Decisión nº 1902 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 18 de Abril de 2013

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción

Judicial del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, 18 de abril de 2013

202º y 154º

ASUNTO N° AF41-U-2001-000149 SENTENCIA Nº 1902.-

ASUNTO ANTIGUO N° 1782

Vistos

con informes de la Administración Tributaria Municipal.

En horas de despacho del día 02 de noviembre de 2001, el ciudadano A.G.U., titular de la cédula de identidad N° 9.881.843 e inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nro. 57.999, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil “DISTRIBUIDORA ORANGE, C.A.”, inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, en fecha 13 de diciembre de 1982, bajo el N° 52, Tomo 155-A-Pro, interpuso recurso contencioso tributario de conformidad con lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Código Orgánico Tributario de 1994, aplicable ratione temporis al caso de autos, contra la expedición de los actos administrativos emanados del Despacho de la Dirección de Recaudación de Rentas Municipales de la Alcaldía del Municipio Chacao de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, contenidos en el Acta de Requerimiento Nº 001/2001, de fecha 24 de agosto de 2001, mediante la cual se conminó a cancelar a la mencionada contribuyente la cantidad de Bs. 46.490.368,83 equivalentes en moneda de curso vigente a Bs. 46.490,36, por concepto de impuestos y accesorios de patente de industria y comercio, tal como se demuestra a continuación:

Año Trimestre Monto REC. 10% M Ac Multa TOTAL

1999 2do y 4to 10.006.234,32 0 0 10.006.234,32

2000 4to 7.207.928,80 292.536,39 0 7.500.465,19

2001 1ero, 2do y 3ero. 23.885.015,25 2.710.152,54 2.388.501,53 28.983.669,32

TOTAL GENERAL 3.002.688,93 2.388.501,53 46.490.368,83

; y la Resolución Nº 1-0046/2001, de fecha 20 de octubre de 2001, mediante la cual se resolvió la suspensión de la Licencia de Industria y Comercio Nº 03-2-001-001306 otorgada a dicha contribuyente y el cierre temporal del establecimiento ubicado en la Avenida Ávila, Parcela Nº 6, 1º Etapa, Planta Alta, Urbanización Altamira, por un lapso de dos (02) semanas. Así mismo informa a la contribuyente que de verificarse el pago de la totalidad del monto adeudado, quedará restituido el derecho que le otorga la Licencia de Industria y Comercio para ejercer en jurisdicción de dicho Municipio, las actividades económicas por ella realizada.

Por auto de fecha 05 de noviembre de 2011, se le dio entrada a dicho recurso, ordenándose formar expediente bajo el Nº 1782, actual Asunto N° AF41-U-2001-000149, y librar boletas de notificación dirigidas a los ciudadanos Alcalde y Síndico Procurador del Municipio Chacao del Estado Miranda, Contralor General de la República y Fiscal General de la República. Asimismo, se solicitó el envío a este Órgano Jurisdiccional, del expediente administrativo formado con base al acto administrativo impugnado, así como un ejemplar de la Gaceta Municipal debidamente certificada; librándose al efecto, en esta misma fecha, las correspondientes boletas de notificación y Oficio Nº 843/2001.

En fecha 21 de enero de 2002, se recibió Oficio Nº SM/0043 emanado de la Sindicatura del Municipio Chacao del Estado Miranda, mediante el cual se remitió a este Órgano Jurisdiccional, copia certificada del expediente administrativo formado en base al acto administrativo impugnado.

Estando las partes a derecho, según consta en autos a los folios 143 al 146, ambos inclusive, se admitió dicho recurso mediante Sentencia Interlocutoria Nº 66, de fecha 17 de julio de 2002, abriéndose la causa a pruebas a partir del primer (1er) día de despacho siguiente.

En fecha 16 de septiembre de 2002, dentro de la oportunidad legal correspondiente, compareció únicamente la ciudadana E.M.V., titular de la cédula de identidad Nro. 10.869.925, e inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nro. 57.048, actuando en su carácter de apoderada judicial del Municipio Chacao del Estado Miranda, quien consignó escrito de promoción de pruebas, constantes de nueve (09) folios útiles, haciendo valer el mérito favorable de los autos. Posteriormente el Tribunal admitió la prueba promovida, mediante auto de fecha 07 de octubre de 2002, por cuanto la misma no es manifiestamente ilegal, ni impertinentes.

El 24 de febrero del 2003, oportunidad fijada por el Tribunal para que tuviera lugar el acto de informes, únicamente comparecieron los ciudadanos C.E.W.H., y C.A.P.L., titulares de las cédulas de identidad Nos. 12.389.691 y 12.402.497, e inscritos en el INPREABOGADO bajos los Nos. 70.442 y 79.463, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales del Municipio Chacao del Estado Miranda, quienes consignaron escrito de informes, constantes de veinticuatro (24) folios útiles; seguidamente el Tribunal dijo “VISTOS”, mediante auto de esa misma fecha, y entró en la oportunidad procesal de dictar sentencia.

No hubo más actuaciones por parte de la recurrente.

En fecha 15 de enero de 2013, quien suscribe la presente decisión en su carácter de Juez Provisorio de este Tribunal, debidamente designado mediante Oficio Nº CJ-09-0100 de fecha 06 de febrero de 2009, emanado de la Presidencia de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y Juramentado el día 04 de marzo de 2009, por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, se abocó al conocimiento de la presente causa; y asimismo, comparte el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 23 de octubre de 2002 (caso: Módulos Habitacionales, C.A.) donde se indicó:

"... el avocamiento (sic) de un nuevo Juez sea ordinario, accidental o especial, al conocimiento de una causa ya iniciada, debe ser notificado a las partes, aunque no lo diga la ley expresamente, para permitirle a éstas, en presencia de alguna de las causales taxativamente establecidas, ejercer la recusación oportuna, y de proceder ésta, con la designación del nuevo juzgador, garantizar a las partes su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido de acuerdo a la ley, derecho éste comprendido en el concepto más amplio de derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Siendo ello así, la falta de notificación a las partes del avocamiento (sic) de un nuevo Juez al conocimiento de una causa en curso, podría constituir una violación de la garantía constitucional del derecho de defensa; no obstante, considera esta Sala que, para configurarse tal violación, es necesario que, efectivamente, el nuevo Juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido resultaría inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma”. (Destacado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).

-I-

ÚNICO

De la revisión detallada de los autos que conforman el expediente de la causa in examine, puede este Juzgador evidenciar que desde la fecha en la cual se dijo “Vistos”, la representación judicial de la contribuyente “DISTRIBUIDORA ORANGE, C.A.” no ha instado el proceso, habiendo realizado su única actuación procesal cuando en fecha 02 de noviembre de 2001, su apoderado judicial interpuso el presente recurso contencioso tributario. A partir de allí, no ha ocurrido a dar impulso a la causa, por lo cual resulta oportuno analizar de seguidas, si se ha producido la pérdida sobrevenida del interés por parte de la recurrente y, consecuencialmente, el decaimiento de la acción incoada.

En cuanto al interés procesal, el maestro i.P.C., en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídicas E.A., Buenos Aires, 1973) señala:

El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.

.

Desde esta óptica de la doctrina procesal, resulta pertinente para el Tribunal hacer referencia del criterio jurisprudencial expuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia Nº 416 (caso: Ciudadanía Activa), publicada en fecha 28 de abril de 2009, el cual ratificó el planteamiento dimanado de dicha Sala en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.); indicó la Sala:

… (Omissis)

.

El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.

El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) C.J. Moncada’).

El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y M.P.M. de Valero’).

En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.

(Omissis)…

(Resaltado del Tribunal).

Del fallo parcialmente citado, se colige que la pérdida sobrevenida del interés puede ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión de la acción incoada o después que la causa ha entrado en fase de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se diga “VISTOS” y comience el lapso para dictar la sentencia de mérito.

En este punto, y a fin de una mayor profundización de las consideraciones antes señaladas, se estima acertado destacar lo puntualizado en el prenombrado fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se indicó lo siguiente:

(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:

a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.

b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido

. (Destacado de este Juzgado Superior).

Ahora bien, este Despacho comparte y está en sintonía con el criterio precedentemente expuesto, y evidencia que en el presente caso se está claramente en presencia de la segunda de las situaciones expuestas por la Sala Constitucional de nuestro M.T., ya que la accionante, luego que el Tribunal dijera “Vistos” en fecha 24 de febrero de 2003, no ha realizado ninguna otra actuación orientada a obtener el pronunciamiento respectivo en el recurso contencioso tributario por ella interpuesto, en razón de lo cual, habiendo comprobado el Tribunal que desde el 02 de noviembre de 2001, fecha en la cual el apoderado judicial interpuso el recurso contencioso tributario subjudice, hasta la fecha en la cual se toma esta decisión (18 de abril de 2013), ha transcurrido un lapso de once (11) años, cinco (05) meses y dieciséis (16) días , tiempo suficiente que rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión; situación está que, además, es indicio que la contribuyente “DISTRIBUIDORA ORANGE, C.A.” no ha manifestado interés en obtener la decisión sobre la acción ejercida.

A mayor abundamiento, vale destacar el análisis efectuado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en reciente decisión publicada en fecha 30 de noviembre de 2011, bajo el Nº 01624, caso: Industria Láctea Venezolana, C.A. (INDULAC), en la cual dicha Sala, como Alzada natural de esta Jurisdicción Especial Tributaria y conociendo el recurso de apelación interpuesto por la sociedad mercantil antes mencionada contra una sentencia dictada por el Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de esta Circunscripción Judicial, la cual declaró la “extinción del proceso por la pérdida del interés” en un caso similar al analizado en el presente fallo, expresó:

(…)

Ahora bien, en el caso concreto esta Alzada pudo constatar que, tal como lo señaló la recurrida, desde el 11 de enero de 2000, fecha en la cual el Tribunal dijo “vistos”, hasta el 10 de agosto de 2011 cuando la representación judicial de la empresa contribuyente ejerció la apelación, no se evidencia ninguna actuación por parte de la accionante con miras a demostrar su interés en el proceso, es decir, transcurrieron más de once (11) años sin ningún tipo de manifestación, lo que encuadra dentro del supuesto jurisprudencial establecido reiteradamente por este Alto Tribunal, respecto a la extinción de la acción por la pérdida del interés. (vid., entre otras decisiones de esta Sala Político-Administrativa, las sentencias Nros. 01077, 00986, 01243 de fechas 9 de agosto, 19 de julio de 2011 y 8 de diciembre de 2010, casos: L.M.R.Z., Yajanira Machado Hurtado y M.J.R.R., respectivamente).

Se aprecia asimismo, la falta de interés manifiesta en la decisión de la causa por parte de la sociedad mercantil Industrias Lácteas, C.A., (INDULAC), toda vez que (i) en el transcurso del proceso, específicamente, después del 7 de julio de 1999, fecha en que se admitió el recurso contencioso tributario incoado subsidiariamente al recurso jerárquico y hasta la declaratoria de “vistos” (11 de enero de 2000), la accionante sostuvo la misma inactividad procesal aún cuando se encontraba a derecho, dejando de promover pruebas y de presentar los respectivos informes; y (ii) después del 11 de enero de 2000, fecha en que se dijo “vistos”, la recurrente recibió el 18 de mayo de 2004 del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel) la boleta de notificación librada por el Tribunal de la causa en relación con el nombramiento del abogado R.C. como Juez Temporal del mencionado órgano jurisdiccional y su abocamiento al conocimiento de la causa, y tampoco se produjo manifestación procesal alguna por parte de la empresa apelante.

Por las razones antes señaladas, esta Sala considera que existen suficientes elementos probatorios en autos para suponer que es ostensible y manifiesta la desaparición del interés procesal por parte de la accionante para mantener en curso el presente juicio. Así se declara.

(…)

. (Negrillas propias de la cita).

En tal sentido, y vista la ausencia de manifestación en que se decida la presente causa, este Tribunal, al considerar que resulta inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado, tal y como lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las sentencias citadas supra, así como la Sala Político Administrativa como máxima instancia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de la cual es parte esta Jurisdicción Especial Tributaria conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, estima pertinente declarar extinguida la acción por pérdida sobrevenida de interés procesal. Así se decide.-

-II-

DECISIÓN

Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN por pérdida sobrevenida del interés procesal, del recurso contencioso tributario interpuesto por el apoderado judicial de la contribuyente “DISTRIBUIDORA ORANGE, C.A.”, contra la expedición de los actos administrativos emanados del Despacho de la Dirección de Recaudación de Rentas Municipales de la Alcaldía del Municipio Chacao de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, contenidos en el Acta de Requerimiento Nº 001/2001, de fecha 24 de agosto de 2001, mediante la cual se conminó a cancelar a la mencionada contribuyente la cantidad de Bs. 46.490.368,83 equivalentes en moneda de curso vigente a Bs. 46.490,36, por concepto de impuestos y accesorios de patente de industria y comercio, tal como se demuestra a continuación:

Año Trimestre Monto REC. 10% M Ac Multa TOTAL

1999 2do y 4to 10.006.234,32 0 0 10.006.234,32

2000 4to 7.207.928,80 292.536,39 0 7.500.465,19

2001 1ero, 2do y 3ero. 23.885.015,25 2.710.152,54 2.388.501,53 28.983.669,32

TOTAL GENERAL 3.002.688,93 2.388.501,53 46.490.368,83

; y la Resolución Nº 1-0046/2001, de fecha 20 de octubre de 2001, mediante la cual se resolvió la suspensión de la Licencia de Industria y Comercio Nº 03-2-001-001306 otorgada a dicha contribuyente y el cierre temporal del establecimiento ubicado en la Avenida Ávila, Parcela Nº 6, 1º Etapa, Planta Alta, Urbanización Altamira, por un lapso de dos (02) semanas. Así mismo informa a la contribuyente que de verificarse el pago de la totalidad del monto adeudado, quedará restituido el derecho que le otorga la Licencia de Industria y Comercio para ejercer en jurisdicción de dicho Municipio, las actividades económicas por ella realizada.

.

Publíquese, regístrese y notifíquese a los efectos procesales previstos en el artículo 277 del Código Orgánico Tributario.

Se imprimen dos ejemplares a un mismo tenor, el primero a los fines de la publicación de la Sentencia, el segundo para que repose en original en el respectivo copiador.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de abril de dos mil trece (2013). Años 202° de la Independencia y 154° de la Federación.-

El Juez Provisorio,

Abg. J.S.A..-

El Secretario Titular,

Abg. F.J.E.G..-

La anterior Sentencia se publicó en su fecha, siendo las nueve y veinte minutos de la mañana (09:20 a.m.).----------------

El Secretario Titular,

Abg. F.J.E.G..-

ASUNTO: AF41-U-2001-000149.-

ASUNTO ANTIGUO: 1782.-

JSA/msmg.-