Decisión de Juzgado Primero de Juicio del Trabajo de Aragua, de 29 de Abril de 2010

TESTIMONIALES: Ciudadanos: W.R.M. y DAHIANKA JOSEFINA RENGIFO RAMOS, Titulares de las Cedulas de Identidad Nros.: 6.010.808 y 14.642.635 respectivamente. En la audiencia de juicio celebrada el 04 de agosto de 2009 se dejó constancia de la incomparecencia de los testigos, declarándose desierto el acto respectivo, y por tanto nada hay que valorar. Y ASI SE DECIDE.

DOCUMENTALES:

2.1) Nómina de Trabajadores a partir de Febrero de 2006, marcada con la letra “A” (folios 24 y 25 pieza 2) Documental impugnada por la parte actora, estableciendo que es una prueba unilateral respecto a la cual no hay control de la prueba. El Tribunal la desecha del debate probatorio por cuanto nada aporta para la solución de la controversia. Y ASI SE DECIDE.

2.2) Copia Simple de los Estatutos Sociales de la Asociación Civil CONFECCIONES Y DISEÑOS ARAGUA S.C., marcada “B1” (folios 26 al 39 pieza 2) Documental que la parte actora acoge en base al principio de la comunidad de la prueba por considerar que favorece sus propios alegatos. El Tribunal observa que no aporta elementos para la solución de lo controvertido, y por tanto se desecha del proceso conforme al artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y ASI SE DECIDE.

2.3) Inspección Judicial, de fecha 10-03-06, marcada con la letra “B” (folios 40 al 54 pieza 1 Se desecha del debate probatorio, por no cumplir con los extremos de Ley. Y ASI SE DECIDE.

2.4) Copias de Transacción Laboral entre C.T.S. SERVICIOS C.A. y SINDICATO PROFESIONAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN DE TEXTILES, SIMILARES Y CONEXOS DEL ESTADO ARAGUA, marcado con la letra “C” presentada ante la Notaría Pública Cuarta de Maracay (folios 55 al 61 pieza 2) Documental que la parte actora acoge en base al principio de la comunidad de la prueba por considerar que favorece sus propios alegatos. Se trata de un acuerdo de voluntades entre las partes y como tal se otorga valor probatorio. Y ASI SE DECIDE.

TRANSACCIÓN Y AUTO DE HOMOLOGACIÓN INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO ARAGUA marcado “G” (folios 62 y 63 pieza 2) Promovida por la empresa C.T.S. SERVICIOS C.A. para demostrar que es el patrono de la accionante; se confiere valor probatorio. Y ASI SE DECIDE.

2.5) Recibos de Pago, marcados con las letras “H”, “I”, “J”, “K”, “L” (folios 64 al 68 pieza 2. Reconocidos en la audiencia de juicio, y por tanto tienen valor probatorio. Y ASI SE DECIDE.

En cuanto a los documentos identificados en los apartes 2.6 y 2.7) el Tribunal deja constancia que los mismos no se encuentran agregados en autos. Y ASI SE ESTABLECE.

PRUEBA DE INFORMES: De conformidad a lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se ordenó oficiar a:

1) BANCO DE VENEZUELA, Sucursal Maracay. Consta respuesta al folio 83 de la pieza 3, a través de la cual se indica que el ciudadano H.W.B. no funge como autorizado en la cuenta corriente cuyo titular es la empresa AMERICAN TEXTILE SERVICES C.A., debiendo entender el Tribunal que se incurrió en error material porque el Número de Oficio de este Juzgado al que se hace referencia es el 1906-09 y se refiere a la prueba de C.T.S. SERVICIOS C.A. Se otorga valor probatorio en base a lo allí explanado por la Institución financiera, en relación a C.T.S. SERVICIOS C.A., al corroborarse la información al folio 189 pieza 3. Y ASI SE DECIDE.

2) SERVICIO AUTONOMO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), con sede en la Ciudad de Caracas, Distrito Capital. Riela respuesta a los folios 97 al 99 pieza 3 a través de la cual se indica que la empresa C.T.S. SERVICIOS C.A. no posee registros de propiedad industrial de GOTCHA INTERNACIONAL o GOTCHA, indicándose que la empresa que registró la marca GOTCHA se denomina GOTCHA INTERNATIONAL, L.P. y tiene domicilio en California, Estados Unidos de América. Se otorga valor probatorio a lo informado. Y ASI SE DECIDE.

3) SALA DE ORGANIZACIONES SINDICALES DE LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO ARAGUA. Riela respuesta al folio 119 pieza 3, indicando el Inspector del Trabajo que la ciudadana DOLKA VEGAS se encuentra en la nómina de afiliados fundadores del SINDICATO PROFESIONAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN DE TEXTILES, SIMILARES Y CONEXOS DEL ESTADO ARAGUA (SINTRACOTEX), conforme consta al folio 36 del expediente 043-2005-02-00057. Se desecha del debate probatorio, por cuanto no aporta elementos para la solución de la controversia. Y ASI SE DECIDE.

4) SALA DE CONVENCIONES COLECTIVAS DE LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO ARAGUA.

Consta respuesta a los folios 116 y 117 de la pieza 3, que el Tribunal desecha del debate probatorio por cuanto no se encuentra suscrita por el Inspector del Trabajo ni consta sello húmedo. Y ASI SE DECIDE.

5) SALA DE RECLAMOS DE LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO ARAGUA.

No consta en autos respuesta alguna y por tanto nada hay que valorar al respecto. Y ASI SE ESTABLECE.

6) OFICINA SUBALTERNA DE REGISTRO PUBLICO DEL SEGUNDO CIRCUITO DEL ESTADO ARAGUA. Riela al folio 95 pieza 3 de cuyo contenido no se extrae elemento alguno para la solución de lo controvertido, y por tanto se desecha del debate probatorio. Y ASI SE ESTABLECE.

7) NOTARIA PÚBLICA CUARTA DE MARACAY. Se requirió información sobre: Si la Organización Sindical SINDICATO PROFESIONAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN DE TEXTILES, SIMILARES Y CONEXOS DEL ESTADO ARAGUA, SINTRACOTEX, suscribió un acuerdo de reenganche de 67 Trabajadoras que prestan servicios para la sociedad mercantil CTS SERVICIOS, C.A., por lo que recibieron salarios caídos y reconocieron que no eran trabajadoras de AMERICAN TEXTIL SERVICES, C.A., de fecha 20 de Junio del 2006, asentado bajo el N° 66, Tomo 74. Se analiza la respuesta que riela a los folios 62 al 77 de la pieza 3, y establece el Tribunal que se trata de documento autenticado cuyo contenido es un acuerdo de voluntades y como tal tiene valor probatorio; prueba ésta que al ser adminiculada con el restante cúmulo probatorio de autos, determina la ausencia de responsabilidad de la empresa AMERICAN TEXTILE SERVICES C.A. en el juicio. Y ASI SE DECIDE.

PRUEBA DE EXHIBICIÓN: De conformidad al artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el Tribunal ordenó a la parte Actora presentar en la oportunidad de llevarse a efecto la Audiencia de Juicio, los siguientes documentos:

1. - Recibos originales de pago que por Salarios Caídos realizó la demandada a favor de la reclamante, de fechas 04 de Julio, 07 de Julio y 21 de Junio de 2006. No fueron exhibidos, por cuanto las partes reconocen los recibos que rielan en autos. Y ASI SE ESTABLECE.

DE LA COMUNIDAD DE LA PRUEBA: Conforme al Principio de la comunidad de la Prueba, una vez que constan en el expediente ya no le pertenecen a la parte promovente sino que están en función del esclarecimiento de los hechos debatidos, y ello será tomado en cuenta por quien decide. Y ASI SE ESTABLECE.

PRUEBAS DE LA CO-DEMANDADA

AMERICAN TEXTILE SERVICES C.A.

TESTIMONIALES: Ciudadanos: E.M. PADILLA AGUILAR, DORA GALVIS, CATERINE SCAFFIDI FERNANDEZ, ARACELYS E.G., Titulares de las Cedulas de Identidad Nros: 14.628.849, 13.588.638, 6.703.410 y 9.683.714 respectivamente. En la audiencia de juicio celebrada el 04 de agosto de 2009 se dejó constancia de la incomparecencia de los testigos, declarándose desierto el acto respectivo, y por tanto nada hay que valorar. Y ASI SE DECIDE.

DOCUMENTAL: Acta Constitutiva de la Empresa AMERICAN TEXTILE SERVICES C.A. (folios 72 al 78 pieza 2). Se otorga valor probatorio a su fecha de constitución, objeto, accionistas y cargos de Presidente y Vice-Presidente, respectivamente, elementos que coadyuvan a la solución de algunos de los aspectos controvertidos, como se especificará en la parte motiva del fallo. Y ASI SE DECIDE.

PRUEBA DE INFORMES: De conformidad a lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se requirió información a:

1) BANCO DE VENEZUELA, Sucursal Maracay.

Consta respuesta al folio 91 de la pieza 3, a través de la cual se indica que el ciudadano H.W.B. no funge como autorizado en la cuenta corriente cuyo titular es la empresa AMERICAN TEXTILE SERVICES C.A. Se otorga valor probatorio en base a lo allí explanado por la Institución financiera. Y ASI SE DECIDE.

2) CAJA REGIONAL DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, Seccional Cagua, Estado Aragua.

Riela respuesta a los folios 79 y 80 de la pieza 3, en la que se aprecia que la demandante se encuentra con status cesante cotizando por última vez a través de la empresa LA CARPETA SUCESORES S.R.L. Se desecha del debate probatorio por cuanto nada aporta para la solución de la controversia. Y ASI SE DECIDE.

3) SERVICIO AUTONOMO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI) en la ciudad de CARACAS.

Riela respuesta a los folios 108 al 111 pieza 3 a través de la cual se indica que la empresa C.T.S. SERVICIOS C.A. no posee registros de propiedad industrial de GOTCHA INTERNACIONAL o GOTCHA, indicándose que la empresa que registró la marca GOTCHA se denomina GOTCHA INTERNATIONAL, L.P. y tiene domicilio en California, Estados Unidos de América. Se otorga valor probatorio a lo informado. Y ASI SE DECIDE.

4) SALA DE ORGANIZACIONES SINDICALES DE LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO ARAGUA. Riela respuesta al folio 119 pieza 3, indicando el Inspector del Trabajo que la ciudadana DOLKA VEGAS se encuentra en la nómina de afiliados fundadores del SINDICATO PROFESIONAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN DE TEXTILES, SIMILARES Y CONEXOS DEL ESTADO ARAGUA (SINTRACOTEX), conforme consta al folio 36 del expediente 043-2005-02-00057. Se desecha del debate probatorio, por cuanto no aporta elementos para la solución de la controversia. Y ASI SE DECIDE.

5) SALA DE CONVENCIONES COLECTIVAS DE LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO ARAGUA. Consta respuesta a los folios 113 y 114 de la pieza 3, que el Tribunal desecha del debate probatorio por cuanto no se encuentra suscrita por el Inspector del Trabajo ni consta sello húmedo. Y ASI SE DECIDE.

6) NOTARIA PÚBLICA CUARTA DE MARACAY. Se requirió información sobre: Si la Organización Sindical SINDICATO PROFESIONAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN DE TEXTILES, SIMILARES Y CONEXOS DEL ESTADO ARAGUA, SINTRACOTEX, suscribió un acuerdo de reenganche de 67 Trabajadoras que prestan servicios para la sociedad mercantil CTS SERVICIOS, C.A., por lo que recibieron salarios caídos y reconocieron que no eran trabajadoras de AMERICAN TEXTILE SERVICES, C.A., de fecha 20 de Junio del 2006, asentado bajo el N° 66, Tomo 74. Se analiza la respuesta que riela a los folios 62 al 77 de la pieza 3, y establece el Tribunal que se trata de documento autenticado cuyo contenido refleja un acuerdo de voluntades y como tal tiene valor probatorio, dándose por reproducida la conclusión ut supra explanada por el Tribunal, al haber sido promovida igualmente por la co-demandada C.T.S. SERVICIOS C.A. Y ASI SE DECIDE.

DE LA COMUNIDAD DE LA PRUEBA: Conforme al Principio de la comunidad de la Prueba, una vez que constan en el expediente ya no le pertenecen a la parte promovente sino que están en función del esclarecimiento de los hechos debatidos, y ello será tomado en cuenta por quien decide. Y ASI SE ESTABLECE.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA:

CIUDADANO: H.W.B..

TESTIMONIALES Ciudadanos: KLYVEIDYX NAYARI CHACON BARON, R.M.L. LAHE, Y.C.B.R., Titulares de las Cedulas de Identidad Nº: 12.854.709, 12.916.657 y 18.175.974 respectivamente. En la audiencia de juicio celebrada el 04 de agosto de 2009 se dejó constancia de la incomparecencia de los testigos, declarándose desierto el acto respectivo, y por tanto nada hay que valorar. Y ASI SE DECIDE.

DOCUMENTALES:

Actas Constitutivas (folios 82 al 136 pieza 2)

Documentales impugnadas en la audiencia de juicio. El Tribunal observa que las que constan a los folios 82 al 99 y 107 al 136, no aportan elementos para la solución de lo controvertido, porque se trata de empresas que no son parte en el juicio; y por tanto se desechan del proceso conforme al artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y ASI SE DECIDE.

En cuanto a las que rielan a los folios 100 al 106, relativas a AMERICAN TEXTILE SERVICES C.A., se reitera su valor probatorio, al haber sido analizadas precedentemente. Y ASI SE DECIDE.

Constancia expedida por el Director del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra (M.A.T. MONAGAS) (folio 137 pieza 2) Se desecha del debate probatorio, por cuanto no aporta elementos para la solución de la controversia. Y ASI SE DECIDE.

Carta de Productor A.V. (folios 138 y 139 pieza 2) Se desecha del debate probatorio, por cuanto no aporta elementos para la solución de la controversia. Y ASI SE DECIDE.

Programación para la siembra de maíz (folios 140 al 144 pieza 2) Se desecha del debate probatorio, por cuanto no aporta elementos para la solución de la controversia. Y ASI SE DECIDE.

PRUEBA DE INFORMES: De conformidad a lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se requirió información a:

1) BANCO DE VENEZUELA, Sucursal Maracay.

Consta respuesta al folio 93 de la pieza 3, a través de la cual se indica que el ciudadano H.W.B. no funge como persona autorizada en las cuentas corrientes a nombre de las empresas AMERICAN TEXTIL SERVICES C.A. y CTS SERVICIOS C.A., respectivamente. Se otorga valor probatorio. Y ASI SE DECIDE.

2) Empresa Mercantil AGROISLEÑA C.A. No consta en autos respuesta alguna y por tanto nada hay que valorar al respecto. Y ASI SE ESTABLECE.

3) SERVICIO AUTONOMO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI). Riela respuesta a los folios 101 al 106 pieza 3 a través de la cual se indica que la empresa C.T.S. SERVICIOS C.A. no posee registros de propiedad industrial de GOTCHA INTERNACIONAL o GOTCHA, indicándose que la empresa que registró la marca GOTCHA se denomina GOTCHA INTERNATIONAL, L.P. y tiene domicilio en California, Estados Unidos de América. Se otorga valor probatorio a lo informado. Y ASI SE DECIDE.

4) INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS (M.A.T.), Seccional Maturín. No consta en autos respuesta alguna y por tanto nada hay que valorar al respecto. Y ASI SE ESTABLECE.

5) REGISTRO TRIBUTARIO DE TIERRAS DEL SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DE LA REGION NORORIENTAL, MATURIN, ESTADO MONAGAS. No consta en autos respuesta alguna y por tanto nada hay que valorar al respecto. Y ASI SE ESTABLECE.

6) SALA DE ORGANIZACIONES SINDICALES DE LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO ARAGUA. Riela respuesta al folio 119 pieza 3, indicando el Inspector del Trabajo que la ciudadana DOLKA VEGAS se encuentra en la nómina de afiliados fundadores del SINDICATO PROFESIONAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN DE TEXTILES, SIMILARES Y CONEXOS DEL ESTADO ARAGUA (SINTRACOTEX), conforme consta al folio 36 del expediente 043-2005-02-00057. Se desecha del debate probatorio, por cuanto no aporta elementos para la solución de la controversia. Y ASI SE DECIDE.

DE LA COMUNIDAD DE LA PRUEBA: Se da por reproducido el análisis ut supra explanado por el Tribunal. Y ASI SE ESTABLECE.

Han sido analizadas todas las pruebas.-

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

PUNTO PREVIO

DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ALEGADA POR LOS CO-DEMANDADOS

EN CUANTO A LAS UTILIDADES

Observa quien decide que fue opuesta como defensa de fondo en la contestación a la demanda, por los co-demandados, la prescripción de las Utilidades de los años 2004 y 2005.

En atención a ello, corresponde a esta juzgadora indicar:

El artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescriben al cumplirse un (1) año contado desde la terminación de la prestación del servicio, lo cual se ha interpretado tanto en la doctrina como en la jurisprudencia laboral, como la consagración de un lapso de prescripción especial aplicable a los créditos derivados de la relación de trabajo, y que salvo disposiciones especiales como las contenidas en los artículos 62 y 63 eiusdem, determina el lapso de prescripción que rige para todos los derechos de crédito que surjan en el patrimonio del trabajador con ocasión de la finalización del contrato.

En este orden de ideas, disponen los artículos 63 y 180 de la Ley Orgánica del Trabajo:

Artículo 63: En los casos de terminación de la relación de trabajo, el lapso de un (1) año para reclamar las cantidades que puedan corresponder a los trabajadores por concepto de su participación en los beneficios del último año de servicio, se contará a partir de la fecha en la cual sea exigible tal beneficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 de esta Ley.

Artículo 180: La cantidad que corresponda a cada trabajador deberá pagársele dentro de los dos (2) meses inmediatamente siguientes al día del cierre del ejercicio de la empresa.

Entiende quien decide, del análisis del contenido de las normas citadas, que fue el propósito del legislador considerar un lapso de prescripción especial para el concepto de utilidades, por ser mandato del artículo 174 del referido texto normativo, que las empresas deben distribuir entre todos sus trabajadores por lo menos el quince por ciento (15%) de sus beneficios líquidos obtenidos al fin de su ejercicio anual, en atención a la preeminencia de los derechos laborales.

Sobre este particular se ha pronunciado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras, en sentencia N° 860 del 28 de mayo de 2009, en el procedimiento por cobro de prestaciones sociales seguido por el ciudadano I.C. contra las sociedades mercantiles CISAPI, C.A. y CISAPI 2000, S.A., con Ponencia del Magistrado Dr. O.M.D., en la cual se indica:

“(…) Así las cosas, es de hacer notar que esta Sala de Casación Social ha sostenido que la prescripción contenida en el mencionado dispositivo legal, que estipula la prescripción de la acción para reclamar el monto que pudiera corresponder al trabajador por concepto de su participación en las utilidades del último año o fracción de año de servicio, constituye la única excepción a la regla de que la prescripción laboral corre a partir de la fecha de extinción de la relación de trabajo.

En tal sentido, ha señalado la Sala que “como quiera que según lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley Orgánica del Trabajo, el empleador debe pagar las utilidades a sus trabajadores, dentro de los dos meses siguientes al día del cierre del ejercicio de la empresa, es factible que un trabajador sea despedido o se retire, con mucha antelación al cierre del ejercicio económico anual de la empresa. En este caso, se trata de una obligación cuya exigibilidad está sometida al cumplimiento de un doble término, el vencimiento del ejercicio económico anual, y el transcurso de dos meses establecidos por la Ley como plazo dentro del cual el empleador debe proceder al pago de las utilidades. Consecuencialmente, el término anual de prescripción para el ejercicio de la acción que pretenda el pago de las utilidades, comenzará a correr a partir del vencimiento del plazo de dos meses, fijados en la Ley para el cumplimiento voluntario”. (Sentencia N° 501 de fecha 10 de mayo de 2005).

Este criterio es acogido por este Tribunal de Primera Instancia y en base a ello, establece quien decide que el lapso de prescripción para reclamar las utilidades causadas en los períodos 2004 y 2005, transcurrió sin haber sido interrumpido por la accionante, y en efecto se encuentra prescrita la acción para reclamar este concepto, ya que la demanda fue ejercida en diciembre del año 2007. Y ASI SE DECIDE.

EN CUANTO AL BONO DE ALIMENTACIÓN

En cuanto al bono de alimentación reclamado en los años 2004 hasta el 2006, debemos señalar que el Beneficio de Alimentación de los Trabajadores, se encuentra regulado por una Ley Especial, que en principio se denominaba Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores, y que posteriormente se denominada Ley de Alimentación. En principio, la Ley de 1998, establecía en su artículo 2 quienes era las empresas obligadas a cumplir con dicho beneficio y la misma entró en vigencia el 1 de Enero de 1999. Dentro del contexto de esta Ley, no se establecía un lapso de prescripción especial, lo que considera quien decide que debe aplicarse analógicamente el lapso de prescripción establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo. Y ASI SE DECIDE.

De igual forma, siendo que la relación de trabajo no ha terminado por voluntad de ninguna de las partes o por lo menos de los autos no se desprende este hecho, solamente que se encuentra suspendida, podemos inferir que dicho lapso aún no ha comenzado a correr, por lo que considera esta juzgadora de Primera Instancia que dicho beneficio no se encuentra prescrito. Y ASI SE DECIDE.

Una vez resuelta la defensa de fondo opuesta por los co-demandados, pasa quien decide a pronunciarse sobre la alegada Unidad Económica, la Conexidad e Inherencia y lo relativo a cuál de los co-demandados debe ser obligado a pagar los conceptos reclamados, en caso de resultar procedentes.

Dentro de este contexto, es conveniente aclarar lo relativo al concepto de Unidad Económica de Empresa. En el artículo 177 de la Ley Orgánica del Trabajo, se señala lo siguiente:

Artículo 177. La determinación definitiva de los beneficios de una empresa se hará atendiendo al concepto de unidad económica de la misma, aun en los casos en que ésta aparezca dividida en diferentes explotaciones o con personerías jurídicas distintas u organizada en diferentes departamentos, agencias o sucursales, para los cuales se lleve contabilidad separada.

Por otro lado, el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, establece en su artículo 22, lo siguiente:

“Artículo 22.- Grupos de empresas:

Los patronos o patronas que integraren un grupo de empresas, serán solidariamente responsables entre sí respecto de las obligaciones laborales contraídas con sus trabajadores o trabajadoras.

Parágrafo Primero: Se considerará que existe un grupo de empresas cuando éstas se encontraren sometidas a una administración o control común y constituyan una unidad económica de carácter permanente, con independencia de las diversas personas naturales o jurídicas que tuvieren a su cargo la explotación de las mismas.

Parágrafo Segundo: Se presumirá, salvo prueba en contrario, la existencia de un grupo de empresas cuando:

1. Existiere relación de dominio accionario de unas personas jurídicas sobre otras, o cuando los accionistas con poder decisorio fueren comunes;

2. Las juntas administradoras u órganos de dirección involucrados estuvieren conformados, en proporción significativa, por las mismas personas;

3. Utilizaren una idéntica denominación, marca o emblema; o

4. Desarrollen en conjunto actividades que evidenciaren su integración.

De igual forma, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado en sentencia de fecha 14 de Mayo del 2004, empresa TRANSPORTE SAET, C.A., lo siguiente:

En este punto, se hace necesario recordar la doctrina esbozada por esta Sala, mediante sentencia n° 183/2002 (caso: Plásticos Ecoplast), conforme la cual:

(...) (L)a Sala apunta, que no escapa de su conocimiento, el que sobre todo en el campo de las personas jurídicas, se trate de diluir la responsabilidad de las mismas, constituyendo diversas compañías de manera que unas enmascaran a las otras y hacen difícil a los futuros accionantes determinar a quién demandar. Se trata de un tipo de fraude que en principio nada tiene que ver con la existencia de los grupos o unidades económicas y su pluralidad de empresas.

Así mismo, apunta la Sala, que por notoriedad judicial conoce cómo en materia laboral, las personas jurídicas patronales utilizan prácticas tendentes a confundir al trabajador sobre quién es su verdadero empleador; o como surgen -a veces hasta por azar- situaciones que enmascaran al verdadero patrón. Esto último puede ocurrir cuando el trabajador presta sus servicios en un fondo de comercio con un nombre comercial definido, recibe el pago y las instrucciones de una persona física, pero desconoce -ya que recibe información insuficiente- quién es el verdadero empleador, por lo general una persona jurídica a quien el trabajador ignora.

Los enmascaramientos y la información insuficiente son actitudes violatorias del artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, y que contrarían el artículo 1.160 del Código Civil, que pauta que los contratos (entre los que está el de trabajo) se ejecutan de buena fe.

Ante este tipo de maniobra que entorpece al demandante la determinación del demandado, y que se constata casuísticamente ¿qué debe hacer el juez? Por lo regular el demandado trata de dilatar el proceso; opone, si fuere posible, cuestiones previas a fin de deslindarse del insuficientemente identificado en el libelo, o aduce una falta de cualidad, o niega la relación laboral, ya que él no es el demandado.

Pero en materia de interés social, como la laboral, el juez tiene que interpretar las normas con mayor amplitud a favor del débil, en beneficio de quien tiene las dificultades, y sin apegarse a lo formal, debe determinar si quien comparece por haber sido citado y niega en alguna forma su condición de demandado, realmente lo es o no, desbaratando la maniobra elusiva fundada en formalismos (...)

.

En el mismo orden de ideas, la Sala también estimó conveniente referirse al criterio sentado mediante decisión n° 558/2001 (caso: CADAFE), en la que se argumentó lo siguiente:

(...) (El desarrollo de los negocios ha llevado a la existencia de personas (naturales o jurídicas), que dirigen una serie de actividades económicas, o que adelanta una sola mediante diversas compañías o empresas, formalmente distintas a la principal, pero unidas a ella no solo por lazos económicos, sino de dirección, ya que las políticas económicas y gerenciales se las dicta el principal, quien a veces nombra los administradores de estas sociedades o empresas, debido a que tiene en las compañías -por ejemplo- una mayoría accionaría o de otra índole, que le permite nombrarlos.

Jurídicamente no se trata de agencias o sucursales, ya que adquieren una personería jurídica aparte del principal y distinta a la de las agencias o sucursales, y en base a esa autonomía formal, asumen obligaciones y deberes, teóricamente diferenciadas del principal, pero que en el fondo obran como agencias o sucursales.

A estas empresas o sociedades que van surgiendo para desarrollar la actividad del principal, y que pueden o no desenvolverse en lugares distintos al del domicilio de la principal, de acuerdo a su composición interna o al grado de sujeción a la ‘casa matriz’, se las distingue como filiales, relacionadas, etc. Se trata de un ente controlante que impone a otros, con apariencias de sociedades autónomas o empresas diferentes, dicho control para lograr determinados fines, por lo que los controlados se convierten en meras instrumentaciones del controlante.

Diversas leyes vigentes han tomado en cuenta estas conexiones, y a ellas se refieren, para evitar fraudes a la ley, abusos de derecho, la defraudación de acreedores o terceros, la competencia desleal, el monopolio encubierto, etc. Entre otras leyes, se refieren a los grupos, a las empresas vinculadas, etc: la Ley del Mercado de Capitales (artículo 120), la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia (artículos 14 y 15); la Ley sobre Prácticas Desleales del Comercio Internacional (artículo 2); la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (artículos 6,101 a 105 y 127); la Ley de Impuesto Sobre la Renta (artículo 5); la Ley de Regulación de la Emergencia Financiera (artículo 16); la Ley Orgánica del Trabajo (artículo 177) y hasta en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (artículo 2) se refieren a los grupos económicos o financieros, empresas controladas, y sociedades vinculadas, que pueden tentativamente dividirse, según la posición relativa que asuman en un determinado momento, en: 1) Controlantes, 2) Interpuestas, 3) Filiales, 4) Subsidiarias y 5) Relacionados, tal como los nombra la Ley General de Bancos y Otros Institutos Financieros, y otras de las leyes mencionadas.

Las filiales, como lo dice la etimología de la voz, no pueden ser sino hijos de las controlantes, si son sociedades fundadas directa o indirectamente por los controlantes, con el objeto que crean conveniente, y que pueden obrar en un momento dado como personas interpuestas, pudiendo ser los administradores los mismos que los de los controlantes, u otras personas que reciben ordenes o instrucciones de aquellos, ya que son quienes los nombran, en vista, de que –si son sociedades de capitales- son los principales dueños del capital social.

Muchas de estas sociedades o empresas creadas por la “casa o dirección matriz” o principal, además se presentan públicamente como filiales o miembros de un grupo o unidad económica, bien por declaraciones que hace el grupo en ese sentido, sin que nadie los desmienta, o porque en sus actos una compañía o empresa se declara filial de otra, o utiliza símbolos, signos, lemas u otras expresiones que son compartidas con el principal, quien así también se identifica y lo permite”.

Por otro lado, continúa la Sala Constitucional afirmando en sentencia Nº 242 de fecha 10 de abril de 2003 (caso: R.O.L.R. contra Distribuidora Alaska, C.A. y otras):

(…) En efecto, la noción de grupo de empresas ‘responde a una idea de integración hacia un fin específico de carácter económico en el que el denominador común es la dirección conjunta y una actividad concurrente, quiere decir, que todas tienden al mismo resultado final aunque con diferentes acciones’ (Néstor de Buen, Grupos de empresas en el Derecho del Trabajo; Trabajo y Seguridad Social, Relaciones; U.C.A.B; Pág. 113).

En concreto, el grupo de empresas en su composición se caracteriza por la sujeción a una administración o control común en el marco de un sistema de acciones integrados que persiguen en definitiva, materializar un objetivo común (el económico).

Tal noción la recoge el artículo 21 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, enfatizando como se dijo, la responsabilidad solidaria de los integrantes del grupo de empresas, respecto de las obligaciones laborales contraídas con sus trabajadores (…)

De igual forma, en sentencia de fecha 05 de Abril del 2005, caso: INVERSIONES ASERTUR, C.A., la Sala de Casación Social estableció lo siguiente:

(…) De la lectura del artículo citado supra, se puede constatar que en su Parágrafo Primero el Reglamentista utiliza la expresión “se considerará que existe un grupo de empresas” y luego enumera dos características, a saber, que se encuentren sometidas a un control común y constituyan una unidad económica de carácter permanente. No se deja dudas de que en todo caso en el que se den esos dos elementos deberá concluirse la existencia de un grupo de empresas.

Sin embargo, en su Parágrafo Segundo la mencionada norma, dispone “se presumirá, salvo prueba en contrario, la existencia de un grupo de empresas cuando” y sigue una enumeración de supuestos, es decir, se trata de la existencia de presunciones iuris tantum, en cada uno de esos casos.

De manera que el juzgador de alzada dio cabal interpretación a la norma citada, por cuanto el control o administración común sobre las personas jurídicas o naturales que comprenden el grupo, resulta un elemento determinante de la existencia de un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el referido artículo del Reglamento, característica ésta que ha sido destacada también por la jurisprudencia de esta Sala. Así, en sentencia de fecha 10 de abril del año 2003, se expresó lo siguiente:

En efecto, la noción de grupo de empresas ‘responde a una idea de integración hacía un fin específico de carácter económico en el que el denominador común es la dirección conjunta y una actividad concurrente, quiere decir, que todas tienden al mismo resultado final aunque con diferentes acciones’ (Néstor de Buen, Grupos de empresas en el derecho del Trabajo; Trabajo y Seguridad Social, relaciones; U.C.A.B; Pág. 113).

En concreto, el grupo de empresas en su composición se caracteriza por la sujeción a una administración o control común en el marco de un sistema de acciones integrados que persiguen en definitiva, materializar un objetivo común (el económico).

Tal noción la recoge el artículo 21 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, enfatizando como se dijo, la responsabilidad solidaria de los integrantes del grupo de empresas, respecto de las obligaciones laborales contraídas con sus trabajadores.

De lo precedentemente transcrito puede evidenciarse que lo resuelto por la juez de la recurrida, es cónsono con el criterio que respecto al grupo de empresa ha venido sosteniendo esta Sala.

Al respecto debe escudriñar quien decide, con base a la noción de Grupo Económico de Empresas, si hay evidencia o presunción en el caso bajo estudio de la existencia del mismo, conforme a lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.

Alega la demandante en su libelo, que inició sus servicios para la marca comercial denominada “GOTCHA”. Asimismo, aduce que durante la relación se cambiaba la denominación jurídica de la empresa, la cual ella conocía como GOTCHA, pero que a los fines jurídicos poseía otras denominaciones, siendo el caso que se han constituido diversas empresas con denominaciones distintas y alega la existencia de una Unidad Económica entre las Empresas CTS SERVICIOS C.A., AMERICAN TEXTIL SERVICE C.A. y el ciudadano H.W.B., a quien señala como su patrono.

Efectivamente, de la revisión de los Registros Estatutarios de las empresas, observa este Tribunal que en los Registros de la empresa AMERICAN TEXTILE SERVICES C.A., aparecen como accionistas los ciudadanos A.T.V. y A.A.G., y en la empresa CTS SERVICIOS C.A. aparecen los ciudadanos C.N.M. y J.E.L.. Ciertamente las empresas TEXTILERA JHOANT C.A.; TINTORERIA TODOCOLOR C.A.; BOSTON NICKTS C.A.; y AMERICAN MILLS C.A., están bajo la dirección de H.W.B., pero dichas empresas no fueron demandadas. En el resto de las empresas del supuesto grupo no aparece la persona de H.W.B..

En cuanto a los objetos de las empresas AMERICAN TEXTILE SERVICE C.A. y CTS SERVICIOS C.A., tenemos que ambas se dedican al mantenimiento industrial, pero este hecho no es concluyente para determinar la existencia de un grupo.

En cuanto al domicilio, AMERICAN TEXTILE SERVICES C.A. se encuentra domiciliada en Cagua en el Estado Aragua y CTS SERVICIOS C.A. en el Consejo en el Estado Cojedes.

En cuanto al ente controlante, el ciudadano H.W.B., aparece en 4 empresas del supuesto grupo, pero de esas empresas sólo se demanda a AMERICAN TEXTILE SERVICES C.A., y en el resto no.

De igual forma, se observa que la empresa CTS SERVICIOS C.A. fue constituida el 26 de Agosto de 2002 y la empresa AMERICAN TEXTILE SERVICES C.A. fue creada el 6 de Junio de 2005, y la ciudadana DOLKA VEGAS era efectivamente trabajadora de C.T.S. SERVICIOS C.A. Y ASI SE DECIDE.

Ahora bien, no estando presentes los elementos que pudieran evidenciar el Grupo Económico y mucho menos, se podría hablar de conexidad e inherencia como salida para resolver esta controversia, debido a que el caso que nos ocupa no llena los extremos exigidos por los artículos 55 y 56 de la Ley Orgánica del Trabajo, debe ser desechada esta tesis y ASI SE DECIDE.

Existe un hecho cierto y reconocido, tanto por la trabajadora como por la empresa C.T.S. SERVICIOS C.A., ambas partes suscribieron un acuerdo de voluntades, el cual no fue objeto de impugnación por vicios en el consentimiento, por lo que dicho acuerdo de voluntades, como ya se indicó, tiene valor entre las partes y quedan así excluidos de la responsabilidad que se ha generado por la relación de trabajo de marras, tanto la empresa AMERICAN TEXTILE SERVICES C.A. como el ciudadano H.W.B.. Y ASI SE DECIDE.

Es en base a ello que debe la empresa C.T.S. SERVICIOS C.A. cumplir con la obligación de pagar el BONO DE ALIMENTACIÓN o CESTA TICKETS adeudado, desde el 26 de mayo de 2004, fecha de inicio de la relación de trabajo, hasta el mes de septiembre del año 2006, momento en el cual se paralizó la actividad productiva de la empresa, para lo cual se ordena una experticia complementaria del fallo, que deberá ser efectuada por un solo experto que designe el Tribunal de Ejecución, quien deberá determinar los días hábiles laborables según calendario, excluyendo los declarados días de fiestas y aquellos declarados no laborables por las Autoridades Administrativas, tomando en cuenta como base de cálculo la última unidad tributaria (U.T.) Y ASI SE DECIDE.

En virtud de los razonamientos que anteceden, se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada. Y ASI SE DECIDE.

VI

DECISIÓN

Por las razones expuestas, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DEL ESTADO ARAGUA, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara: PRIMERO: CON LUGAR la defensa de PRESCRIPCIÓN opuesta por los co-demandados en relación al concepto demandado UTILIDADES. Y ASI SE DECIDE. SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda incoada por INCLUSIÓN DE BENEFICIOS LABORALES, por la ciudadana DOLKA AMALOHA VEGAS HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.731.026 contra AMERICAN TEXTIL SERVICE, C.A. y ciudadano H.W.B., las primera sociedad mercantil debidamente constituida en el Registro Mercantil Segundo del Estado Aragua, en fecha 16 de Junio de 2005, bajo el N° 36 Tomo 35-A, y cuya reforma estatutaria quedó asentada se llevó a cabo el 23 de Agosto de 2005, bajo el N° 23, Tomo 48-A; y el segundo de los nombrados, venezolano mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.355.820 y de este domicilio. Y ASI SE DECIDE.- TERCERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por INCLUSIÓN DE BENEFICIOS LABORALES, por la ciudadana DOLKA AMALOHA VEGAS HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.731.026 contra la sociedad mercantil C.T.S. SERVICIOS, C.A., inscrita en el Registro Mercantil del Estado Cojedes en fecha 26 de Agosto de 2002, bajo el N° 32, Tomo 5-A; y en consecuencia deberá cancelar a la Trabajadora DOLKA AMALOHA VEGAS HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.731.026, el BONO DE ALIMENTACIÓN o CESTA TICKETS, cuyo monto deberá ser calculado a través de EXPERTICIA COMPLEMENTARIA del fallo, conforme a los parámetros establecidos en la parte motiva de la sentencia. Y ASI SE DECIDE. CUARTO: No hay condenatoria en costas a la parte accionada dada la naturaleza de la presente decisión.- Y ASI SE DECIDE.

PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE SENTENCIA PARA SER AGREGADA AL LIBRO RESPECTIVO.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay, a los Veintinueve (29) días del mes de Abril del año Dos Mil Diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.-

LA JUEZA,

DRA. N.H.R.

LA SECRETARIA,

Abog. BETHSY RAMIREZ.

En esta misma fecha se publicó la anterior Decisión, siendo las 9:45 a.m.

LA SECRETARIA,

Abog. BETHSY RAMIREZ.

NHR/BR/pm.-