Decisión nº KP02-N-2007-000079 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 17 de Junio de 2009
| Fecha de Resolución | 17 de Junio de 2009 |
| Emisor | Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo |
| Ponente | Freddy Josue Duque Ramirez |
| Procedimiento | Recurso De Nulidad |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Región Centro Occidental
Barquisimeto, diecisiete de junio de dos mil nueve
199º y 150º
ASUNTO: KP02-N-2007-000079
PARTE RECURRENTE: DISTRIBUIDORA MERCAUCHO C.A. empresa inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, bajo el Nº 65, tomo 49-A, de fecha 23 de diciembre de 1998.
REPRESENTANTE JUDICIAL DE LA PARTE RECURRENTE: A.V.D., venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 57.046.
PARTE RECURRIDA: INSPECTORÍA DEL TRABAJO “PEDRO PASCUAL ABARCA” DEL ESTADO LARA.
MOTIVO: SENTENCIA DEFINITIVA DE RECURSO DE NULIDAD
I
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA
El 12 de marzo del 2007, recibe este despacho el presente recurso de nulidad, incoado por la empresa DISTRIBUIDORA MERCAUCHO C.A. en contra de la providencia administrativa Nº F-0005-2007, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO “PEDRO PASCUAL ABARCA” DEL ESTADO LARA, y en la cual se declaro con lugar el reenganche y pago de salarios caídos del ciudadano J.J.M., venezolano, titular de la cedula de identidad Nº 16.584.396.
Así las cosas, el 19 de marzo del 2007, se admitió el presente recurso, ordenándose las citaciones y notificaciones necesarias para llevar a cabo el procedimiento de ley.
Luego de practicadas las citaciones y notificaciones ordenadas en el auto de admisión, se realizo la audiencia oral y publica el 12 de diciembre de 2008, a la cual acudió la parte recurrente y la representación fiscal. En este acto se solicito la apertura del lapso de prueba.
Vencido el lapso de prueba aperturado en la audiencia oral, se realizo la audiencia de informes el 19 de marzo del 2009, la cual luego de declararse terminada, se dio continuidad a las etapas de relación de causa.
Posteriormente, este tribunal por auto de fecha 29 de abril del 2009, dejo constancia de que venció la segunda etapa de relación, por lo tanto se acogió al lapso establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Tribunal Supremo de Justicia, para dictar la sentencia definitiva.
Finalmente, quien aquí decide luego de revisar de manera pormenorizada las actas que rielan al expediente, y estando en el lapso de dictar sentencia, pasa a considerar lo siguiente:
II
DE LA COMPETENCIA
A los efectos de determinar la competencia de este Tribunal Superior Civil y Contencioso Administrativo para el conocimiento del presente asunto, considera quien aquí juzga citar un extracto de la Sentencia Nº 3517, de fecha 14 de noviembre de 2005 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la que sin lugar a dudas se determinó la competencia en primer grado de jurisdicción a los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos Regionales para el conocimiento de los recursos de nulidad interpuestos contra las Providencias Administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo:
(…)Así pues, como se desprende del precedente jurisprudencial citado, el cual esta Sala ratifica y hace suyo, actualmente el conocimiento de los recursos de nulidad interpuestos contra las providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo corresponde en primer grado de jurisdicción a los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos Regionales, y en apelación a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, todo ello en pro de los derechos de acceso a la justicia de los particulares, a la tutela judicial efectiva, a la celeridad procesal y el principio pro actione, en concatenación con lo previsto en el artículo 257 de la Carta Magna, relativo al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia (Vid. Sentencia de la Sala Nº 3.093 del 18 de octubre de 2005).
Ello así, todos los Tribunales de la República, entre ellos, las Cortes de lo Contencioso Administrativo, los Tribunales Laborales y los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo Regionales, quedan encargados de velar por el acatamiento del criterio jurisprudencial aquí ratificado, y por lo tienen el deber de remitir todas las causas que reposan en sus archivos a los Tribunales que resulten competentes sin mayor dilación, en acatamiento a lo previsto en los artículos 26 y 257 de la Carta Magna.
En tal sentido, es perentorio para esta Sala indicar que en los casos en que las Cortes de lo Contencioso Administrativo hubieren conocido y decidido alguna demanda de nulidad contra una providencia administrativa emanada de una Inspectoría del Trabajo, en ejercicio de la competencia que para el momento había sido otorgada por la sentencia de esta Sala Constitucional Nº 2.862 del 20 de noviembre de 2002, dicha decisión será legítima, pues cuando se dictó aún no había sido dictado el fallo que cambió el criterio en materia de competencias para el conocimiento de tales causas -2 de marzo de 2005-; en consecuencia, el Tribunal a quien corresponderá el conocimiento en segunda instancia de aquella decisión es la alzada natural de dicha Corte, esto es la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, en virtud del principio perpetuatio jurisdictionis, en aras de la seguridad jurídica y dado que los cambios de criterios jurisprudenciales no pueden aplicarse retroactivamente.
Por otro lado, las causas de nulidad que se encuentren en fase de sustanciación, vistos o para sentencia definitiva, deberán ser inmediatamente remitidas al Tribunal competente en primera instancia en base al criterio jurisprudencial aquí expuesto, esto es a los Juzgadores Superiores Contencioso Administrativos Regionales, a los cuales corresponderá continuar con la sustanciación del expediente para su curso regular y la consiguiente decisión definitiva; correspondiéndole el conocimiento de la apelación de tales decisiones a las Cortes de lo Contencioso Administrativo.
Así las cosas, esta Sala exhorta nuevamente a todos los Tribunales del país, para que acaten la doctrina vinculante expuesta en el presente fallo, evitando así dilaciones procesales indebidas, reposiciones inútiles, o cualquier atentado contra la tutela judicial efectiva de los particulares; pues el derecho a dicha tutela, no supone solamente el acceso a la justicia y de poder accionar ante los Tribunales, sino también a obtener con prontitud la decisión correspondiente, sin formalismos ni reposiciones inútiles, así como el poder confiar en la ejecutividad de los fallos, y son los Tribunales de la República quienes deben fungir como ejemplo y principales propulsores en la consecución de ese valor llamado justicia.(…)
Ad literam, quien aquí juzga verifica la competencia de este Juzgado para el conocimiento el recurso de nulidad que ha sido planteado y así se determina.
III
DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS
Los estatutos de la empresa recurrente y la posterior modificación realizadas por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Lara, anexo a los folios 13 al 22, se valoran como documento publico.
Las actuaciones realizadas por ante la Inspectoría recurrida, incluyendo la providencia que aquí se recurre, que riela a los folios 23 al 26 del expediente, se valoran como documentos administrativos.
La constancia medica anexa al folio 27, se valora como documento privado.
La solicitud de servicio medico, realizada por la empresa recurrente, se valora como documento privado.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Este juzgador para decidir observa, que estamos frente a un recurso de nulidad, incoado por la empresa DISTRIBUIDORA MERCAUCHO C.A. en contra de la providencia administrativa Nº F-0005-2007, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO “PEDRO PASCUAL ABARCA” DEL ESTADO LARA, y en la cual se declaro con lugar el reenganche y pago de salarios caídos del ciudadano J.J.M., venezolano, titular de la cedula de identidad Nº 16.584.396, por considerar la recurrente, que dicha providencia es violatoria del derecho a la defensa y al debido proceso, además de que esta vicia de nulidad por incurrir en error de hecho, en virtud de que la Inspectoría recurrida no aperturó el lapso de prueba legalmente establecido cuando del interrogatorio realizado a la parte accionada en sede administrativa resultare controvertido al no aceptar que despidió al ciudadano J.M..
Ahora bien, del acta providencia anexa al folio 26, se puede observa, que ciertamente la empresa aquí recurrente afirmo 2 de las preguntas realizadas en el procedimiento administrativo y negó la ultima de ellas, por lo tanto correspondía a la Inspectoria del Estado Lara, aperturar el lapso de prueba por resultar controvertido el interrogatorio. Sin embargo, se puede observar en la misma acta, que la inspectoria recurrida lejos de aperturar el lapso de prueba, procedió a decidir en el mismo acto, la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, y declarándolo con lugar a favor del trabajador.
En corolario con lo anterior, se hace necesario señalar, que la Ley Orgánica del Trabajo en sus artículos 454 y 455 señalan textualmente que:
Artículo 454. Cuando un trabajador que goce de fuero sindical sea despedido, trasladado o desmejorado sin llenar las formalidades establecidas en el artículo anterior, podrá, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes, solicitar ante el Inspector del Trabajo el reenganche o la reposición a su situación anterior. El Inspector, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, notificará al patrono que debe comparecer al segundo día hábil, por sí o por medio de representante. En este acto el Inspector procederá a interrogarlo sobre:
a) Si el solicitante presta servicio en su empresa;
b) Si reconoce la inamovilidad; y
c) Si se efectuó el despido, el traslado o la desmejora invocada por el solicitante.
Si el resultado del interrogatorio fuere positivo o si quedaren reconocidos la condición de trabajador y el despido, el traslado o la desmejora, el Inspector verificará si procede la inamovilidad, y si así fuere, ordenará la reposición a su situación anterior y el pago de los salarios caídos.
Artículo 455. Cuando de este interrogatorio resultare controvertida la condición de trabajador de quien solicita el reenganche o la reposición, el Inspector abrirá seguidamente una articulación de ocho (8) días hábiles para las pruebas pertinentes; de los cuales, los tres (3) primeros serán para la promoción y los cinco (5) siguientes para su evacuación.
(Resaltado Propio)
Señalado lo anterior, y en vista que se obvio el procedimiento legalmente establecido, al no aperturar el lapso de prueba que establece el artículo 455 de la Ley Orgánica del Trabajo por haber resultado controvertido el interrogatorio realizado a la empresa aquí recurrente, tal proceder violentó el Derecho a la Defensa y al Debido Proceso consagrado en el articulo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, por lo tanto, apreciándose tal violación, la misma genera la nulidad de la providencia que aquí se recurre por ser contraria a derecho y así se declara.
Finalmente, habiéndose detectado un vicio que genera la nulidad de la providencia administrativa Nº F-0005-2007 emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO “PEDRO PASCUAL ABARCA” DEL ESTADO LARA, quien aquí juzga, debe de manera forzosa declarar Con Lugar el recurso de nulidad intentado por la empresa DISTRIBUIDORA MERCAUCHO C.A y así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide:
Se declara CON LUGAR el recurso de nulidad interpuesto por la empresa DISTRIBUIDORA MERCAUCHO C.A. en contra de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO “PEDRO PASCUAL ABARCA” DEL ESTADO LARA.
Se declara nula la providencia administrativa Nº F-0005-2007 de fecha 28 de febrero del 2007, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO “PEDRO PASCUAL ABARCA” DEL ESTADO LARA, en consecuencia se ordena reponer la causa al estado de que la Inspectoria recurrida aperture el lapso de prueba en el procedimiento administrativo, en virtud de que resulto controvertido el interrogatorio realizado a la parte patronal.
No se condena en costas por tratarse de un Ente de la Administración Pública.
Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Notifíquese al Procurador General de la República de conformidad con el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, a los diecisiete (17) días del mes de junio del año dos mil nueve (2009). Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
El Juez Titular
Dr. F.D.R.
La Secretaria,
Abogada S.F.C.
Publicada en su fecha a las 10:25 a.m.
La Secretaria,
FDR/ydg.-
