REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Circuito Judicial Penal de Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui
Sección Adolescente
Barcelona, 16 de Enero de 2017
206º y 157º
ASUNTO PRINCIPAL : BP01-D-2016-000744
ASUNTO : BP01-D-2016-000744
SENTENCIA CONDENATORIA POR ADMISION DE LOS HECHOS
Por cuanto el ciudadano Y.R.I., se acogieron al PROCEDIMIENTO ESPECIAL POR ADMISIÓN DE LOS HECHOS, de conformidad con lo señalado en el artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; en consecuencia este Tribunal de conformidad con el artículo 604 Ejusdem; procede a redactar la sentencia de rigor en los términos siguientes:
I
IDENTIFICACIÓN DEL ADOLESCENTE
Y.R.I., (IDENTIDAD OMITIDA)..
II
ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS OBJETO DEL PRESENTE PROCESO
Los hechos objeto del presente proceso, se encuentran circunscritos en el escrito de acusación interpuesto por los Representantes del Ministerio Público, quienes imputaron al ciudadano Y.R.I., los siguientes hechos: “En fecha 01 de septiembre de 2016, siendo aproximadamente las 10:30 horas de la mañana el ciudadano PEDRO MIGUEL GUAICARA ARCIA, se encontraba realizando labores como taxista, por la avenida Fernando de Peñalver de Puerto Píritu, en eso lo detienen dos muchachos entre ellos el adolescente Y.I., solicitándole una carrera hasta el sector de Santa Rosa, cobrándole la hoy victima la cantidad de 500 bolívares fuertes y ellos dijeron que si, se montaron y en el camino ellos iban tranquilos sin hablar y cuando van llegando al sitio uno de ellos me saco un arma de fuego y el adolescente Y.I. saco un cuchillo y bajo amenaza de muerte le pidieron todo el dinero que cargaba en ese momento y que le sacara la batería del carro, también le quitaron todas sus pertenencias y las llaves del carro, en ese momento se encontraba una comisión del Centro de Coordinación Policial Peñalver, haciéndoles llamado el ciudadano PEDRO MIGUEL GUAICARA y les informo que minutos antes dos sujetos a mano armada lo habían despojado de sus pertenencias bajo amenaza de muerte informando que uno de estos vestía de la siguiente manera: franela color azul marino, de calzado botas de seguridad color marrón y pantalón blue jeans que este era quien portaba un arma blanca (cuchillo) procediendo a realizar recorrido por los sectores fue cuando pasados varios minutos lograron avistaron cerca de la quebrada del sector Peñalver a dos ciudadanos con las características similares suministradas por la victima, dándole la voz de alto, saliendo uno de estos en veloz carrera, logrando aprehender al segundo quien resultó ser el adolescente Y.I.…””
III
HECHOS QUE EL TRIBUNAL ESTIMA ACREDITADOS
Del análisis y estudio de las actuaciones cursantes en el presente asunto; se evidencia que se encuentra acreditada la existencia de un hecho punible previsto en la Ley Sustantiva Penal de acción Pública, la cual no está prescrita; constitutivo del delito de de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTOR previsto en el articulo 458 del Código Penal, en concordancia con el articulo 83 ejusdem, en agravio del ciudadano PEDRO MIGUEL GUAICARA, el cual se encuentra acreditado sobre la base de los siguientes elementos probatorios: 1.- INSPECCION TECNICA de fecha 01-09-2016 realizada en la siguiente dirección: AVENIDA PRINCIPAL DEL SECTOR SANTA ROSA, MUNICIPIO PEÑALVER, ESTADO ANZOATEGUI. Prueba que acredita la existencia del lugar del suceso. 2) INSPECCION TECNICA Nº 0434 de fecha 01-09-2016 realizada por los funcionarios Jarvi Martínez y Deriana Rodríguez en la siguiente dirección: AVENIDA PRINCIPAL DEL SECTOR SANTA ROSA, PARROQUIA PUERTO PIRITU, MUNICIPIO PEÑALVER, ESTADO ANZOATEGUI. Prueba que acredita la existencia del lugar del suceso. 3) EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO TECNICO LEGAL Nº 356 de fecha 01-09-2016. Prueba que acredita la existencia del arma blanca utilizada para coaccionar a la victima a hacer entrega de sus pertenencias que les fueron despojadas.
IV
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
Este Tribunal considera que del cúmulo de elementos probatorios señalados en el capítulo anterior, quedó acreditado lo siguiente: “En fecha 01 de septiembre de 2016, siendo aproximadamente las 10:30 horas de la mañana el ciudadano PEDRO MIGUEL GUAICARA ARCIA, se encontraba realizando labores como taxista, por la avenida Fernando de Peñalver de Puerto Píritu, en eso lo detienen dos muchachos entre ellos el adolescente Y.I., solicitándole una carrera hasta el sector de Santa Rosa, cobrándole la hoy victima la cantidad de 500 bolívares fuertes y ellos dijeron que si, se montaron y en el camino ellos iban tranquilos sin hablar y cuando van llegando al sitio uno de ellos me saco un arma de fuego y el adolescente Y.I. saco un cuchillo y bajo amenaza de muerte le pidieron todo el dinero que cargaba en ese momento y que le sacara la batería del carro, también le quitaron todas sus pertenencias y las llaves del carro, en ese momento se encontraba una comisión del Centro de Coordinación Policial Peñalver, haciéndoles llamado el ciudadano PEDRO MIGUEL GUAICARA y les informo que minutos antes dos sujetos a mano armada lo habían despojado de sus pertenencias bajo amenaza de muerte informando que uno de estos vestía de la siguiente manera: franela color azul marino, de calzado botas de seguridad color marrón y pantalón blue jeans que este era quien portaba un arma blanca (cuchillo) procediendo a realizar recorrido por los sectores fue cuando pasados varios minutos lograron avistaron cerca de la quebrada del sector Peñalver a dos ciudadanos con las características similares suministradas por la victima, dándole la voz de alto, saliendo uno de estos en veloz carrera, logrando aprehender al segundo quien resultó ser el adolescente Y.I.…”. Hechos estos que fueron admitidos por el ciudadano Y.R.I..
Los hechos objeto del presente proceso y admitidos por el ciudadano Y.R.I., constituyen el delito de de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTOR previsto en el articulo 458 del Código Penal, en concordancia con el articulo 83 ejusdem, en agravio del ciudadano PEDRO MIGUEL GUAICARA, por considerar que la conducta desplegada por los prenombrados ciudadanos, encuadra dentro del supuesto de hecho establecido en el tipo penal antes indicado; por cuanto según los hechos objeto del presente proceso, el adolescente Y.R.I., conjuntamente con otro ciudadano, uno de ellos un arma blanca en fecha 01 de septiembre de 2016, siendo aproximadamente las 10:30 horas de la mañana despojaron al ciudadano PEDRO MIGUEL GUAICARA ARCIA, de la cantidad de 500 bolívares fuertes y, también le quitaron todas sus pertenencias, poniendo en grave peligro su vida, resultando por tanto un medio idóneo para constreñir tal como lo señala la norma a la víctima o sujeto pasivo a hacer entrega de los bienes requeridos por el sujeto activo del delito, bajo la convicción que puede causarle la muerte: tal criterio ha sido sostenido por esta instancia Superior siguiendo a su vez a lo señalado en forma reiterada por la Sala de casación Penal del tribunal supremo de Justicia, quien entre otros fallos, en el expediente N° 532, de fecha 11 de agosto de 2005, con ponencia del Magistrado Eladio Ramón Aponte Aponte señaló: “ … De la trascripción anterior y de las actuaciones que cursan en el expediente se evidencia que los hechos imputados a los ciudadanos Luis Miguel Bander Misler y Pablo Gerardo Murillo y, que fueron establecidos por la Sala Accidental Segunda de Reenvío para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a juicio de la Sala de Casación Penal, constituyen el delito de Robo Agravado, tipificado en el artículo 460 del Código Penal y que expresa lo siguiente: “Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes se haya cometido por medio de amenaza a la vida o a mano armada o por varias personas una de las cuales hubiere estado manifiestamente armada (subrayado por la Sala) o bien por varias personas ilegalmente uniformadas, usando hábito religioso o de otra manera disfrazadas, o si, en fin, se hubiere cometido por medio de un ataque a la libertad individual, la pena de presidio será por tiempo de ocho a dieciséis años; sin perjuicio de la aplicación a la persona o personas acusadas, de la pena correspondiente al delito de porte ilícito de armas”. En efecto, la conducta “A mano armada”, necesaria para la aplicación de las circunstancias agravantes del delito de robo, supone el empleo de un arma, bien sea real o falsa, en el acto criminal, por cuanto, ambos medios, influyen en el ánimo y respuesta de la víctima en situaciones en las que, además de vulnerarse su derecho a la propiedad, aparentan un riesgo eminente para su propia vida. La Sala Penal ha sostenido que “…El robo agravado es un delito complejo y es considerado como uno de los delitos más ofensivos y graves, debido a la violación de los derechos de libertad, de propiedad, y en ciertos casos, el derecho a la vida, tomando a esta última como el máximo bien jurídico.” Coincidiendo quien aquí decide con el criterio explanado por la Sala de Casación Penal, existiendo en consecuencia en el caso de marras, la agravante de cometer el delito de Robo Agravado, a mano armada, habiéndose consumado el delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTOR A.
Ahora bien, dada las circunstancias que el ciudadano Y.R.I., se acogieron al Procedimiento Especial por Admisión de Hechos, este Tribunal pasa inmediatamente a establecer la sanción por aplicar como consecuencia de la Sentencia de Condena que corresponde.
V
SANCIÓN
A los fines de establecer la Sanción que ha de imponérsele al ciudadano Y.R.I., por ser responsable en la comisión del delito que se les imputa en el caso de marras; tomando en cuenta la sanción solicitada por el Representante del Ministerio Público; este Tribunal de Primera instancia en Función de Control pasa hacer las siguientes consideraciones: En virtud a la finalidad y principios establecidos en el artículo 621 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como del contenido del artículo 622 Ejusdem, el cual consagra las pautas para la determinación y aplicación de la sanción correspondiente; comprobado como ha sido el acto delictivo; valga decir, el delito de de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTOR previsto en el articulo 458 del Código Penal, en concordancia con el articulo 83 ejusdem, en agravio del ciudadano PEDRO MIGUEL GUAICARA, a través de: 1) .- INSPECCION TECNICA de fecha 01-09-2016 realizada en la siguiente dirección: AVENIDA PRINCIPAL DEL SECTOR SANTA ROSA, MUNICIPIO PEÑALVER, ESTADO ANZOATEGUI. Prueba que acredita la existencia del lugar del suceso. 2) INSPECCION TECNICA Nº 0434 de fecha 01-09-2016 realizada por los funcionarios Jarvi Martínez y Deriana Rodríguez en la siguiente dirección: AVENIDA PRINCIPAL DEL SECTOR SANTA ROSA, PARROQUIA PUERTO PIRITU, MUNICIPIO PEÑALVER, ESTADO ANZOATEGUI. Prueba que acredita la existencia del lugar del suceso. 3) EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO TECNICO LEGAL Nº 356 de fecha 01-09-2016. Prueba que acredita la existencia del arma blanca utilizada para coaccionar a la victima a hacer entrega de sus pertenencias que les fueron despojadas.
En este orden de ideas, quedó demostrada igualmente, la participación del ciudadano Y.R.I., en el delito de de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTOR previsto en el articulo 458 del Código Penal, en concordancia con el articulo 83 ejusdem, en agravio del ciudadano PEDRO MIGUEL GUAICARA; por cuanto según los hechos objeto del presente proceso y admitidos por el imputado, Y.R.I., conjuntamente con otro ciudadano, uno de ellos un arma blanca en fecha 01 de septiembre de 2016, siendo aproximadamente las 10:30 horas de la mañana despojaron al ciudadano PEDRO MIGUEL GUAICARA ARCIA, de la cantidad de 500 bolívares fuertes y, también le quitaron todas sus pertenencias, poniendo en grave peligro su vida, resultando por tanto un medio idóneo para constreñir tal como lo señala la norma a la víctima o sujeto pasivo a hacer entrega de los bienes requeridos por el sujeto activo del delito, bajo la convicción que puede causarle la muerte: tal criterio ha sido sostenido por esta instancia Superior siguiendo a su vez a lo señalado en forma reiterada por la Sala de casación Penal del tribunal supremo de Justicia, quien entre otros fallos, en el expediente N° 532, de fecha 11 de agosto de 2005, con ponencia del Magistrado Eladio Ramón Aponte Aponte señaló: “ … De la trascripción anterior y de las actuaciones que cursan en el expediente se evidencia que los hechos imputados a los ciudadanos Luis Miguel Bander Misler y Pablo Gerardo Murillo y, que fueron establecidos por la Sala Accidental Segunda de Reenvío para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a juicio de la Sala de Casación Penal, constituyen el delito de Robo Agravado, tipificado en el artículo 460 del Código Penal y que expresa lo siguiente: “Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes se haya cometido por medio de amenaza a la vida o a mano armada o por varias personas una de las cuales hubiere estado manifiestamente armada (subrayado por la Sala) o bien por varias personas ilegalmente uniformadas, usando hábito religioso o de otra manera disfrazadas, o si, en fin, se hubiere cometido por medio de un ataque a la libertad individual, la pena de presidio será por tiempo de ocho a dieciséis años; sin perjuicio de la aplicación a la persona o personas acusadas, de la pena correspondiente al delito de porte ilícito de armas”. En efecto, la conducta “A mano armada”, necesaria para la aplicación de las circunstancias agravantes del delito de robo, supone el empleo de un arma, bien sea real o falsa, en el acto criminal, por cuanto, ambos medios, influyen en el ánimo y respuesta de la víctima en situaciones en las que, además de vulnerarse su derecho a la propiedad, aparentan un riesgo eminente para su propia vida. La Sala Penal ha sostenido que “…El robo agravado es un delito complejo y es considerado como uno de los delitos más ofensivos y graves, debido a la violación de los derechos de libertad, de propiedad, y en ciertos casos, el derecho a la vida, tomando a esta última como el máximo bien jurídico.” Coincidiendo quien aquí decide con el criterio explanado por la Sala de Casación Penal, existiendo en consecuencia en el caso de marras, la agravante de cometer el delito de Robo Agravado, a mano armada, habiéndose consumado el delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTOR, encuadrando la conducta desplegada por ciudadano Y.R.I., con el tipo penal antes indicado siendo el grado de participación la coautoría, quedando demostrada así la participación del ciudadano Y.R.I., en el referido hecho punible, quienes admitieron los hechos que le fueron atribuidos, ante estas circunstancias este decisor considera proporcional, e idónea imponer al prenombrado ciudadano como sanción las medidas de SERVICIOS A LA COMUNIDAD, por el lapso de SEIS MESES (06) y LIBERTAD ASITIDA, por el lapso de DOS (02) AÑOS, de conformidad con lo previsto en el articulo 620 literales “ C” y “D” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en relación con los artículo 625 y 626 de la Ley Orgánica señalada ut-supra, solicitada por la Fiscalía Decimaséptima del Ministerio Público del Estado Anzoátegui, y por cuanto el mentado acusado ha hecho uso del procedimiento especial por admisión de los hechos establecido en el articulo 583 de la ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, es por lo que el Tribunal procede a rebajar un tercio de la sanción solicitada por la Fiscal del Ministerio público, por lo que la sanción DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD POR EL LAPSO DE CUATRO (04), MESES Y LIBERTAD ASISTIDA POR EL LAPSO DE UN AÑO (01) Y OCHO (08) MESES,. Siendo la presente Sentencia Condenatoria. Se Decreta la Cesación de la medida cautelar de Detención Preventiva inicialmente impuesta, y se ordena la libertad del acusado y sancionado.
VI
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos antes esgrimidos, este Tribunal de Primera Instancia en función de Control Nº 02, Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo consagrado en el articulo 583 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, DECLARO RESPONSABLE al ciudadano Y.R.I., (IDENTIDAD OMITIDA); por la comisión del delito de de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTOR previsto en el articulo 458 del Código Penal, en concordancia con el articulo 83 ejusdem, en agravio del ciudadano PEDRO MIGUEL GUAICARA, en consecuencia tomando en consideración la finalidad educativa y principios consagrados en el artículo 621, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en atención a las pautas previstas en el artículo 622 ejusdem, y vista la solicitud de la sanción realizada por el Ministerio Público en la Audiencia Preliminar; sanciona al ciudadano J Y.R.I., con las medidas de SERVICIOS A LA COMUNIDAD, por el lapso de SEIS MESES (06) y LIBERTAD ASITIDA, por el lapso de DOS (02) AÑOS, de conformidad con lo previsto en el articulo 620 literales “ C” y “D” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en relación con los artículo 625 y 626 de la Ley Orgánica señalada ut-supra, solicitada por la Fiscalía Decimaséptima del Ministerio Público del Estado Anzoátegui, y por cuanto el mentado acusado ha hecho uso del procedimiento especial por admisión de los hechos establecido en el articulo 583 de la ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, es por lo que el Tribunal procede a rebajar un tercio de la sanción solicitada por la Fiscal del Ministerio público, por lo que la sanción DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD POR EL LAPSO DE CUATRO (04), MESES Y LIBERTAD ASISTIDA POR EL LAPSO DE UN AÑO (01) Y OCHO (08) MESES; Siendo la presente Sentencia Condenatoria. Se Decreta la Cesación de la medida cautelar inicialmente impuesta, y se ordenó la libertad del acusado y sancionado.
Regístrese, Publíquese, Diarícese y Déjese copia de la presente sentencia y remítase al Tribunal de Ejecución Sección de Adolescentes en el lapso legal correspondiente. Dada firmada y sellada en la Ciudad de Barcelona a los Dieciséis (16) días del mes de Enero de 2017 Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
EL JUEZ DE CONTROL Nº 02 SECCION DE ADOLESCENTE
ABOG. MANUEL HERNANDEZ NATERA
EL SECRETARIO
ABOG. PEDRO FEBRES
