Decisión de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 14 de Agosto de 2007

La cantidad de SEIS MILLONES DE BOLIVARES (Bs.6.000.000,00), saldo del capital correspondiente al Pagare Nº 74.290, vencido y no pagado, el cual se anexó a la demanda marcado “B”.-

La cantidad de CUARENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 40.000.000,00), monto correspondiente al capital del Pagaré Nº 74.823, vencido y no pagado, el cual se anexó a la demanda marcado “C”.-

TECERO: La cantidad de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO BOLIVARES CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 14.203.738,33) por concepto de intereses vencidos y moratorios del Pagare Nº 74.290, causados desde el día del vencimiento de la prórroga 12 de diciembre de 1993, hasta el día 26 de abril de 1999, calculados a la tasa variable fijada de conformidad con las Resoluciones del Banco Central de Venezuela, sobre el monto del capital insoluto del mismo. A tal evento consignó posición deudora marcada “D”

La cantidad de NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BOLIVARES CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs.93.444.255,56), por concepto de intereses vencidos y moratorios del Pagare Nº 74.823, causados desde el día del vencimiento de la prórroga, 27 de diciembre de 1993, hasta el día 26 de abril de 1999, calculados a la tasa variable fijada de conformidad con las Resoluciones del Banco Central de Venezuela, sobre el monto del capital insoluto del mismo. A tal evento consignó posición deudora marcada “E”

Los intereses que se sigan causando desde el día 26 de abril de 1999, (exclusive) hasta la total y definitiva cancelación de cada uno de los títulos a que se refiere el libelo, calculados a las tasas convenidas en los textos de los pagares, las tasas máximas permitidas aplicar al crédito bancario.-

Las costas y costos judiciales que se originen como consecuencia del juicio.-

De igual forma fue solicitada expresamente la indexación de las cantidades demandadas, desde la fecha de su exigibilidad, hasta la fecha de la condenatoria, conforme a los índices de precios al consumidor determinados por el Banco Central de Venezuela.-

2. -) Alegatos de la demandada:

El defensor judicial designado a la codemandada J.D.D.R., en su escrito de contestación negó, rechazó y contradijo la presente demanda, tanto en los hechos narrados como en los derechos alegados.-

Por su parte, los apoderados de la empresa DESARROLLOS 5374 C.A. y de los ciudadanos F.R.R., C.R.R. y F.M.T., parte codemandada, en su escrito de contestación en primer lugar, rechazaron y contradijeron en todas y cada una de sus partes la demanda interpuesta en contra de sus representados, tanto en los hechos como en el derecho, según su decir, por no ser cierto que sus defendidos adeuden cantidad alguna.

En segundo lugar, desconocieron los instrumento pagarés identificados por la actora con las letras “A” y “B”, y seguidamente conforme lo dispuesto en el artículo 479 y 480 del Código de Comercio, alegaron la prescripción de los mismos respecto de los ciudadanos F.R.R., C.R.R. y F.M.T., toda vez que en el aviso de la Gaceta Oficial Nº 4.970 del 19 de septiembre de 1995, así como en el de la Gaceta Oficial Nº 5.045 Extraordinario de fecha 29 de febrero de 1996, conforme lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Regulación de la Emergencia Financiera, se procedió a señalar la lista de los deudores respectivos, en las que se menciona a la sociedad mercantil DESARROLLOS 5374 C.A., pero no refieren los nombre de los citados ciudadanos, por lo que según su decir, las referidas publicaciones no interrumpen la prescripción respecto a éstos.

Aducen que la connotación de “fiadores solidarios y principales pagadores”, en materia cambiaria, no es otra sino la de ser simples avalistas de los títulos, motivo por el cual conforme al artículo 480 del Código de Comercio, la interrupción de la prescripción de un obligado cambiario no surte efecto sobre los demás.

Indican asimismo, lo que de seguidas se transcribe: “… es forzoso llegar a la conclusión que tales publicaciones carecen de virtualidad y potencia jurídica para interrumpir la prescripción de los títulos por lo que respecta a F.R.R., F.M.T. y C.R.R., por cuanto de los mismos se deriva que solo se notifico a DESARROLLOS 5374 C.A., pero en ningún caso a los otros codemandados y aun más y a mayor abundamiento en la propia publicación del aviso contenido en la Gaceta Oficial Nº 4.970, traída a los autos por el actor, en la lista de los deudores se leen cuatro (4) columnas, a saber: la primera correspondiente a DENOMINACIÓN/ NOMBRE; la segunda: CUENTA; la tercera MONTO y la cuarta GARANTIA/ AVAL, en esta última, es menester destacar, que es en esa columna donde se coloca el tipo de garantía existente sobre la obligación indicada en la primera columna, pues bien, en la que corresponde a Desarrollos 5374 C.A., se lee: GARANTIA/ AVAL: LIBRE, vale decir que del propio aviso se desprende que tales obligaciones carecen de garantía, lo cual constituye un acto de mayor comportamiento contenido en la confesión en dicho documento que para esa fecha ya no existía garantía alguna, porque tal Gaceta Oficial, debe ser analizada en su totalidad, no pudiendo extraer de ella los elementos que solo al actor beneficien, sino por el contrario tal declaración es contundente a favor de los representados y así expresamente lo invocamos…”

Por último, en lo que respecta a la codemandada DESARROLLOS 5374 C.A., alegaron la prescripción de los intereses moratorios, por cuanto la Ley contempla igualmente su prescripción trienal.

Estos argumentos fueron ratificados por la representación de los codemandados en su escrito de informes y de observaciones respectivamente, en los que indicó nuevamente que los ciudadanos F.R.R., F.M.T. y C.R.R., al suscribir dichos títulos se convirtieron en avalistas de los mismos, lo cual según su decir, entraña su condición de obligados principales, por lo que era necesaria su notificación a los efectos de interrumpir la prescripción. Que, en la fase probatoria no fueron desvirtuados tales alegatos. Adujeron igualmente, que la circunstancia que dicha representación desistiese del desconocimiento de los pagarés no implica que deba declararse con lugar la demanda, por cuanto la misma fue rechazada en un todo en la contestación, aunado que alegaron la prescripción de los avalistas de los títulos, así como la prescripción de los intereses moratorios en lo que respecta a la sociedad mercantil DESARROLLOS 5374 C.A.-

Al respecto, la representación de la actora en su escrito de Informes y de Observaciones a los presentados por su contraria argumentó que al no haber indicado la demandada la causa de su pretendida liberación, no puede admitirse que se ha entablado el contradictorio, puesto que no existe hecho liberatorio alguno a probar. Que accionados los pagarés para su cobro y habiendo renunciado la demandada a su desconocimiento, implica un reconocimiento de los títulos valores. Que la fianza fue constituida por voluntad de las partes tal y como se desprende del mismo texto de la fianza en los instrumentos demandados, en el cual renunciaron expresamente al beneficio de excusión. Que el efecto interruptivo de las publicaciones en la Gaceta Oficial y de los Registros de las demandas, opera en relación de las obligaciones de los deudores cedidos, entre las cuales se encuentra la de pagar los intereses, toda vez que se entiende hecha la notificación de la cesión del pagaré con sus accesorios, incluyendo sus fiadores. Que quedó demostrada la interrupción de la prescripción de los títulos demandados y de sus intereses, así como la existencia del crédito objeto de la acción intentada. Por último solicitó la confesión ficta de la codemandada J.D.D.R..-

Dicho lo anterior, observa el Tribunal que en el texto de los pagarés objeto de la pretensión, se lee en la parte in fine lo siguiente: En el identificado con el Nº: 74.290: “Y yo, F.J.R.R., anteriormente identificado, actuando personalmente y en representación de mi cónyuge J.D.D.R., titular de la C.I. Nº. V-3.228.732, según poder Reg. Por ante la Ofic.. Sub. Del 2do. Circ. De Reg. Del Dtto. Sucre del Edo. Miranda, el 13-07-83, bajo el Nº. 10, Tomo 1ro. Prtc. 3ro.; declaro: Que nos constituimos en fiadores solidarios y principales pagadores de la firma ya identificada DESARROLLOS 5374, C.A., con las mismas obligaciones que el presente pagaré le impone y otorgo de antemano la conformidad sin necesidad de aviso o notificación del Banco, a todo plazo, prórroga, transacción o establecimiento de forma de pago que el Banco convenga con el cliente. Renunciamos al beneficio de excusión de los bienes de la deudora, asi como a que se nos dé aviso previo de mora de la afianzada, igualmente renunciamos a los beneficios que nos conceden los articulo 1819 y 1836 del Cod. Civil” . Asimismo en el pagaré identificado con el Nº 74.823, se lee: “Nosotros, F.R.R., C.R.R. y F.M.T., anteriormente identificados, actuando personalmente, declaramos: Nos constituímos en fiadores solidarios y principales pagadores de la firma ya identificada DESARROLLOS 5374, C.A., con las mismas obligaciones que el presente pagaré le impone y otorgamos de antemano nuestra conformidad sin necesidad de aviso o notificación del Banco a todo plazo, prórroga, transacción o establecimiento de forma de pago que el Banco convenga con el cliente. Renunciamos al beneficio de excusión de los bienes de la deudora, así como a que se nos dé aviso previo de mora de la afianzada e igualmente renunciamos a los beneficios que nos conceden los artículos 1879 y 1836 del Código Civil…” De lo cual se desprende que se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 545 del Código de Comercio, y siendo que en la fianza los derechos y obligaciones derivan de un pacto en el cual media la voluntad de las partes, ésta ha quedado demostrada con la suscripción de los referidos ciudadanos en cada uno de los títulos valores. De todo lo cual se evidencia el carácter de fiadores solidarios y principales pagadores de los ciudadanos F.R.R., C.R.R. y F.M.T., así como de la ciudadana J.D.D.R. en nombre de la empresa DESARROLLOS 5374, C.A. ASÍ SE ESTABLECE.-

En atención a la prescripción alegada por los apoderados de la parte demandada se observa que la misma fue interrumpida por mandato legal conforme lo establecido en el entonces artículo 32 de la Ley de Regulación de la Emergencia Financiera, mediante la publicación en Gaceta Oficial de la cesión de las carteras de crédito a los deudores, las cuales corren insertas a los autos (folios 27 al 30). Ahora bien, en atención a dichas publicaciones, el 19 de septiembre de 1995, corresponde la fecha a partir de la cual debe comenzarse a computar nuevamente el lapso de la prescripción establecida para los efectos de comercio, la cual tendría lugar el 19 de septiembre de 1998, así pues se evidencia de las actas que conforman el presente expediente que se produjo la interrupción de la prescripción, esta vez conforme lo establecido en el artículo 1969 del Código Civil con el registro de la copia certificada del libelo, con su auto de admisión y la respectiva orden de comparecencia del demandado, lo cual fue consignado a los autos por la representación de la parte actora en lapso probatorio, a saber:

• Marcado con la letra “A”, en fecha 18 de septiembre de 1998, el pagaré Nº 74.823;

• Marcado con la letra “B”, en fecha 18 de septiembre de 1998, el pagaré No 74.290

Motivo suficiente para considerar que en el caso bajo estudio no ha operado el lapso de prescripción dispuesto en el artículo 479 del Código de Comercio. ASÍ SE DECLARA.-

Del Instrumento de la demanda

Los documentos presentados como fundamentales de la presente demanda, constituidos por los instrumentos pagarés, consignados con las letras “B” y “C”, así como las publicaciones de la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.970 Extraordinario, de fecha 19 de septiembre de 1995 y Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.045 Extraordinario, de fecha 29 de febrero de 1996, cursante de los folios 27 al 30 del presente expediente, tal y como se desprende de la narrativa realizada, no fueron desconocidos, tachados, negados o impugnados, toda vez que el defensor judicial designado a la codemandada J.D.D.R., realizó una contestación genérica, rechazando, negando y contradiciendo la demanda, tanto en los hechos como en el derecho, y la representación del resto de los codemandados desistió del desconocimiento que hiciera en la oportunidad de la contestación de los instrumentos pagarés, este Juzgado les da pleno valor probatorio a tenor de lo establecido en los artículos 429, 443 y 444 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1359 y 1360 del Código Civil y en consecuencia adquieren éstos todo el valor probatorio que les asigna la ley, por lo tanto tiene plena validez probatoria de la obligación asumida por los deudores de cancelar los montos especificados en los referidos instrumentos, aunado al hecho que llenan los requisitos del artículo 486 del Código de Comercio. ASÍ SE DECIDE.-

De la fundamentación de la demanda

Fundamenta su pretensión la parte actora en las estipulaciones contractuales asumidas por las partes en los títulos valores objeto de la pretensión; así como también en las disposiciones previstas en los artículos 1155, 1264, 1269 y 1275 del Código Civil y artículos 419, 421, 422, 426, 441, 454, 456, 486, 487 y 488 del Código de Comercio.-

En este orden de ideas, el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, establece el principio de la carga de la prueba:

Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertada de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación

.

Por su parte, el artículo 1.354 del Código Civil establece:

Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación

Aunado a ello, los pagarés, cumplen con los requisitos exigidos en los artículos 486 y 487 del Código de Comercio, con lo cual, esta Juzgadora al tomar como ciertas las afirmaciones explanadas por la representación de la parte actora en su libelo de demanda, y al no constar prueba extintiva alguna de la obligación demandada, debe entonces considerar que el BANCO CONSTRUCCIÓN, C.A., parte actora en este juicio, se encuentra habilitado para solicitar la ejecución de los obligados “librador y avalista o fiador”, con los respectivos intereses; y, siendo que la petición contenida en la demanda no es contraria a derecho -sino que por el contrario- se encuentra legalmente tutelada en los artículos 1159, 1160, 1264, 1804 y 1809 del Código Civil, y siendo asimismo que el acreedor puede accionar contra cualquiera o todos los firmantes del título; forzoso es concluir que la pretensión intentada es procedente, toda vez que ha quedado suficientemente demostrada la obligación que tenía la parte demandada con el ente accionante de cancelar los montos originados por los pagarés, y consecuencialmente la presente demanda debe ser considerada como ajustada en derecho. ASÍ SE DECIDE.-

De las pruebas aportadas

Como ha sido indicado anteriormente, durante el lapso de pruebas, sólo la parte actora hizo uso del derecho conferido por el legislador, promoviendo aquellos medios que consideró pertinentes a la defensa de los intereses de su mandante los cuales se detallan a continuación:

1 Reprodujo el mérito favorable de los avisos publicados en la página 147 de la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.970 Extraordinario, de fecha 19 de septiembre de 1995 y en la página 23 de la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.045 Extraordinario, de fecha 29 de febrero de 1996, mediante los cuales se notifica a los deudores del Banco Construcción, C.A., la cesión de sus créditos al FOGADE, con mención expresa del efecto interruptivo de la prescripción producido por dicha publicación; Y de las copias de las páginas 151 y 63 de la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 4.970 y de la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.045, contentiva de la lista de deudores del Banco Construcción, C.A. cedidos a FOGADE, en el cual aparece DESARROLLOS 5374 C.A. Con lo cual, según su decir, se evidencia la interrupción de la prescripción por imperativo del artículo 32 de la Ley de la Regulación de la Emergencia Financiera.

2 Documento registrado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 18 de septiembre de 1998, bajo el Nº 37, Tomo 31, Protocolo Primero, contentivo del libelo de demanda del pagaré Nº 74.823, auto de admisión y orden de comparecencia, anexo marcado con la letra “A”;

3 Documento registrado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 18 de septiembre de 1998, bajo el Nº 39, Tomo 31, Protocolo Primero, contentivo del libelo de demanda del pagaré No 74.290, auto de admisión y orden de comparecencia, anexo marcado con la letra “B”;

4 Instrumentos pagarés acompañados al libelo identificados con las letras “B” y “C”, los cuales a su decir, quedaron reconocidos y hacen plena prueba de las declaraciones contenidas en ellos en virtud del desistimiento al desconocimiento que hicieran los apoderados de los codemandados;

5 Por último, promovió el contenido de la diligencia fechada 25 de julio de 2000, en el que la representación de la demandada desistió del desconocimiento de los pagarés accionados.-

Más sin embargo, la parte demandada, no probó el haber satisfecho la obligación que se le reclama, ni la ocurrencia de uno de los hechos que la ley califica como extintivos de las obligaciones, no trajo a los autos medios probatorios tendientes a desvirtuar objetivamente las pretensiones de la demandante, o hechos nuevos que pudieran ser objeto de observaciones por parte de este Juzgado, mediante los cuales llevara al ánimo de quien aquí sentencia a emitir un juicio a su favor, tampoco impugnó ni tachó, las documentales promovidas por la parte actora.

En tal sentido considera esta sentenciadora, como ciertas las afirmaciones explanadas por la representación judicial de la parte actora en su escrito libelar, dándole asimismo pleno valor probatorio, que de ellas se desprende, a las pruebas aportadas. Con respecto a los estados de cuenta presentados por la actora, este Tribunal le da valor de simple indicio toda vez que los mismos emanas de una sola de las partes, motivo por el cual no puedes serles oponible al demandado como prueba documental ya que no fueron suscritos por ambas, sin embargo ilustra a esta Juzgadora respecto a la veracidad de los hechos afirmados en el escrito de demanda y lo aprecia por ser congruente con los hechos alegados y probados. ASI SE DECIDE.-

De la Corrección Monetaria Solicitada

Sentado lo anterior y en otro orden de ideas, tenemos que examinado el petitorio de la demanda, del mismo se desprende que además que se demanda el pago del saldo del capital adeudado, los intereses moratorios y los que se sigan venciendo desde el día 26 de abril de 1999, exclusive, hasta el pago total y definitivo de la obligación, se demanda también, la corrección monetaria de las cantidades reclamadas, desde la fecha de su exigibilidad, hasta la fecha de condenatoria, de acuerdo a los índices de precio al consumidor, determinados por el Banco Central de Venezuela.-

Ahora bien, sobre el punto de la corrección monetaria, se ha pronunciado este Tribunal en sentencias anteriores, considerando no ajustado en derecho este petitorio, adicionalmente a los intereses convencionales y de mora de la obligación demandada. En efecto, los Jueces deben sentenciar conforme a las normas del Derecho y con relación a los contratos, éstos deben ser interpretados en la forma más equitativa y racional, con el fin de no establecer preferencias ni desigualdades, conforme lo ordena el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil. Es de señalar también que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza una justicia imparcial, responsable y equitativa, acorde con un estado social y de derecho.

Los Bancos tienen finalidades de alto interés público y social, y, precisamente por eso, en la Ley que los rige se establecen normas reguladoras y protectoras de sus actividades, pero cuando se trata de cobrar intereses por encima del doce por ciento (12%), privilegio este exclusivo de los Bancos y de las Instituciones Financieras sometidas al régimen especial de la Ley, no hay que olvidar que los intereses bancarios convencionales, variables y moratorios que pueden llegar las tasas a las cuales no tienen acceso los demás sectores de la economía, y ello ocurre para compensar a los Bancos, porque siendo su capital el dinero, era necesario proteger su actividad contra el fenómeno inflacionario, que es un hecho notorio que no requiere prueba, conforme al artículo 506 del Código de Procedimiento Civil.

Precisamente por eso, la Corte Suprema de Justicia, cuando en sentencia de la Sala Político Administrativa, justificó que los Bancos e Instituciones de Crédito pudiesen cobrar intereses por encima del doce por ciento (12%) anual, lo hizo en consideración a la devaluación monetaria, para así compensar con esos altos intereses, la disminución del valor del dinero en el mercado nacional y el efecto consecuencial de la inflación, llegándose por tanto a autorizar el cobro de intereses muy por encima del doce por ciento (12%) anual. En dicha sentencia del 19 de febrero de 1981 (caso H. Pereira), estableció la Sala: (sic.)…“Es un hecho público y notorio que las tasas de interés han subido en todos los mercados del mundo. Venezuela no podía permanecer como una isla en este universo independiente e inflacionario, sin exponerse al riesgo de graves daños en su economía y en su moneda. A prevenirlos han estado encaminadas, sin dudas, las Resoluciones del Banco Central de Venezuela, impugnadas por vía principal y subsidiaria encaminadas sin duda las Resoluciones del Banco Central de Venezuela impugnadas por el demandante” (omissis)…“Las Resoluciones del Banco Central de Venezuela impugnadas por vía principal y subsidiaria, están destinadas no solo a regular el crédito de acuerdo con las realidades del mercado del dinero, sino a orientar su distribución hacia los sectores que más lo necesitan para el desarrollo de una economía nacional sana e independiente (…) Dicho de otra manera, le ha atribuido la facultad de fijar de tiempo en tiempo el precio máximo que se debe pagar por el dinero, según las exigencias del desarrollo de la economía Nacional y la estabilidad de la moneda, así como también el precio mínimo a que pueden ofrecerlo los bancos, a fin de mantener en condiciones sanas el sistema integrado por los institutos de crédito del país (…) Al fijar esa tarifas máximas, queda un margen de libertad a los bancos para cobrar tasas de interés o comisiones menores por sus servicios a fin de participar competitivamente en el mercado nacional del dinero”.

Los criterios anteriormente transcritos han venido informando la jurisprudencia nacional en cuanto a las pretensiones conjuntas de pago de intereses y corrección monetaria. Por ejemplo, en sentencia de la Corte Suprema de Justicia, del 2 de diciembre de 1999 (caso Consorcio Deluxe), estableció la Sala Político Administrativa: (sic.)…“Mal podría la Sala condenar a la República, sucesora del Instituto Nacional de Puertos, al pago de los intereses causados por la mora a las tasas comerciales vigentes y también al pago de la corrección monetaria, ya que habría un evidente empobrecimiento del deudor, al hacerle más onerosa su obligación de pago”.

En el mismo orden de ideas, ha expresado la misma Sala Político Administrativa en la Sentencia Nº 00428 de fecha 11 de mayo de 2004, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa lo siguiente:

(Omisis…) Por otra parte con relación a la solicitud de indexación del capital adeudado a la Sociedad Mercantil, esta Sala estima que al haber sido acordado el pago de los intereses reclamados, la misma no resulta procedente, por cuanto ordenar simultáneamente la corrección monetaria del pago requerido y el pago de los intereses moratorios generados, implicaría en criterio de esta Sala una doble indemnización, razón por la cual tal petición debe ser rechazada. Así se decide…

Criterio este reiterado en sentencia de la misma Sala y del mismo ponente, signada con el Nº: 00696 de fecha 29 de junio de 2004, donde estableció entre otras lo siguiente:

(Omisis…) Ahora bien, siendo que la mora se origina por retardo culposo del obligado al pago; y en el presente caso el Instituto demandado no demostró causa extraña imputable a su incumplimiento, los intereses moratorios constituirían una indemnización para el acreedor por el retardo en la satisfacción de su acreencia. Esta indemnización sin embargo, no puede acordarse si se solicita simultáneamente la indexación judicial, por cuanto la misma actualiza el valor de la moneda desde el momento en que debió producirse el pago hasta, en este caso, la fecha de publicación de la sentencia, y por tanto, comprende a la suma que resultaría de los intereses moratorios. En tal virtud resulta improcedente acordar intereses moratorios e indexación judicial, por cuanto ello implica un doble pago por el incumplimiento de la obligación…

Así, en atención a los criterios anteriormente transcritos, que acoge esta Juzgadora conforme al artículo 321 del Código de Procedimiento Civil y aplica al caso bajo estudio, debe a todas luces considerarse que las pretensiones conjuntas de pago de intereses y corrección monetaria son contrarias a derecho pues habría un evidente empobrecimiento del deudor, haciéndose más onerosa su obligación de pago, y es por todas estas razones que considera este Juzgado que no procede el pedimento de indexación. ASÍ SE DECIDE.-

-III-

DECISIÓN

Por todas las consideraciones que han quedado expuestas, este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas (en transición), Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PARCIALMENTE CON LUGAR la pretensión que por COBRO DE BOLÍVARES (Vía Ejecutiva) ha incoado BANCO CONSTRUCCIÓN, C.A., contra la sociedad mercantil DESARROLLOS 5374, C.A., en su carácter de obligada principal, y los ciudadanos F.R.R., J.D.D.R., C.R.R. y F.M.T., en su condición de fiadores solidarios y principales pagadores, suficientemente identificados al inicio de este fallo, y como consecuencia de ello, declara:

SIN LUGAR la prescripción alegada en los términos expuestos por la representación judicial de los codemandados, DESARROLLOS 5374, C.A., y F.R.R., C.R.R. y F.M.T..-

Se condena a la sociedad mercantil DESARROLLOS 5374, C.A., en su carácter de obligada principal, y los ciudadanos F.R.R. y J.D.D.R., en su condición de fiadores solidarios y principales pagadores del pagaré distinguido con el Nº 74.290, a pagar a la actora las siguientes cantidades de dinero:

• SEIS MILLONES DE BOLIVARES (Bs.6.000.000,00), por concepto de saldo del capital correspondiente al Pagare Nº 74.290, anexo a la demanda marcado “B”.-

• CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO BOLIVARES CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 14.203.738,33) por concepto de intereses vencidos y moratorios del Pagare Nº 74.290, causados desde el día del vencimiento de la prórroga, 12 de diciembre de 1993, hasta el día 26 de abril de 1999, calculados a la tasa variable fijada de conformidad con las Resoluciones del Banco Central de Venezuela, sobre el monto del capital insoluto del mismo.-

• Los intereses que se sigan causando desde el día 26 de abril de 1999, (exclusive) hasta la total y definitiva cancelación del título valor Nº: 74.290, calculados a las tasas convenidas en el texto del pagaré, a las tasas máximas permitidas aplicar al crédito bancario.-

Se condena a la sociedad mercantil DESARROLLOS 5374, C.A., en su carácter de obligada principal, y los ciudadanos F.R.R., C.R.R. y F.M.T., en su condición de fiadores solidarios y principales pagadores del pagaré distinguido con el Nº 74.823, a pagar a la actora las siguientes cantidades de dinero:

• CUARENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 40.000.000,00), por concepto del Pagaré Nº 74.823, anexo a la demanda marcado “C”.-

• NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BOLIVARES CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs.93.444.255,56), por concepto de intereses vencidos y moratorios del Pagare Nº 74.823, causados desde el día del vencimiento de la prórroga 27 de diciembre de 1993, hasta el día 26 de abril de 1999, calculados a la tasa variable fijada de conformidad con las Resoluciones del Banco Central de Venezuela, sobre el monto del capital insoluto del mismo.-

• Los intereses que se sigan causando desde el día 26 de abril de 1999, (exclusive) hasta la total y definitiva cancelación del título valor Nº: 74.823, calculados a las tasas convenidas en el texto del pagaré, a las tasas máximas permitidas aplicar al crédito bancario.-

Se niega el pedimento de indexación o corrección monetaria sobre las cantidades reclamadas.

En virtud de la naturaleza del presente fallo no hay especial condenatoria en costas.-

Por cuanto la anterior decisión ha sido dictada fuera de su lapso legal correspondiente, se ordena de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil la notificación de las partes.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA

Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas, (en transición), a los catorce (14) días del mes de agosto del año dos mil siete (2007).-Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.-

LA JUEZ,

DRA. C.G..-

EL SECRETARIO,

ABG. H.C..-

En la misma fecha, siendo las doce meridiem (12:00 m.), se publicó, registró y dejó copia certificada de la anterior decisión.-

EL SECRETARIO,

ABG. H.C..-

Exp. Nº 1018/99.-

CG/HC.-

Sentencia Definitiva.-