REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, 8 de febrero de 2018
207º y 158º
Asunto: AP41-U-2017-000077 Sentencia N° 015/2018
Tipo: Interlocutoria con fuerza de definitiva
Mediante Oficio Nº SNAT/INTI/GRTI/RLL/DJT/ARNAE/2015-000 897 de fecha 6 de octubre de 2015, la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Llanos del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), remitió a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas -recibido el 7 del julio de 2017-, recurso contencioso tributario ejercido subsidiariamente al recurso jerárquico por la contribuyente COMERCIAL RODRÍGUEZ Y FERNANDEZ, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Apure el 1º de noviembre de 1994, bajo el Nº 239, folio 213; contra la Resolución N° SNAT/INTI/GRTI/RLL/DJT/RJ/2014-PCL-000071 de fecha 16 de diciembre de 2014 dictada por la señalada Gerencia Regional, en la que declaró parcialmente con lugar el recurso jerárquico incoado el 6 de junio de 2014, y confirmó la Resolución de Imposición de Sanción Nº SNAT/INTI/GRTI/SFA/AF/2013/IVA/VDF/00363/2013/00191 del 30 de diciembre de 2013 emitida por la División de Tramitaciones de la referida Administración, mediante la cual se le impuso multas por incumplimientos de deberes formales en materia de impuesto al valor agregado durante los períodos impositivos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y diciembre de 2013, por la cantidad total de cincuenta y siete coma cinco unidades tributarias (57,5 U.T.).
Previa distribución, el conocimiento del asunto correspondió a este Juzgado Superior, y se le dio entrada el 17 de julio de 2017, ordenándose las notificaciones al Procurador General de la República, al Gerente General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria y a la contribuyente, con la advertencia a ésta última de que consignase dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a la consignación de su notificación, las copias del recurso contencioso tributario subsidiario al jerárquico y sus anexos, a los efectos de incorporarlas -previa certificación- al Oficio dirigido al señalado Procurador, y manifestase su interés en la continuación de la causa; en caso contrario, se procedería a declarar la pérdida del interés procesal.
En esa misma fecha, 17 de julio de 2017, se libró comisión al Juzgado Distribuidor de San Fernando de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, a los fines de practicar la notificación a la empresa Comercial Rodríguez y Fernández, C.A.
El 10 de enero de 2018, se recibió el Oficio N° 668 del 23 de octubre del 2017, proveniente del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Fernando y Biruaca de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, mediante el cual remitió las resultas de la comisión, con resultado positivo.
I
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Observa esta Autoridad Judicial que en fecha 17 de julio de 2017, se ordenó notificar a la contribuyente Comercial Rodríguez y Fernández, C.A., respecto a la entrada del recurso contencioso tributario interpuesto contra la Resolución N° SNAT/INTI/GRTI/RLL/DJT/RJ/2014-PCL-000071 de fecha 16 de diciembre de 2014 dictada por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Llanos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), con la advertencia de que consignase dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a la consignación de su notificación, las copias de dicho medio de defensa y sus anexos, a los efectos de incorporarlas previa certificación al Oficio dirigido al Procurador General de la República, y manifestase su interés en la continuación de la causa; en caso contrario, se procedería a declarar la pérdida del interés procesal.
En esa misma fecha, se libró comisión al Juzgado Distribuidor de San Fernando de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, a los fines de practicar dicha notificación.
Luego, 10 de enero de 2018, se recibió el Oficio N° 668 del 23 de octubre del 2017, proveniente del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Fernando y Biruaca de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, mediante el cual remitió las resultas de la comisión con resultado positivo.
Visto que venció con creces el lapso para que la parte actora acudiera ante este Tribunal, es necesario referirse al derecho de acción procesal garantizado expresamente en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al efecto, es oportuno citar lo establecido por la Sala Político-Administrativa en sentencia N° 00075 del 23 de enero de 2003, en la que dispuso lo siguiente:
“(...) nuestro ordenamiento jurídico constituye un sistema destinado a regular las conductas humanas a través de establecimiento de derechos y deberes.
Cuando el justiciable considera que sus derechos se encuentran insatisfechos, puede acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar se le otorgue tutela judicial a su pretensión, esto es, cuando tenga interés procesal para accionar, entendido éste como la necesidad y adecuación del proceso para satisfacer la pretensión demandada.
Este especial derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales en busca de la satisfacción de los demás derechos concedidos por el ordenamiento jurídico, es el denominado derecho de acción procesal, el cual está previsto y garantizado expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos: ‘Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. (omissis)’.
En sentencia número 1.648 de fecha 13 de julio de 2000, dictada por esta Sala Político-Administrativa, se expresó, con relación a la acción procesal, lo que a continuación se transcribe:
‘En la estructura del ordenamiento jurídico, está concebida la acción procesal como el medio para acceder a la función jurisdiccional, cuando existe la necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Si se entiende la acción procesal como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho, dado su carácter de medio o instrumento jurídico para lograr, por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos. Esta necesaria relación de medio a fin, permite calificar a la acción como un derecho especial o de segundo nivel, es decir, un auténtico metaderecho, frente a todos los demás derechos del ordenamiento jurídico.’” .
En este mismo sentido, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal se pronunció en la sentencia N° 416 del 28 de abril de 2009, en los siguientes términos:
“El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: ‘DHL Fletes Aéreos, C.A.’), en el que se señaló lo siguiente:
‘(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido’. (...)”.
Conforme a los señalados criterios jurisprudenciales, la pérdida de interés debe ser declarada por el órgano jurisdiccional cuando la inactividad procesal se produzca antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia, lo que la diferencia de la perención de la instancia la cual se produce cuando la paralización se verifica entre la admisión y hasta el inicio del lapso para dictar la sentencia de mérito.
En consecuencia, de la revisión de las actas procesales del caso bajo análisis ha permitido apreciar que la causa se le dio entrada el 17 de julio de 2017 (formación del expediente), y habiendo sido notificada la contribuyente a los fines -entre otros- de que consignase las copias del recurso contencioso tributario y sus anexos a los efectos de incorporarlas -previa certificación- al Oficio dirigido al Procurador General de la República y manifestase su interés en la continuación de la causa; y constatado en autos haberse agotado el transcurso del lapso otorgado para la comparecencia de la recurrente sin que esta hubiese acudido ante esta instancia jurisdiccional, este Tribunal conforme a los criterios jurisprudenciales aludidos, declara extinguida la acción por pérdida del interés. Así se decide.
II
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN POR PÉRDIDA DE INTERÉS en el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente COMERCIAL RODRÍGUEZ Y FERNANDEZ, C.A., contra la Resolución N° SNAT/INTI/GRTI/RLL/DJT/RJ/2014-PCL-000071 del 16 de diciembre de 2014 dictada por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Llanos del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT).
Publíquese, regístrese y notifíquese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los ocho (8) días del mes de febrero del dos mil dieciocho (2018). Año 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
El Juez,
Néstor Luís Correa Vielma
El Secretario,
Luís Alfredo Mattioli García
La anterior decisión se publicó en la señalada fecha, a las diez y cincuenta de la mañana (10:50 a.m.).
El Secretario,
Luís Alfredo Mattioli García
NLCV/lh
