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Denuncian que el gobierno mantiene secuestrado al diputado Gilber Caro

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Vincent

Días de angustia y zozobra viven los familiares de los presos políticos a quienes no les han permitido la visita de abogados y allegados para constatar su estado físico y de salud. Solo conocen de ellos a través de emisarios de las mismas cárceles y de llamadas telefónicas, pero estas pudieran ser bajo coacción, afirman.El diputado Gilber Caro fue detenido el 11 de enero del 2017 por presuntamente planificar acciones terroristas. Sus familiares denunciaron que se encuentra desaparecido desde el viernes 2 de marzo en la madrugada, cuando les informaron extraoficialmente que era trasladado de la cárcel 26 de Julio, en Carabobo, a la penitenciaria Fénix, en Lara, pero no les han permitido constatar que el dirigente de Voluntad Popular se encuentre allí.Ante el silencio del gobierno frente a los reclamos de abogados y familiares, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirmó el lunes que el traslado de esa manera constituye una desaparición forzada, según el derecho internacional. Asimismo, exigió a las autoridades venezolanas información certera del diputado, que goza de inmunidad parlamentaria.Ese día, luego de permanecer más de ocho horas en las inmediaciones del penal exigiendo ver al parlamentario, familiares recibieron una llamada en la que este confirmó que se encontraba en esa cárcel.Esa llamada no tiene ninguna validez; no sabemos si está llamando de ese centro de reclusión o si habló bajo control y coacción, manifestó Ramón Carmona, uno de los abogados de la defensa. Afirmó que ese tipo de procedimientos viola el artículo 49 de la Constitución y constituye delito de lesa humanidad.Desmintió la versión oficial de que el diputado había intentado fugarse e indicó que según el director de la cárcel 26 de Julio, Ronald Zapata, en ese lugar no se había habido cona to de fuga, sino que se trataba del traslado de algunos reclusos, cuyo destino desconocía.La juez que lleva el caso, Luz Mariela Santander, del Tribunal Militar Sexto de Control, tampoco conocía del cambio de sitio de reclusión ni lo había solicitado.Denunciamos la desapari ción forzosa del diputado, está secuestrado por el gobierno, manifestó Carmona. Señaló que a su defendido le han violando los derechos humanos y procesales.El diputado está enfermo y requiere atención médica, por lo cual su defensa exige a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, que le permita constatar su salud.Angustia y temor. Familiares de Boris Quiñones, que fue...

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