Decisión de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 15 de Diciembre de 2010
| Fecha de Resolución | 15 de Diciembre de 2010 |
| Emisor | Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario |
| Ponente | Ricardo Caigua Jimenez |
| Procedimiento | Recurso Contencioso Tributario |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 15 de diciembre de 2010
200º y 151º
Intimación de honorarios profesionales.
PERENCION
Asunto No. 1447/AF42-U-1996-000016 Sentencia Interlocutoria S/Nº
Demandante: J.G.R.Q., venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, titular de la Cédula de Identidad No. 5.151.737, inscrito en el Inpreabogado con el No. 56.486.
Demandada: Distribuidora Royal Médica, C.A, sociedad mercantil, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el No. 22, Tomo 35-A-Pro, el día 05-05-1989.
Representación Legal de la demandada: No aparece acreditada en autos.
Asunto demandado: Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales.
Monto demandado: Ciento Sesenta Millones de Bolívares (Bs.160.000.000,00)
I
RELACIÓN
Se inicia este proceso con el escrito de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales, presentado en fecha 24-02-2003, por parte del demandante ut supra identificado, consignado en la causa que riela en el Asunto No. AF42-X-2003-000013 (Asunto Antiguo 1447).
Por auto 26-02-2003, el Tribunal Ordena abrir cuaderno separado a los efectos de la sustanciación y tramitación del presente juicio.
En fecha 26-02-2003, se libran boletas de notificación a la empresa demandada.
En fecha 14-03-2003, el Tribunal dicta medida de Prohibición de Enajenar y Grabar sobre un Inmueble propiedad de la empresa demandada, consistente en un local Planta Libre, del Centro Comercial Telecuba, ubicado entre las esquinas de Ferrenquin y C.d.C., Parroquia Candelaria, Municipio Libertador; cuyos linderos y demás denominaciones constan en el documento de condominio protocolizado en la Oficina Subalterna del 5to Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal el 14-11-1997, bajo el No. 35, Tomo Primero , Protocoló Primero.
En fecha 31-03-2003, se recibe oficio de la Oficina Subalterna de Registro antes mencionada, acusando recibo de la recepción de la comunicación sobre la medida de prohibición de enajenar y grabar, la cual aparece incorporada en autos al folio 233.
En el folio 245 aparece auto de fecha 12-04-2004, dictado por el Tribunal, en el cual se ordena la notificación de la demandada por cartel en prensa a ser publicado en los diarios El Nacional y Universal.
En el folio 246 aparece el cartel cuya publicación fue ordenada según auto anteriormente referido.
En el folio 248, auto del Tribunal mediante el cual se ordena libra nuevo cartel por el extravió del cartel anteriormente librado, según diligencia suscrita por la abogada de la parte demandante incorporada al folio 249.
En el folio 250 aparece incorporado el nuevo cartel librado.
En el folio 253 se deja constancia del retiro, en fecha 24 de febrero de 2005, por parte de la apoderada judicial del demandante, del nuevo cartel que fue librado por el Tribunal para la notificación de la demandada, por prensa.
En fecha 14-12-2010, se recibe por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Tribunales Contenciosos Tributarios (URDD), escrito de la representante legal de la empresa demandada con el cual solicita se decrete la Perención en el presente Juicio.
II
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
De acuerdo con el contenido del acto impugnado, de las alegaciones en su contra, por parte de la recurrente, el Tribunal delimita la controversia en los términos de decidir sobre la solicitud de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales seguido por el abogado J.R.Q., antes identificado, en contra de la sociedad mercantil Distribuidora Royal Médica, C.A, también identificada, anteriormente.
Así delimitada la litis el Tribunal pasa a decidir y al respecto, observa:
La Perención es un modo de extinción de los procedimientos el cual se produce por la inactividad de las partes en el juicio, es decir, viene a ser una consecuencia de la omisión a actuación en dicho procedimiento.
Esta Institución de la Perención que se denomina igualmente “Caducidad de la Instancia”, tiene como base: la manifiesta intención de abandonar el proceso y la necesidad de evitar la pendencia indefinida de los procesos por el riesgo que conlleva para la seguridad jurídica.
El Código Orgánico Tributario consagra expresamente la procedencia de la institución, in comento, en los procesos Contencioso Tributarios, en su artículo 265, en el cual señala:
La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención.
Por otra parte, la perención se encuentra igualmente consagrada en nuestro Código de Procedimiento Civil, Artículo 267, en los términos siguientes:
Toda instancia se extingue por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...
Se aprecia, como requisitos fundamentales para la ocurrencia de la figura de la perención: que un proceso, por cualquier motivo, se paralice; y que ninguna de las partes ejecute, en el transcurso de un (1) año, un acto válido de procedimiento que traduzca la voluntad de “mantener la vida de la instancia”.
La perención tiene por presupuesto la paralización de un proceso, y el vocablo “paralización” da la idea de inacción.
Es necesario que la instancia se haya paralizado, que exista un proceso en curso y este se haya paralizado, para así argumentarse que la paralización de dicho recurso se mantuvo por más de un (1) año. Se sostiene también que la voluntad de las partes es abandonar el proceso y para que tal abandono se dé, en esta especial situación, es necesario que al paralizarse el juicio, ellas, en su curso, no soliciten oportunamente del Órgano Jurisdiccional, su activación.
En relación con la Perención, la Sala Constitucional, en fecha 01 de Junio de 2001, se ha expresado en los siguientes términos:
Para que corra la perención la clave es la paralización de la causa. Sólo en la que se encuentra en tal situación puede ocurrir la perención, siempre que la parálisis sea de la incumbencia de las partes, ya que según el Código de Procedimiento Civil…
“Siendo la perención un “castigo” a la inactividad de las partes, la de los jueces no puede perjudicar a los litigantes, ya que el incumplimiento del deber de administrar justicia oportuna es sólo de la responsabilidad de los sentenciadores, a menos que la falta de oportuno fallo dependa de hechos imputables a las partes…”
Y, el Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, establece:
La perención se verifica de Derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, (Omissis...), es apelable libremente
De los autos que conforman este juicio, se desprende que la causa se paralizó desde el día 24 de febrero de 2005, ha permanecido en este estado por más cinco años, sin que ninguna de las partes haya solicitado activación alguna.
En tal sentido, este Órgano Jurisdiccional se adhiere al criterio de la Sentencia No. 00126 de fecha 19 de febrero de 2004, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, la cual se transcribe parcialmente:
En primer lugar, advierte la Sala que la presente controversia quedó circunscrita en segunda instancia, a la verificación de los requisitos de Ley establecidos a los fines de declarar la perención de la instancia en el caso de autos, como efectivamente fue declarada por el Juzgado remitente.
En tal sentido, es necesario destacar que la perención de la instancia constituye un mecanismo anómalo para la culminación del procedimiento, en el sentido de que la declaratoria que a bien tenga proferir el operador de justicia, no produce cosa juzgada material, pudiéndose interponer nuevamente la demanda en los mismos términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal.
Erígese entonces, el instituto procesal en referencia, como un mecanismo de ley diseñado con el propósito de evitar que por la desidia de las partes los procesos se perpetúen en el tiempo y los órganos de administración de justicia se encuentren en la obligación de procurar la composición de causas en las cuales no existe ningún tipo de interés por parte de los sujetos procesales. De esta forma, el legislador adjetivo consagró la perención de la instancia, en los siguientes términos:
Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención. (...)”
De la norma transcrita supra, dimana con meridiana claridad, que el supuesto de procedencia de la figura procesal en análisis, está configurado por dos requisitos de carácter concurrentes, a saber: la inactividad de las partes y el transcurso de un año.
Obsérvese, pues, que el legislador procesal omitió en el dispositivo legal antes citado, el elemento volitivo de las partes, es decir, no se requiere para que opere la perención de la instancia, precisar si la inactividad de éstas responde a un elemento que les sea imputable. Por el contrario, con la sola verificación de los requisitos aludidos anteriormente procede de pleno derecho, bastando entonces un pronunciamiento mero declarativo dirigido a reconocer la terminación del proceso por esta vía.
Tampoco es necesario a los fines de aplicar la figura procesal in comento, que todas las partes se encuentren a derecho, toda vez que existe en nuestro ordenamiento jurídico procesal, la perención en fase de citación, la cual opera inclusive, en un período inferior a un año, específicamente en los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, sin que el demandante hubiere cumplido con las obligaciones impuestas por la Ley a los fines de citar al demandado (artículo 267 ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil). En consecuencia, la obligación del juez contencioso tributario de notificar a la Administración de la existencia del recurso, establecida en el artículo 191 del Código Orgánico Tributario vigente para la fecha, no debe ser considerada un obstáculo para que opere la perención de la instancia, constituyéndose en carga procesal del recurrente, instar las notificaciones de Ley.
Bajo tales premisas, la Sala observa que en el caso de autos la sociedad mercantil Súper Octanos, C.A., a través de su apoderado judicial, interpuso el presente recurso contencioso tributario, en fecha 29 de marzo de 2000. Por auto de fecha 04 de abril de 2000, el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario le dio entrada al recurso, ordenando la solicitud del expediente administrativo y la emisión de las boletas de notificación requeridas a los fines de imponer a la Contraloría y a la Procuraduría General de la República, así como al Fisco Nacional, del conocimiento de dicho recurso; no existiendo ningún tipo de acto de procedimiento sucesivo al anterior, sino hasta el día 06 de julio de 2001, fecha en la cual la representación fiscal solicitó se declarase la perención de la instancia, con lo cual queda en evidencia que en el caso bajo análisis, el período de inactividad de las partes superó sobradamente el lapso establecido en la norma anteriormente transcrita. Por tanto, debe esta Sala declarar sin lugar la presente apelación. Así se declara.
Finalmente, la Sala considera oportuno destacar que la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva consagrada en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no es óbice para la aplicación de mecanismos procesales como la perención de la instancia, habida cuenta que si bien el proceso constituye materia de orden público, la obligación del Estado de facilitar el libre acceso a la justicia y dar oportuna respuesta a las causas que sean sometidas a su conocimiento, no le impone el deber de subrogarse en el interés procesal de las partes.
Acogiendo, en todo su contexto el criterio sostenido en la precedente decisión el Tribunal aprecia que se ha cumplido el lapso previsto para considerar extinguida la instancia por la inactividad procesal en que se mantuvo por más de un (1) año. En consecuencia, de conformidad con el Artículo 265 del Código Orgánico Tributario, en concordancia con los artículos 267 y 269, del Código de Procedimiento Civil, se declara PERIMIDA LA INSTANCIA.
En consecuencia, de la antecedente declaratoria, el Tribunal deja sin efecto la medida de Prohibición de Enajenar y Gravar que fue librada por este mismo Tribunal con fundamento en la decisión de fecha 14 de marzo de 2003, sobre un Inmueble propiedad de la empresa demandada, Distribuidora Royal Médica, C.A. consistente en un local Planta Libre, del Centro Comercial Telecuba, ubicado entre las esquinas de Ferrenquin y C.d.C., Parroquia Candelaria, Municipio Libertador; cuyos linderos y demás dominaciones constan en el documento de condominio protocolizado en la oficina subalterna del 5to Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal el 14-11-1997, bajo el No. 35, Tomo Primero , Protocoló Primero.
III
DECISIÓN
En vista de las consideraciones antes expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley declara EXTINGUIDA POR PERENCION la presente causa, el cual se inició con la Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales, presentada el 24 de febrero d 2003 por el abogado J.G.R.Q., en contra de Distribuidora Royal Médica, C.A, en la causa que riela en el Asunto AF42X-2003-000013.
Cesan los efectos de la Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar que fue librada por este mismo Tribunal con fundamento en la decisión de fecha 14 de marzo de 2003, sobre un Inmueble propiedad de la empresa demandada, Distribuidora Royal Médica, C.A. consistente en un local Planta Libre, del Centro Comercial Telecuba, ubicado entre las esquinas de Ferrenquin y C.d.C., Parroquia Candelaria, Municipio Libertador; cuyos linderos y demás dominaciones constan en el documento de condominio protocolizado en la oficina subalterna del 5to Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal el 14-11-1997, bajo el No. 35, Tomo Primero , Protocoló Primero.
Publíquese, Regístrese y Notifíquese.
Dada, firmada y sellada en la Sede del Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, en Caracas a los quince (15) días del mes de diciembre del año Dos Mil Diez (2010). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
El Juez Titular,
R.C.J..
La Secretaria,
H.E.R.E.
La anterior decisión se publicó en su fecha, a las dos y treinta de la tarde (02: 30 p.m.).
La Secretaria,
H.E.R.E..
Asunto N° 1447/AF42-U-1996-000016
RCJ.
