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Disparar a la cabeza

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Vincent

Todo es horrible en el asesinato de Karen Berendique. Todo es vil, espantosamente violen to y espejo de esta república de la injusticia, que es Venezuela en la actualidad. Pero lo más desalentador es la evidencia de que los venezolanos no tenemos país. La joven víctima es nacida en Venezuela, pero hemos sabido de él, en su horrorosa dimensión, porque el padre de la muchacha masacrada es cónsul de Chile y este país se movilizó inmediatamente para manifestar su airada protesta y exigir el esclarecimiento de los hechos. Las autoridades venezolanas, en cambio, ofrecieron una bochornosa exhibición de impericia para los cargos que desempeñan, así como una pasmosa insensibilidad frente a la angustia de la ciudadanía, que vive en la convicción de que la emboscada a los Berendique puede cebarse en cualquier momento contra sus propios hijos. El pronunciamiento menos es trafalario fue el del ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck el Aissami, quien, sin embargo, se permitió aludir al crimen como una errada y desviada práctica policial del Cicpc. Cómo puede, este fracasado funcionario, bajo cuyo mandato la delincuencia ha crecido con rampante impunidad, llamar desviada práctica a la noche en que unos detectives sin identificación improvisaron una alcabala para detener ciudadanos en el mismo recodo en que en la víspera se habían emplazado unos ladrones de carros. Y cómo ponerle el nombre de errada práctica a la que consiste en disparar a la cabeza de una muchacha, porque el conductor del carro donde viajaba desatendió una voz de alto que supuso la perdición de los Faddoul. Con todo, las declaraciones del improvisado El Aissami no fueron tan desafortunadas como las de la ministra de la Juventud, Mari Pili Hernández, quien optó por soltar el cuatro con que dedica serenatas al Presidente para decir que lo importante era que el Cicpc había actuado tras conocerse los hechos, olvidando que el crimen fue perpetrado precisamente por miembros del Cicpc, de manera que lo más importante es que quienes deberían proteger a la ciudadanía son quienes la maltratan, persiguen, extorsionan, secuestran y asesinan. Será que la ministra cantarina ignora el informe de Provea de 2011, donde se señala al Cicpc como el cuerpo policial con más acusaciones...

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