Decisión nº 2C-1575-08 de Tribunal Segundo de Control Extensión Barlovento de Miranda, de 2 de Abril de 2008
| Fecha de Resolución | 2 de Abril de 2008 |
| Emisor | Tribunal Segundo de Control Extensión Barlovento |
| Ponente | Elias Josue Silverio Alejos |
| Procedimiento | Privacion Judicial Privativa De Libertad |
CAUSA 2C-1575-08.
JUEZ: Abg. E.S.A.
SECRETARIA: Abg. A.B..
IMPUTADO: A.A.D., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 20.593.176
DEFENSA PRIVADA: Abg. N.Y.A.L..
VÍCTIMA: LA COLECTIVIDAD.
DELITO: DISTRIBUCIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS.
FISCAL: Abg. J.D., Fiscal Auxiliar Quinto del Ministerio Público.
Celebrada la audiencia oral mediante la cual el Abg. J.D., Fiscal Auxiliar Quinto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, condujo y puso a disposición de este Juzgado al ciudadano A.A.D., y conforme a lo dispuesto en el artículo 254 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde a este Tribunal fundamentar la decisión dictada en audiencia, en tal sentido, antes de emitir pronunciamiento correspondiente, previamente se pasa a realizar las siguientes observaciones:
IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO.
A.A.D. venezolano, natural de Guarenas, en fecha: 08-03-81, de 26 años de edad, titular de la cédula de identidad N° 20.593.176, estado civil soltero, de profesión u oficio Desempleado, hijo de: A.I.D. (v) y Padre Desconocido, domiciliado en: Las Casitas, final Altos de la Cruz, casa s/n de bloques, Guatire, Estado Miranda.
HECHOS ATRIBUIDOS.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 254 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal y sobre la base de los elementos fácticos que fueron presentados por la Fiscal Octava Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, le atribuyó el siguiente hecho:
Le atribuye el Ministerio Público al imputado, quien fue aprehendido en fecha 31 de marzo de 2008, aproximadamente a las 03:50 horas de la tarde, por funcionarios adscritos al Instituto Autónomo de Policía del Municipio Z.d.E.M., cuando hacían un recorrido a pie por el Barrio El Milagro, a la altura del Puente que da al Terminal de pasajeros Gran Mariscal de Ayacucho de la ciudad de Guatire, Estado Bolivariano de Miranda, lograron avistar a un individuo tripulando un vehículo tipo moto sin placas marca Quigqi, éste al percatarse de la comisión policial intentó retornar con la intención de evadirla, por lo que le indicaron que se detuviera y al practicarle la correspondiente inspección corporal de conformidad con lo establecido en el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, logrando incautarle en el bolsillo trasero derecho del pantalón que vestía, dos cajas de fósforos de color amarillo y rojo, una donde se lee las palabras El Sol y San Pedro, contentiva en su interior de treinta (30) sustancias sólidas de color blanco de presunta droga; y la segunda donde se lee las palabras El Sol y La Yonna Etnia Wayuú, contentivo de cuarenta (40) sustancias sólidas de color blanco de presunta droga. El ciudadano aprehendido quedo identificado como A.A.D., titular de la cédula de identidad N° 20.593.176. Fue testigo de los hechos el ciudadano J.A.A., titular de la cédula de identidad N° 4.090.880. La representante del Ministerio Público precalificó el presunto delito cometido como DISTRIBUCIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO.
En ese orden de ideas debe indicarse el contenido del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal que señala:
Artículo 250. Procedencia. El Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:
1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;
2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;
3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación…(omissis)…Si el Juez acuerda mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad durante la fase preparatoria, el Fiscal deberá presentar la acusación, solicitar el sobreseimiento o, en su caso, archivar las actuaciones, dentro de los treinta días siguientes a la decisión judicial.
Este lapso podrá ser prorrogado hasta por un máximo de quince días adicionales sólo si el Fiscal lo solicita por lo menos con cinco días de anticipación al vencimiento del mismo.
En este supuesto, el Fiscal deberá motivar su solicitud y el Juez decidirá lo procedente luego de oír al imputado.
Vencido este lapso y su prórroga, si fuere el caso, sin que el Fiscal haya presentado la acusación, el detenido quedará en libertad, mediante decisión del Juez de control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva…
(resaltado del Tribunal)
Artículo 251. Peligro de Fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
1- Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;
2- La pena que podría llegarse a imponer en el caso;
3- La magnitud del daño causado;
4- El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal;
5- La conducta predelictual del imputado.
Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años... (omissis)…Parágrafo Segundo: La falsedad, la falta de información o de actualización del domicilio del imputado constituirán presunción de fuga, y motivarán la revocatoria, de oficio o a petición de parte, de la medida cautelar sustitutiva que hubiere sido dictada al imputado.
(Resaltado del tribunal).
Artículo 252. Peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para averiguar la verdad se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado: 1- Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de convicción; 2- Influirá para que coimputados, testigos, víctimas o expertos, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia.
(Resaltado del tribunal).
En este sentido el Doctor A.A.S., en su libro: “La Privación de Libertad en el P.P.V. indica:
La privación judicial preventiva de libertad, según lo dispone el artículo 250 del COPP, podrá ser decretada por el juez de control, a solicitud del Ministerio Público; y exige, como medida cautelar, de acuerdo a lo que ha señalado la doctrina y lo recoge la ley adjetiva penal, la concurrencia de determinadas condiciones o presupuestos que enuncian con la referencia al fumus boni iuris y al periculum in mora.
…En el proceso penal, estos presupuestos o requisitos se traducen, en cuanto al fumus boni iuris, en el fumus delicti, estos es, en la demostración de la existencia de un hecho concreto con importancia penal, efectivamente realizado, atribuible al imputado, con la inequívoca formación de un juicio de valor por parte del juez, el cual debe haber llegado a la conclusión de que el imputado, probablemente, es responsable penalmente por ese hecho o pesan sobre él elementos indiciarios razonables,…
sic. (Negrilla del Tribunal).
En relación con el caso en particular, el fumus boni iuris, se encuentra evidenciado, en virtud que estamos en presencia de un hecho punible que merece pena privativa de libertad, el cual no se encuentra evidentemente prescrito.
Igualmente se estima que, existen fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible, siendo que tales elementos fueron señalados y ofrecidos por el Fiscal del Ministerio Público, en la audiencia respectiva, los cuales son los siguientes:
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- DECLARACIÓN del ciudadano J.A.A., titular de la cédula de identidad N° 4.090.880, rendida en la sede de la Dirección de Operaciones del Instituto Autónomo de Policía del Municipio Z.d.E.M., quien es Testigo de los hechos y expuso las circunstancias de modo, tiempo y lugar de acaecimiento de los mismos.
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- ACTA POLICIAL suscrita por los funcionarios HERRERA TAURO, BAIZ MARLON, B.J., F.E., MARCANO GREISON, R.F., POLANCO MARÍA y A.O., adscritos a la Dirección de Operaciones del Instituto Autónomo de Policía del Municipio Z.d.E.M., quienes dejaron constancia del procedimiento realizado y la aprehensión del imputado.
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- ACTAS DE INVESTIGACIÓN suscritas por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub Delegación Estadal Guarenas; relacionadas con los hechos atribuidos al imputado.
Y en cuanto al periculum in mora, se puede apreciar que la magnitud del daño causado, por tratarse de un delito pluri ofensivo, que a criterio de Nuestro M.T. es considerado como un delito de lesa humanidad, conlleva a determinar a quien decide una presunción razonable del peligro de fuga, de conformidad con lo establecido el numeral 3° del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con lo establecido en el numeral 3 del artículo 251 ejusdem.
Es importante señalar, que el aplicar una medida de privación judicial privativa de la libertad, no menoscaba el principio de presunción de inocencia, contenido en el artículo 8 de la norma in comento, es decir, aún cuando el imputado A.A.D., tienen derechos y garantías a que se les presuma inocentes, no obstante, esa medida coercitiva, fue concebida por el legislador, con el objeto de garantizar las finalidades del proceso, como lo es la de establecer la verdad de los hechos, de llevar a cabo la conclusión del proceso, del debate y dictar una sentencia definitiva, a través de la aplicación del derecho y la justicia, y que en nada afecta la referida garantía del imputado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la N.A.P.V.. En consecuencia este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, Extensión Barlovento con sede en Guarenas, considera que lo procedente y ajustado a derecho, es DECRETAR LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra de los sindicados A.A.D., de conformidad con lo establecido en el articulo 250 numerales 1, 2 y 3, en relación con lo establecido en el numeral 3 del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECIDE.
DISPOSITIVA.
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, es por lo que este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, con sede en Guarenas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se decreta como fragrante la detención del ciudadano A.A.D., por considerar que se encuentran llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Este Tribunal acoge a la precalificación dada por el representante del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de TRÉFICO ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCIÓN, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. TERCERO: Se acuerda, proseguir la Fase Preparatoria del Proceso, por el procedimiento Ordinario, de conformidad con las previsiones del Encabezamiento del Artículo 373, 280, 282 y 273 último aparte del Código Orgánico Procesal Penal. CUARTO: En cuanto a la medida solicitada este juzgador considera que existe un hecho Punible que merece pena privativa de Liberta, y existen suficientes elementos de convicción que nos llevan a considerar que el sindicado A.A.D., es partícipe del hecho que se le imputa, en virtud de la gravedad de los hechos por tratarse de un delito pluri ofensivo, que a criterio de Nuestro M.T. es considerado como un delito de lesa humanidad, lo ajustado a derecho Decretar la Medida Judicial Preventiva Privativa de la Libertad, de conformidad con los artículos 250 numerales 1°, 2° y 3° , 251 numeral 3°, todos del Código Orgánico Procesal Penal; por considerar este juzgador que la misma es la idónea y suficiente para asegurar las finalidades del proceso y se encuentra dentro de los parámetros de la proporcionalidad conforme con lo previsto en el articulo 244 del Código Orgánico Procesal Penal. QUINTO: Se acuerda oficiar a la Dirección de Traslado del Ministerio Popular para el Interior y Justicia a los fines de que solicitar el ingreso del imputado en el INTERNADO JUDICIAL CAPITAL EL RODEO II, debiendo permanecer el imputado en la sede de la Policía Municipal de Zamora hasta tanto acuerde el ingreso en el Internado Judicial por parte del Ministerio de Interior y Justicia. SEXTO: Quedan notificadas las partes del presente pronunciamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal.
El Juez
E.S.A.
La Secretaria
A.B.
2C-1575-08
ESA/esa.-
