Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3. Sede en Ocumare del Tuy de Miranda, de 4 de Diciembre de 2014

En el presente caso, nos encontramos en presencia de la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 3º del Código Penal. De igual forma, la acción penal no se encuentra evidentemente prescrita; toda vez que el hecho ocurrió en fecha 11-10-2014.

Existen fundados elementos de convicción que hacen posible estimar la autoría o participación de la imputada A.Y.R.R., en el hecho ocurrido en fecha 11 de octubre de 2014, los cuales surgen de los documentos acreditados por el Ministerio Público, consistentes en Transcripción de Novedad (Folio 3), Acta Policial de Aprehensión suscrita por funcionarios adscritos a la Delegación Estadal M.E.d.I.C.H.E.V.d.T., en fecha 11de octubre del 2014, donde los funcionarios dejan constancias de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produce la aprehensión de la IMPUTADA, folio (5 al 7), Inspección técnica Nº 583 (folio 9 a 13), Acta de Inspección técnica Nº 584 de fecha 12-10-2014 (folios 14 al 16), Inspección Técnica Nº 555 de fecha 3-10-2014 (folio 17), Inspección Técnica Nº 585 de fecha 12-10-2014 (folio 18), Reconocimiento Legal (folio 25), y Acta de Entrevista de fecha 11-10-2014, todo lo cual de forma concatenada permite establecer la autoría o participación de la ciudadana A.Y.R.R. en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 3º del Código Penal.

Existe peligro de fuga, circunstancia que este Tribunal estima acreditado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 numerales 1º, 2º y 3º del texto adjetivo penal; en virtud de la pena que se podría llegar a imponer por el delito presuntamente cometido, el cual contempla una sanción de veintiocho (28) a treinta (30) años de presidio, a lo que se le agrega la magnitud del daño causado, aunado a lo dispuesto en el parágrafo primero de la disposición legal en referencia cuando señala que “se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máxima sea igual o superior a diez años (…).

Existe en consecuencia, proporcionalidad entre la medida de coerción personal que implica Privación Judicial Preventiva de Libertad y el hecho punible presuntamente cometido por la imputada de autos, no siendo procedente la imposición de una Medida Sustitutiva de la Privativa de Libertad, a la ciudadana A.Y.R.R., solicitada por la defensa, por resultar insuficiente a los fines de garantizar la sujeción de la imputada a los actos del proceso. Y ASI SE DECLARA (…)” (Cursivas de la Corte de Apelaciones).

Observa esta Alzada que, la decisión del Juzgado A Quo de dictaminar la medida de Privación Judicial preventiva de libertad a la ciudadana A.Y.R.R., Cedulada Nº V-18.541.542, es un acto derivado de una norma atributiva, no imperativa; en el cual el Juez se ve obligado a motivar la decisión judicial dictada, como en el presente caso, debiendo examinarse la existencia de tres requisitos, a saber:

1. - Un hecho punible que merece pena privativa de libertad, como lo es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 3º del Código Penal, y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, entre los cuales se destacan:

   a).- Acta de investigación de fecha 11 de octubre de 2014, en la cual se evidencia lo siguiente: “… Siendo las 09:00 horas se recibe llamada telefónica de parte del funcionario Detective SUAREZ José…informando que el sector La Veraniega Oriental, calle Arismendi, zona boscosa, San F.d.Y., Municipio S.B.D.E.B. de Miranda, se encuentra el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino…” (Folio 11 del recurso).

   b).- Inspección Técnica Nº 583, de fecha 11 de octubre de 2014, suscrita por los Detectives Montoya Luis, Elmiger Jhakson y F.D. (Técnico), adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Eje de Investigaciones Contra Homicidios, Extensión Valles del Tuy, en el cual se deja constancia de lo siguiente: “…El lugar a inspeccionar trátese de un sitio abierto… logrando observar en la superficie del suelo un cuerpo sin signos vitales de una persona de sexo masculino decúbito lateral izquierdo…el mismo presentaba un segmento de tela alrededor del cuello, constituido por fibras naturales de color azul y negro, presentando un nudo, tipo fijo… el mismo fue identificado por los familiares presentes en el lugar como: PIÑATE TOVAR ALEXANDER RAIMUNDO…” (Folio 15 al 16 del recurso).

2. - Fundados elementos de convicción para la investigación por la presunta participación o autoría de la ciudadana A.Y.R.R., en la comisión del delito señalado, entre los cuales destacan:

   a).- Acta de Investigación, de fecha 11 de octubre de 2014, suscrita por el Detective Elmiger Jhakson, funcionario adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Eje de Investigaciones Contra Homicidios, Extensión Valles del Tuy, en la cual se deja constancia de lo siguiente: “…una vez en la residencia del hoy interfecto… fuimos atendidos por una ciudadana de nombre R.R.A. Yhomercy… quien dijo ser la pareja del ciudadano quien en vida respondía al nombre de PIÑATE Alexander, a quien se le pudo observar que la misma presentaba una (01) herida en la región Submentoniana, una (01) herida en la región cara anterior del brazo derecho, una (01) herida contusa cortante en el dedo pulgar de la mano derecha, una (01) herida en el dedo indice de la mano derecha…la misma nos manifestó haber sostenido una pelea con su pareja de nombre de PIÑATE Alexander…” (Folios 11 al 13 del recurso).

   Asimismo, consta en dicha acta de investigación, lo siguiente:

   …nos trasladamos hasta la sede del Comando Nacional Anti Extorsión y Secuestro de la Guardia Nacional, donde al llegar fuimos atendido por el Sargento Mayor de Segunda BORGES C.A., adscrito a ese organismo, a quien se le informó el motivo de nuestra presencia, manifestando que efectivamente como a las 02:00 horas de la madrugada se presentó la ciudadana de nombre R.A. presentando heridas a nivel de rostro, el brazo y la mano, la misma nos manifestó que dichas lesiones se las había causado su pareja, debido a esto le dije que colocara la denuncia para meter preso a su pareja, ELLA RESPONDIÓ QUE NO QUERÍA DENUNCIAR PORQUE YA ELLOS SE HABÍAN ENCARGADO DE ESO, paso la noche y como a las 06:00 de la mañana, se presentó una ciudadana quien manifestó ser la madre de la R.A., y que se iba a llevar a su hija…

   (Folios 11 al 13 del recurso).

   En este mismo orden de ideas, se pudo observar de la lectura realizada a la referida acta de investigación, lo siguiente:

   …obtenida esta información retornamos a nuestra sede de origen conjuntamente con las ciudadanas antes mencionadas… luego de un extenso interrogatorio policial, es notable que la misma se contradice en sus respuestas, presumiéndose que oculta o encubra alguna persona que tenga participación en el hecho, procediendo a practicar la aprehensión de la ciudadana R.R.A.Y., de 27 años de edad… titular de la cedula de identidad V-18.541.542…

   (Folios 11 al 13 del recurso).

   b).- Inspección Técnica Nº 585, de fecha 11 de octubre de 2014, suscrita por los Detectives Montoya Luis, Elmiger Jhakson y F.D. (Técnico), adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Eje de Investigaciones Contra Homicidios, Extensión Valles del Tuy, en el cual se deja constancia de lo siguiente: “…se constituye una comisión… hacia la siguiente dirección: CALLE REMIGIO VESQUE, CASA SN, SECTOR EL CALVARIO, PARROQUIA SAN F.D.Y., MUNICIPIO S.B., ESTADO MIRANDA…correspondiente a una casa multifamiliar…se observa una área de mediana dimensión la cual funge como dormitorios… entre ellos (01) camas la cual en la misma se encuentra una almohada con una funda de color amarillo de fibra natural, en las misma observa sustancia de color pardo rojiza de presunta naturaleza hematica…” (Folio 24 y su vuelto del recurso).

   Necesario es, en atención a la privación judicial preventiva de libertad, impuesta por el Tribunal Primero de Control, a la ciudadana A.Y.R.R., cedulada Nº V-18.541.542, que se considera por esta Corte de Apelaciones procedente y ajustada a derecho, abordar lo que la doctrina ha denominado como FUMUS BONIS IURIS y del PERICULUM IN MORA, el primero o la apariencia del buen derecho, implica un juicio de valor por parte del Juez, sobre la posibilidad de que la imputada A.Y.R.R., sea presunta responsable tomando como base la existencia de un hecho con las características o notas que lo hacen punible, lo cual, se encuentra subsumido en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal en sus numerales 1, 2 y 3 tomando como base de su detención explicada in extenso por el tribunal, sin que por ello se desvirtúe la presunción de inocencia que es un estado jurídico en el proceso que gozan los imputados, de no ser condenados sin un juicio previo con observancia de garantías del debido proceso.

   En relación al tercer requisito para decretar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad (Periculum in mora), referido al peligro de fuga se debe considerar, entre otras circunstancias, el arraigo en el país de los imputados, las penas a aplicarse, el daño causado, su comportamiento; y en todo caso, se presumirá ese peligro, cuando el hecho imputado contemple una pena privativa de libertad cuyo término máximo sea igual o superior a los diez (10) años, a lo cual se le adminicula la presunción de obstaculización del proceso estimado para la privación impuesta por el A quo que estima como necesaria y ajustada a derecho mantener esta Alzada, en este sentido establece el artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal lo establece:

   Articulo 237. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente las siguientes circunstancias:

   1…Omissis….

2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso.

3. La magnitud del daño causado.

   4…Omissis…

   5…Omissis…

   Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en caso de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo termino máximo sea igual o superior a diez años...” (Negrillas de la Sala).

   Sobre la excepción al juzgamiento en libertad sin que por ello vulnere la presunción de inocencia como derecho fundamental del imputado, se ha pronunciado el Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia Nº 492 de fecha 01/04/2008, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero, en la cual ratifica todos los criterios vinculantes establecidos en diversas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a la libertad personal y la finalidad del proceso penal, de la que se extrae:

   “Cabe destacar que si bien el derecho fundamental a la libertad personal es la regla general, es el caso que el propio texto constitucional permite que el mismo pueda verse limitado en ciertos supuestos excepcionales, como lo son los establecidos taxativamente en el artículo 44.1 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, dicha norma establece:

   Artículo 44. La libertad personal es inviolable, en consecuencia:

   1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso es llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso (…)

   Subrayado de esta Alzada.

   Es inexorable precisar que, la privación impuesta por el A quo a la ciudadana A.Y.R.R., no es como una sanción anticipada, sino como custodia a los fines de lograr su comparecencia a los actos del proceso al estimar su fuga y evasión de la justicia en caso de otorgarse una medida menos gravosa a la establecida.

   En atención a lo antes señalado y de la decisión que hoy se recurre, es menester extraer parte de lo sostenido por el m.T. de la nación, en Sentencia de la Sala Constitucional, de fecha 06 de Febrero de 2001 y con ponencia del Magistrado Dr. J.M.D.O., señalando:

   (…)La Sala considera oportuno reiterar que aquellas medidas –en el caso que nos ocupa, la privación provisional de libertad de cualquier ciudadano- acordadas por los Jueces de Primera Instancia en lo Penal en función de Control de la investigación durante el curso de un proceso penal, en observancia de las normas adjetivas que lo contienen, del respeto a las prescripciones legales y de la previa determinación de cada una de las circunstancias que rodean el hecho o hechos sometidos a su consideración, están revestidas de plena legitimidad, por provenir de órganos jurisdiccionales debidamente facultados para ello. En consecuencia, en modo alguno constituyen infracciones de derechos o garantías constitucionales, puesto que ellas van en procura de un proceso sin dilaciones indebidas y de una pronta decisión judicial (una sentencia derivada de un juicio oral y público). (…)

   (Cursivas y subrayado de esta Sala).

   Asimismo, en Sentencia de la Sala Penal, de fecha 09 de Agosto de 2011 y con ponencia de la Magistrada DRA. NINOSKA QUEIPO BRICEÑO, señalo:

   …La imposición de cualquier medida de coerción personal, debe necesariamente obedecer a una serie de criterios y juicios debidamente razonados y ponderados, que atendiendo a las circunstancias que rodean cada caso, se encamine a conseguir el debido equilibrio que exige, tanto el respeto al derecho de los procesados penalmente a ser juzgados en libertad como al derecho del Estado y la sociedad de que se resguarden los intereses sociales, mediante el establecimiento de medios procesales que garanticen las futuras y eventuales resultas de los juicios…

   Así las cosas, observa esta Instancia Superior, que existe en el presente caso, un auto dictado conforme a las exigencias previstas en el artículo 240 del Código Orgánico Procesal Penal en el cual se encuentra satisfecho los extremos del artículo 236 de la norma adjetiva relativo a la existencia de un hecho punible, fundados elementos de convicción para la investigación de la imputada como presunta autora partícipe del mismo y una presunción razonable de peligro de fuga conforme a lo previsto en el artículo 237 ejusdem, por la pena posible a imponer, de igual forma se observó la proporcionalidad entre la medida de coerción personal de privación judicial preventiva de libertad impuesta, en relación a los hechos punibles atribuidos como lo es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 3º del Código Penal, lo cual conlleva a esta Alzada, a declarar por este motivo, sin lugar la apelación y consecuencialmente la confirmación de la decisión recurrida. Así se decide.

   En atención a lo argumentado por los profesionales del derecho Abg. M.J.T. y Abg. O.R., que su defendido es inocente, es preciso para esta Alzada, indicar que la causa se encuentra en etapa de investigación, por lo cual debemos apegarnos a las actuaciones cursantes al expediente, y corresponderá en el transcurso de Íter Procesal determinar sobre la culpabilidad o no del mismo, tal como lo hizo el Juez Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda, extensión Valles del Tuy, al momento de decidir en la Audiencia de Presentación de Aprehendidos. Así mismo, es imperativo indicar que las Cortes de apelaciones solo conocerán sobre los derechos presuntamente vulnerados por los Jueces de Instancia y no se pronunciaran sobre los hechos, puesto que les corresponde conocer de los mismos a los jueces de Primera Instancia.

   En razón a las anteriores consideraciones, se aprecia que la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad impuesta a la ciudadana A.Y.R.R., Cedulada Nº V-18.541.542, fue dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal, extensión Valles del Tuy, una vez que el mismo consideró que la Medida de Coerción personal es legítima conforme a los elementos de convicción que hacen presumir que la imputada supra mencionada, es presunta autora o partícipe para la investigación en el delito que se le imputa y que por medio de la misma se aseguran las resultas del proceso, encontrándose dentro de los parámetros de proporcionalidad con relación a la gravedad del delito, las circunstancias de su presunta comisión y la sanción probable.

   En consecuencia, lo procedente y ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por los profesionales del derecho M.J.T. y O.R., en su condición de Defensores Privados, en contra de la decisión dictada por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, EXTENSION VALLES DEL TUY, en fecha trece (13) de octubre de dos mil catorce (2014) y fundamentada en fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil catorce (2014), mediante la cual decretó la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra de la ciudadana A.Y.R.R., Cedulada Nº V-18.541.542, de conformidad con lo establecido en los artículos 236, 237 y 238, todos del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 3º del Código Penal. Así se decide.-

   VI

   DISPOSITIVA

   Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones Ordinaria y de la Sección de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con Sede en Ocumare del Tuy, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación de Autos interpuesto conforme a lo establecido en los artículos 439 numeral 4º en relación con el 440 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, interpuesto por los abogados M.J.T. y O.R., en su condición de Defensores Privados de la ciudadana A.Y.R.R., Cedulada Nº V-18.541.542, en contra de la decisión dictada por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, EXTENSION VALLES DEL TUY, de fecha 13 de octubre de 2014 y fundamentada en fecha 27 de octubre de 2014. SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión dictada por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, EXTENSION VALLES DEL TUY, de fecha trece (13) de octubre de dos mil catorce (2014) y fundamentada en fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil catorce (2014), mediante la cual el mencionado Órgano Jurisdiccional impuso de la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo establecido en los artículos 236, 237 y 238, todos del Código Orgánico Procesal Penal, a la ciudadana A.Y.R.R., Cedulada Nº V-18.541.542, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 3 del Código Penal, en cuanto a las denuncias presentadas por el recurrente que fueron objeto del conocimiento, análisis y decisión por parte de esta instancia Superior.

   Publíquese, regístrese, déjese copia de la presente decisión y remítanse las presentes actuaciones al Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, de esta Circunscripción Judicial.

   Dada, firmada y sellada en la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones Ordinaria y de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, con Sede en Ocumare del Tuy, a los cuatro (04) días del mes de diciembre del año dos mil catorce (2014). Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación.

   JUEZ PRESIDENTE

   DR. JAIBER A.N.

   JUEZ INTEGRANTE JUEZ PONENTE

   DR. ADRIÁN DARÍO GARCÍA GUERRERO DR. ORINOCO FAJARDO LEON

   LA SECRETARIA

   ABG. YUSBELY CAGUARIPANO

   En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el fallo que antecede.

   LA SECRETARIA

   ABG. YUSBELY CAGUARIPANO

   JAN/ADGG//OFL/YC/CCR/Ab.-

   MP21-R-2014-000087