Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 22 de Mayo de 2007

THEMA DECIDENDUM: En la presente demanda por partición de bienes habidos en comunidad conyugal que fue interpuesta por la ciudadana D.M.G.H., en contra del ciudadano M.T.C.A., en su escrito libelar señala que se evidencia de copia certificada del expediente número 823 que cursó por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil del Estado Mérida, con sede en Tovar, que en fecha 19 de septiembre de 1.972 se dictó sentencia decretando el divorcio y en fecha 11 de enero de 1.973, quedó definitivamente firme y la cual en su parte final indicó “no se dicta providencia alguna sobre bienes de la sociedad conyugal por no constar en autos su existencia” y que durante la unión matrimonial se adquirieron dos bienes consistentes en un vehículo marca Chevrolet y un inmueble consistente en un apartamento distinguido con el número C-22 del Edificio “Canaguá”, ubicado en la Urbanización M.P.S., jurisdicción del antiguo Municipio El Llano Distrito Libertador, hoy Parroquia D.P.d.M.L.d.E.M.. Asimismo alegó que el último inmueble tal como se evidencia de copia certificada expedida por la Gerencia de INAVI, lo solicitó la comunidad Carrillo-González, en fecha 8 de diciembre de 1.986, oportunidad en la cual la ciudadana D.M.G.H., suscribió la entrevista-convenio, pero no fue hasta el día 30 de marzo de 1.971 cuando se otorgó el contrato número 33508 de venta a plazos en propiedad horizontal para apartamentos de interés social cuando el entonces Banco Obrero otorgó el mencionado documento y que dicho inmueble fue el asiento del hogar de los cónyuges Carrillo-González y una vez divorciados la ciudadana D.M.G.H., se mantuvo ocupando ese inmueble junto con sus hijos. Por otra parte, la parte demandada en la oportunidad de la contestación de la demanda, opuso como defensa de previo pronunciamiento al fondo, la falta de cualidad e interés del demandado para sostener el presente juicio por si solo y como único sujeto pasivo de la relación procesal; negó y rechazó en todas y cada una de sus partes la demanda interpuesta por cuanto la ciudadana D.M.G.H., presume ser propietaria del 50% del apartamento al demandar la liquidación y partición, pretendiendo exigir la mitad del valor real del inmueble y que esta petición es irreal y no se ajusta a la verdad por cuanto existen derechos sobre el inmueble del cual son co-titulares los ciudadanos M.T.C.A., Dra. L.V.C.D.C. y Dra. D.A.. Igualmente señaló que la verdad y así lo reconoce es que la demandante es co-titular de derechos sobre el inmueble pero no en el porcentaje o mitad del 50% que alega tener y convienen en reconocerle a la demandante derechos sobre el inmueble pero única y exclusivamente sobre el porcentaje (%) que resulte de hacer el prorrateo entre las cuatro personas involucradas en esta comunidad de gananciales y comunidad originaria, que determinará al final cual es la porción sobre el inmueble que le corresponde a la demandante por sus derechos durante la vigencia del matrimonio con el demandado tomando como base de tiempo el lapso comprendido entre el día 30 de marzo de 1.971 al 11 de enero de 1.973 (es decir durante 02 años y 07 meses), con su respectivo incremento de valor de conformidad con los índices inflacionarios emanados del Banco Central de Venezuela y que posterior al divorcio con la accionante el demandado fue quien canceló durante veinte años el valor total del inmueble, tal como se evidencia en constancia expedida por el Instituto Nacional de la Vivienda y opuso la defensa perentoria o de fondo de prescripción extintiva y liberatoria decenal de la acción.

Corresponde al Tribunal determinar la procedencia o no de la acción judicial intentada y si los bienes anteriormente identificados, forma parte de la comunidad ganancial que existió entre los ciudadanos D.M.G.H. y M.T.C.A., si es procedente la falta de cualidad e interés del demandado para sostener el presente juicio y la defensa perentoria o de fondo de prescripción extintiva y liberatoria decenal de la acción. De esta forma, quedó trabada la litis.

PUNTO PREVIO AL MÉRITO DE LA CAUSA: La parte demandada, en la oportunidad prevista en el primer aparte del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, opuso como defensa de fondo la falta de cualidad e interés del demandado para sostener el presente juicio por si sólo y como único sujeto pasivo de la relación procesal, por cuanto la parte demandante D.M.G.H., demandó únicamente al ciudadano M.T.C.A., omitiendo demandar a la ex - cónyuge Dra. D.A., ciudadana con la que el demandado estuvo casado desde el 29-03-1.975 hasta el día en que quedó definitivamente firme la sentencia de divorcio, el día 09-12-1.981, y en dicha sentencia se ordenó liquidar la sociedad conyugal razón por la cual la indicada ciudadana tiene interés procesal en el juicio; e igualmente la demandante omitió accionar contra la ciudadana Dra. L.V.C.D.C., quien es cónyuge del demandado desde el día 07 de febrero de 1.982 hasta la presente fecha, lo que evidencia que la prenombrada ciudadana tiene interés procesal en el litigio, y ambas personas tienen intereses económicos sobre el referido inmueble y en consecuencia deben tenerse como terceras interesadas en el presente juicio, por ser co-titulares del derecho sustantivo discutido y por estar en presencia de un litis consorcio necesario (pasivo) en el cual todos los co-propietarios son titulares de derechos patrimoniales sobre el inmueble por tal razón debieron ser demandadas en igualdad de circunstancias, esto es porque en su conjunto constituyen la personalidad jurídica de la relación procesal, como titulares de deberes y derechos subjetivos. Asimismo alegó que si bien es cierto que existe una comunidad de gananciales que debe ser liquidada, también es cierto, que existe una comunidad originaria, por cuanto sobre los bienes a liquidarse se supone el nacimiento de derechos, cuyos dueños son una pluralidad de sujetos, que conservan el derecho especial de pedir la división de la cosa.

La falta de cualidad e interés opera como defensa que puede invocar el demandado en la contestación de la demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 361, primer aparte del Código de Procedimiento Civil, y según lo tienen establecido la Doctrina y Jurisprudencia, para que proceda tal defensa, es necesaria una identidad lógica entre la persona del actor en el caso concreto y la persona en abstracto contra la cual la ley ha concedido la acción, lo que se manifiesta en la legitimación tanto activa como pasiva, de modo que pueda ser controlado por las partes en ejercicio del derecho constitucional a la defensa.

Desde el punto de vista doctrinario la falta de cualidad e interés es una institución jurídica que ha sido estudiada por valiosos juristas. En efecto, el ilustre tratadista patrio L.L., sostiene en sus ensayos jurídicos:

“La cualidad en sentido amplísimo, es sinónimo de legitimación. Allí donde se discute acerca de la pertenencia o titularidad de un derecho subjetivo o de un poder jurídico, allí se encuentra planteado un problema de cualidad o legitimación. Allí donde se discute acerca de la vinculación de un sujeto a un deber jurídico, allí se encuentra planteado un problema de cualidad o legitimación.

En el primer caso, podría muy bien hablarse de cualidad o legitimación activa; y en el segundo caso, de cualidad o legitimación pasiva. El problema de la cualidad entendido de esa manera, se resuelve en la demostración de la identidad entre la persona que se presenta ejercitando correctamente un derecho o poder jurídico, o la persona contra quien se ejercita y el sujeto que es su verdadero titular u obligado concreto. Se trata en suma, de una cuestión de identidad lógica entre la persona a quien la Ley le concede el derecho o poder jurídico, o la persona contra quien se concede y la persona que lo hace valer y se presenta ejerciéndolo como titular efectivo o contra quien se ejercita en tal manera".

Conforme a la casi unánime Doctrina Procesal Civil, por cualidad debe entenderse el derecho o potestad para ejecutar determinada acción o sostenerla entre tanto, el concepto de interés es el de la garantía, provecho o utilidad que puede proporcionar la acción intentada.

Al decir de otro procesalista A.B., no se tiene acción sino cuando se tiene derecho a reclamar algo, y no hay acción si no hay interés.

El autor P.C., en su obra Instituciones de Derecho Procesal Civil, Volumen I, señala que la acción se puede concebir como un derecho subjetivo autónomo y concreto. Este derecho, que trata de obtener una determinada providencia favorable, encuentra su satisfacción en el pronunciamiento de esta providencia, y en ella se agota y se extingue. Pero ¿Cuáles son las circunstancias prácticas que deben verificarse a fin de que el Juez pronuncie una providencia jurisdiccional favorable a la petición del reclamante?. Para responder a esta pregunta la doctrina ha clasificado tales circunstancias bajo la denominación de condiciones de la acción o de requisitos de la acción, que con mayor exactitud todavía, pueden denominarse requisitos constitutivos, para hacer comprender que sin ellos el derecho de acción (entendido como derecho a la providencia favorable) no nace, y que los mismos deben, por consiguiente, ser considerados como los extremos necesarios y suficientes para determinar, en concreto, el nacimiento del derecho de acción. A fin de que el órgano judicial pueda acoger la demanda del reclamante, y con ello satisfacer el derecho de acción que éste ejercita, es preciso que ese órgano se convenza de que tal derecho existe concretamente; y para convencerse de ello es necesario que verifique la existencia en concreto de estos requisitos constitutivos de la acción; existencia que constituye lo que nuestra ley llama el mérito de la demanda, que el Juez debe examinar para valorar su fundamento y para establecer, por consiguiente, si la misma merece ser acogida.

Acota Calamandrei que los requisitos de la acción son tres:

1. un cierto hecho específico jurídico, o sea una cierta relación entre un hecho y una norma;

2. la legitimación; y

3. el interés procesal.

Respecto a la legitimación para obrar o contradecir, el autor Calamandrei expresa que a fin de que el Juez pueda tomar las providencias correspondientes a aquella relación entre un hecho específico concreto y la norma jurídica, no basta que tal relación exista objetivamente, sino que es necesario además que la demanda le sea presentada por quien se encuentre frente a aquel hecho específico en la posición subjetiva que se llama precisamente legitimación para obrar; y que, de otra parte, la demanda sea propuesta por el actor contra un adversario que se encuentre, en cuanto a aquel mismo hecho específico, en la posición subjetiva recíproca que se llama legitimación para contradecir.

En torno a este aspecto el autor citado expresa igualmente lo siguiente:

Se ha dicho, en general, que los órganos jurisdiccionales no proveen si no son estimulados por un sujeto agente (nemo iudex sine actore), pero aquí al hablar de los requisitos de la acción entendida como derecho a obtener una providencia jurisdiccional favorable, se dice algo más: esto es, que a fin de que el juez provea en sentido favorable al solicitante, no basta que la demanda le sea propuesta por una persona cualquiera, sino que es necesario que le sea presentada precisamente por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en aquel caso concreto la función jurisdiccional

….“Se podría abstractamente imaginar una sociedad ideal en la que el sentido de la legalidad estuviera de tal manera desarrollado en todos los ciudadanos, que hiciera que cada uno de ellos, independientemente de su beneficio individual, sintiese como un interés propio, el general mantenimiento del orden jurídico; de suerte que estuviera consentido a cada uno de los ciudadanos, apenas tuviese conocimiento de una infracción cualquiera del orden jurídico, aun cuando ésta no le afectase personalmente, llevarla, sin más, a conocimiento del juez y obtener las providencias idóneas para restaurar, en el caso concreto el derecho violado”.

En un ordenamiento semejante en el que el poder de estimular el ejercicio de la jurisdicción estuviera consentido a todos los ciudadanos en la misma medida, el concepto de legitimación no tendría ya ningún significado práctico, por estar todos los ciudadanos igualmente calificados para pedir las providencias jurisdiccionales relativas a cualquier hecho específico concreto (aun cuando no estuviesen en modo alguno personalmente interesados en el mismo). La legitimación para obrar cesaría de estar considerada como un requisito particular de la acción y se confundiría con la capacidad procesal

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Pero éste no es el sistema actual en el que el juez, para aceptar la demanda, no puede contentarse con adquirir la certeza de la existencia objetiva real de una relación concreta entre el hecho específico afirmado y la norma jurídica invocada, sino que debe, además, exigir que la persona que pide la providencia y aquella respecto de la cual se pide, se encuentren respecto de aquel hecho específico, en una tal situación individual que les haga aparecer como especialmente calificados para afirmar y para contradecir respecto de la materia

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Finalmente, el citado autor concluye en que los tres requisitos constitutivos de la acción que se mencionaron supra, “….deben concurrir a fin de que pueda considerarse nacida la acción entendida en sentido concreto, como derecho a la providencia favorable: la falta de uno solo de ellos determinaría igualmente el rechazo del mérito de la demanda…”.

Por su parte el autor LIEBMAN, considera que el interés para accionar es el elemento material del derecho de acción y consiste en el interés para obtener la providencia solicitada.

El interés para accionar es por eso un interés procesal, secundario e instrumental, respecto del interés sustancial primario, y tiene por objeto la providencia que se pide al magistrado, como medio para obtener la satisfacción del interés primario, que ha quedado lesionado por el comportamiento de la contraparte, o más genéricamente por la situación de hecho objetivamente existente

…”El interés para accionar surge de la necesidad de obtener del proceso la protección del interés sustancial; presupone por eso la lesión de este interés y la idoneidad de la providencia demandada para protegerlo y satisfacerlo”.

Por otra parte, la legitimación para accionar o legitimatio ad causam es la titularidad activa o pasiva de la acción. El problema, según el autor Liebman, de la legitimación consiste en individualizar la persona a la cual corresponde el interés para accionar y la persona frente a la cual el mismo corresponde.

Asimismo, el autor L.L., al cual hemos hecho referencia anteriormente, también en su obra Estudios de Derecho Procesal Civil, al tratar acerca de la falta de cualidad establece lo siguiente:

Si, como se ha visto, la cualidad consiste en una relación de identidad lógica entre el actor concreto y la persona a quién la ley concede la acción (actor genérico), lógico es aceptar que es preciso que exista abstractamente un interés jurídico, a cuya defensa sirve la acción. Pueden encontrarse casos, como el de las obligaciones naturales, en los cuales exista un derecho subjetivo sin acción, pero son casos excepcionales y aislados.

El fenómeno se resuelve, pues, en la falta absoluta o limitada de la acción por la falta absoluta o limitada de un interés jurídico. Puede decirse, que donde no hay interés jurídico, no hay acción, y donde no hay acción, no hay cualidad. Tal es el orden lógico de nuestra vida jurídica. La noción de cualidad viene en el orden lógico de las representaciones mentales, después de la del interés. Este es un prius con respecto a la cualidad, que es un posterius

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Ahora bien, se observa que el inmueble consistente en un apartamento distinguido con el número C-22 del Edificio “Canaguá”, ubicado en la Urbanización M.P.S., jurisdicción de la Parroquia D.P.d.M.L.d.E.M., fue adquirido mediante contrato de venta a plazo para apartamentos de interés social por el ciudadano M.T.C.A., en fecha 30 de marzo de 1.971, mediante contrato número 45, estando casado con la ciudadana D.M.G.H., por la cantidad de DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 2.000,oo), para ser cancelado por el comprador dentro del plazo fijo de veinte (20) años y se le dio en venta en propiedad horizontal por parte del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), mediante documento registrado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Libertador del Estado Mérida, en fecha 17 de febrero de 1.999, bajo el número 40, Protocolo Primero, Tomo Décimo Segundo, Primer Trimestre del citado año.

No obstante, este Tribunal constata:

• Que el ciudadano M.T.C.A., se casó el día 2 de enero de 1.959 con la ciudadana D.M.G.H., y mediante sentencia definitivamente firme de fecha 11 de enero de 1.973, se disolvió el vínculo matrimonial.

• Que el ciudadano M.T.C.A., se casó el día 29 de marzo de 1.975, con la ciudadana D.A., y mediante sentencia definitivamente firme de fecha 13 de enero de 1.982, se disolvió el vínculo matrimonial.

• Que el ciudadano M.T.C.A., se casó el día 3 de febrero de 1.982 con la ciudadana L.V.C.C..

En tal sentido, este juzgador observa que existe un litis consorcio pasivo necesario con respecto al inmueble objeto del juicio, por cuanto el ciudadano M.T.C.A., pagó el referido inmueble estando casado con las ciudadanas D.M.G.H., D.A. y L.V.C.D.C., en tal sentido este Tribunal considera que el litisconsorcio necesario o forzoso, se tiene cuando existe una relación sustancial o estado jurídico único para varios sujetos, en tal forma que las modificaciones de dicha relación o estado jurídico, para ser eficaces, deben operar frente a todos sus integrantes y por tanto, al momento de plantearse en juicio la controversia, la pretensión debe hacerse valer por uno o por varios de los integrantes de la relación frente a todos los demás.

Se debe tener presente que el litis consorcio necesario se produce cuando existe una relación sustancial única a varios sujetos y la decisión judicial de la misma solo puede declararse con fuerza de cosa juzgada contra todos los sujetos intervinientes en el proceso. Ocurre, entonces, dentro de este marco teórico, se puede afirmar que en la partición del bien que en parte fue adquirido durante la relación conyugal que existió con el primer matrimonio del aquí demandado, sus efectos arropan a todas las ex-cónyuges y a la actual esposa del ciudadano M.T.C.A. y por lo tanto, los hechos alegados en la demanda también son comunes a los otros sujetos participantes en esa indicada relación, por efecto de la cosa juzgada, resultando de ello la necesidad de demandar no solo al cónyuge actuante, sino además, conjuntamente, con las ciudadanas, D.A. y L.V.C.D.C., quienes pudieron haber obrado o no, con conocimiento de causa en lo referente a la efectiva pertenencia del bien involucrado en la respectiva partición, en razón de ser dicho conocimiento un presupuesto material de la acción propuesta y un requisito inherente a la pertinencia misma de su ejercicio, cuyo mérito debe ser calificado por el Tribunal y porque en defecto de tal hecho, no sería procedente la partición demandada, sin garantizar la protección de los terceros de buena fe. De allí, que en opinión del Dr. A.R.R. en su obra “Tratado de Derecho Procesal Civil”, Tomo II, quien afirma que, el actor que obra contra uno solo de los sujetos legitimados para contradecir, se expone a que se alegue en la contestación de la demanda la falta de cualidad, porque la legitimación no corresponde pasivamente a uno solo de ellos sino conjuntamente a todos. Dicho así, no existe posibilidad jurídica de sentenciar por separado respecto de varias personas, sobre una relación jurídica en las que están interesadas todas ellas.

Además se debe señalar que, en principio en el proceso civil nos encontramos en presencia de dos partes que tienen posiciones contrapuestas, una, que es la que demanda que procura la satisfacción de una pretensión, y la otra, a quien se le solicita la satisfacción de dicha pretensión, o sea, que el proceso se plantea ante el órgano jurisdiccional entre la parte demandante y la parte demandada, las cuales pueden ser personas naturales o personas jurídicas, siendo que estas últimas son distintas a las personas naturales que las constituyen o las representan, partes éstas que pueden estar constituidas por una pluralidad de personas, o lo que es lo mismo, que cada posición contrapuesta puede estar integrada por varias personas, con lo cual nos encontraremos en presentencia de un litisconsorcio activo (varios demandantes), un litisconsorcio pasivo (varios demandados) y un litisconsorcio mixto (varios demandantes y varios demandados), cuando en un determinado litigio encontremos dos o más personas diferentes que demandan a dos o más personas distintas.

Así, nuestro ordenamiento jurídico prevé la figura del litis consorcio, pero quienes integran éste no pueden actuar en el proceso en forma aislada, por cuanto tal figura está regulada en nuestro Código de Procedimiento Civil en su artículo 146 que dispone:

Podrán varias personas demandar o ser demandadas conjuntamente como litisconsortes: a) Siempre que se hallen en estado de comunidad jurídica con respecto al objeto de la causa; b) Cuando tengan un derecho o se encuentren sujetas a una obligación que derive del mismo título; c) En los casos 1°, 2° y 3° del artículo 52

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Artículo éste que debe ser aplicado en concordancia con el artículo 52 del mismo Código, que prevé:

Se entenderá también que existe conexión entre varias causas a los efectos de la primera parte del artículo precedente:

1°. Cuando haya identidad de personas y objetos, aunque el título sea diferente.

2°. Cuando haya identidad de personas y título, aunque el objeto sea distinto.

3°. Cuando haya identidad de título y de objeto, aunque las personas sean diferentes.

4°. Cuando las demandas provengan del mismo título, aunque sean diferentes las personas y el objeto

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De tal manera que puede afirmarse que existen como posibles demandados tres personas, vale decir, M.T.C.A., quien pagó el referido inmueble estando casado, en diferentes oportunidades con las ciudadanas D.A. y L.V.C.D.C., ya que todos se hallan en estado de comunidad jurídica con respecto al objeto de la causa, y por cuanto sólo fue demandada una sola persona, es por lo que prospera la defensa de fondo como punto previo al mérito de la causa y en consecuencia debieron ser también demandadas las ciudadanas D.A. y L.V.C.D.C., por cuanto la primera es co-propietaria y a la segunda no se le pueden violentar sus derechos con respecto al indicado inmueble, y con base a los hechos narrados y los criterios doctrinarios y jurisprudenciales antes señalados este Tribunal debe concluir necesariamente, como antes se señaló que el punto previo con relación a la defensa perentoria de fondo por falta de cualidad o interés de la parte demandada para sostener el presente juicio, debe prosperar, por lo tanto, resulta innecesario tanto el estudio y análisis de las demás actas procesales, como también la valoración de las diferentes pruebas promovidas por las partes. Así debe decidirse.

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del T.d.l. Circunscripción Judicial del Estado Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: