Decisión nº PJ0042011000076 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 2 de Febrero de 2011

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón

Coro, 2 de Febrero de 2011

200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2011-000348

ASUNTO : IP01-P-2011-000348

RESOLUCIÓN Nº PJ0042011000076.-

RESOLUCIÓN DECRETANDO MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD

Corresponde a este Tribunal motivar conforme a los artículos 173, 177, 246, 250 y 254 del Código Orgánico Procesal Penal, la decisión de Privación Judicial Preventiva de Libertad emitida en fecha 27-01-2011, en contra de los ciudadanos; DIOVER ARGUELLE, ALMARYS DEL C.G.M., por la presunta comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS y ASOCIACION PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el artículo 149 primer aparte de ley Orgánica de drogas y articulo 06 de la Ley Orgánica para la Delincuencia organizada en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO y para el Imputado J.G.U. por la presunta comisión del delito de los delitos de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, ASOCIACION PARA DELINQUIR, PORTE ILICITO DE ARMA Y APROVECHAMIENTO DE OBJETOS PROVENIENTES DEL DELITO previstos y sancionados en los artículo 149 primer aparte de ley Orgánica de drogas, articulo 6 de la Ley Orgánica para la Delincuencia organizada, 277 y 470 del Código penal, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. Igualmente ordenó la aplicación del procedimiento ordinario de conformidad con los artículos 280 y 283 del Código Orgánico Procesal Penal.

I

IDENTIFICACIÓN PLENA DE LOS IMPUTADOS

- DIOVER A.A., venezolano, titular de cédula de identidad 17.586.841, de 32 años de edad, nació en Coro, el 12-07-1978, residenciado en Bobare, callejón jurado, casa sin numero de color blanco, donde anteriormente estaba ubicado el Supermercado De Casa, sin teléfono, de profesión u oficio Obrero. Manifiesta no saber leer ni escribir.

-ALMARYS DEL C.G.M., venezolana, titular de cédula de identidad 20.212.722, de 21 años de edad, nació en Coro, el 03-10-1989, residenciado en la Urbanización los Medanos, manzana B, vereda B66, casa sin numero de color rosada, Teléfono 0424-6309730 (de su papá) de profesión u oficio ama de casa, manifiesta saber leer y escribir.

-J.G.U., venezolano, titular de cédula de identidad 17.349.427, de 25 años de edad, nació en Coro, el 30-01-1985, residenciado en EL callejón Jurado Sector Bobare, casa sin numero de color azul, sin Teléfono, de profesión u oficio trabaja en un taller de mecánica. Manifiesta saber leer y escribir

II

DE LA AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN

Verificada la presencia de las partes, la ciudadana Juez advierte sobre la naturaleza, importancia y significado del acto. Seguidamente se le concedió la palabra a la parte fiscal, “quien ratificó en toda y cada una de sus partes el escrito presentado por ante este Circuito Judicial Penal, narrando los hechos que dieron origen a su solicitud. Pidió se decrete en contra de los ciudadanos; DIOVER ARGUELLE, ALMARYS DEL C.G.M. y J.G.U., la Medida de Privación Privativa de Libertad por considerar llenos los extremos de los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal; igualmente solicito la aplicación del procedimiento ordinario previsto en el Código Orgánico Procesal Penal, precalificando los hechos para los ciudadanos; DIOVER ARGUELLE, ALMARYS DEL C.G.M., por la presunta comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS y ASOCIACION PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el artículo 149 primer aparte de ley Orgánica de drogas y articulo 06 de la Ley Orgánica para la Delincuencia organizada en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO y para el Imputado J.G.U. por la presunta comisión del delito de los delitos de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, ASOCIACION PARA DELINQUIR, PORTE ILICITO DE ARMA Y APROVECHAMIENTO DE OBJETOS PROVENIENTES DEL DELITO previstos y sancionados en los artículo 149 primer aparte de ley Orgánica de drogas, articulo 6 de la Ley Orgánica para la Delincuencia organizada, 277 y 470 del Código penal, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. Asimismo solicita se ordene la destrucción de la sustancia incautada conforme al artículo 193 eiusdem.

Acto seguido se impuso a cada uno de los imputados del precepto constitucional previsto en el artículo 49 ordinal 5º de la Constitución Bolivariana de Venezuela, concatenado con los artículos 125 y 131 del Código Orgánico Procesal Penal que lo exime de declarar en causa penal que se siga en su contra, que puede declarar si lo desea en cuyo caso lo hará sin juramento y libre de todo tipo de coacción o apremio, o abstenerse de hacerlo sin que su negativa se tome como elemento en su contra, y que es la oportunidad que la ley les brinda para decir todo cuanto quiera para desvirtuar los hechos que le imputa el representante del Ministerio Público. Se le informó de la causa por la que se le sigue averiguación, con los artículos en que se funda, manifestando el imputado; J.G.U. manifesto que si desea declarar: y expone: “nosotros nos encontrabamos en una casa, el señor diogenes y mi persona estabamos haciendo el negocio de la sustancia ilicita cuando de pronto interrumpio una comision del Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y criminalisticas a la casa, minutos despues, la ciudadana Almaris mi mujer pues, llega en un taxi ella vio lo que estaba ocurriendo en la casa, y los funcionarios la metieron a la fuerza para adentro de la casa luego siguieron requisiando y le preguntaron a ella que i sabia algo, pero ella no sabia nada, ellos terminaron su procedimiento pero la sustancia habia sido incautada de mi cuerpo y del cuerpo de Diogenes, despues nos montaron en un vehiculo particular y nos llevaron a la sede del Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y criminalisticas, y de alli nos metieron al calabozo, hasta hoy que nos trasladaron a la comandancia. Es todo.

Seguidamente se procede a preguntar al ciudadano; DIOVER A.A. si va a declarar manifestando en viva voz: “No deseo declarar”. Es todo. Se procede a preguntar a la ciudadana; ALMARYS DEL C.G.M. si va a declarar manifestando en viva voz: “No deseo declarar”. Es todo.

Acto seguido la Jueza le concede la palabra a la Defensora quien expone sus alegatos de defensa y manifiesta: “solicito la L.d.A. del C.G. y me reservo las diligencias para demostrar su inocencia. Es todo.”

III

DECISION DEL TRIBUNAL

ESTE TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCON, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley previo a emitir los pronunciamientos a que haya lugar, realiza la siguiente consideración, consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 44, la inviolabilidad del derecho a la l.p., estableciendo que la aprehensión de cualquier persona sólo puede obrar en virtud de dos condiciones, a saber, orden judicial o flagrancia. En el presente caso, la detención de los ciudadanos: DIOVER ARGUELLE, ALMARYS DEL C.G.M. y J.G.U., fue efectuada por flagrancia, razón por la cual es lógico afirmar que la misma se realizo sin contravenir nuestro Texto Constitucional. En este sentido es necesario enfatizar que La flagrancia, es una de las excepciones establecidas a la regla general establecida en el Art. 44-1 CRBV, que consagra “La l.p. es inviolable; en consecuencia:

1. -Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti…”

   Sobre la aprehensión por flagrancia como excepción a la regla general que es la l.p., es necesario destacar el criterio jurisprudencial consagrado por la Sala Constitucional la cual ha expresado en decisión emitida en Fecha 11 de Diciembre del 2001, N.- 2580 que:

   “…La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 44, consagra la inviolabilidad del derecho a la l.p., estableciendo que la aprehensión de cualquier persona sólo puede obrar en virtud de dos condiciones, a saber, orden judicial o flagrancia…(Omissis)

   … “La reciente reforma del Código Procesal Penal,… (Omisis) define flagrancia en su artículo 248, en términos idénticos a la normativa transcrita.

   Observa la Sala que, según la norma anterior, la definición de flagrancia implica, en principio, cuatro (4) momentos o situaciones:

1. 1. Delito flagrante se considera aquel que se esté cometiendo en ese instante y alguien lo verificó en forma inmediata a través de sus sentidos.

   La perpetración del delito va acompañada de actitudes humanas que permiten reconocer la ocurrencia del mismo, y que crean en las personas la certeza, o la presunción vehemente que se está cometiendo un delito.

   Es esa situación objetiva, la que justifica que pueda ingresarse a una morada, establecimiento comercial en sus dependencias cerradas, o en recinto habitado, sin orden judicial escrito de allanamiento, cuando se trata de impedir su perpetración (artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal, publicado en la Gaceta Oficial Nº 3.558 Extraordinario del 14 de noviembre de 2001).

   Ahora bien, existen delitos cuya ejecución se caracterizan por la simulación de situaciones, por lo oculto de las intenciones, por lo subrepticio de la actividad, y en estos casos la situación de flagrancia sólo se conoce mediante indicios que despiertan sospechas en el aprehensor del supuesto delincuente.

   Si la sola sospecha permite aprehender al perseguido, como lo previene el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, y considerar la aprehensión de dicho sospechoso como legítima a pesar que no se le vio cometer el delito, con mayor razón la sola sospecha de que se está perpetrando un delito, califica de flagrante a la situación.

   No debe causar confusión el que tal detención resulte errada, ya que no se cometía delito alguno. Ello originará responsabilidades en el aprehensor si causare daños al aprehendido, como producto de una actividad injustificable por quien calificó la flagrancia.

   También es necesario que la Sala apunte, que a pesar que el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal no lo contemple, el aprehensor -como prueba de la flagrancia- podrá requisar las armas e instrumentos con los cuales aparezca que se ha cometido el delito o que fueren conducentes a su esclarecimiento, tal como lo contemplaba el artículo 185 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, el cual era una sabia norma, ya que en muchos casos la sóla aprehensión de una persona no basta, si no puede vincularse a ésta con el delito que se dice se estaba cometiendo o acababa de cometerse; o si no puede justificarse la detención de quien se encontraba cerca del lugar de los hechos, si no se presentan las armas, instrumentos u objetos que de alguna manera hicieron presumir con fundamento al aprehensor, que el detenido es el delincuente.

2. Es también delito flagrante aquel que “acaba de cometerse”. En este caso, la ley no especifica qué significa que un delito “acabe de cometerse”. Es decir, no se determina si se refiere a un segundo, un minuto o más. En tal sentido, debe entenderse como un momento inmediatamente posterior a aquel en que se llevó a cabo el delito. Es decir, el delito se cometió, y de seguidas se percibió alguna situación que permitió hacer una relación inmediata entre el delito cometido y la persona que lo ejecutó. Sólo a manera de ejemplo, podría pensarse en un caso donde una persona oye un disparo, se asoma por la ventana, y observa a un individuo con el revólver en la mano al lado de un cadáver.

3. Una tercera situación o momento en que se considerará, según la ley, un delito como flagrante, es cuando el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público. En este sentido, lo que verifica la flagrancia es que acaecido el delito, el sospechoso huya, y tal huída da lugar a una persecución, objetivamente percibida, por parte de la autoridad policial, por la víctima o por el grupo de personas que se encontraban en el lugar de los hechos, o que se unieron a los perseguidores. Tal situación puede implicar una percepción indirecta de lo sucedido por parte de aquél que aprehende al sospechoso, o puede ser el resultado de la percepción directa de los hechos, lo que originó la persecución del sospechoso.

4. Una última situación o circunstancia para considerar que el delito es flagrante, se produce cuando se sorprenda a una persona a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde ocurrió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir, con fundamento, que él es el autor. En este caso, la determinación de la flagrancia no está relacionada con el momento inmediato posterior a la realización del delito, es decir, la flagrancia no se determina porque el delito “acabe de cometerse”, como sucede en la situación descrita en el punto 2. Esta situación no se refiere a una inmediatez en el tiempo entre el delito y la verificación del sospechoso, sino que puede que el delito no se haya acabado de cometer, en términos literales, pero que por las circunstancias que rodean al sospechoso, el cual se encuentra en el lugar o cerca del lugar donde se verificó el delito, y, esencialmente, por las armas, instrumentos u otros objetos materiales que visiblemente posee, es que el aprehensor puede establecer una relación perfecta entre el sospechoso y el delito cometido.”

   Del análisis realizado a la doctrina jurisprudencial antes citada, concatenándola con el caso in comento al establecer en el Acta Policial de fecha 26-01-2011, se deja constancia de las condiciones de modo lugar y tiempo del procedimiento efectuado por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Sub-Delegación Coro inserta a los folios seis (06), siete (07) y ocho (08) y su vuelto, los cuales entre otras cosas exponen:“ En esta misma fecha siendo las 09:00 horas de la mañana, encontrándome en labores de patrullaje en compañía de los funcionarios Agentes O.L., C.D., J.L., P.G., A.C., A.C. y DARWIIN TORREALBA, a bordo de vehículos particulares y en momentos que nos encontrábamos por el sector Bobare específicamente en el callejón jurado de esta ciudad, avistamos a tres personas entre los cuales se encontraba una fémina, quienes portaban como vestimenta la ciudadana una blusa de color morado y un pantalón Jeans azul, el segundo de los sujetos una bermuda de color azul y una franela de color blanco y a su vez un morral de color negro y el tercer sujeto un pantalón tipo mono de color azul y una franelilla de color amarillo, así mismo el segundo sujeto mencionado que portaba el bolso tipo morral y para ese momento saco del referido bolso un paquete envuelto en una bolsa de material sintético de color azul pero de manera rápida le hizo entrega al otro sujeto y este lo guardo en el cinto del mono que portaba y lo oculto con su franela, en vista de tal situación irregular, optamos por identificarnos como funcionarios de este Despacho, quienes al notar nuestra presencia emprendieron veloz huida hacia la parte posterior de una residencia que funge como solar completamente enmontado por lo que amparados en el articulo 210 del Código Orgánico Procesal Penal, se inicio una persecución detrás de los referidos ciudadanos al igual que la fémina y estos al momento de intentar introducirse a una cava de color blanco que se encuentra abandonada en dicho lugar, por lo que con las medidas de seguridad del caso fueron aprehendidos y amparados en el articulo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, se procedió a efectuarle una revisión corporal por lo que se logro incautar al ciudadano que vestía una bermuda de color azul y una franela de color blanco y portaba un bolso tipo morral de color negro localizándose en el interior del mismo un (01) envoltorio del tipo franela elaborado en material sintético de color azul, así como trece (13) envoltorios de regular tamaño de los cuales diez (10) elaborados en material sintético de color negro y tres envoltorios elaborados en papel de aluminio todos contentivos en su interior de restos vegetales así como un arma de fuego tipo revolver, marca s.W., sin modelo aparente, calibre 38mm, pavón cromado, serial numero 41243, con seis (06) balas del mismo calibre, 02 teléfonos celulares uno marca ZTE modelo ZTE-CS130 de color NEGRO Y ROJO, serial numero 323400810659 con su respectiva batería serial numero 10091005121131825 y uno marca SANSUNG modelo GT-82100 de color NEGRO Y ROJO serial numero R4XZ795881 con su respectiva batería serial numero BDZ528VS/4-B y la cantidad 50 bolívares fuertes presuntamente producto de la venta “….(Omissis)… lo que se subsume en el supuesto 2º de la citada Jurisprudencia al manifestar: 2º Delito flagrante se considera aquel que se esté cometiendo en ese instante y alguien lo verificó en forma inmediata a través de sus sentidos.

   La perpetración del delito va acompañada de actitudes humanas que permiten reconocer la ocurrencia del mismo, y que crean en las personas la certeza, o la presunción vehemente que se está cometiendo un delito.

   Es esa situación objetiva, la que justifica que pueda ingresarse a una morada, establecimiento comercial en sus dependencias cerradas, o en recinto habitado, sin orden judicial escrito de allanamiento, cuando se trata de impedir su perpetración (artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal, publicado en la Gaceta Oficial Nº 3.558 Extraordinario del 14 de noviembre de 2001).

   Ahora bien, existen delitos cuya ejecución se caracterizan por la simulación de situaciones, por lo oculto de las intenciones, por lo subrepticio de la actividad, y en estos casos la situación de flagrancia sólo se conoce mediante indicios que despiertan sospechas en el aprehensor del supuesto delincuente.

   Si la sola sospecha permite aprehender al perseguido, como lo previene el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, y considerar la aprehensión de dicho sospechoso como legítima a pesar que no se le vio cometer el delito, con mayor razón la sola sospecha de que se está perpetrando un delito, califica de flagrante a la situación…(Omisis) por lo que se constata que la detención de los referidos ciudadanos se realizo bajo la flagrancia, bajo la excepción a la regla general establecida en el Art. 44-1 CRBV

   Ahora bien, oídas y escuchadas las exposiciones y solicitudes de las partes, se observa que existe concurrencia de los requisitos requeridos por la norma procesal en el presente caso, al encontrarse acreditada la comisión de un hecho punible que merece pena privativa de libertad, y que no se encuentra evidentemente prescrito, como lo es para los ciudadanos; DIOVER ARGUELLE, ALMARYS DEL C.G.M., por la presunta comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS y ASOCIACION PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el artículo 149 primer aparte de ley Orgánica de drogas y articulo 06 de la Ley Orgánica para la Delincuencia organizada en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO y para el Imputado J.G.U. por la presunta comisión del delito de los delitos de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, ASOCIACION PARA DELINQUIR, PORTE ILICITO DE ARMA Y APROVECHAMIENTO DE OBJETOS PROVENIENTES DEL DELITO previstos y sancionados en los artículo 149 primer aparte de ley Orgánica de drogas, articulo 6 de la Ley Orgánica para la Delincuencia organizada, 277 y 470 del Código penal, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, cuya acción penal no está evidentemente prescrita. Asimismo, se evidencia fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión del hecho punible atribuido por el representante del Ministerio Público; así mismo surgen suficientes elementos de convicción que hacen presumir que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión del hecho punible que le imputa el Ministerio Público, todo lo cual se puede verificar en las actas que el Ministerio Público presenta ante este Juzgado de Control, tales como se desprende en: 1.- Orden de Inicio de Investigación de fecha 26-01-2011 inserta al folio cuatro (04); 2.- ACTA POLICIAL, de fecha 26-01-2011, se deja constancia de las condiciones de modo lugar y tiempo del procedimiento efectuado por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Sub-Delegación Coro inserta a los folios seis (06), siete (07) y ocho (08) y su vuelto; 3.- Acta de Notificación de Derechos impuesto a los Imputados; DIOVER ARGUELLE, ALMARYS DEL C.G.M. y J.G.U. inserta a los folios diez (10), once (11) y doce (12) y su vuelto; 4.- Acta de Inspección realizada por funcionarios adscritos al Departamento de Toxicología del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas inserto al folio veinte (20 ); 5.- Experticia Química realizada por funcionarios adscritos al Departamento de Toxicología del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas inserto al folio veintiuno (21) y su vuelto; 6.- Registro de Cadena de C.d.E.F. inserto al folio diecisiete (17 ) y su vuelto; 7.- Descripción de las Evidencias Suministradas inserto al folio veinticuatro (24) y su vuelto; 8.- Registro de Cadena de C.d.E.F. inserto al folio veinticinco (25 ) y su vuelto; 9.- Experticia realizada por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas inserto al folio veintisiete (27) y su vuelto;10.- Registro de Cadena de C.d.E.F. inserto al folio veintiocho (28 ) y su vuelto; 11.- Experticia realizada por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas inserto a los folios treinta (30) y treinta y uno (31) y su vuelto; 12.- Registro de Cadena de C.d.E.F. inserto al folio treinta y dos (32) y su vuelto;

   Ahora bien; considera esta Juzgadora que de las actuaciones mencionadas, existen suficientes elementos de convicción que hacen presumir que los ciudadanos: DIOVER ARGUELLE, ALMARYS DEL C.G.M. y J.G.U., son autores o partícipe del hecho punible que le fue imputado por el Ministerio Público, de lo que se acredita la comisión de los delitos para los ciudadanos; DIOVER ARGUELLE, ALMARYS DEL C.G.M., por la presunta comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS y ASOCIACION PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el artículo 149 primer aparte de ley Orgánica de drogas y articulo 06 de la Ley Orgánica para la Delincuencia organizada en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO y para el Imputado J.G.U. por la presunta comisión del delito de los delitos de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, ASOCIACION PARA DELINQUIR, PORTE ILICITO DE ARMA Y APROVECHAMIENTO DE OBJETOS PROVENIENTES DEL DELITO previstos y sancionados en los artículo 149 primer aparte de ley Orgánica de drogas, articulo 6 de la Ley Orgánica para la Delincuencia organizada, 277 y 470 del Código penal, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO por cuanto existe la presunción que los referidos imputados son autores o partícipe del hecho punible que le fue imputado por el Ministerio Público, ya que, según las actuaciones presentadas ante este Tribunal por parte del Ministerio Publico evidencian en su conjunto fundados elementos de convicción para estimar que los hoy imputados pudieran estar incurso en la comisión del delito ya citado; y con fundamento en los principios de Estado de Libertad y de Proporcionalidad establecidos en los artículos 243 y 244 del Código Orgánico Procesal Penal; aunado al hecho de que nos encontramos ante la presunta comisión de los delitos de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS previsto y sancionado en el artículo 149 primer aparte de ley Orgánica de drogas, el cual ha sido catalogado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Vid. Sentencia No. 3167 de fecha 09/12/2002) como un delito de lesa humanidad, dado el grado de afectación que éste desmán causa al conglomerado social, a la salud pública en general y la propensión sistemática de otros hechos delictivos que se cometen con ocasión de la operación de la empresa del narcotráfico; indudablemente tienen excluido los beneficios que puedan conllevar a su impunidad. En tal sentido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión de fecha 09 de noviembre de 2005, precisó“…De allí que las interrogantes planteadas por la hoy solicitante ya fueron resueltas por esta Sala Constitucional con anterioridad a la interpretación que hoy se pretende en las sentencias parcialmente transcritas, las cuales no dejan lugar a dudas en consideración de esta Sala, que los delitos contra los derechos humanos y de lesa humanidad, son susceptibles de ser cometidos no sólo por los funcionarios del Estado sino por cualquier ciudadano, así como, que el delito de tráfico de estupefacientes -caso en los cuales fundamentó el recurrente su solicitud- es un delito de lesa humanidad (a los efectos del derecho interno) y de la imposibilidad para quienes estén siendo enjuiciados por dicho delito a obtener medidas cautelares sustitutivas de la medida de privación de libertad cuando la misma haya sido decretada. Siendo ello así, no puede pensarse que la Constitución al establecer en su artículo 29, la prohibición de aplicar beneficios que puedan conllevar a la impunidad en la comisión de delitos contra los derechos humanos, lesa humanidad y crímenes de guerra, estaría derogando la presunción de inocencia, sino que al establecer la referida prohibición, se excepciona para esos casos, el principio de juzgamiento en libertad, dada la magnitud de dichos delitos y el bien jurídico tutelado en el tipo penal, como lo es el respeto a los derechos humanos, ello obedece a la necesidad procesal de impedir que se obstaculice la investigación y se establezcan las sanciones correspondientes a los responsables de hechos de esta naturaleza, siendo ello de interés general, a fin de prevenir la comisión de los mismos. Así pues, con base en la referida prohibición la Sala dejó sentado en la citada sentencia dictada el 12 de septiembre de 2001, para efectos de los delitos a los que hace referencia el artículo 29 Constitucional, que no es aplicable el artículo 253 hoy 244 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, ni las medidas cautelares sustitutivas a que hace referencia el Capítulo IV del Título VIII, del Libro Primero del referido Código. Asimismo, el artículo 29 prohíbe la aplicación de los beneficios como el indulto y la amnistía, como también se establece que dichos delitos son imprescriptibles de conformidad con lo establecido en el artículo 29, en concordancia con el artículo 271 de la Constitución, lo cual no quiere decir que se establezca a priori la culpabilidad de los imputados sino que obedece a razones de excepción contempladas en la Ley Fundamental…”. (Negritas de la Sala). En relación al hecho punible que le están siendo imputado, implicaría una pena privativa de libertad de mas de (10) diez años de prisión; circunstancias estas que hacen presumir muy razonablemente el peligro de fuga o obstaculización de la verdad respecto a la investigación en este proceso judicial, todo lo cual conforma los tres ordinales constitutivos del artículo 250, así como los artículos 251 y 252 ambos del Código Orgánico Procesal Penal venezolano vigente.

   Por lo antes expuesto lo procedente en derecho es declarar sin lugar la L.P. solicitada por la defensa de autos por cuanto esta juzgadora considera que no hubo violación del Articulo 44 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, con fundamento a lo anteriormente expuesto se constata que el procedimiento policial fue practicado en cumplimiento con los derechos y garantías consagrados en los artículos 26, 44 y 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela por lo que se declara sin lugar la solicitud de l.p. solicitada por la defensa de autos.

   Es de hacer notar que si bien toda persona inculpada de la comisión de un delito tiene derecho a que se presuma legalmente su inocencia, y a que se le trate como inocente mientras no se establezca su culpabilidad, no es menos cierto que el ordenamiento procesal penal venezolano admite por estrictas razones de orden procesal la limitación de algunos derechos del imputado cuando ello resulte imprescindible para asegurar los fines de la ley penal y proceso penal como es el caso de autos, es así como nuestra ley fundamental en su artículo 44 que establece la Inviolabilidad de la L.P., dispone en consecuencia en su ordinal 1°; “…ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden de aprehensión, a menos que sea sorprendido in fraganti. En este caso será llevado ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso…”, (subrayado y negritas nuestras), recalcando también, que la limitación a la libertad no constituye en todo caso una lesión a la presunción de inocencia; en tal virtud, por considerarse ajustado a Derecho y a Justicia, conforme los artículos 2, 26, 44 y 257 todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tal solicitud, razón por la cual es procedente en derecho en el caso que nos ocupa, declarar con lugar la solicitud fiscal y en consecuencia imponer la medida cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad de conformidad con lo previsto en el artículo 250, en concordancia con el artículo 251, numerales 2 y 3, todos del texto adjetivo penal, tomando las circunstancias de este caso, tales como la exposición del ciudadano fiscal, de los imputados y de su defensor para ordenar la apertura de la investigación en contra del mismo, por lo que se declara sin lugar el requerimiento de la defensa de autos este Tribunal DECLARA CON LUGAR lo solicitado por el Ministerio Público con relación a la MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL DE LIBERTAD de los imputados: DIOVER ARGUELLE, ALMARYS DEL C.G.M., por la presunta comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS y ASOCIACION PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el artículo 149 primer aparte de ley Orgánica de drogas y articulo 06 de la Ley Orgánica para la Delincuencia organizada en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO y para el Imputado J.G.U. por la presunta comisión del delito de los delitos de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, ASOCIACION PARA DELINQUIR, PORTE ILICITO DE ARMA Y APROVECHAMIENTO DE OBJETOS PROVENIENTES DEL DELITO previstos y sancionados en los artículo 149 primer aparte de ley Orgánica de drogas, articulo 6 de la Ley Orgánica para la Delincuencia organizada, 277 y 470 del Código penal, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, por llenarse los extremos de los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal; así mismo se Declara Sin Lugar la Solicitud de L.P. interpuesta por la Defensa en la presente causa en virtud de que la misma no satisface los supuestos de procedencia de la misma y mucho menos garantiza las posibles resultas del presente proceso penal, ya que, de comprobarse fehacientemente la imputación formulada en contra del imputado de autos, estaríamos en presencia de la posibilidad de llegar a imponer penas superiores a los diez (10) años de Prisión. Por último se le recuerda a las partes que esta etapa de procedimiento penal es de la llamada fase de investigación, correspondiéndole, tanto al Ministerio Publico como a la Defensa velar por el cabal cumplimiento de la misma, en búsqueda de la verdad procesal. Se Decreta el seguimiento de la presente causa por el Procedimiento Ordinario, de conformidad a lo establecido en el articulo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia Se ordena la aplicación del Procedimiento Ordinario, al considerar este Tribunal que el Representante del Ministerio Público, tiene el deber ineludible de la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas, tal y como lo establece el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, y a esa finalidad debe atenerse en todas sus actuaciones, y constatando este Juzgado de Control que se requiere la práctica de diversas diligencias tendentes al total esclarecimiento de los hechos expuestos en esta audiencia por las partes, es de advertir a las partes, que nos encontramos en la fase de investigación y respetando la igualdad de las partes y el debido proceso, los actores del mismo deberán realizar la búsqueda de la verdad y colectar los elementos que culpen o exculpen según sea el caso, a los fines de asegurarle al hoy imputado de autos y que permitan fundar cualquiera de los actos conclusivos por parte del Ministerio Publico. A tales efectos nuestro sistema penal Acusatorio como tal, ha creados disposiciones generales para el cumplimiento y obligaciones tanto para el Ministerio Publico como para los jueces, quienes deben de velar porque se cumplan, tal como lo ha expresado en el articulo 280. Objeto (transcribir) 281. Alcance. (transcribir) y el Artículo 282. Control judicial. A los jueces de esta fase les corresponde controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en este Código, en la Constitución de la República, tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República; y practicar pruebas anticipadas, resolver excepciones, peticiones de las partes y otorgar autorizaciones situación que constata que debido a que nos encontramos en una fase de investigación la cual a tenor de los artículo 280 y 281 del Código Orgánico Procesal Penal, tiene por objeto la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación preparación del juicio oral y público, mediante la investigación de la verdad y la de Fiscal y a defensa del Imputado, siendo su alcance igualmente que el Ministerio Público debe hacer constar no solo los hechos y circunstancias útiles, para fundar a inculpación del imputado, sino también aquellos que sirvan para exculparlo es por lo que tal diligencia de investigación puede practicarse perfectamente en el decurso de dicha fase de investigación, es por lo que quien aquí decide considera que lo procedente es que se continúe la investigación por la vía del Procedimiento Ordinario, de conformidad con lo establecido en el último aparte del artículo 373 en relación con los artículos 280 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. En la presente causa de conformidad a lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Se ordena la reclusión de los ciudadanos; DIOVER ARGUELLE, ALMARYS DEL C.G.M. y J.G.U., en el Internado Judicial de Coro.

   IV

PARTE DISPOSITIVA

ESTE TRIBUNAL CUARTO DE CONTROL, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA PRIMERO: Se decreta la Medida Privativa de Libertad de conformidad a lo previsto en los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal a los ciudadanos; DIOVER ARGUELLE; , venezolano, titular de cédula de identidad 17.586.841, de 32 años de edad, nació en Coro, el 12-07-1978, residenciado en Bobare, callejón jurado, casa sin numero de color blanco, donde anteriormente estaba ubicado el Supermercado De Casa, sin teléfono, de profesión u oficio Obrero. Manifiesta no saber leer ni escribir; y ALMARYS DEL C.G.M., venezolana, titular de cédula de identidad 20.212.722, de 21 años de edad, nació en Coro, el 03-10-1989, residenciado en la Urbanización los Medanos, manzana B, vereda B66, casa sin numero de color rosada, Teléfono 0424-6309730 (de su papá) de profesión u oficio ama de casa, manifiesta saber leer y escribir; por la presunta comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS y ASOCIACION PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el artículo 149 primer aparte de ley Orgánica de drogas y articulo 06 de la Ley Orgánica para la Delincuencia organizada en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO y para el Imputado J.G.U.; venezolano, titular de cédula de identidad 17.349.427, de 25 años de edad, nació en Coro, el 30-01-1985, residenciado en EL callejón Jurado Sector Bobare, casa sin numero de color azul, sin Teléfono, de profesión u oficio trabaja en un taller de mecánica. Manifiesta saber leer y escribir; por la presunta comisión del delito de los delitos de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, ASOCIACION PARA DELINQUIR, PORTE ILICITO DE ARMA Y APROVECHAMIENTO DE OBJETOS PROVENIENTES DEL DELITO previstos y sancionados en los artículo 149 primer aparte de ley Orgánica de drogas, articulo 6 de la Ley Orgánica para la Delincuencia organizada, 277 y 470 del Código penal, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. SEGUNDO: Se declara Sin lugar la solicitud de l.P. invocada por la defensa de autos, por no ser procedente en derecho. TERCERO: Se acuerda la aplicación de las reglas del procedimiento ordinario de conformidad con el artículo 280 y 283 del Código Orgánico Procesal Penal. CUARTO: Se declara Con Lugar la solicitud del Ministerio Publico y se ordena la destrucción de la sustancia incautada conforme al artículo 193 de la Ley Orgánica de Droga. QUINTA: Se ordena la reclusión de los ciudadanos; DIOVER ARGUELLE, ALMARYS DEL C.G.M. y J.G.U., en el Internado Judicial de Coro. SEXTA: Se ordena la remisión de la presente causa a la Fiscalía Vigésima Primera del Ministerio Público del Estado Falcón, una vez transcurrido el lapso legal correspondientes a los fines de continuar con el procedimiento previsto en la Ley especial que rige la materia.

Publíquese, regístrese, diarícese. Notifíquese a las partes de conformidad con el Código Orgánico Procesal Penal. Remítase con oficio.-

LA JUEZA CUARTO DE CONTROL

ABG. M.C.P.I.

LA SECRETARIA

ABG. YORGELIS CASTILLO.-

En la misma fecha se dio cumplimiento con lo ordenado, quedando registrada la decisión bajo el Nº PJ0042011000076.-

LA SECRETARIA.

ABG. YORGELIS CASTILLO.-

MCP&***