el archivo del Tribunal así como la publicación de la presente sentencia en la página web del Tribunal Supremo de Justicia en el sitio denominado Regiones Área Metropolitana de Caracas http://caracas.tsj.gov.ve/. Cúmplase.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, NOTIFIQUESE Y DÉJESE COPIA.
Dada, firmada y sellada en la sede del Juzgado Décimo Noveno (19º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018). Año 208º de la Independencia y 159º de la Federación.
El JUEZ
ABG. ROBERT GARCIA TOYO
LA SECRETARIA;
ABG. KARELYS GUDIÑO
NOTA: En la misma fecha, se consignó y publicó la anterior decisión.
LA SECRETARIA;
ASUNTO: AP21-L-2014-001705.
