Decisión nº 11-1747 de Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Lara, de 30 de Mayo de 2011

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara

Barquisimeto, treinta de mayo de dos mil once

201º y 152º

ASUNTO: KP02-R-2011-000418

DEMANDANTE: D.B., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-2.025.613, de este domicilio, actuando como represente de la firma mercantil Agencia Bravo, C.A., inscrita ante el Registro de Comercio, del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en fecha 23 de abril de 1975, bajo el N° 208, folio 1 fte, al folio 4 fte, del libro de Registro de Comercio N° 03.

DEMANDADO: J.M.R.S., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-4.739.851, de este domicilio.

MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

EXPEDIENTE: 11-1747 (Asunto: KP02-R-2011-000418).

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA.

En fecha 09 de mayo de 2011 (f. 75), se recibió el presente asunto en este juzgado de alzada, en virtud del recurso de apelación interpuesto en fecha 25 de marzo de 2011, por la abogada M.P.D., en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada (f. 70), contra la sentencia proferida en fecha 23 de marzo de 2011, por el Juzgado Tercero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara, mediante la cual declaró con lugar la demanda por cumplimiento de contrato de arrendamiento, incoada por el ciudadano D.B., en nombre y representación de la firma mercantil Agencia Bravo, C.A., contra el ciudadano J.M.R.S.; asimismo se ordenó a la parte demandada entregar el inmueble constituido por una vivienda distinguida con el Nº 13-B-60, con las siguientes medidas y linderos particulares: Norte: en treinta metros y sesenta y cinco centímetros (30,65 m), con terrenos ocupados por P.G.T.; Sur: en treinta metros con ochenta y ocho centímetros (30,88 m), con terreno ocupado por C.E.R.d.A.; Este: en siete metros ochenta y tres centímetros (7,83 m), con la calle 59 que es su frente; y Oeste: en siete metros con ochenta y cinco centímetros (7,85 m), con terreno ocupado por el Dr. Agüero Hernández, y se condenó en costas a la parte demandada (fs. 55 al 69). En fecha 30 de marzo de 2011, se admitió en un solo efecto el recurso de apelación, y se ordenó la remisión de las copias certificadas a la U.R.D.D, a los fines de su distribución en los juzgados superiores con competencia en lo civil del estado Lara (fs. 71 y 72). Por auto de fecha 16 de mayo de 2011, se fijo lapso para dictar sentencia (f. 77). En fecha 25 de mayo de 2011, la abogada M.P.D., en su carácter de apoderada judicial del ciudadano J.M.R.S., presentó escrito mediante el cual alegó la falta de cualidad de la parte actora para sostener el presente juicio, por no ser el propietario del inmueble y por carecer de facultad o poder para actuar por el propietario; alegó la incorrecta vía escogida por la actora, toda vez que interpuso la presente acción como si se tratara de un contrato a tiempo determinado, cuando tal afirmación no es correcta, toda vez que el demandado ha vivido los últimos quince años en el inmueble objeto del contrato de arrendamiento, a través de ocho contratos seguidos con el mismo arrendador, y dado que al celebrarse dos o mas contratos consecutivos de arrendamiento sobre un mismo inmueble y entre las mismas partes, se trata de una relación arrendaticia a tiempo indeterminado, por lo que se ha debido interponer el procedimiento de desalojo; por último, solicitó que, en aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, se suspenda el presente proceso y se ordene al tribunal donde cursa el expediente principal, que se abstenga de llevar a cabo el desalojo (fs. 78 y 79).

Llegada la oportunidad para sentenciar este tribunal lo hace previas las siguientes consideraciones:

Antes de entrar analizar la solicitud de suspensión del presente procedimiento, resulta necesario revisar la admisibilidad o no del recurso de apelación interpuesto en fecha 25 de mayo de 2011, por la abogada M.P.D., en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, contra la sentencia dictada en fecha 23 de marzo de 2011, por el Juzgado Tercero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara, mediante la cual declaró con lugar la demanda por cumplimiento de contrato de arrendamiento, incoada por el ciudadano D.B., en nombre y representación de la firma mercantil Agencia Bravo, C.A, contra el ciudadano J.M.R.S..

En este sentido observa esta juzgadora que, la presente causa se sustanció y sentenció conforme a lo establecido en el artículo 33 del Decreto con Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, en el cual se establece que las demandas por cumplimiento o resolución de contrato de arrendamiento se tramitarán conforme a las reglas del procedimiento breve previsto en el libro IV, título XII del Código de Procedimiento Civil, independientemente de su cuantía. En este sentido, el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil establece que “De la sentencia se oirá apelación en ambos efectos si ésta se propone dentro de los tres (3) días siguientes y la cuantía del asunto fuere mayor de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00)”. (Subrayado de esta alzada).

En fecha 02 de abril de 2009, entró en vigencia la Resolución N° 2009-006, dictada en fecha 18 de marzo de 2009, por nuestro M.T., en la cual se estableció que “Artículo 2.- Se tramitarán por el procedimiento breve las causas a que se refiere el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, y cualquier otra que se someta a este procedimiento, cuya cuantía no exceda de mil quinientas unidades tributarias (1.500 U.T.); asimismo, las cuantías que aparecen en las artículos 882 y 891 del mismo Código de Procedimiento Civil, respecto al procedimiento breve, expresadas en bolívares, se fijan en quinientas unidades tributarias (500 U.T.)”.

En el caso de autos, la demanda por cumplimiento de contrato de arrendamiento fue interpuesta en fecha 27 de enero de 2010, y la cuantía fue estimada en la cantidad de un mil bolívares (Bs. 1.000,00), lo que equivale para esa fecha a doscientas unidades tributarias (200 U.T.), es decir, una cuantía inferior a quinientas unidades tributarias (500 U.T).

Respecto a la admisión del recurso de apelación en los procedimientos breves cuya cuantía era menor a quinientas unidades tributarias (500 U.T.), esta alzada en sintonía con el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentado en el fallo publicado en fecha 09 de octubre de 2001, Nº 1.897, estableció que era admisible el recurso de apelación pero en un solo efecto, por cuanto:

…de una interpretación en contrario del artículo anteriormente trascrito, observa que del mismo se desprenden dos extremos que deben cumplirse en forma concurrente, para que el recurso de apelación pueda oírse en ambos efectos, como son: que el medio de gravamen se intente dentro de los tres (3) días de despachos siguientes al fallo, si este es dictado dentro del lapso de ley y, que el monto libelar sea superior a quinientas unidades tributarias (500 U.T.), pues de lo contrario, si el monto libelar es inferior a quinientas unidades tributarias (500 U.T.), dicha apelación será oída en el solo efecto devolutivo. Tal interpretación se fundamenta en el principio general del derecho en cuanto a que toda limitación al ejercicio de un derecho o a la acción deben estar expresamente previstas en la Ley, pues una disposición que niegue un derecho, previsto constitucionalmente el mismo debe estar establecido expresamente, por ello es que en dicha norma no se niega el recurso de apelación, sino que, dispone el indicado artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, que de no cumplirse los extremos para oír la apelación en ambos efectos, por interpretación en contrario, debe oírse en un solo efecto, esto en virtud de los Tratados Internacionales suscritos por la República, entre los que destaca la Convención Americana de sobre Derechos Humanos o Pacto de San J.d.C.R. de 1969, cuyo artículo 8, consagra dentro de las garantías jurídicas el: “h) derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal competente.”, tratado el cual tiene aplicación preferente por efecto del artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así como del propio artículo 49.1 eiusdem, que consagra el derecho que tiene toda persona declarada culpable (gravamen) de recurrir del fallo”.

Ahora bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión Nº 694 del 06 de julio de 2010 (Caso E.P.G.), con motivo de una revisión de sentencia, realizó una interpretación de la Resolución Nº 2009-0006, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, y al respecto señaló lo siguiente:

…Es, entonces, conforme a la interpretación constitucionalizante que la Sala acogió en la recién transcrita decisión la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, en correspondencia con la atribución recogida en el artículo 267 de la Carta Fundamental y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, dictó su Resolución nº 2009-0006, como mecanismo de política judicial que asegurase una mayor eficacia en el servicio público de Administración de Justicia, adaptando las competencias por la cuantía de los órganos jurisdiccionales que –a nivel nacional- tienen conocimiento de las materias civil, mercantil y del tránsito, bajo criterios que se adecuasen a la realidad económica y administrativa de tiempos más recientes.

En el caso de autos, la solicitante estimó que la sentencia cuya revisión pretende, contravino su derecho a la defensa y al proceso debido, “en virtud de la no implementación del principio de la doble instancia y en la errónea aplicación de una resolución administrativa en detrimento de las normas de una ley, cuyo principio rector es que la mayoría de las mismas son de orden público absoluto”.

Por su parte, el fallo cuestionado realizó un detallado análisis de las normas procesales que, en torno a la cuantía, resultaban aplicables a la demanda interpuesta por la peticionaria, particularmente, la Resolución nº 2009-00006, emitida el 28 de marzo 2009 por la Sala Plena de este M.J. que, en ejercicio de las funciones que le atribuyen los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura (como órgano de dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, a tenor de lo dispuesto en el artículo 267 de la Carta Magna), modificó la cuantía establecida, entre otras normas, en el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, fijándola en la cantidad de quinientas unidades tributarias (500 U.T.) a los fines de acceder al recurso de apelación en las causas tramitadas conforme al procedimiento breve, cual es el caso de los juicios incoados de conformidad con la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

Así las cosas, el veredicto cuya revisión se pretende, señaló que –al haberse interpuesto la demanda el 12 de mayo de 2009, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada resolución de carácter normativo- la apelación propuesta por la peticionaria debía ser reputada inadmisible y, en consecuencia, que no había lugar al recurso de hecho propuesto por la actora.

Como se podrá notar, la solicitante pretende hacer ver que el órgano jurisdiccional cuyo fallo fue delatado otorgó primacía al contenido de una disposición “reglamentaria” que, a su juicio, contraría el principio procesal de la doble instancia; no obstante que –según se ha determinado arriba- lo cierto es que el fallo que pretende enervarse se ciñó inobjetablemente a los criterios de cuantía que, en ejercicio de sus legítimas atribuciones, definió la Sala Plena de este Alto Tribunal.

De lo dicho hasta ahora, se tiene que de la sentencia cuya revisión se pretende no derivan crasas infracciones a los principios fundamentales que inspiran nuestro ordenamiento constitucional o de la doctrina vinculante emanada de esta Sala; motivo por el cual la solicitud objeto de estas actuaciones debe ser declarada que no ha lugar. Así se decide

. (Subrayado de esta alzada) (Ratificado en sentencia SC, exp 10-246 de fecha 09/07/2010).

Por último, se observa que, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 17 de marzo de 2011, expediente Nº 10-966, conociendo en consulta de un caso de desaplicación por control difuso, declaró la constitucionalidad del artículo 2 de la Resolución Nº 2009-0006 del 18 de marzo de 2009, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, y estableció que la doble instancia no constituye una garantía constitucional, como si lo es la tutela judicial efectiva y el debido proceso, por lo que la existencia de una única instancia responde, en algunos casos, a la voluntad del legislador de descongestionar los tribunales de la República, y en consecuencia dejó sentado que:

La circunstancia que determinados juicios se sustancien en una sola instancia, responde en algunos casos, como al que aquí se a.a.l.v.d. legislador de descongestionar, dentro de lo posible, los tribunales de la República, para lo cual creó determinados procedimientos que, dependiendo de su cuantía, se sustancian en única instancia

.

Todo lo anterior supone, que si bien esta Sala, en anteriores oportunidades, consideró que el principio de la doble instancia comportaba una garantía constitucionalmente tutelada, tal criterio fue atemperado, en el sentido de que el derecho a recurrir del fallo constituía una garantía constitucional propia del proceso penal, pues así lo dispone el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando expresa “toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley”; así como también, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita y ratificada por Venezuela, según la cual, todo juicio debía ser llevado ante un tribunal de instancia, cuyo fallo pudiera contar con una instancia revisora superior (principio de la doble instancia).

De esta forma, quedó dictaminado que no devienen en inconstitucional, aquellas normas de procedimiento (distintos al ámbito penal) que dispongan que contra la sentencia definitiva, no cabe el recurso de apelación, pues la doble instancia, no constituye una garantía constitucional, como si lo son la tutela judicial efectiva y el debido proceso.

El derecho a la tutela judicial efectiva (como garantía constitucional) supone la facultad de acceder a la justicia, impartida conforme al artículo 26 del Texto Fundamental (imparcial, gratuita, accesible, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles); por su parte, el derecho al debido proceso que a su vez comprende el derecho a la defensa, el derecho a ser oído, el derecho al juez natural, entre otros, no incluye dentro de sus componentes la doble instancia, pues ésta sólo tiene cabida, si la ley así lo contempla.

La circunstancia que determinados juicios se sustancien en una sola instancia, responde en algunos casos, como al que aquí se a.a.l.v.d. legislador de descongestionar, dentro de lo posible, los tribunales de la República, para lo cual creó determinados procedimientos que, dependiendo de su cuantía, se sustancian en única instancia

.

En consecuencia de lo antes expuesto y por cuanto para asegurar la integridad de la constitución y las leyes, todos los jueces de la República estamos obligados a mantener el criterio establecido por el Tribunal Supremo de Justicia, y en especial de la Sala Constitucional, esta alzada acoge dicho criterio jurisprudencial y en consecuencia establece que contra las sentencias definitivas dictadas en los procedimientos breves, cuya cuantía sea inferior a quinientas unidades tributarias (500 UT), no es admisible el recurso de apelación.

En atención a lo anteriormente expuesto y en virtud de que el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, prohíbe la posibilidad de apelación en los juicios cuya cuantía sea inferior a quinientas unidades tributarias (500 U.T), quien juzga considera que, en el caso de autos, lo procedente es declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto en fecha 25 de marzo de 2011, por la abogada M.P.D., contra la sentencia dictada en fecha 23 de marzo de 2011, por el Juzgado Tercero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara, y así se declara.

En otro orden de ideas, de la revisión de las actas que conforman el presente expediente relativo al juicio por cumplimiento de contrato de arrendamiento, seguido por el ciudadano D.B., en nombre y representación de la firma mercantil Agencia Bravo, C.A, contra el ciudadano J.M.R.S., se observa que, el objeto del presente juicio lo constituye la entrega de un inmueble constituido por una vivienda situada en la calle 59, entre carreras 13B y 13C, distinguido con el Nº 13-B-60, de esta ciudad de Barquisimeto, estado Lara, con las siguientes medidas y linderos particulares: Norte: en treinta metros y sesenta y cinco centímetros (30,65 m), con terrenos ocupados por P.G.T.; Sur: en treinta metros con ochenta y ocho centímetros (30,88 m), con terreno ocupado por C.E.R.d.A.; Este: en siete metros ochenta y tres centímetros (7,83 m), con la calle 59 que es su frente; y Oeste: en siete metros con ochenta y cinco centímetros (7,85 m), con terreno ocupado por el Dr. Agüero Hernández, ubicado en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, el cual está destinado a la vivienda principal, situación de hecho que se subsume en el supuesto normativo previsto en los artículos 1, 2, 4 y 5 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.668, de fecha 06 de mayo de 2011; y tomando en consideración que el artículo 4 eiusdem establece que “A partir de la publicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, no podrá procederse a la ejecución de desalojos forzosos o a la desocupación de viviendas mediante coacción o constreñimiento contra los sujetos objeto de protección indicados en este Decreto Ley, sin el cumplimiento previo de los procedimientos especiales establecidos, para tales efectos, en el presente Decreto Ley. Los procesos judiciales y administrativos en curso para la entrada en vigencia de este Decreto-Ley, independientemente de su estado o grado, deberán ser suspendidos por la respectiva autoridad que conozca de los mismos, hasta tanto las partes acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en este Decreto-Ley, luego de lo cual, y según las resultas obtenidas, tales procesos continuarán su curso”, se ORDENA LA SUSPENSIÓN del procedimiento judicial hasta tanto conste en actas que las partes cumplieron con el procedimiento especial previsto en dicho Decreto Ley, y así se declara.

Por último, por cuanto el expediente principal cursa ante el Juzgado Tercero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara, quien juzga considera que lo procedente es, remitir las presentes actuaciones al juzgado de la causa, a los fines de que, una vez agregadas al asunto KP02-V-2010-250, se suspenda el procedimiento de ejecución de la sentencia, hasta tanto las partes cumplan con el procedimiento establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas.

DECISIÓN

En virtud de las anteriores consideraciones, esta Juzgadora Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto en fecha 25 de marzo de 2011, por la abogada M.P.D., en su condición de apoderada judicial de la parte demandada, contra la sentencia definitiva dictada en fecha 23 de marzo de 2011, por el Juzgado Tercero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en el juicio por cumplimiento de contrato de arrendamiento, incoado por el ciudadano D.B., en nombre y representación de la firma mercantil Agencia Bravo, C.A., contra el ciudadano J.M.R.S.. En consecuencia, se REVOCA el auto de admisión de la apelación proferido fecha 30 de marzo de 2011, por el Juzgado Tercero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, SE SUSPENDE el presente procedimiento, hasta tanto las partes cumplan con el procedimiento administrativo especial contemplado en dicho Decreto.

No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente en su debida oportunidad al tribunal de origen.

Expídase copia certificada de la presente decisión para ser agregada al Libro respectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, en Barquisimeto, a los treinta (30) días del mes de mayo de dos mil once.

Años: 201° de la Independencia y 152° de la Federación.

La Juez Titular,

El Secretario Titular,

Dra. M.E.C.F.

Abg. J.C.G.G.

En igual fecha y siendo las 10:12 a.m., se publicó y se expidió copia certificada conforme a lo ordenado.

El Secretario Titular

Abg. J.C.G.G.