REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, 6 de febrero de 2019
208º y 159º
Asunto: AP41-U-2004-000002 Sentencia N° 006/2019
Tipo: Interlocutoria con fuerza de definitiva
Mediante Oficio Nº 481-04 de fecha 26 de mayo de 2004, el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital remitió a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas -recibido el 15 de junio de 2004-, el recurso contencioso tributario ejercido conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por la contribuyente CALZADOS ROSE DI MARE, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del entonces Distrito Federal y Estado Miranda el 18 de enero de 1999, bajo el Nº 17, tomo 227-A-Qto; contra la Resolución Nº D-156/2004 de fecha 19 de mayo de 2004 emitida por la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CARRIZAL del Estado Bolivariano de Miranda, en la que declaró sin lugar el recurso jerárquico incoado el 25 de febrero de 2004, contra la “Resolución Nº DH-AF-005/2004 de fecha 16 de febrero de 2004” emitida por la Dirección de Hacienda Municipal del referido ente local, y confirmó la multa por concepto de impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar durante el año 2000, por la cantidad total de bolívares dos millones ciento noventa y un mil ochocientos treinta y dos con sesenta y nueve céntimos (Bs. 2.191.832,69), monto éste fijado para dicha época.
Previa distribución, se le dio entrada a dicho recurso el 28 de junio de 2004, ordenándose las notificaciones de Ley.
El 29 de julio de 2004 se decretó la suspensión de efectos del acto administrativo impugnado.
En fecha 16 de noviembre de 2004 se admitió el aludido medio de defensa judicial.
El 25 de enero de 2005 se fijó al décimo quinto (15°) día de despacho para que tuviera lugar el acto de informes en el presente juicio.
En fecha 22 de febrero de 2005 este Operador de Justicia dijo “Vistos”.
El 17 de diciembre de 2015, este Juzgado ordenó notificar a la precitada recurrente a fin de que manifestara si mantiene interés en que se dicte sentencia en la presente causa.
En esa misma fecha, 17 de diciembre de 2015, se libró comisión al Juzgado (Distribuidor) del Municipio Carrizal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, a los fines de practicar la notificación a la empresa Calzados Rose Di Mare, C.A.
El 9 de agosto de 2016, se recibió el Oficio Nº 2016/170 del 14 de julio de 2016, proveniente del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con resultado negativo.
En fecha 20 de junio de 2018, este Tribunal ordenó librar nueva boleta de notificación a la contribuyente en otro domicilio ubicado en la ciudad de Caracas constatado en el expediente.
El 23 de julio de 2018, se consignó la boleta de notificación librada a la sociedad mercantil con resultado negativo.
En fecha 26 de julio de 2018, en virtud de la imposibilidad de notificar a la empresa recurrente, este Tribunal ordenó librar cartel de notificación con la advertencia de que transcurridos los diez (10) días de despacho contados a partir del día siguiente a su fijación se considerará notificada.
El 17 de septiembre de 2018 se dictó certificación del vencimiento del lapso del cartel.
En fecha 13 de noviembre de 2018 se emitió certificación del vencimiento del lapso para que la contribuyente manifestara el interés en la presente causa.
I
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Correspondería a este Operador de Justicia decidir el fondo del recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente Calzados Rose Di Mare, C.A., contra la Resolución Nº D-156/2004 de fecha 19 de mayo de 2004 emitida por la Alcaldía del Municipio Carrizal del Estado Bolivariano de Miranda.
No obstante, del expediente se observa que en fecha 17 de diciembre de 2015 este Juzgado ordenó notificar a la recurrente a fin de requerirle que manifestara su interés en la decisión del presente asunto.
Lo ordenado por este Tribunal Superior respondió a la absoluta inactividad procesal de la actora durante más de trece (13) años.
Luego de resultar infructuosas las notificaciones libradas a la contribuyente y consignadas los días 9 de agosto de 2016 y 23 de julio de 2018, este Tribunal ordenó librar cartel de notificación señalándole que transcurridos los diez (10) días de despacho contados a partir del día siguiente a su fijación se consideraría notificada.
Visto que vencieron los lapsos para que la recurrente acudiera ante este Tribunal, es necesario referirse al derecho de acción procesal garantizado expresamente en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al efecto, es oportuno citar lo establecido por la Sala Político-Administrativa en sentencia N° 00075 del 23 de enero de 2003, caso C.V.G. Bauxilium C.A., en la que dispuso lo siguiente:
“(...) nuestro ordenamiento jurídico constituye un sistema destinado a regular las conductas humanas a través de establecimiento de derechos y deberes.
Cuando el justiciable considera que sus derechos se encuentran insatisfechos, puede acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar se le otorgue tutela judicial a su pretensión, esto es, cuando tenga interés procesal para accionar, entendido éste como la necesidad y adecuación del proceso para satisfacer la pretensión demandada.
Este especial derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales en busca de la satisfacción de los demás derechos concedidos por el ordenamiento jurídico, es el denominado derecho de acción procesal, el cual está previsto y garantizado expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos: ‘Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. (omissis)’.
En sentencia número 1.648 de fecha 13 de julio de 2000, dictada por esta Sala Político-Administrativa, se expresó, con relación a la acción procesal, lo que a continuación se transcribe:
‘En la estructura del ordenamiento jurídico, está concebida la acción procesal como el medio para acceder a la función jurisdiccional, cuando existe la necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Si se entiende la acción procesal como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho, dado su carácter de medio o instrumento jurídico para lograr, por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos. Esta necesaria relación de medio a fin, permite calificar a la acción como un derecho especial o de segundo nivel, es decir, un auténtico metaderecho, frente a todos los demás derechos del ordenamiento jurídico.’ (... omissis) (Destacado de la Sala)”.
En este mismo sentido, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal se pronunció en la sentencia N° 416 del 28 de abril de 2009, caso: Carlos Vecchio, Rodrigo Ayala Coll y Oscar Lucien, en los siguientes términos:
“El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia. (...)”.
Conforme a los señalados criterios jurisprudenciales, la pérdida de interés debe ser declarada por el órgano jurisdiccional cuando la inactividad procesal se produzca antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia, lo que la diferencia de la perención de la instancia la cual se produce cuando la paralización se verifica entre la admisión y hasta el inicio del lapso para dictar la sentencia de mérito.
En consecuencia, de la revisión de las actas procesales ha permitido apreciar que la causa entró en estado de sentencia el 22 de febrero de 2005, y habiendo sido notificada la recurrente a los fines de la manifestación de su interés en la continuación del proceso y constando en autos haberse agotado el transcurso de los lapsos otorgados para la comparecencia de la contribuyente sin que esta hubiese acudido ante esta instancia jurisdiccional, este Tribunal conforme a los criterios jurisprudenciales aludidos, declara extinguida la acción por pérdida del interés. Así se decide.
II
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN POR PÉRDIDA DE INTERÉS en el recurso contencioso tributario ejercido conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por la contribuyente CALZADOS ROSE DI MARE, C.A., contra la Resolución Nº D-156/2004 de fecha 19 de mayo de 2004 emitida por la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CARRIZAL del Estado Bolivariano de Miranda.
Queda SIN EFECTOS JURÍDICOS la medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado decretada por este Tribunal el 29 de julio de 2004.
Publíquese, regístrese y notifíquese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los seis (6) días del mes de febrero del dos mil diecinueve (2019). Año 208º de la Independencia y 159º de la Federación.
El Juez,
Néstor Luís Correa Vielma
El Secretario,
Luís Alfredo Mattioli García
La anterior decisión se publicó en la señalada fecha, a las dos y treinta y cinco de la tarde (2:35 p.m.).
El Secretario,
Luís Alfredo Mattioli García
NLCV/LAMG/LH
