REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBREEL
JUZGADO SUPERIOR DÉCIMO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
EXPEDIENTE Nº AP71-X-2016-000160/7.102
PARTE RECUSANTE:
DANIELA ALEXANDRA SILVA PALACIOS DE AFIUNI, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nro. 9.994.180, representada judicialmente por los abogados en ejercicio; JORGE LUIS VIDAL e INGRID EVELYN PALENCIA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 30.119 y 29.889, respectivamente.
JUEZ RECUSADO:
Abogado CESAR A. MATA RENGIFO, Juez del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil Mercantil Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
MOTIVO: Recusación.
Cumplido el trámite administrativo de distribución de expedientes, correspondió a este tribunal superior conocer de la recusación propuesta el 09 de noviembre del 2016 por la ciudadana DANIELA ALEXANDRA SILVA PALACIOS DE AFIUNI, asistida por los abogados JORGE LUIS VIDAL e YNGRID EVELYN PALENCIA, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 30.119 y 29.889; respectivamente, contra el abogado CESAR A.MATA RENGIGO, Juez Provisorio del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
En fecha 23 de noviembre del 2016 se recibieron las actuaciones, procedentes de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de lo cual se dejó constancia por secretaría en fecha 24 de noviembre del 2016.
Por auto del 29 de noviembre del 2016 se le dio entrada, fijándose consecuencialmente el lapso probatorio de ocho días de despacho, contado a partir de la constancia en autos de la notificación del juez recusado, y el noveno día para decidir.
En fecha 08 de diciembre del 2016, el alguacil accidental de este Juzgado, ciudadano Víctor Reyes, dejó constancia de haber realizado la entrega del oficio 2016-357, dirigido al Juez del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial.
El 21 de diciembre del 2016, la parte recusante consignó escrito de pruebas, de lo cual se hará pronunciamiento más adelante.
Este tribunal pasa a proferir su fallo, en los siguientes términos:
PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA
En fecha 09 de noviembre del 2016, la ciudadana DANIELA ALEXANDRA SILVA PALACIOS DE AFIUNI, asistida por los abogados JORGE LUIS VIDAL e YNGRID EVELYN PALENCIA, recusó al Juez Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por considerar que la misma demostró parcialidad al haber manifestado opinión sobre lo principal del pleito antes de la sentencia, con fundamento en lo siguiente:
“(...) De conformidad con el numeral 15 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, propongo formal recusación contra el ciudadano Juez del Tribunal Octavo (8vo.) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Dr. CESAR A. MATA RENGIFO, en razón de haber adelantado con su actuación opinión sobre el fondo de la controversia cuando pronunció sentencia en fecha 4 de Noviembre de 2016, tal como consta en autos, y de inmediato paso a señalar:
1.- En fecha 21 de abril de 2016, el Tribunal dictó sentencia mediante la cual me designó con el carácter de TUTORA INTERINA de mi cónyuge ciudadano, HENRY KALED AFIUNI SILVA, cargo que comencé a ejercer de forma inmediata en defensa de los intereses de mi esposo y mi pupilo cuyo patrimonio había sido totalmente defraudado por sus hermanos hoy accionantes en tercería, tal como mas adelante lo señalo.
2.- en fecha 31 de octubre de 2016, los hermanos de mi cónyuges (SIC) ciudadanos, MAURICIO TAHA AFIUNNI SILVA, OMAR AFIUNI SILVA, ALBERTO HUSSEIN AFIUNI SILVA y CARMEN LEILA AFIUNI DE FREITES, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-3.753.927, V-4.351.671, V-6.973.316 y V-4.819.041, respectivamente, interponen demanda de tercería, alegando que de conformidad con lo establecido en el artículo 396 del Código Civil, tenían derecho de preferencia para deponer como parientes inmediatos del notado en demencia, manifestando su desacuerdo por cuanto dicna (sic) disposición fue tomada en efecto de ello a cuatro amigos de la familia.
3.- Ahora bien independientemente que la razón que motiva a los hermanos de mi cónyuge a intervenir en tercería y solicitan en su demanda sean tomadas sus declaraciones y en su escrito de extensión de la misma fecha 03/11/2016 solicitar me sea revocada la TUTELA INTERNA que me fue asignada por este Tribunal, no es más que una forma para evadir las resultas del juicio penal que en su contra cursa ante el Tribunal DECIMO NOVENO (19) de Primera Instancia Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Carcas, por defraudación en contra de los bienes de mi esposo, constituido por las acciones que conjuntamente con ellos, mantenían en las empresas MARIANA LA CUEVIDA, C.A; INVERSIONES A.S.2020, C.A; INVERSIONES LA FRANCESA CF C-905- S.A, (...omissis…)
7.- Subvierte grotescamente el proceso el Ciudadano Juez, cuando anuló su misma sentencia para volver a decidir otra pero adelantado cual sería el dispositivo de la misma, es decir, la revocatoria definitiva de la tutela interina que me fue asignada, para que la misma sea ejercida por los accionantes en tercería, actuaciones éstas que están prohibidas por la Ley, en consecuencia la actuación denunciada infringió los artículos 510, 514, 733, y 731 del Código de Procedimiento Civil, violándome el derecho de defensa al desechar la interdicción sin haber ordenado mediante un auto para mejor proveer si lo consideraba tomar las declaraciones de los familiares cercanos, que en este caso serian los accionantes en tercería y no ir contra los Derechos y Garantías constitucionales denunciados como infringidos, en consecuencia el ciudadano Juez, no puede seguir conociendo de la presente causa, tal como así lo solicito, por cuanto las normas procesales son de orden público y por tanto no son relajables, ni mucho menos convalidables, ruego pues se siga el procedimiento de la ley a los fines legales propuestos.
8.- Se violó flagrantemente el Principio de la Seguridad Jurídica cuando el agraviante al asignarme el cargo de TUTORA INTERINA, y consecuencialmente encomendarme la protección tanto de la persona de mi pupilo como de su bienes e intereses y en ejercicio de dicho cargo procedí en defensa de su (sic) bienes e intereses a presentar como antes lo señalé demanda de nulidad de ventas, la cual fue admitida...”
En fecha 14 de noviembre del 2016, el Juez recusado mediante escrito de informe negó lo alegado por la parte recusante, como base de la predicha recusación, de la siguiente manera:
“(…), Preliminarmente, debo señalar que- causa extrañeza que la ciudadana DANIELA ALEXANDRA SILVA PALACIOS DE AFIUNI -a quien se le ha prodigado en todo momento un trato respetuoso y compasivo por parte de este Tribunal- comparezca ahora a cuestionar la competencia subjetiva de quien esto escribe, invocado para ello que hubo un prejuzgamiento o adelanto de opinión de este servidor, contenido en una resolución incidental dictada el 04 de noviembre de 2016, todo lo cual- en su decir- encuadra mi actuación en el supuesto de hecho previsto en el numeral 15 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.
En este sentido, de una somera lectura del escrito recusatorio quien esto escribe advierte una carga inaudita de descrédito hacia la decisión antes mencionada, lo cual se traduce en cuestionamientos inmerecidos hacia mi persona; materializados en señalamientos inidoneos sobre mi desempeño como administrador de justicia, tal como indicaré a continuación.
En efecto, como preámbulo a mis descargos debo indicar que la decisión que hoy se cuestiona erróneamente a través de la institución de la “RECUSACIÓN” fue dictada el 04 de noviembre de 2016; la cual fue apelada veinte (20) minutos antes de interponer dicha declaración por la misma parte quejosa, producto de una incidencia seguida con ocasión a la comparecencia de los familiares del presunto entredicho, quienes invocando precisamente su cualidad de “hermanos” del sujeto sometido a la interdicción, se hicieron parte sobrevenida en el presente procedimiento –vía tercería- por cuanto NUNCA fueron llamadas a declarar con preferencia sobre los hechos involucrados en esta solicitud, a los fines de decidir sobre la interdicción provisional y la subsiguiente designación de la tutora interina, quebrantándose flagrantemente el dispositivo normativo contenido en el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil venezolano, razón por la cual este Juzgador –actuando con las más amplias facultades otorgadas por la Ley y a solicitud de partes (Principio Dispositivo)- repuso la causa al estado de oír con preferencia a los parientes inmediatos del supuesto entredicho y, ciertamente, ANULÓ la decisión que había declarado inicialmente la interdicción provisional del ciudadano HENRY AFIUNI y, por vía de accesión y consecuencia, REVOCÓ la designación de la tutora interina del aludido ciudadano. No obstante, se mantuvieron incólumes y en plena vigilancia todas las demás actuaciones sumariales realizadas por el Juzgado de Municipio en el decurso del procedimiento, tales como la entrevista al supuesto entredicho, la consignación de los informes médicos-forenses, etc., en obsequio a los principios de economía y celeridad procesal.
(…omissis…).
Como podrá apreciar el Sentenciador de la Alzada a quien corresponda resolver la presente incidencia recusatoria, la recusante y sus abogados asistentes parten de una premisa errada para formular sus cuestionamientos y fundamentar los motivos que sustentan su escrito de recusación; pues, aseguran que este servidor adelantó opinión sobre “el fondo de la controversia” por el simple hecho de anular una decisión mediante la cual la quejosa fue designada tutora interina del presunto entredicho para dictar una nueva decisión en la cual se revocara dicho nombramiento.
En efecto, primeramente conviene advertir que no nos encontramos en presencia de una “controversia” o en un proceso de naturaleza “contenciosa”, como erradamente lo define la recusante; para afianzarse en la tesis igualmente distorsionada que este Juzgador “adelanto” opinión o prejuzgó sobre el fondo de la controversia. Por el contrario, el procedimiento especial de interdicción ‘nace’ como una solicitud destinada a obtener un procedimiento sobre la incapacidad intelectual de una persona natural, para lo cual es menester efectuar una serie de diligencias o gestiones previas (entrevistas, informes médicos, etc.) que coadyuven con la determinación. Siendo ello así; mal puede admitirse que un procedimiento especial de interdicción pueda tener por ‘esencia’ una naturaleza contenciosa, en el cual el Juez que lo tramita sólo debe limitarse a declarar o no dicho estado de incapacidad.
(…) En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante la revocatoria parcial de ese pronunciamiento preliminar o provisional, lo cual es perfectamente viable y posible ante la advertencia de vicios en el procedimiento que son necesarios corregir, como lo fue la omisión de oír a los parientes más cercanos del presunto entredicho para que declararan sobre los hechos involucrados, sin lo cual NO podía declararse la interdicción provisional que se anuló; y ello jamás puede implicar un acto de prejuzgamiento o adelanto de opinión, pues sencillamente es eso: una decisión provisoria que puede ser modificada o revocada.
Aunando a lo anterior, no entiende tampoco este juzgador cómo puede sostener la recusante que la decisión cuestionada puede prejuzgar sobre el fondo de lo debatido al tener por finalidad la revocatoria de su designación como tutora interina del presunto entredicho para designar a uno de los hermanos de éste; pues, este último hecho no ha sido declarado en el fallo recurrido, ni en ningún acta del expediente, existiendo sólo en la psique de la quejosa. Al respecto, conviene recordar nuevamente que la finalidad de todo procedimiento de interdicción es declarar o no la idoneidad o capacidad intelectual de la persona sometida a dicho procedimiento.
Sobre dicho particular, no puede dejar pasar inadvertidamente este sentenciador la suspicacia que le merece la conducta desplegada a lo largo de todo el procedimiento por la señora DANIELA ALEXANDRA SILVA PALACIOS DE AFIUNI, quien al momento de presentar la solicitud de interdicción que aquí nos ocupa ante el Juzgado de Municipio prefirió señalar a “amigos” de “familiares” para que fueran oíos sobre los hechos involucrados en su solicitud, en lugar de convocar –con carácter preferente- a los “parientes cercanos” (hermanos) del presunto entredicho tal como lo ordena la ley (art. 396 CCV), y, a quien pareciera preocuparle más la revocatoria de su designación como tutora interina que la propia circunstancia que la origina, vale decir, la declaratoria o no de la presunta interdicción de su marido, a quien –incluso- en ocasiones le da tratamiento de fallecido [“(…) ante el inminente fallecimiento de quien fue mi pupilo” (sic) [¡
