Decisión nº 011-2007 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 23 de Febrero de 2007

Fecha de Resolución23 de Febrero de 2007
EmisorJuzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario
PonenteMaría Ynés Cañizalez León
ProcedimientoRecurso Contencioso Tributario

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, 23 de Febrero de 2007

196º y 148º

Expediente No. AP41-U-2004-000170.- Sentencia No. 011/2007.-

En fecha 13 de agosto de 2004, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, remitió a este Órgano Jurisdiccional el recurso contencioso tributario interpuesto, en la misma fecha, por los ciudadanos J.O.V.C., I.L.R. y L.F.B.P., titulares de las cédulas de identidad Nos. 3.182.246, 8.476.572, 9.842.704 y 11.735.655, abogados inscritos en el Inpreabogado bajos los Nos. 12.639, 96.700, 59.992 y 98514, respectivamente, actuando en carácter de apoderados judiciales de la contribuyente DELTAVEN, S.A., sociedad mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 36, Tomo 120-A, en fecha 23 de junio de 2000, de los Libros de Autenticaciones correspondientes, siendo la ultima de sus modificaciones inscrita por ante el referido Registro Mercantil, bajo el N° 33, Tomo 107-A-Pro., en fecha 23 de junio de 2000, carácter el de los apoderados que consta en poder autenticado por ante la Notaría Publica Octava de Maracaibo, Estado Zulia, bajo el N° 11, Tomo 91, de los Libros de Autenticaciones correspondientes, en fecha 13 de noviembre de 2003, contra la Resolución N° GCE/DJT/2004-2445 de fecha 29 de junio de 2004, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital, la cual declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto por la recurrente contra la Resolución N° GCE/DR/2004-583 de fecha 12 de febrero de 2004, que ordenó a la contribuyente pagar por concepto de intereses de financiamiento, la cantidad de Bs. 1.176.703.171,86, como consecuencia de la prórroga otorgada por la Administración Tributaria, según providencia GCE/2003-1348 de fecha 15 de abril de 2003, para la presentación de la declaración definitiva de Impuestos a los Activos Empresariales y definitiva de Impuesto Sobre la Renta, ambas correspondientes al ejercicio fiscal 2002.

Este Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario en horas de despacho del día 19 de agosto de 2004, dio entrada al precitado recurso, asignándole a la causa el N° AP41-U-2004-000170 y ordenó practicar las notificaciones de Ley a los ciudadanos Procurador General de la República, Contralor General de la República y Gerente Jurídico Tributario del SENIAT, a los fines de admitir o no el referido recurso. Así mismo, se solicitó el expediente administrativo al prenombrado Gerente.

Mediante diligencia de fecha 9 de marzo de 2005, la ciudadana V.R.P., Abogada, inscrita el Inpreabogado bajo el N° 56.517, actuando en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, y consignó el poder que acredita su representación y el expediente administrativo de la mencionada empresa,

Al estar las partes a derecho y por cumplirse los requisitos establecidos en los artículos 259, 260, 261, 262 y 266, del Código Orgánico Tributario, el Tribunal mediante auto emanado en fecha 11 de octubre de 2005, admitió el recurso contencioso tributario ejercido, y en la misma fecha, advirtió que la causa, ope legis, quedaría abierta a pruebas.

En horas de despecho del día 27 de octubre de 2005, la ciudadana M.E.N.V., Abogada, inscrita el Inpreabogado bajo el N° 87.878, actuando en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, presentó documento poder que acredita su condición, además de escrito de promoción de pruebas y antecedentes administrativos.

En fecha 27 de octubre de 2005, el ciudadano L.F.B., representante de la recurrente y S.L., abogada sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, mediante diligencia solicitaron la suspensión de la causa por 30 días de despacho, lo cual fue homologado por medio de auto emanado en la misma fecha. Posteriormente el día 9 de noviembre de 2005, el ciudadano L.B. y la ciudadana M.E.N., ya identificada, dejaron sin efecto la suspensión, del 27 de octubre de 2005; aunque ese mismo día acordaron suspender, nuevamente, la causa por un lapso de 30 días continuos.

Mediante auto emanado en fecha 19 de diciembre de 2005, el Tribunal admitió las pruebas promovidas por la Representación de la República.

El ciudadano L.F.B., apoderado de la recurrente y la ciudadana D.C.L.M., Abogada sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, mediante diligencia de fecha 19 de enero de 2006, solicitaron la suspensión de la causa por un lapso de 45 días continuos y así fue declarado por este Tribunal, mediante auto emanado en la misma fecha; posteriormente, en fechas 3 de marzo y 17 de abril de 2006, los ciudadanos citados con anterioridad solicitaron nuevamente suspensión de la causa por 45 días continuos, los cuales fueron homologados en ambas fechas.

Nuevamente el ciudadano L.F.B. y la ciudadana B.V.T., esta ultima actuando en su carácter de representante del recurrido, solicitaron en fecha 2 de junio de 2006, suspensión de la causa por 45 días continuos y, en fecha 11 de agosto de 2006, los representantes de ambas partes reiteradamente hacen solicitud de suspensión de la causa, en ambos casos el Tribunal procedió a declarar en forma positiva las pretensiones de las partes.

En oportunidad procesal para que las partes presentaran Informes en la causa, compareció el ciudadano L.F.B., ya identificado, actuando en su carácter de apoderado judicial de la recurrente y de la misma manera, la ciudadana X.R., en representación de la República, tal como consta en auto emanado en fecha 24 de enero de 2007; fecha a partir de la cual se dio inicio al lapso previsto en el articulo 277 del Código Orgánico Tributario.

Vistas tales actuaciones, el Tribunal procede a dictar sentencia con base en las consideraciones siguientes.

I

ANTECEDENTES

En fecha 17 de febrero de 2003, el ciudadano A.R.A., actuando en su carácter de Presidente de la contribuyente Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), presentó ante la División de Tramitaciones del SENIAT, escrito en el que solicitó conforme el artículo 46 del Código Orgánico Tributario, se le otorgue a esa sociedad y sus filiales, prórroga para el cumplimiento de obligaciones derivadas de tributos nacionales.

Así mismo, el día 6 de marzo de 2003, ante la Gerencia Regional de Tributos Internos del SENIAT, el ciudadano R.C., actuando en su carácter de Director Gerente de la Contribuyente DELTAVEN, S.A., presentó solicitud de prórroga por 90 días, para presentar la declaración definitiva de los impuestos sobre la renta y activos empresariales, correspondientes al ejercicio fiscal 2002, donde argumentó que “…El paro nacional por todos conocido ha afectado… los recursos tecnológicos necesarios para efectuar los cierres contables requeridos con el objeto de determinar la cuantía de las obligaciones tributarias de la empresa…”

Vista tales solicitudes, la Administración Tributaria emitió P.A. N° GCE/2003-1348 de fecha 15 de abril de 2003, que otorgó a DELTAVEN, S.A., prórroga hasta el día 31 de julio de 2003, para la presentación de sus declaraciones de impuesto a los activos empresariales y definitiva de impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2002, y realizar los pagos correspondientes. Así mismo advirtió que, de conformidad con lo previsto en los artículos 46 y 48 del Código Orgánico Tributario, respecto a la prórroga otorgada, se causarán intereses sobre los montos de impuesto que resulten de las declaraciones a presentar.

En fecha 15 de diciembre de 2003, el SENIAT, observando el contenido de la Providencia N° GCE/2003-1348 de fecha 15 de abril de 2003, procedió a liquidar intereses de financiamiento a la recurrente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del Código Orgánico Tributario, por la cantidad de Bs. 2.567.939.574,00; este monto fue objeto de reajuste al considerar la Administración, que la tasa para calcular los intereses sobre las cantidades financiadas es de 30,9%, correspondiente a la tasa activa bancaria vigente para el mes de abril de 2003, según Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.735, en consecuencia ordenó la correspondiente Planilla de pago, por la cantidad de Bs. 1.176.703.171,86, todo ello quedo recogido en el contenido de la Resolución N° GCE/DR/2004-583 de fecha 12 de febrero de 2004.

Los ciudadanos, J.O.V.C., I.L.R., L.F.B.P. y J.C.C. Argüelles, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la contribuyente DELTAVEN, S.A., en fecha 6 de abril de 2004, interpusieron recurso jerárquico contra la Resolución N° GCE/DR/2004-583 de fecha 12 de febrero de 2004, por disconformidad con la misma.

La Administración Tributaria mediante Resolución N° GCE/DJT/2004-2445 de fecha 29 de junio de 2004, decidió sin lugar el recurso jerárquico interpuesto por la recurrente en fecha 6 de abril de 2004; decisión esta que fue sometida a revisión por este Órgano Jurisdiccional mediante Recurso Contencioso Tributario, interpuesto en fecha 13 de agosto de 2004, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas.

II

ALEGATOS DE LAS PARTES

1) De la recurrente:

Sostiene la contribuyente la nulidad de la Resolución impugnada, en base a los siguientes alegatos:

1.1.- Circunstancia de fuerza mayor como eximente de responsabilidad: Expone la recurrente que en virtud de los acontecimientos acaecidos durante los meses de diciembre de 2002, al primer trimestre de 2003, relativos a la paralización de las actividades de la industria petrolera, todas las actividades administrativas de la corporación quedaron sin el soporte operativo del sistema SAP, lo que trajo como consecuencia que los procedimientos de facturación, compras, cobro, pago a terceros, pago a trabajadores, beneficios al personal, control presupuestario, etc., se realizaran en forma manual; no obstante, las circunstancias eximentes de responsabilidad alegadas y comprobadas por la Administración, ésta ordenó la emisión de planilla de pago por concepto de intereses de financiamiento por la cantidad de Bs. 1.176.703.171,86, actuación que no avala la recurrente.

1.2.- Vicio de falso supuesto, por pretender la administración liquidar intereses de financiamiento por la prórroga otorgada: Alega la contribuyente que el acto recurrido adolece de vicio de falso supuesto de hecho y derecho, el cual se configura cuando la Administración Tributaria pretende liquidar intereses de financiamiento aun cuando reconoce la fuerza mayor que afecto la industria petrolera, visto este hecho como una eximente de responsabilidad que arropa a PDVSA y sus filiales, desconociendo así el efecto liberatorio de esta figura en cuanto a la responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados por la inejecución, tal como lo establecen los artículos 1271 y 1272 del Código Civil.

EL sujeto pasivo afianza sus afirmaciones trayendo a colación Resoluciones GCE/DJT/2003/3601 de fecha 22-09-2003 (PEQUIVEN), GCE/DJT/2004/718 de fecha 13-03-2004 (BARIVEN), y GCE/DJT/2004/754 de fecha 19-03-2004 (PDVSA), para demostrar que dichos actos administrativos anularon con fundamento en los artículos 1271 y 1272 del Código Civil, los intereses que fueran liquidados a algunas de las filiales de PDVSA por la prórroga otorgada. En consecuencia solicitó a este Tribunal declarar la nulidad del acto impugnado conforme a lo dispuesto en el artículo 19, numeral 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

1.3- Falso supuesto al considerar la prórroga para declarar como una prórroga para el pago de tributos:

La recurrente indica que el ente recaudador interpretó erróneamente la solicitud de prórroga para la declaración definitiva de impuesto sobre la renta y la declaración de impuesto a los activos empresariales, pues la calificó como una prorroga para el pago; cristalizándose el falso supuesto cuando la Administración pretende cobrar un monto supuestamente financiado, cuando en realidad el financiamiento procedería si hubiere presentado sus declaraciones definitivas sin haber podido extinguir su obligación tributaria con el pago correspondiente al momento de la presentación de la declaración, que es la oportunidad prevista para el pago. Consecuencia de lo anterior no es sino a partir del cumplimiento de los 90 días de prórroga para declarar, que procedería el cálculo de los intereses de financiamiento, siempre y cuando su representada no hubiese cancelado al momento de declarar.

1.4.- Vicio de falso supuesto al considerar la Administración que la P.A. es un Convenio

Expone la recurrente que puede extraerse del acto Administrativo signado con el N° GCE-2003-1348 de fecha 15 de abril de 2003, la imperiosa existencia de un convenio, por lo que afirma, que no solo no solicito una prórroga para pagar, sino que nunca firmó convenio alguno con la Administración para pagar, haciendo hincapié que lo único solicitado fue una prórroga para declarar. De modo que el recurrido incurre en vicio de falso supuesto de derecho al calificar como convenio un acto administrativo que por excelencia, es el medio de manifestación unilateral de voluntad de la Administración, mas no el de su representada que, como particular, debe manifestar su voluntad por otro medio distinto al equivocadamente valorado por la Administración, en consecuencia, al no existir convenio o contrato firmado entre las partes, existe un vicio de nulidad en el Acto que imputa el cobro de los intereses de financiamiento, impugnados mediante el presente recurso .

En fecha 22 de enero de 2007, el ciudadano L.F.B., representante de la recurrente presentó ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Tribunales Superiores Contenciosos Tributarios del Área Metropolitana de Caracas escrito de informes, en el mismo manifestó, que en el escrito de Pruebas presentado por el recurrido, no se desvirtuó por ninguna manera lo alegado en autos; continúa diciendo que el representante de la República no presentó convenio alguno tendente a justificar el cobro de intereses que la Administración Tributaria pretende.

En la misma oportunidad la contribuyente trajo a colación Sentencias de nuestro m.T., una de la Sala Político Administrativa de fecha 21 de septiembre de 2005, y la otra de la Sala Constitucional, en fecha 6 de mayo de 2004, a fin de evidenciar que el Tribunal Supremo de Justicia reconoce la emergencia en que se encontraba PDVSA y todas sus filiales en el momento del llamado paro cívico y la imposibilidad de atender las operaciones normales de la misma, por lo tanto solicitó al Tribunal declarar la fuerza mayor como eximente de responsabilidad penal tributaria.

2) De la Representación de la República:

En fecha 22 de enero de 2007, la ciudadana X.R., Abogada, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 80.915, actuando en su carácter de representante de la República, presentó escrito de informes, en donde expuso:

La circunstancia de fuerza mayor invocada por la recurrente, fue tomada en cuenta por la Administración Tributaria, para otorgar la prorroga solicitada y por mandato de Ley se imputan intereses de financiamiento, ello en cumplimiento de los previsto en los artículos 46 y 48 del Código de Procedimiento Civil, dichos intereses tienen como finalidad un cometido resarcitorio debido al retraso en la percepción del pago de impuestos fuera del periodo de la autoliquidación legalmente establecido, más no un efecto punitivo, y se causan con prescindencia de los eventos que colocaron en situación de fuerza mayor a la contribuyente. Al mismo tiempo alega el representante de la Republica, que los apoderados judiciales de DELTAVEN, S.A., utilizan una base legal errónea para defender su pretensión, pues los artículos 1271 y 1272 del Código Civil están referidos a los daños y perjuicios causados por mora.

Sostiene el recurrido, que en ningún momento se violó el derecho a la defensa de la recurrente, por cuanto en el acto administrativo recurrido, se establecieron todos los fundamentos de hecho y de derecho que originaron la liquidación de intereses de financiamiento, además de realizarse la respectiva notificación y otorgar los medios de impugnación de dicho acto.

Lejos de lo sostenido por la recurrente, apunta la Administración que la declaración no es un requisito previo al pago del impuesto, en consecuencia ello no impide al órgano tributario pretender el cobro por el concepto de financiamiento con motivo del otorgamiento de la prórroga solicitada por la contribuyente. Aunado a ello indica el ente recaudador que no debe confundirse los intereses de mora con intereses de financiamiento, ya que el propósito de los primeros es indemnizar los daños causados por el retardo en el cumplimiento de la obligación, mientras que los intereses por financiamiento se causan en razón de la privación del goce de los frutos derivados del otorgamiento de la prórroga.

Respecto al alegato de la recurrente en que asevera, el acto recurrido se encuentra viciado de falso supuesto por considerar la Administración, que la p.a. es un convenio, señala el ente recaudador que de conformidad con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, toda declaración de carácter general o particular emitida por los órganos de la Administración Pública Nacional, debe efectuarse mediante actos administrativos y en materia tributaria, establece el Código Orgánico Tributario, que los recursos jerárquicos, las resoluciones culminatorias de sumario y las decisiones que se dicten conforme al procedimiento de verificación deben decidirse mediante resoluciones, decretos o providencias administrativas. Por otro lado, expone la Administración que la contribuyente manifestó su voluntad por escrito motivado, solicitando una prorroga para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, cosa que acepto la Administración, por lo que no era necesario que las partes firmaran un acuerdo en el sentido estricto de la palabra, para que existiera como lo dijo la recurrente una manifestación de voluntad de dos o mas personas que coincidieron en la determinación o solución de un asunto de interés común.

III

PRUEBAS

Dentro de la oportunidad procesal para que las partes presenten sus respectivas probanzas, la ciudadana M.E.N.V., actuando en su carácter de sustituta de la Procuradora General de la República, así lo hizo, en fecha 27 de octubre de 2005, en donde promovió:

  1. - El merito favorable que se desprenda de los autos, haciendo hincapié en el contenido del expediente administrativo.

  2. - P.A. GCE/2003-1348 de fecha 15 de abril de 2003, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del SENIAT, con el objeto de evidenciar que la administración Tributaria, concedió la prórroga solicitada por la recurrente en fecha 6 de marzo de 2003, por un plazo de 120 días, para la presentación de Impuesto sobre la renta y de impuesto a los activos empresariales, correspondiente al ejercicio fiscal que finalizaba el 31 de diciembre de 2002.

  3. - Resolución N° CGE/DR/2004-583 de fecha 12 de febrero de 2004, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del SENIAT.

  4. - Resolución N° GCE/DJT/2004-2445 de fecha 29 de junio de 2004, mediante la cual se declaro sin lugar el recurso jerárquico ejercido por la contribuyente, contra la Resolución N° CGE/DR/2004-583 de fecha 12 de febrero de 2004. Con el objeto de evidenciar que la administración valoró la procedencia de la eximente de responsabilidad por causa de fuerza mayor al momento de conceder excepcionalmente la prórroga para la presentación de las declaraciones de impuestos respectivas, no correspondiendo en todo caso, la exoneración al pago de los intereses de conformidad con el artículo 46 del Código Orgánico Tributario.

    Aduce la representante de la administración que los actos anteriormente identificados, fueron emitidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 191 del Código Orgánico Tributario, en consecuencia se deduce que los actos administrativos citados gozan de presunción de legalidad y veracidad, adquiriendo de esta manera los actos impugnados plena validez y eficacia.

  5. - La Administración, aprovechó la oportunidad para hacer valer el principio de comunidad de la prueba.

    IV

    MOTIVACION PARA DECIDIR

    Planteada la litis en los términos expuestos, la controversia se contrae a precisar si es procedente o no el cobro de intereses de financiamiento en virtud de la prorroga otorgada por la Administración hasta el día 31 de julio de 2003, a la recurrente para que esta procediera a realizar sus declaraciones de impuesto a los activos empresariales y definitiva de impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2002, y realizar los pagos correspondientes.

    Sin embargo, como primer punto observa este Órgano Jurisdiccional, que el representante de la recurrente alegó que la Administración Tributaria incurrió en vicio de falso supuesto al pretender liquidarle intereses de financiamiento por la prórroga otorgada.

    En tal sentido es conveniente señalar que las constataciones realizadas por la Administración sobre unos hechos con miras a calificarlos jurídicamente para producir un acto administrativo, están sometidas a varias reglas, a saber: a) La Administración debe verificar los hechos realmente ocurridos, sin omitir ninguno, b) La Administración debe encuadrar tales hechos en los presupuestos hipotéticos de la norma adecuada al caso concreto, aplicando la consecuencia jurídica correspondiente.

    Cuando el órgano administrativo actúa de esta forma, existirá entonces una perfecta correspondencia entre los hechos acaecidos en la realidad y la consecuencia que, genéricamente, ha sido prevista por el ordenamiento jurídico con respecto a los mismos. Así, la causa o los motivos que originan la manifestación de voluntad del órgano actuante se habrán conformado sin vicio alguno que desvíe la actuación administrativa de los cauces fijados por el legislador y no podrá configurarse el vicio del falso supuesto.

    De las actas procesales confortantes del expediente, se aprecia que la causa generadora de esta controversia se deriva de la prórroga otorgada por la Administración Tributaria a la empresa DELTAVEN, S.A., con fundamento en el Artículo 46 del Código Orgánico Tributario, cuyo texto dispone:

    Artículo 46: Las prórrogas y demás facilidades para el pago de obligaciones no vencidas, podrán ser acordadas con carácter excepcional en casos particulares.

    A tal fin, los interesados deberán presentar solicitud al menos quince (15) días hábiles antes del vencimiento del plazo para el pago y sólo podrán ser concedidas cuando a juicio de la Administración Tributaria se justifiquen las causas que impiden el cumplimiento normal de la obligación. La Administración Tributaria deberá responder dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.

    La decisión denegatoria no admitirá recurso alguno. En ningún caso podrá interpretarse que la falta de pronunciamiento de la Administración Tributaria implica la concesión de la prórroga o facilidad solicitada.

    Las prórrogas y demás facilidades que se concedan causarán intereses sobre los montos financiados los cuales serán equivalentes a la tasa activa bancaria vigente al momento de la suscripción del convenio. Si durante la vigencia del convenio, se produce una variación de diez por ciento (10%) o más entre la tasa utilizada en el convenio y la tasa bancaria vigente, se procederá al ajuste de las cuotas restantes utilizando la nueva tasa.

    Parágrafo Único: Las prórrogas y demás facilidades para el pago a los que se refiere este artículo, no se aplicarán en los casos de obligaciones provenientes de tributos retenidos o percibidos, así como de impuestos indirectos cuya estructura y traslación prevea la figura de los denominados créditos y débitos fiscales.” (Subrayado del Tribunal)

    Expuesto lo anterior, este órgano Jurisdiccional se permite trae a colación el único aparte del artículo 5 del Código Orgánico Tributario.

    Artículo 5: Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en derecho, atendiendo al fin de las mismas y a su significación económica, pudiéndose llegar a resultados restrictivos o extensivos de los términos contenidos en aquéllas.

    Las exenciones, exoneraciones, rebajas, desgravámenes y demás beneficios o incentivos fiscales se interpretarán en forma restrictiva.

    Así las cosas, observamos que en la controversia suscitada, se debe interpretar con el verdadero sentido que se desprende de la norma; en consecuencia este Tribunal observa que, en efecto la contribuyente dirigió comunicación a la Administración Tributaria tendente a solicitar una prórroga para el pago de sus obligaciones, referentes a la presentación de la Declaración Definitiva del Impuesto a los Activos Empresariales y a la Definitiva del Impuesto sobre la Renta, ambas correspondientes al ejercicio fiscal 2002, conforme a lo previsto en el citado artículo 46.

    Posteriormente, el ente tributario, en ejercicio de su potestad discrecional apreció las consideraciones expuestas por la solicitante y acordó, mediante acto expreso: P.A.N.. GCE/2003-1348 de fecha 15-04-2003, una prórroga de 90 días hábiles para la presentación de las prenombradas Declaraciones, considerando, precisamente, la eximente de la Fuerza Mayor, para no cumplir, oportunamente, con ese deber formal.

    Así las cosas, como consecuencia de esa concesión, siguiendo con el mandato del Artículo 46, supra transcrito, la Administración Tributaria procedió a calcular los intereses de financiamiento, equivalentes a la tasa activa bancaria vigente al momento de la emisión de ese convenimiento.

    De esta manera, debe aclararse que la decisión de conceder la prórroga es potestativa y excepcional de la Administración Tributaria, al extremo que su negativa no tendrá recurso alguno, según lo establecido en el encabezamiento del Artículo 46 y el Parágrafo Primero del Artículo 47 eiusdem; pero la liquidación de intereses de financiamiento sobre esas prórrogas y demás facilidades concedidas, forzosamente, son consecuencia de esa decisión, a tenor de lo contemplado en el tercer aparte del tantas veces citado Artículo 46.

    Por lo tanto, estima esta Juzgadora que la Administración Tributaria, interpretó literalmente este último dispositivo legal y actuó ajustada a derecho con el cálculo de intereses de financiamiento, en ocasión de la prórroga concedida a la recurrente para la presentación de las Declaraciones del Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto sobre la Renta, correspondiente al ejercicio fiscal 2002; y, por consiguiente, se estima improcedente el alegato de falso supuesto expuesto por la recurrente. Así se declara.

    Ahora bien, contrario a lo aseverado por la recurrente, en cuanto al alegato de la incursión del vicio de falso supuesto de la Administración Tributaria al considerar la prórroga para declarar como una prórroga para el pago de los tributos, así como que los intereses se generarán en la fecha en que deba presentarse la correspondiente declaración; esta Juzgadora, observa que, como una consecuencia lógica de ese beneficio fiscal, como lo es la presentación de las declaraciones definitivas, posterior a la oportunidad reglamentaria, los tributos anunciados en ellas y su siguiente pago, estará sujeto a esa condición, es decir, también será prorrogado.

    Sin embargo, los intereses a los que hace referencia la recurrente, no se generaron por ese pago extemporáneo, que no serían otros que los intereses moratorios previstos en el Artículo 66 del Código Orgánico Tributario, sino intereses de financiamiento, contemplados en el prenombrado Artículo 46. Accesorios estos claramente diferenciados en el aparte final del Artículo 45 eiusdem.

    En este sentido, no se aprecia de los autos el vicio de falso supuesto denunciado por la recurrente. Así se declara.

    Finalmente, con relación al vicio de falso supuesto en el que incurrió la Administración Tributaria al considerar que la P.A., es un “convenio”; este Tribunal observa:

    El dispositivo sustantivo de estas condiciones de fraccionamientos, prórrogas y demás facilidades para el pago de obligaciones no vencidas, previsto en el Artículo 46 del Código Orgánico, prevé, la existencia de un convenio suscrito entre las partes, el cual dentro de la definición que suministra la misma contribuyente, conlleva la manifestación de la voluntad de dos personas. Sujetos que, en el caso de autos, están representados por la República, en cabeza del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), quien concedió una prórroga para la presentación de Declaraciones Definitivas de Impuestos a los Activos Empresariales y Sobre la Renta en virtud de la solicitud que hiciera el presidente de la casa matriz de DELTAVEN, S.A., acogiéndose a la normativa del señalado Artículo 46, como fundamento de su pretensión.

    En efecto, la recurrente elevó una solicitud justificativa de la naturaleza del pedimento, asumiendo las consecuencias jurídicas del mismo; la Administración Tributaria las aceptó e, incluso, concedió un lapso superior al solicitado, pactó sobre esa propuesta, que materializó a través de la P.A.N.. GCE/2003-1348 del 15-04-2003, y la primera se acogió a esa voluntad administrativa. Por lo que no era necesario de que ambas firmaran o suscribieran acuerdo escrito alguno.

    En atención a lo antes expuesto, se desestima por improcedente el alegato de falso supuesto, por este concepto, invocado por la recurrente. Así se declara.

    V

    DECISION

    Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, declarada SIN LUGAR, el recurso contencioso tributario interpuesto, por los ciudadanos J.O.V.C., I.L.R. y L.F.B.P., titulares de las cédulas de identidad Nos. 3.182.246, 8.476.572, 9.842.704 y 11.735.655, abogados inscritos en el Inpreabogado bajos los Nos. 12.639, 96.700, 59.992 y 98514, respectivamente, actuando en carácter de apoderados judiciales de la contribuyente DELTAVEN, S.A., sociedad mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 36, Tomo 120-A, en fecha 23 de junio de 2000, de los Libros de Autenticaciones correspondientes, siendo la ultima de sus modificaciones inscrita por ante el referido Registro Mercantil, bajo el N° 33, Tomo 107-A-Pro., en fecha 23 de junio de 2000, carácter el de los apoderados que consta en poder autenticado por ante la Notaría Publica Octava de Maracaibo, Estado Zulia, bajo el N° 11, Tomo 91, de los Libros de Autenticaciones correspondientes, en fecha 13 de noviembre de 2003, contra la Resolución N° GCE/DJT/2004-2445 de fecha 29 de junio de 2004, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital, la cual declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto por la recurrente contra la Resolución N° GCE/DR/2004-583 de fecha 12 de febrero de 2004, que ordenó a la contribuyente pagar por concepto de intereses de financiamiento, la cantidad de Bs. 1.176.703.171,86, como consecuencia de la prórroga otorgada por la Administración Tributaria, según providencia GCE/2003-1348 de fecha 15 de abril de 2003, para la presentación de la declaración definitiva de Impuestos a los Activos Empresariales y definitiva de Impuesto Sobre la Renta, ambas correspondientes al ejercicio fiscal 2002.

    De la presente decisión se oirá apelación, en ambos efectos.

    Publíquese, Regístrese y Notifíquese a los ciudadanos Procurador General y Contralor General de la República

    Dada, firmada y sellada en la Sede del Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de febrero del año dos mil siete.- Años 196° de la Independencia y 148° de la Federación.

    La Juez Provisoria,

    M.Y.C.L.

    La Secretaria,

    K.U..-

    La anterior decisión se publicó en su fecha las 11:50 p.m.

    La Secretaria,

    K.U..-

    apu

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