REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
Asunto nº AP21-N-2016-000155.
En el juicio que sigue la accionante ciudadana MAIREN CECILIA CAMPOS PALACIOS, titular de la cédula de identidad número 5.891.260 y representada por la abogada: Gerxy Olimar Dávila Contreras, contra la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 0015-14 FECHADA 22 DE ENERO DE 2016, EMANADA DE LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO «PEDRO ORTEGA DÍAZ» SEDE CARACAS SUR, CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE N° 079-2012-01-00485, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, este tribunal observa lo siguiente:
1.- Del contexto libelar se deduce que se ataca de nulidad un acto de la Administración del Trabajo que debió ser acompañado al oficio de notificación al Procurador General de la República conjuntamente con las copias del libelo y en razón que el mismo –acto accionado de nulidad– no fue remitido a dicho funcionario, tal como lo señala la representación judicial de la Procuraduría General de la República en escrito presentado en fecha 13 de febrero de 2017 (ff. 157 al 159), es obvio que no se cumplió con la notificación que prevé el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, cuestión que sin duda va en detrimento de la garantía del cabal ejercicio del derecho constitucional a la defensa de la República, al no disponer del acto impugnado para poder argumentar y acreditar como considere conveniente.
De allí que las actuaciones consumadas en este proceso y relacionadas con la aparente notificación de la Procuraduría General de la República son nulas por cuanto se inobservaron las formalidades de estricto orden público consagradas en la norma indicada y en tal virtud, debe este Juzgador, como director del proceso y en aras de preservar la debida sustanciación de este asunto, reponer la presente causa, como en efecto lo hace, al estado que se oficie lo conducente a la Procuraduría General de la República, remitiéndole copias certificadas del libelo de la demanda, del acto atacado de nulidad, del auto de admisión y de la presente decisión. Líbrese oficio.-
Es importante subrayar, parafraseando lo establecido por nuestra Sala de Casación Social, que si bien podría pensarse que con tal proceder se estaría conculcando la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva establecida en el art. 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al propiciarse dilaciones que atentan contra una justicia expedita, lo cierto es que ante tal supuesto también entra en consideración otro derecho fundamental como lo es el de la defensa, de allí y ante tal confrontación, debe prevalecer una limitación del derecho a la tutela jurídica efectiva por resultar supeditado, en este caso, al interés general que deriva en la protección del derecho a la defensa y al debido proceso de la República Bolivariana de Venezuela.
Por esas razones, este Tribunal en plena conformidad con el art. 206 del Código de Procedimiento Civil y en concordancia con el 49 de la Carta Magna, declara la nulidad de la notificación de la Procuraduría General de la República, decretando la reposición de la presente causa al estado ya reglamentado en este fallo y considerándose a derecho a la Fiscalía General de la República y al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo y la beneficiaria de la providencia administrativa, entidad de trabajo FUNDACIÓN MISIÓN CHE GUEVARA. Así se concluye.
Este tribunal no puede obviar que la Procuraduría General de la República, en el mencionado escrito presentado en fecha 13 de febrero de 2017 (ff. 157 al 159), alude que le fue omitido el «envío del expediente administrativo», lo cual es y será imposible en virtud que el organismo que debe remitirlo a este juzgado es el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo y aún no ha cumplido con esa orden.
2.- Por las motivaciones que anteceden, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
2.1.- La NULIDAD de la notificación de la Procuraduría General de la República, decretando la REPOSICIÓN de la presente causa al estado ya reglamentado en este fallo y considerándose a derecho a la Fiscalía General de la República y al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo y la beneficiaria de la providencia administrativa, entidad de trabajo FUNDACIÓN MISIÓN CHE GUEVARA. Todo ello en el juicio que sigue la accionante ciudadana MAIREN CECILIA CAMPOS PALACIOS contra la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 0015-14 FECHADA 22 DE ENERO DE 2016, EMANADA DE LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO «PEDRO ORTEGA DÍAZ» SEDE CARACAS SUR, CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE N° 079-2012-01-00485, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.
2.2.- No hay condena en costas por el carácter de este fallo.
2.3.- Se deja constancia que el lapso de cinco (5) días de despacho para ejercer recursos en contra de la presente decisión, comenzará a correr a partir del próximo día de despacho –exclusive–.
Publíquese y regístrese en el diario (SISTEMA JURIS 2000).
Dada, firmada y sellada en la sede del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, el viernes diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017). Año 206º de la Independencia y 158º de la Federación.
El Juez,
CARLOS J. PINO ÁVILA.
El Secretario,
ALIRIO CUMACHE.
En la misma fecha y siendo las tres con diecinueve minutos de la tarde (3:19 pm.), se consignó y publicó la anterior decisión.
El Secretario,
ALIRIO CUMACHE.
Asunto nº AP21-N-2016-000155.
01 pieza.
CJPÁ ∕ mgd.-
