REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS
EXPEDIENTE Nº AP21- N-2016-0322.-
PARTE SOLICITANTE: BORGES CASTILLO MANUEL RAFAEL, venezolano, mayor de edad de este domicilio y Cedula Identidad 13.615.334.-
APODERADO JUDICIAL:, XIOMARA DIAZ ROSALEZ abogada en ejercicio, inscrito en el Inpre-abogado bajo el N°. 87.923.
RECURRIDA: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 154-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, expediente N° 016-2012-01-00187 emanada de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL TRABAJO “José Rafael Núñez Tenorio” con sede en Guatire del Estado Miranda.-
MOTIVO: DECLINATORIA DE COMPETENCIA TERRITORIAL
ALEGATOS DE LA PARTE ACTORA
Alega la representación judicial de la parte recurrente en su escrito lo siguiente:
“…Estando dentro del lapso previsto en el artículo 32.1 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosos Administrativa, para ejercer eel presente Recurso de Nulidad contra PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 154-2015, de fecha 13 de mayo de 2005, expediente N° 016-2012-01-00187 emanada de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL TRABAJO “José Rafael Núñez Tenorio” con sede en Guatire del Estado Miranda …”.- (Resaltado el Tribunal).-
Ahora bien, verificado el trámite de insaculación de causas, en fecha 15 de diciembre de 2016, fue asignado el conocimiento y decisión de la presente causa a este Tribunal. Por auto de fecha 09 de enero de 2017, se dio por recibido el presente expediente.-
Así las cosas, el tema a decidir en el sub lite se centra básicamente en determinar si corresponde conocer la presente causa, a los Tribunales laborales del Área Metropolitana de caracas, o en su defecto a los Juzgados del Estado Miranda, por tratarse de la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 154-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, expediente N° 016-2012-01-00187 emanada de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL TRABAJO “José Rafael Núñez Tenorio” con sede en Guatire del Estado Miranda.-
Al respecto cabe acotar la sentencia de la Sala Constitucional de fecha 23 de septiembre de 2010, caso: Bernardo Jesús Santeliz Torres y otros, en Amparo, contra la sociedad mercantil Central la Pastora, C.A., el cual señala lo siguiente
Omissis…
“por la reciente entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 377.244 del 16 de junio de 2010; la cual tiene por objeto “regular la organización, funcionamiento y competencia de los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, salvo lo previsto en las leyes especiales” (artículo 1).
Las competencias de los órganos integrantes de esta jurisdicción, están consagradas en los artículos 9, 23, 24, 25 y 26 de la referida Ley Orgánica. De esos artículos interesa, a los efectos de determinar la competencia para el conocimiento de las acciones relacionadas con providencias administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo, lo contenido en el numeral 5 del artículo 23, en el numeral 5 del artículo 24 y en el numeral 3 del artículo 25:
“Artículo 23. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de:
(…omissis…)
5. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, los Ministros o Ministras, así como por las máximas autoridades de los demás organismos de rango constitucional, si su competencia no está atribuida a otro tribunal.
(…omissis…)”.
“Artículo 24. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de:
(…omissis…)
5. Las demandas de nulidad de los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 5 del artículo 23 de esta Ley y en el numeral 3 del artículo 25 de esta Ley, cuyo conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de la materia.
(…omissis…)”.
“Artículo 25. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de:
(…omissis…)
3. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo.
(…omissis…)” (Subrayado nuestro).
De los artículos anteriormente transcritos, se puede apreciar que el legislador excluyó –de forma expresa– de las competencias asignadas a los órganos que integran la jurisdicción contencioso administrativa, la relativa al conocimiento de “las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo”.
Con este criterio, la Sala puede evidenciar que el legislador viene a fortalecer la protección jurídico-constitucional de los trabajadores, a través de normas garantistas de los derechos amparados por la Constitución, favoreciendo la tutela judicial efectiva y protegiendo la vigencia y efectividad del trabajo, como derecho y como hecho social que deber ser protegido por el Estado (artículos 87 y 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), en pro del interés general y de la propia vida en el porvenir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para hacerla descansar en la justicia social y humanitaria.
En este sentido, la Constitución venezolana es expresión del constitucionalismo social y humanitario, alejándose definitivamente de la etapa del Estado de Derecho formal y de las “experiencias de instrumentalización mediática o autoritaria de la legalidad formal” (José Manuel Pureza. ¿Derecho Cosmopolita o Uniformador? Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en la Posguerra Fría. Discurso F. Carrasquero L. p. 19).
De allí se deriva el particularismo del Derecho del Trabajo y su legislación proteccionista del hiposuficiente, que ha requerido una protección humana específica, como específica por la materia debe ser su jurisdicción, para amparar con profunda justicia social los derechos e intereses de los trabajadores en su condición de productores directos de las mercancías, en el sistema capitalista.
Ese deber del Estado se ha traducido en la creación de una jurisdicción especial -la laboral-, que conoce las normas sustantivas dictadas en la materia y los procedimientos especialmente creados para resolver las controversias surgidas con ocasión de relaciones laborales.
De lo anterior se colige que aun cuando las Inspectorías del Trabajo sean órganos administrativos dependientes -aunque desconcentrados- de la Administración Pública Nacional, sus decisiones se producen en el contexto de una relación laboral, regida por la Ley Orgánica del Trabajo, razón por la cual debe atenerse al contenido de la relación, más que a la naturaleza del órgano que la dicta, para determinar que el juez natural en este caso no es el contencioso administrativo, sino el laboral. Una relación jurídica denominada relación de trabajo, expresada y manifestada por la fuerza de trabajo desplegada por los trabajadores, que exige un juez natural y especial, para proteger la propia persona de los trabajadores. En fin, la parte humana y social de la relación.
En efecto, los órganos jurisdiccionales especializados en los conceptos debatidos en las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo (derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo), sea que se trate, entre otras, de la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la Administración autora o bien del sujeto obligado -el patrono o el trabajador- para su ejecución o, por último, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos; son los tribunales del trabajo. Así se declara. (Subrayado de este Tribunal)”
Congruente con lo antes expuesto, por aplicación supletoria, considera pertinente para este Juzgador traer a colación, el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, que expresamente señala:
“La incompetencia por la materia y por el territorio en los casos previstos en la última parte del artículo 47, se declarará aún de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso”.
En atención a la Sentencia antes descrita, los Tribunales del Trabajo tienen competencia para conocer los Recursos de Nulidad, en tal sentido nace para los Juzgados Laborales dos tipos de competencia: La objetiva y la funcional, la primera se refiere a su competencia por la materia, cuantía, territorio y conexión; y la segunda a sus funciones específicas atribuidas en el proceso, como es el caso de los juzgados laborales de primera instancia (Tribunales de sustanciación, mediación y ejecución y juicio), los cuales tienen la misma competencia objetiva, pero difieren en su competencia funcional, ya que los tribunales de sustanciación, mediación y ejecución se encargan de sustanciar las causas, mediar y ejecutar sentencia, caso contrario a los tribunales de juicio que conocer el debate del juicio, la admisión y evacuación de las pruebas y el conocimiento del fondo del asunto.
El caso bajo análisis este Juzgador observa que trata de un recurso de nulidad contra un acto administrativo N° 154-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, expediente N° 016-2012-01-00187 emanada de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL TRABAJO “José Rafael Núñez Tenorio” con sede en Guatire del Estado Miranda, en tal sentido, en atención al artículo 229 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual hace referencia a la competencia territorial de la Inspectoría del Trabajo, y a los fines de hacer más accesibles para las partes los órganos de administración de justicia, así como el curso de la presente causa, visto que la sede de la Inspectoría donde tuvo lugar el procedimiento de Calificación de Despido, se encuentra en el Estado Miranda, y en aras de mantener el acceso a la administración de justicia, el cual debe tener derecho todos los justiciables, todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de nuestra carta Magna, quien decide considera prudente DECLINAR su competencia a los Tribunales laborales con sede en el Estado Miranda, con sede en Guarenas. Así se decide.-
Igualmente se deja establecido que la parte recurrente tendrá cinco (05) días hábiles siguientes a la publicación del presente fallo, a fin de solicitar la regulación de la competencia de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.- Y ASÍ SE ESTABLECE.-
DISPOSITIVO
Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se declara INCOMPETENTE por el Territorio para conocer de este juicio, se ordena remitir la presente causa a los Tribunales Laborales con sede en Estado Miranda, con sede en Guarenas., a los fines de resolver el presente conflicto, todo en el Recurso de Nulidad impetrado por el ciudadano BORGES CASTILLO MANUEL RAFAEL, contra la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 154-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, expediente N° 016-2012-01-00187 emanada de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL TRABAJO “José Rafael Núñez Tenorio” con sede en Guatire del Estado Miranda.- SEGUNDO: Dada la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas.-
PUBLIQUESE, REGISTRESE Y REMITASE
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS.- En Caracas, a los Trece (13) días del mes de Enero de dos mil Diecisiete (2017). Años 206° y 157°.
Dr. RONALD FLORES
EL JUEZ
Abg. CARLOS MENDEZ
EL SECRETARIO
NOTA: En la misma fecha y previo cumplimiento de las formalidades legales, se dicto y publico la presente decisión.-
Abg. CARLOS MENDEZ
EL SECRETARIO
