AP31-S-2018-003119
SOLICITANTE:
Ciudadano LUIS ALBERTO PERALTA NARANJO y SOLANGE JOSEFINA PADILLA COLMENARES, de nacionalidad venezolanos, mayores de edad, y titulares de la cedulas de de identidad números V-5.531.117 y V-5.969.414, respectivamente.
ABOGADO
APODERADO:
ANA BEATRIZ OSORIO H. e ISABEL TERESA BOCCA GITIAN, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 38.798 y 44.603, respectivamente.
MOTIVO: DIVORCIO 185-A.
SENTENCIA: DEFINITIVA
I
ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado en fecha cuatro (04) de mayo dos mil dieciocho (2018), comparecieron los ciudadanos LUIS ALBERTO PERALTA NARANJO y SOLANGE JOSEFINA PADILLA COLMENARES, de nacionalidad venezolanos, mayores de edad, y titulares de la cedulas de de identidad números V-5.531.117 y V-5.969.414, respectivamente, representados por las abogadas ANA BEATRIZ OSORIO H. e ISABEL TERESA BOCCA GITIAN, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 38.798 y 44.603, respectivamente, quienes solicitaron el DIVORCIO fundamentando su acción en el artículo 185-A del Código Civil. Alegaron los solicitantes en su escrito, que contrajeron matrimonio Civil en fecha veinticuatro (24) de abril de 1987, ante El Prefecto del Municipio Autónomo Baruta, del Estado Miranda, según consta en acta Nº 215, indico que estableció su último domicilio conyugal en la Calle El Parque, Duplex 18D, Urbanización La Cabaña, Municipio El Hatillo, Estado Miranda, asimismo manifestaron que de dicha unión conyugal procrearon dos hijos y ambos cónyuges han decidido de mutuo acuerdo en que una vez decretado el divorcio se hará la partición o cesión de bienes de la comunidad conyugal en forma amistosa y graciosa y los bienes de poco valor tales como: mobiliario del hogar, enseres, joyas, efectos personales, etc., ya han decidido adjudicarlos uno a otro, sin que quede nada pendiente.
Indicaron que desde el día 05 de junio del año 2008, permanecieron separados.
En fecha quince (15) de mayo de dos mil dieciocho (2018), se admitió la solicitud y se ordena notificación al Fiscal del Ministerio Publico de conforme a la normativa legal que rige la materia, solicitando a tal efecto los fotostatos respectivos.
En fecha veintidós (22) de mayo de dos mil dieciocho (2018), se recibió diligencia presentada por la abogada ANA BEATRIZ OSORIO H, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 38.798, actuando como apoderada judicial de los solicitante, mediante la cual consignó los fotostatos correspondientes para la elaboración de la boleta al Fiscal del Ministerio Publico.
En fecha treinta (30) de mayo de dos mil dieciocho (2018), se libro boleta de notificación al fiscal del Ministerio Publico a los fines de que exponga lo que considere conveniente en la presente solicitud.
En Fecha seis (06) de junio de dos mil dieciocho (2018), LUIS NORIEGA, en su carácter de alguacil consignó copia de boleta debidamente sellada y firmada, ante la Fiscalía Nonagésima Novena (99º) del Ministerio Publico del Área Metropolitana de Caracas.
En fecha quince (15) de junio de dos mil dieciocho (2018), se recibió diligencia presentada por la ciudadana VILMA CIFUENTES, actuando en su carácter de Fiscal Provisorio de la Fiscalía Nonagésima Novena (99º) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescente, Civil e Instituciones Familiares, mediante la cual insto respetuosamente al tribunal solicite a las parte a consignar copias certificadas de las actas de nacimiento de los hijos habidos dentro del matrimonio.
En fecha veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018), mediante auto se insto a los solicitantes a consignar copias certificadas de las actas de nacimiento de los hijos habidos dentro del matrimonio.
En fecha veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018), se recibió diligencia presentada por la abogada ANA BEATRIZ OSORIO H, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 38.798, actuando como apoderada judicial de los solicitante, mediante la cual consignó copias certificada de las actas de nacimiento.
En fecha dos (02) de julio de 2018, se libro boleta de notificación a la fiscal VILMA CIFUENTES, actuando en su carácter de Fiscal Provisorio de la Fiscalía Nonagésima Novena (99º) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescente, Civil e Instituciones Familiares, del Ministerio Publico a los fines de que exponga lo que considere conveniente en la presente solicitud.
En Fecha 23 de julio del Año 2018, LUIS NORIEGA en su carácter de alguacil consignó copia de boleta debidamente sellada y firmada, ante la Fiscalía Nonagésima Novena (99º) del Ministerio Publico del Área Metropolitana de Caracas.
En fecha primero (01) de agosto del 2018, se recibió diligencia presentada por la ciudadana VILMA CIFUENTES, actuando en su carácter de Fiscal Provisorio de la Fiscalía Nonagésima Novena (99º) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescente, Civil e Instituciones Familiares, quien manifestó no tener nada que objetar en la presente solicitud.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Mediante Sentencia Nº 693 del 2 de junio de 2015, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, Exp. No. 12-1163, efectuó interpretación constitucional, con carácter vinculante, del artículo 185 del Código Civil Venezolano y determinó que las causales de divorcio allí previstas deben ser enunciativas y no taxativas. Al respecto, la Sala estableció que:
(…) Es indiscutible para esta Sala Constitucional que quien se une en matrimonio aspira y se compromete a las obligaciones que de tal institución derivan, definidas en el encabezamiento del artículo 137 del Código Civil cuando establece: “Con el matrimonio el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes. Del matrimonio deriva la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente”.
Asimismo, es indudable que el cónyuge, aun habiéndose comprometido moral y jurídicamente a esa relación, puede con posterioridad y debido a innumerables razones sobrevenidas estar interesado en poner fin al matrimonio. Ese interés debe traducirse en un interés jurídico procesal, de acudir a los órganos jurisdiccionales e incoar una demanda donde pueda obtener una sentencia que ponga fin al vínculo conyugal.
Desde luego que esa posibilidad no está negada y el ordenamiento jurídico ofrece como mecanismo la demanda de divorcio, empero cuando se limita éste de manera irrestricta a una tipificación que en la actualidad luce sumamente estrecha, nos encontramos frente a un vacío, que hace nugatorio el núcleo central del derecho por lo menos en lo que al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva se refiere, específicamente a obtener una sentencia judicial favorable que tutele la libertad del individuo de decidir un importante aspecto de su vida, a través del divorcio, frente a una regulación pre constitucional escasa, incapaz de satisfacer las expectativas creadas frente a las vicisitudes de la vida y las nuevas tendencias sociales.
De la tangibilidad de estos derechos debe concluirse que la previsión del artículo 185 del Código Civil, que establece una limitación al número de las causales para demandar el divorcio, deviene insostenible de cara al ejercicio de los derechos constitucionales ya comentados devenidos de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto es el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y a obtener una tutela judicial efectiva. Es decir, que en la actualidad resulta vetusto e irreconciliable con el ordenamiento constitucional, el mantenimiento de un numerus clausus de las causales válidas para accionar el divorcio frente a la garantía de los derechos fundamentales del ciudadano al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva.
IV
“Ahora bien, vista las anteriores consideraciones realizadas en torno a la institución del divorcio, analizada e interpretada, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil, y declara, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia Nº 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento.” (…) (Negritas del Tribunal).
A criterio de la Sala, la previsión del artículo 185 del Código Civil, que prevé una limitación al número de las causales para demandar el divorcio, es contraria al ejercicio de los derechos contenidos en la Constitución, ya que resulta insostenible el mantenimiento de un numerus clausus de las causales válidas para accionar el divorcio frente a la garantía de los derechos fundamentales del ciudadano al libre desenvolvimiento de la personalidad y a la tutela judicial efectiva.
Quiere decir esto entonces que, no se limita nada más a las causales establecidas en el artículo 185 del Código Civil, sino que amplia las posibilidades a otras causales que no necesariamente estén establecidas en dicho artículo. Teniendo los abogados que realizar un análisis exhaustivo previo a la demanda con el cónyuge quien pretenda el divorcio, a los fines de respaldar con pruebas esas otras causales.
En el caso de marras, los solicitantes manifestaron expresamente su voluntad de disolver el vinculo matrimonial que los une, y expusieron estar separados de hecho desde hace mas de 5 años, es decir, alegan la existencia de una ruptura prolongada de la vida en común por más de cinco (05) años desde la fecha en que interpusieron la solicitud y ratificaron ante el Juez que conoce del procedimiento, abiertamente su voluntad libre de dolo, violencia o coacción, su intención expresa de disolver de mutuo acuerdo el vínculo matrimonial que los une. Igualmente cumplido el requisito previsto en el artículo 131 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la intervención del Ministerio Público, la funcionaria de la invicta pública manifestó no tener ninguna objeción que hacer a la solicitud en cuestión.
Ahora bien, en apego a la interpretación constitucional antes mencionada, la cual incluye como causal de divorcio el mutuo consentimiento, y cumplidas como han sido todas las formalidades subsiguientes para la procedencia del divorcio contenido en nuestro ordenamiento jurídico, considera este sentenciador que la presente solicitud de divorcio debe prosperar en derecho.
Resulta de importancia dejar sentado, en virtud del señalamiento efectuado por los solicitantes en cuanto al bien habido durante su unión, que a tenor de lo previsto en los artículos 173 y 186 del Código Civil, la comunidad de los bienes en el matrimonio se extingue por el hecho de disolverse éste, o en el supuesto de ser declarado nulo; y ejecutoriada la sentencia que declaró el divorcio, queda disuelto el matrimonio y cesará la comunidad entre los cónyuges y se procederá a liquidarlas. En tal sentido, debe señalarse que la liquidación de la comunidad conyugal en el caso de autos, tendrá que ser realizada en la oportunidad legal correspondiente, pues carece de valor probatorio y eficacia jurídica la liquidación presentada con anterioridad a la decisión correspondiente al procedimiento previsto en el artículo 185A del citado código sustantivo y así se establece, y así se decide.
III
Por las razones antes expuestas, este JUZGADO UNDÉCIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR la solicitud de Divorcio efectuada por los ciudadanos LUIS ALBERTO PERALTA NARANJO y SOLANGE JOSEFINA PADILLA COLMENARES, ampliamente identificados y en consecuencia disuelto el vínculo matrimonial ante El Prefecto del Municipio Autónomo Baruta, del Estado Miranda, según consta en acta Nº 215, de fecha 24 de abril de 1987. Se declara disuelta la comunidad conyugal.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Undécimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ¬¬¬¬ siete (07) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018).- Años: 208º de la Independencia y 159º de la Federación.
LA JUEZ,
Abg. CAROLINA SISO ROJAS.
LA SECRETARIA,
Abg. GABRIELA CENTENO.
En la misma fecha siendo las dos y cincuenta (02:50) p.m. horas y minutos de la tarde se publicó y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA.
Abg. GABRIELA CENTENO.
CSR/GC/karelin
