REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION MEDIACION Y EJECUCION DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, treinta y uno (31) de marzo de dos mil diecisiete (2017)
206º y 157º
ASUNTO: AP21-L-2016-003112
PARTE ACTORA: VICTOR EMILIO SALCEDO ROMERO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. 6.095.738.
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: CARMEN JOSEFINA MIERE y EVELIN GAMERO, abogadas en ejercicio, inscritas en el IPSA bajo los Nos. 97.741 y 70.420, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: LABORATORIOS CHEMICAL’S SOMA, C. A. y en forma personal al ciudadano RAMON ENRIQUE GONZALEZ MORON
APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: NO CONSTITUYO
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS
PARTE NARRATIVA
La presente demanda fue interpuesta en fecha 08 de diciembre de 2016, por el ciudadano VICTOR EMILIO SALCEDO ROMERO, titular de la cedula de identidad No. 6.095.738, debidamente asistido por las abogadas CARMEN MIERE y EVELIN GAMERO, abogadas en ejercicio, inscritas en el IPSA bajo los Nos. 97.741 y 70.420, respectivamente, quienes alegaron en el libelo de la demanda que su representado comenzó a prestar servicios personales subordinados e ininterrumpidos para la empresa LABORATORIOS CHEMICAL’S SOMA, C. A. y en forma personal al ciudadano RAMON ENRIQUE GONZALEZ MORON, desempeñando el cargo de EJECUTIVO DE VENTAS, desde el 06 de octubre de 2010, con una jornada de trabajo comprendida de lunes a viernes de 8:00 a. m., a 4:00 p. m., devengando un último salario fijo mensual compuesto por un salario base de BOLIVARES CUATRO MIL EXACTOS (BS: 4.000,00), más las comisiones por ventas, hasta el día 08 de julio de 2013, fecha en la que terminó la relación de trabajo por despido injustificado de mi representada y luego de haber agotado todas las instancias administrativas por ante la Inspectoria el Trabajo y a pesar de haber reclamado y agotado la instancia conciliatoria, es por lo que procede a reclamar a la empresa y en forma personal al accionista y Presidente de la Empresa el pago de prestaciones sociales y demás conceptos laborales, la cual alcanza un monto de DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES BOLIVARES CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (BS: 2.392.423,99), en consecuencia demanda a los fines de que esta le cancele la cantidad antes indicada, por concepto de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, por todos y cada uno de los conceptos que señalan en el libelo de la demanda además de los intereses de mora generados, de conformidad con el artículo 92 de la Constitución Nacional.
Admitida la presente demanda en fecha 15 de diciembre de 2016 y notificada la parte demandada para la celebración de la audiencia preliminar, en fecha 03 de marzo de 2017, se dejó constancia de dicha notificación por parte de la Secretaria del Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución.
Le fue asignado por sorteo a este Juzgado Primero (1°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, el presente asunto a los fines de la celebración de la Audiencia Preliminar, la cual había sido fijada para el día 24 de marzo de 2017, a las 9:00 a. m., comparecieron a la audiencia, las abogadas CARMEN MIERE y EVELIN GAMERO, abogadas en ejercicio, inscritas en el IPSA bajo los Nos. 97.741 y 70.420, respectivamente representando al ciudadano VICTOR EMILIO SALCEDO ROMERO, titular de la cedula de identidad No. 6.095.738, igualmente el Tribunal dejó expresa constancia de que la parte demandada, LABORATORIOS CHEMICAL’S SOMA, C. A. y el ciudadano RAMON ENRIQUE GONZALEZ MORON, no comparecieron, ni por si, ni por medio de apoderado Judicial alguno a la Audiencia Preliminar, todo lo cual se evidencia en el acta que a tal fin se levantó.
Dada la incomparecencia del demandado a la Audiencia Preliminar se procede a aplicar y declarar la consecuencia jurídica establecida en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esto es, la PRESUNCION DE LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS en relación con los hechos planteados por la parte demandante, quedando pendiente el examen de las actas procesales para determinar si la pretensión es o no contraria a derecho, lo que será analizado en la parte motiva de esta sentencia.
Respecto a la presencia de las partes en la Audiencia Preliminar en este sistema adjetivo laboral, es oportuno señalar que como este proceso es oral, la asistencia de las partes, por sí o por medio de apoderado judicial, es obligatoria, so pena, de confesión si es el demandado quien no hace acto de presencia, como el caso de autos.
Por lo que es importante destacar que el nuevo proceso laboral estableció un Proceso por Audiencias, el cual no es más que un proceso en el cual su desenvolvimiento y tramitación se centra en una o más audiencias próximas a las que deben comparecer ambas partes con la presidencia y rectoría del Juez.
En este tipo de modelo procesal el trámite permite a los sujetos intervinientes oportunidades determinadas en las cuales estos se reúnen a discutir sus posiciones, a plantear sus problemas en la búsqueda de soluciones ya sea a través de la utilización de los medios alternos de composición procesal o, de una decisión que imparta un tercero.
En nuestro proceso se estableció como punto de partida, dentro del proceso por audiencias, la preeminencia de la audiencia preliminar, que de acuerdo a la exposición de motivos de nuestra Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es uno de los momentos fundamentales y estelares del juicio del trabajo, la cual es presidida por el Juez y a ella deben comparecer las partes de manera obligatoria, bien sea personalmente o mediante apoderados en el día y hora que determine el Tribunal. Asimismo se refiere dicha exposición de motivos a la obligatoriedad de la comparecencia, con el objeto de garantizar y facilitar el primer encuentro con el Juez, y lograr la incorporación de medios alternos de resolución de conflictos, tales como el arbitraje, la mediación y conciliación, a los fines de evitar un litigio.-
En la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se instauró esta primera fase de carácter obligatoria como requisito para la prosecución del juicio, estableciéndose consecuencias jurídicas para el caso de que ocurra la incomparecencia de las partes, esto es, en el caso del actor el desistimiento del procedimiento y terminación del proceso; y en el caso de la parte demandada la presunción de admisión de los hechos alegados por el demandante siempre y cuando no sea contraria a derecho la petición. (Subrayado del Tribunal).
El Tribunal, observa que la falta de comparecencia de la parte demandada a la audiencia preliminar del proceso, trae como consecuencia la presunción de la admisión de los hechos alegados en el libelo de la demanda, que a tenor del articulo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, circunscribe el tema a decidir, a la determinación de si es o no, contraria a derecho la pretensión del demandante, como lo dispone la citada norma; y como quiera que lo solicitado en el libelo de la demanda se concreta a la reclamación por concepto DE COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS CONCEPTOS LABORALES, DEBIDO A LA REALACIÓN DE TRABAJO QUE EXISTÍO ENTRE EL TRABAJADOR Y LA PARTE DEMANDADA, el Tribunal encuentra que la petición del demandante no es contraria a derecho, por tratarse de derechos e indemnizaciones establecidas a favor de los trabajadores en la legislación vigente, pero sin embargo pasa de seguidas este Juzgador a revisar todos y cada uno de los montos demandados por cada uno de los conceptos establecidos en dicha Ley, por cuanto es una de las facultades concedidas al Juez, en estos casos.
En base a lo antes expuesto, este Tribunal deja establecido como ciertos los hechos afirmados por VICTOR EMILIO SALCEDO ROMERO, titular de la cedula de identidad No. 6.095.738, debidamente asistido por las abogadas CARMEN MIERE y EVELIN GAMERO, abogadas en ejercicio, inscritas en el IPSA bajo los Nos. 97.741 y 70.420, respectivamente, quienes alegaron en el libelo de la demanda que su representado comenzó a prestar servicios personales subordinados e ininterrumpidos para la empresa LABORATORIOS CHEMICAL’S SOMA, C. A. y en forma personal al ciudadano RAMON ENRIQUE GONZALEZ MORON, desempeñando el cargo de EJECUTIVO DE VENTAS, desde el 06 de octubre de 2010, en un horario comprendido de lunes a viernes de 8:00 a. m., a 4:00 p. m., devengando un último salario fijo mensual de BOLIVARES CUATRO MIL EXACTOS (BS: 4.000,00), más las comisiones por ventas, hasta el día 08 de julio de 2013, fecha en la que terminó la relación de trabajo por despido injustificado de mi representada y luego de haber agotado todas las instancias administrativas por ante la Inspectoria el Trabajo y a pesar de haber reclamado y agotado la instancia conciliatoria, es por lo que procede a reclamar a la empresa y en forma personal al accionista y Presidente de la Empresa el pago de prestaciones sociales y demás conceptos laborales, la cual alcanza un monto de DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES BOLIVARES CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (BS: 2.392.423,99), en consecuencia demanda a los fines de que esta le cancele la cantidad antes indicada, por concepto de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, que señalan en el libelo de la demanda además de los intereses de mora generados, de conformidad con el artículo 92 de la Constitución Nacional. ASI SE DECIDE.
Ahora bien, quien decide pasa de seguidas a verificar los conceptos y montos demandados a los fines de establecer si los mismos son o no contrarios a derecho, en consecuencia, se observa que la parte actora en su libelo solicita que se condene a la empresa demandada por los siguientes conceptos:
1.- DIAS DE DESCANSO Y FERIADOS: La parte actora demanda la cantidad total de CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA BOLIVARES CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 41.880,96), por cuanto de acuerdo a sus dichos, la demandada, no cancelo el salario variable en lo concerniente a esos días de acuerdo a la forma como se encuentra discriminada en el libelo de la demanda, considera quien aquí juzga, que el concepto reclamado esta ajustado a derecho como se desprende del cuadro demostrativo en el libelo de la demanda, el mismo, debe dársele valor, toda vez que la parte demandada, no compareció a la realización de la audiencia preliminar, única oportunidad de realizar sus respectivos alegatos, en consecuencia, deben ser procedente dichos conceptos reclamados, en la forma que se explica y se discrimina en el libelo de la demanda y se toman como cierto dichos cálculos, lo que es forzoso considerar, que el concepto reclamado esta ajustado a derecho y en consecuencia debe cancelarlo la parte demandada, por no haber acudido a la audiencia preliminar, en consecuencia se condena a cancelar la cantidad de CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA BOLIVARES CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 41.880,96) y ASI SE DECIDE.
2.- POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES: La parte actora demanda la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO ONCE BOLIVARES CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs. 271.111,34), conforme a lo dispuesto en el articulo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, tal y como se desprende del cuadro demostrativo en el libelo de la demanda, el mismo, debe dársele valor, toda vez que la parte demandada, no compareció a la realización de la audiencia preliminar, única oportunidad de realizar sus respectivos alegatos, en consecuencia, se declaran procedente dichos conceptos reclamados y debe cancelarlo la parte demandada en el presente juicio, por no haber acudido a la audiencia preliminar, en tal sentido se condena a cancelar la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO ONCE BOLIVARES CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs. 271.111,34). Y ASI SE DECIDE.
3.- POR CONCEPTO DE INTERESES DE PRESTACIONES SOCIALES: La parte actora, reclama la cantidad de CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS BOLIVARES CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS (BS: 104.200,76) por este concepto, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, por el tiempo de servicio, el Tribunal observa, dada la incomparecencia del demandado a la Audiencia Preliminar se procede a aplicar y declarar la consecuencia jurídica establecida en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en relación con los hechos planteados por la parte demandante, quedando pendiente del examen de las actas procesales por parte del juez para determinar si la pretensión es o no contraria a derecho, o lo que se esta solicitando esté ajustado a derecho, por lo que a criterio de este Tribunal, considera que el monto solicitado le corresponde y se hace procedente y se condena la parte demandada cancelar la cantidad de CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS BOLIVARES CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS (BS: 104.200,76) Y ASI SE ESTABLECE.-
4.- POR CONCEPTO DE UTILIDADES: La parte actora demanda la cantidad de DOSCIENTOS CURENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO BOLIVARES CON SETENTA Y UN CENTIMOS (Bs. 244.128,71), por concepto de utilidades correspondientes a los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, tal y como se desprende del cuadro demostrativo en el libelo de la demanda, el mismo, debe dársele valor, toda vez que la parte demandada, no compareció a la realización de la audiencia preliminar, única oportunidad de realizar sus respectivos alegatos, en consecuencia, deben ser procedente dichos conceptos reclamados y debe cancelarlo la parte demandada, por no haber acudido a la audiencia preliminar, se condena a cancelar la cantidad de DOSCIENTOS CURENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO BOLIVARES CON SETENTA Y UN CENTIMOS (Bs. 244.128,71). Y ASI SE DECIDE.
5.- POR CONCEPTO DE VACACIONES Y BONO VACACIONAL NO PAGADOS: la parte actora demanda la cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SIETE BOLIVARES CON DIECIOCHO CENTIMOS (BS: 191.207,18), por concepto de vacaciones y bono vacacional vencidos y no pagados, tal y como se desprende del cuadro demostrativo en el libelo de la demanda, por que a su decir le corresponden, el Tribunal observa, dada la incomparecencia del demandado a la Audiencia Preliminar se procede a aplicar y declarar la consecuencia jurídica establecida en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en relación con los hechos planteados por la parte demandante, quedando pendiente del examen de las actas procesales por parte del juez para determinar si la pretensión es o no contraria a derecho, o lo que se esta solicitando esté ajustado a derecho, por lo que a criterio de este Tribunal, considera que el monto solicitado le corresponde y se hace procedente y se condena la parte demandada a cancelar por concepto de vacaciones y bono vacacional, la cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SIETE BOLIVARES CON DIECIOCHO CENTIMOS (BS: 191.207,18) y ASI SE DECIDE.
6.- POR CONCEPTO DE PAGO DE INDEMNIZACION POR LA TERMINACION LABORAL, DESPIDO; La parte actora demanda la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO ONCE BOLIVARES CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (BS: 271.111,34), conforme a lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en concordancia con lo dispuesto en la Providencia Administrativa No. 237-15, de fecha 12 de mayo de 2015, considera quien aquí juzga, que el concepto reclamado esta ajustado a derecho y en consecuencia debe cancelarlo la parte demandada, en virtud de que no compareció a la audiencia preliminar oportunidad en la cual debió ejercer las defensas correspondientes, por lo que al existir una presunción de admisión de los hechos tal y como lo prevé el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se tienen por admitidos los hechos, conceptos y montos demandados, en consecuencia, se declara procedente el pago por este concepto y se ordena cancelar la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO ONCE BOLIVARES CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (BS: 271.111,34) y ASI SE DECIDE
7.- POR CONCEPTO DE SALARIOS CAIDOS; La parte actora demanda la cantidad de NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS OCHO BOLIVARES CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS (BS: 906.508,94), discriminados como aparece indicado en el libelo de la demanda y que va desde el mes de julio del año 2013, fecha del despido a razón de BS: 21.954,46, hasta el mes de noviembre de del año 2016, fecha de interposición de la presente demanda, indicando que los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016 a razón de BS: 22.573,73, considera quien aquí juzga, que el concepto reclamado esta ajustado a derecho y en consecuencia debe cancelarlo la parte demandada, en virtud de que no compareció a la audiencia preliminar oportunidad en la cual debió ejercer las defensas correspondientes en cuanto a los conceptos y montos demandados, en consecuencia, se declara procedente el pago por este concepto y se ordena a la parte demandada cancelar la cantidad de NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS OCHO BOLIVARES CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS (BS: 906.508,94) y ASI SE DECIDE
8.- POR CONCEPTO DE PROGRAMA DE ALIMENTACION; La parte actora demanda la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLIVARES CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS (BS: 362.274,75), discriminados como aparece indicado en el libelo de la demanda y que abarca desde el mes de julio del año 2013, fecha del despido, hasta el mes de noviembre de del año 2016, fecha de interposición de la presente demanda, el Tribunal observa, dada la incomparecencia del demandado a la Audiencia Preliminar se procede a aplicar y declarar la consecuencia jurídica establecida en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en relación con los hechos planteados por la parte demandante, quedando pendiente del examen de las actas procesales por parte del juez para determinar si la pretensión es o no contraria a derecho, o lo que se esta solicitando esté ajustado a derecho, por lo que a criterio de este Tribunal, considera que el monto solicitado le corresponde y se hace procedente y se condena la parte demandada a cancelar por dicho concepto, la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLIVARES CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS (BS: 362.274,75) Y ASI SE ESTABLECE.-
Todos estos conceptos suman la cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES BOLIVARES CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (BS. 2.392.423,98), que es el monto que este Tribunal condena Y ASI SE DECIDE.-
Se ordena cancelar los intereses sobre Prestaciones Sociales, conforme lo prevé la Ley Orgánica del Trabajo mediante una experticia complementaria del fallo, la cual realizará un solo perito designado por el Tribunal ejecutor y de acuerdo a las tasas que prevé el Banco Central de Venezuela desde el momento en que se causan hasta la terminación de la relación de trabajo.
Se ordena el pago de intereses moratorios, conforme lo prevé el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde el mismo momento en que culminó la relación de trabajo hasta la ejecución del fallo. Para ello, se deberá realizar una experticia complementaria del fallo con la designación de un solo perito y de acuerdo a las tasas establecidas para ello sin considerar su propia capitalización como lo establece la Sentencia N° 434 de fecha 10 de julio de 2003 con aclaratoria de fecha 16 de octubre de 2003 producida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, los intereses de antigüedad establecidos en el artículo 108 ejusdem, y la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2008, emanada del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social.
Procede la indexación judicial o corrección monetaria de la suma condenada desde la fecha de la notificación de la parte demandada, hasta que la sentencia quede definitivamente firme, tomándose en consideración el índice de precios al consumidor (IPC) para el Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 11 de noviembre de 2008.
El experto, que deberá determinar y cuantificar el monto de los intereses de mora desde la fecha de la terminación de la relación de trabajo, hasta la definitiva cancelación de dicho beneficio, de conformidad con lo establecido en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en tal sentido el perito se servirá de la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela para el cálculo de los enunciados intereses de mora no operará el sistema de capitalización (de los propios intereses), todo ello de conformidad con la aclaratoria del fallo de la sentencia Nº 434, de fecha 10 de julio de 2003, proferida en fecha 16 de octubre de 2003 por la Sala de Casación Social en cuanto al punto de los intereses de mora dejo establecido lo siguiente:
“…No obstante, y mayor abundamiento, esta Sala considera pertinente efectuar algunas reflexiones con relación a los intereses generados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, previniendo, que el cálculo de los mismos, se ordenó desarrollar con sujeción a la jurisprudencia soportada en la decisión sobre la cual recae la presente aclaratoria.
En efecto, textualmente se estableció el que “(...) para los intereses generados a posteriori (una vez en vigencia la Constitución), su ponderación se realizará en sujeción con lo previsto en la jurisprudencia previamente transcrita (Artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo)”; y en tal sentido, la jurisprudencia relatada postula, que el cálculo de los intereses especiales laborales debe efectuarse en el marco del artículo 108, literal a) de la Ley Orgánica del Trabajo vigente hasta el 18 de junio de 1997, actualmente, artículo 108, literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo.
De allí, y de manera conclusiva, que la experticia complementaria del fallo in comento deba regirse por los parámetros que a continuación se esbozan:
1. Será realizada por un único perito designado por el Tribunal si las partes no lo pudieran acordar;
2. Con relación a los intereses causados antes de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el perito considerará para su avaluó, la tasa del 3% anual;
3. Para los intereses generados con posterioridad a la vigencia del texto constitucional, el perito se servirá de la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela de conformidad con el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente y,
4. Para el cálculo de los enunciados intereses de mora no operará el sistema de capitalización (de los propios intereses).
Finalmente, con relación a la oportunidad a partir de la cual debe computarse el cálculo de los intereses moratorios, advierte la Sala, que tal particular no resultó anulado por la decisión de casación, quedando por tanto incólume lo que al referente apuntaló la sentencia recurrida, y que por lo demás, fuera aclarado en fecha 12 de noviembre de 2002 (folio 319 del expediente), al tenor que sigue:
“(...) 1º) La solicitud de aclaratoria sobre el periodo de aplicación de intereses moratorios; advierte esta Alzada, a la parte solicitante de la aclaratoria que la parte motiva del fallo fue explícita en señalar para cada concepto adeudado y acordado, la fecha en la que se originó la deuda, especificándose en forma individual los años y los conceptos respectivos, por cuanto los conceptos varían en fecha según se fueron originando, e igualmente varían en cantidad según su naturaleza, por tal razón se ordena la experticia complementaria del fallo, para que sea el experto el que determine cada una de las sumas condenadas y ello se desprende de la lectura de la misma, así como cada concepto tiene su origen en diferente oportunidad, por ello se fijó en la sentencia como oportunidad para el cálculo la exigibilidad de la obligación, que es el momento en que el patrono debió pagar al trabajador cada concepto, según su vencimiento en el pago y que cuando s
e analizó cada concepto reclamado y de acuerdo a las pruebas aportadas al proceso, se fueron acordando, y estableciendo las fechas y el tiempo que por la diferencia de las prestaciones sociales debían ser pagadas al reclamante (...)”.
DECISION
Por todas las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Primero (1°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de Ley, declara: CON LUGAR la demanda que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, interpuso el ciudadano VICTOR EMILIO SALCEDO ROMERO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. 6.095.738, contra las empresas demandadas, LABORATORIOS CHEMICAL’S SOMA, C. A. y en forma personal al ciudadano RAMON ENRIQUE GONZALEZ MORON, ambas partes debidamente identificadas en autos. Condenándose a ésta ultima al pago de la cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES BOLIVARES CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (BS. 2.392.423,98), por los conceptos debidamente discriminados en la forma que establece la presente decisión más la cantidad que resulte del cálculo que realice el perito designado al efecto por este Tribunal. Se condena en costas a la parte demandada, por haber resultado perdidoso. ASI SE DECIDE. PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION. Años 205° y 156°.
EL JUEZ
JOSE FRANCISCO GONZALEZ LAMUÑO
LA SECRETARIA
ABG. MIRIANKY ZERPA
Nota: En esta misma fecha, se dictó, publicó, diarizó y se dejó copia de la presente decisión.
LA SECRETARIA
ABG. MIRIANKY ZERPA
