REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Vigésimo Segundo (22°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, veintitrés (23) de abril de dos mil Dieciocho (2018)
208º y 159º
ASUNTO: AP21-L-2018-000256
PARTE ACTORA: EDEN MARIA VILLEGAS y OTROS, Venezolano, Mayor de edad, civilmente hábil y titular de la cédula de identidad N° V-5.593.868.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: ROSA ELENA CHARLOT, HERNAN NICOLAS QUIJADA, JESUS PEREZ CARREÑO, DOMINGO ALBERTO FLEITAS, ERNESTO JOSE PORTILLO y MODESTO RAMON LOPEZ, abogados en ejercicio, inscritos en el IPSA con los Nros. 40.107, 40.431, 56.983, 63.132, 187.300 y 189.766 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV).
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: NO CONSTITUIDO.
MOTIVO: EJECUCION DE SENTENCIA.
Con ocasión a la demanda por Ejecución de Sentencia, incoada por el ciudadano, EDEN MARIA VILLEGAS y OTROS, Venezolano, Mayor de edad, civilmente hábil y titular de la cédula de identidad N° V-5.593.868, que fue presentada en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) en fecha 15 de marzo de 2018, este Tribunal una vez revisado minuciosamente el escrito libelar y las actas procesales que conforman el presente expediente, observa que en fecha 19 de marzo de 2018, se dictó un despacho saneador, mediante el cual, el Tribunal se abstuvo de admitir la presente demanda en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, para esclarecer cualquier duda que pueda presentarse a lo largo del proceso y ordenó a la parte actora realizar la ampliación del escrito liberar presentado, por no llenarse en el mismo los requisitos previstos en el numeral 2 del artículo 123 ejusdem, por cuanto no se expresa en el libelo los datos relativos al nombre y apellido de cualesquiera de los representantes legales, estatutarios o judiciales de la empresa demandada, por lo que se ordenó librar boleta de notificación a la parte actora a los fines de que subsanara lo indicado dentro del lapso de dos días hábiles siguientes a que constara en autos la notificación..
En fecha 17 de abril de 2018, el ciudadano Alguacil Wilmer Salcedo dejó constancia de haber practicado la notificación de la parte actora, trasladándose a la dirección suministrada en el libelo de demanda, recibiendo dicha notificación la ciudadana Mariela Bello, encargada de recibir la correspondencia, por lo que el lapso para subsanar el libelo comenzó a transcurrir desde el día 18 de abril de los corrientes inclusive, venciendo el mismo en fecha 20/04/2018, sin que constara a los autos, ni de una revisión al Sistema Juris 2000, que la parte actora consignara lo solicitado por este Tribunal.
Es importante señalar que, la finalidad del despacho saneador es purificar el proceso y facilitar la tramitación de la demanda, ya que, en el proceso laboral, por ejemplo, existe la posibilidad de la admisión de los hechos, circunstancia frente a la cual el Juez Mediador debería sentenciar sin los elementos para dictar una sentencia ajustada a derecho, situación que es remediada sabidamente por el Legislador a través del despacho saneador.
En virtud de lo antes expuesto, se ordena a la parte actora a subsanar el libelo de la demanda en los términos señalados en el auto dictado en fecha diecinueve (19) de marzo de 2018 y lo aquí indicado como complemento, dentro del lapso de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de notificación ordenada, que a tal fin se le practique, caso contrario se declarará la inadmisibilidad o perención de acuerdo a la sentencia Nº 380, emanada del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social en fecha 24 de marzo de 2009. Expídase Boleta de Notificación y entréguese al Alguacil a los fines de que practique la notificación ordenada. (Negrillas, subrayado y cursivas de este Tribunal). (…)”.
En primer lugar, se instó a la parte actora a indicar con precisión los datos concernientes a la denominación, domicilio y los relativos al nombre y apellido de cualesquiera de los representantes legales, estatutarios o judiciales, por lo que este juzgador denota de una revisión exhaustiva que el demandante no indica con precisión lo establecido en el numeral 2° del artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Por otra parte, considero prudente establecer el alcance del Despacho Saneador establecido en nuestra Ley Orgánica Procesal en su artículo 124. Esta figura es una obligación encomendada al Juez, de revisar la demanda in limine litis, con el fin de obtener un claro debate procesal o evitar la excesiva o innecesaria actividad jurisdiccional que pueda afectar el proceso. En tal sentido se ha pronunciado la Sala de Casación Social:
“… En algunas legislaciones ha sido incluido el despacho saneador dentro del ámbito de los presupuestos legales y, concretamente, de los que tutelan tanto el contenido como la forma, siendo considerado ineficaz el proceso afectado por errores estructurales, derivados, por ejemplo, por una demanda mal elaborada en cuanto a sus requerimientos legales. Respecto a los contenidos, es decir, la pretensión, los presupuestos procesales permiten vigilar la idoneidad de la demanda y sostienen toda la relación procesal, como es la debida individualización de la pretensión (forma de la demanda), la acumulación debida de pretensiones, la tutela concreta, la ausencia de cosa juzgada y ausencia de litispendencia…
En conclusión, el despacho saneador debe entenderse como un instituto procesal de ineludible cumplimiento, que impone al Juez –se insiste- la depuración de la demanda y de los actos relativos al proceso, conforme a los presupuestos procesales y a los requisitos del derecho de acción, de modo que permita y asegure al Juez que ha de conocer y decidir sobre el fondo, dictar una sentencia conforme al derecho y la justicia, sin ocuparse, como ha tenido que hacerlo la Sala en este caso, de declaratorias de nulidad y reposiciones que pudieron evitarse si el Juez competente hubiese tenido el cuidado de subsanar los errores formales antes de proseguir a otra etapa del juicio.” (Sentencia N° 0248 de fecha del 12 de abril de 2005, con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo). (Subrayado de este Juzgador)
En consecuencia visto lo antes indicado, se evidencia que el demandante no cumplió con lo ordenado por este Juzgado de subsanar el vicio observado y suficientemente señalado en el despacho saneador dictado por este Juzgado en fecha 19/03/2018, es decir, no presentó la subsanación del libelo de demanda.
Ahora bien, resulta prudente señalar que, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión proferida el día 24 de Marzo de 2009, número 380, estableció lo siguiente:
“(…) De la norma anteriormente transcrita se observa que lo pretendido por el legislador es que la falta de corrección oportuna -dentro del lapso de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación que a tal fin se le practique- de los defectos de forma observados por el Juez produce la perención de la instancia. Ahora bien, si por el contrario el demandante efectivamente corrige la demanda, pero no lo hace en los términos solicitados por el Juez o lo realiza de forma errónea, la consecuencia jurídica es la inadmisibilidad de la demanda. (…)” (Subrayado y negrillas de este Juzgado).
DECISIÓN
En consecuencia, este Juzgado Vigésimo Segundo (22°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas administrando justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, así como en aplicación de la referida decisión proferida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 24 de Marzo de 2009, número 380, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en el juicio seguido por el ciudadano EDEN MARIA VILLEGAS y OTROS, Venezolano, Mayor de edad, civilmente hábil y titular de la cédula de identidad N° V-5.593.868, contra la entidad de trabajo COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV), por no haber subsanado la parte actora el libelo de la demanda según lo ordenado en el auto de fecha 19 de marzo de 2018, dictado por este Juzgado. Así se establece.
PUBLIQUESE Y REGISTRESE LA PRESENTE DECISIÓN Y DEJESE COPIA. CÚMPLASE
Dada, firmada y sellada en la sede del Juzgado Vigésimo Segundo (22°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en la misma ciudad, a los veintitrés (23) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018) Año 208º de la Independencia y 159º de la Federación.
EL JUEZ
JOSE ANTONIO MORENO P.
El SECRETARIO,
WILFREDO LANDAETA
En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia.
El SECRETARIO,
WILFREDO LANDAETA
