REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Décimo Tercero (13°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, cinco (05) de Octubre de dos mil dieciocho (2018)
208º y 159º
ASUNTO: AP21-N-2015-000144
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITVA
PARTE ACCIONANTE: COMERCIALIZADORA 2013, C.A.
APODERADO JUDICIALE DE LA PARTE RECURRENTE: RAMON. S. BURGOS. R., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V- 3.096.393, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo N° 6.109.
ACTO RECURRIDO: Providencia Administrativa N° 171-2014, dictada el 05/12/2014, por la Inspectoría del Trabajo Sede Norte del Distrito Capital, Municipio Libertador.
MOTIVO: NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
ANTECEDENTES PROCESALES
La presente demanda de nulidad se inició el 26/05/2015 y distribuyo el 27/05/2015, correspondiéndole el conocimiento de la misma, al Juzgado Décimo Tercero (13°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, dándose por recibida el 01/06/2015 y admitida en fecha 04/06/2015, mediante el cual expone: “(….) este Tribunal la admite en cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Tribunal ordenará la notificación mediante oficio a la Inspectoría del Trabajo Región Capital Sede Norte de Caracas, a quien se le solicita la remisión del expediente administrativo a este Tribunal dentro de un lapso de 10 días hábiles siguientes a la constancia por el Alguacil de la notificación practicada, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 78 en concordancia con lo establecido en el artículo 79 eiusdem.”
“(…) este Tribunal ordena notificar a la Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81 y 82 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, al Ministerio del Proceso Social del Trabajo, así como al ciudadano CARLOS MAIKEL SANTOS DE SANTIAGO, en su condición de tercero interesado (…)”.
“Se deja constancia que las notificaciones ordenadas en este auto se practicarán una vez que conste en autos las copias fotostáticas de la demanda, de los recaudos producidos por el actor y del presente auto, por lo que se INSTA a la parte recurrente a consignar las mencionadas copias, en un lapso de cinco (5) días hábiles al de hoy exclusive, a los fines de su certificación para que acompañen las notificaciones correspondientes, (…)”.
En fecha cuatro 04 de junio de dos mil quince 2015, este Tribunal expone: “vista la solicitud de suspensión de efectos y la solicitud de de Amparo Cautelar, en consecuencia este Juzgado ordena abrir dos (02) Cuaderno Separado de Medida, el primero para tramitar la solicitud de Suspensión de efectos y el segundo para Tramitar la Solicitud de Amparo Cautelar (…)”.
En fecha 29 de junio de 2015, el apoderado judicial de la parte recurrente abg. RAMON BURGOS, IPSA N° 6.109, mediante el cual solita al Tribunal se pronuncie sobre las solicitudes de amparo constitucional cautelar y la medida subsidiaria de suspensión de efectos de acto administrativo atacado de nulidad.
En fecha 01 de julio de 2015, este Tribunal se pronuncia y expresa que: “Vista la diligencia de fecha 29 de junio de 2015, suscrita por el abogado RAMON BURGOS, IPSA N° 6109, en su condición de apoderado judicial de la parte demandante, mediante la cual solicita a este Juzgado se pronuncié sobre las solicitudes de amparo constitucional cautelar y la medida subsidiaria de suspensión de efectos de acto administrativo atacado de nulidad, en consecuencia este Tribunal indica al respecto, que en fecha 08 de junio de 2015, se dicto sentencia con respecto a las dos solicitudes antes mencionadas sustanciada en los asuntos signados AH22-X-2015-000059 y AH22-X-2015-000060.
Por lo que este Tribunal en fecha 08 de junio de 2015, declara improcedente la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo, así como también la solicitud de amparo cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa N° 171-2014, dictada el 05/12/2014, por la Inspectoría del Trabajo Sede Norte del Distrito Capital, Municipio Libertador.
Finalmente en fecha 19 de junio de 2015, este Tribunal da por terminada la medida cautelar y la solicitud de amparo cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo, por lo que ordena su cierre informático y remisión al archivo judicial.
Ahora bien, antes de realizar el pronunciamiento respectivo, quien suscribe le señala a las partes que, por cuanto en fecha: diez (10) de Julio de dos mil dieciocho (2018), fui designado como Juez Provisorio del Juzgado Décimo Tercero (13°) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, según oficio: TSJ-CJ- Nº 2186/2018, proveniente de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, y debidamente Juramentado ante la Rectoría Civil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha: treinta y uno (31) de Julio del año dos mil dieciocho (2018), en consecuencia, me ABOCO al conocimiento de la presente causa, en tal sentido paso a pronunciarme con relación a la presente causa.
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
De La Perención de la Instancia
Al respecto es importante señalar lo siguiente: Una vez iniciado el proceso judicial con la presentación de la demanda y la admisión de ésta, nace una relación jurídica, propia del derecho de petición, en la que el actor se coloca en la posición de invocar la tutela judicial efectiva a la que está obligado el Estado por intermedio del Poder Judicial; por su parte, el Estado se coloca en la posición de tutelar ese interés jurídico reclamado, llámese la solución de un conflicto o la protección de un interés meramente gracioso.
En tal sentido, es claro que el accionante tiene un interés jurídico actual, como la obligación del Estado en tutelar el interés jurídico reclamado por el accionante, en consecuencia, se colige que el proceso no es más que el instrumento del que dispone el Estado para garantizar a sus administrados el mantenimiento de la paz social y la consecución de sus derechos particulares, cuando en ellos tengan interés. Así, pues, la carencia de interés por parte del particular, aun luego de iniciado el proceso judicial, genera la convicción en el ánimo garantista del Estado, de que su actuación administradora de justicia será inoficiosa, bien porque el conflicto se ha erradicado, bien porque el interés ha perecido.
Así las cosas, el artículo 267 del Procedimiento Civil señala lo siguiente:
“Artículo 267: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención.”
En ese mismo orden de ideas, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa regula la perención de la instancia, de la siguiente manera:
“Artículo 41: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, fijación de la audiencia y la admisión de las pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria.” (Cursiva y Subrayada de este Tribunal).”
Así las cosas, la Jurisprudencia de la Sala Constitucional mediante sentencia No. 00868, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 10 de junio de 2009, caso GISELA ARANDA HERMIDA, y ratificada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha NO. 1337, del 24 de septiembre de 2009 caso Francisco Antonio Ávarez Chacín, se estableció lo siguiente:
“(…) la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la Perención de la instancia supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en se dice “vistos” y luego comienza el lapso para dicta la sentencia de merito (…)” (Cursiva de esta Instancia).
Cabe destacar que la figura de la perención de la instancia se verifica ope legis al vencerse el año de inactividad procesal, siempre y cuando dicha inactividad procesal sea atribuida a las partes, en consecuencia constituye una sanción por la pérdida del interés procesal, acarreando como consecuencia la extinción del procedimiento; no obstante ello la declaratoria de la perención pude afectar la pretensión jurídica el accionante, por lo cual el actor puede acudir nuevamente ante sede jurisdiccional a los fines de hacer valer su pretensión. En tal sentido, una vez declarada por el Juez los efectos de la misma operan desde que se cumplió el año de paralización, es decir, se retrotrae al momento en que el plazo de la perención quedó cumplido y los efectos de actos procesales realizados por las partes después de cumplido el año que dispone la Ley de ninguna manera va a significar convalidación o subsanación de la perención.
Ahora bien, en el caso de autos, este juzgador observa que, por cuanto no se evidencia en autos, actuación alguna desde el 29/06/2015, por parte de la accionante que demuestre el interés en la prosecución de la causa, debe concluirse forzosamente que entre la fecha de la última actuación de la parte recurrente, vale decir, 29/06/2015, hasta la oportunidad en que se dicta el presente fallo ha transcurrido con creces, más de un año sin impulso procesal de parte, razón por la cual y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en consonancia con la doctrina sentada por las Salas Constitucional y Sala Político Administrativa antes parcialmente transcritas, es por lo que debe declararse la PERENCIÓN DEL PROCEDIMIENTO, así como la terminación del presente expediente y el cierre informático del mismo. ASÍ SE DECIDE.
DISPOSITIVO
Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Décimo Tercero (13°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PERIMIDA LA INSTANCIA en el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD interpuesto por la recurrente COMERCIALIZADORA2013, C.A., por medio de su Apoderado Judicial RAMON. S. BURGOS. R. venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V- 3.096.393, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo N° 6.109, contra de la República Bolivariana de Venezuela por Órgano del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social a través de la Inspectoría del Trabajo del Distrito Capital, Municipio Libertador Sede Norte, contra la Providencia Administrativa N° 171.2014, dictada el 05/12/2014.- SEGUNDO: Dada la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas.- TERCERO Se Ordena la Notificación de la Recurrente y de la Procuraduría General de Republica Y ASÍ SE ESTABLECE.-
REGÍSTRESE, PUBLIQUESE, Y DÉJESE COPIA.
Dada, firmada y sellada, en la sala del Despacho del Juzgado Décimo Tercero (13°) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, al décimo día (10) día del mes de octubre de 2018. Años: 208° de la Independencia y 159° de la Federación.
El JUEZ.
Abg. RICHARD ALVARADO LINARES
SECRETARIO,
Abg. ALONSO SOTO
En la misma fecha, 10 de octubre de 2018, en horas de despacho y previa las formalidades de ley, se registró y publicó la anterior decisión.
SECRETARIO,
Exp AP21-N-2015-000144
