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Denuncian ante la CIDH que el Estado comunal es discriminatorio

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Vincent

Feliciano Reyna, presidente de Sinergia, recordó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Estado comunal que promueve el Gobierno estaba incorporado a la reforma de la Constitución que fue rechazada por la mayoría del electorado el 2 diciembre de 2007 y que, sin embargo, se pretende imponer a través de las leyes del poder popular y el reacomodo de toda la administración pública. En términos de derechos hu manos, explicó Reyna, quedan comprometidos los derechos a la asociación y a una efectiva participación ciudadana en los asuntos públicos, pues el oficialismo sólo reconoce a las organizaciones populares que respaldan la construcción del socialismo. El riesgo es que se imponga un único modelo de participación que discrimina al sector de la sociedad que no comparte el proyecto político que lidera el presidente Hugo Chávez. Hay un déficit de pluralismo político que afecta negativamente el ejercicio de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, afirmó el presidente de Sinergia en una de las audiencias celebradas en Washington, en el contexto del 146° período de sesiones de la CIDH. Reyna considera que la criminalización de la disiden cia y de la crítica al Gobierno, mediante el hostigamiento gubernamental a las organizaciones de derechos humanos y a la prensa, constituyen las primeras señales de intolerancia. El agente del Estado, Ger mán Saltrón, argumentó que el nuevo modelo estatal se fundamenta en el principio de democracia participativa y protagónica que distingue el ordenamiento constitucional venezolano. La democracia representativa que orientó los gobiernos de Acción Democrática y Copei fracasó. Por eso ahora hablamos de consejos comunales, de familias que se agrupan para buscarle solución a los problemas de su comunidad con auxilio del Gobierno. Negó que en Venezuela haya mermado el derecho de asociación: Antes del presidente Chávez no había más de 10 ONG; ahora hay como 100. Pero Saltrón había dicho en la misma audiencia de la CIDH que esas ONG y, en general, los defensores de derechos humanos venezolanos son financiados por el Gobierno de Estados Unidos y contribuyen a una campaña de desestabilización del país. Uno tiene razones para pensar mal: que les pagan para que vengan...

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