Decisión nº 1478 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 12 de Agosto de 2010

Fecha de Resolución12 de Agosto de 2010
EmisorJuzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario
PonenteJavier Sanchez Aullon
ProcedimientoRecurso Contencioso Tributario

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, 12 de agosto de 2010

200º y 151º

ASUNTO N° AF41-U-1993-000034.- SENTENCIA Nº 1478.-

ASUNTO ANTIGUO N° 751.-

VISTOS

sin informes de las partes.

En horas de despacho del día 02 de junio de 1993, la ciudadana F.S.S., titular de la cédula de identidad Nº V-6.816.140 e inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 26.770, actuando en su carácter de apoderada judicial de la aportante “DOMINGUEZ & CIA. VALENCIA, S.A.” sociedad mercantil inscrita ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 04 de febrero de 1966, Libro de Registro N° 53, bajo el N° 4; interpuso formal recurso contencioso tributario de conformidad a lo previsto en los artículo 185 y siguientes del Código Orgánico Tributario de 1992, aplicable rationae temporis, en contra del acto administrativo emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) contenido en la factura especial N° C1-35-0009-4 01029310, de fecha 02 de octubre de 1992, por monto de Bs. 1.055.317,49, equivalente actualmente a Bs.F. 1.055,32 en virtud de la reconversión monetaria que entró en vigencia el 01 de enero de 2008, según el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reconversión Monetaria N° 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.638 del 06 de marzo de 2007, expedida por dicho Instituto a la mencionada aportante, en concepto de diferencia del salario mínimo facturado para los períodos comprendidos entre las semanas N° 01 a la N° 39 del año 1992.

Mediante auto de fecha 09 de junio de 1993, se le dió entrada a dicho recurso, ordenándose formar expediente bajo el N° 751, actualmente Asunto N° AF41-U-1993-000034, y librar boletas de notificación dirigidas a los ciudadanos Contralor General de la República, Procurador General de la República y Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.); igualmente se ordenó solicitar el envío a este Órgano Jurisdiccional del expediente administrativo formado con base al acto administrativo impugnado. Se libraron al efecto las correspondientes boletas de notificación y oficio.

Estando las partes a derecho, según consta en autos a los folios 31 al 33 ambos inclusive, se admitió dicho recurso mediante auto de fecha 11 de agosto de 1993, ordenándose su tramitación y correspondiente sustanciación.

Por auto del 16 de septiembre de 1993, se abrió la causa a pruebas.

En fecha 11 de octubre de 1993 comparecieron las ciudadanas D.M.d.S., inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 14.374, actuando en su carácter de apoderada judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), y F.S.S., ya identificada, actuando en su carácter de de apoderada judicial de la recurrente, quienes mediante diligencia acordaron suspender el juicio hasta el día 17 de enero de 1994.

En fecha 26 de enero de de 1994, las apoderadas judiciales de las partes en litigio, solicitaron nuevamente la suspensión del procedimiento hasta el día 26 de marzo de 1994.

En fecha 23 de marzo de 1995, compareció la ciudadana N.M.V.P., inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 9.404, actuando en su carácter de apoderada judicial de la recurrente, quien solicitó de este Órgano Jurisdiccional, mediante diligencia, la continuación de la causa y solicitó la habilitación del tiempo necesario. Habida cuenta de lo anterior, el Tribunal en fecha 12 de mayo de 1995, previa habilitación, acordó la continuación del procedimiento, y se ordenó librar boletas de notificación a las partes, a los fines de que una vez que constase en autos la última de dichas notificaciones debidamente cumplidas, se fijara el lapso para llevarse a cabo el acto de informes.

En fechas 19 y 25 de septiembre de 1995, fueron consignadas y agregadas a los autos, debidamente cumplidas, las boletas de notificación correspondientes a los ciudadanos Procurador General de la República y Contralor General de la República respectivamente.

En fecha 27 de febrero de 1996, se consignó en autos, sin firmar ni sellar, la boleta de notificación dirigida al representante legal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.).

En fecha 08 de mayo de 1996, la ciudadana N.M.V.P., plenamente identificada, solicitó de este Órgano Jurisdiccional, fuera librado cartel de notificación por prensa dirigido al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.). En virtud de lo anterior, el Tribunal ordenó mediante auto de fecha 14 de mayo de 1996, librar el referido cartel de notificación por prensa.

El 25 de junio de 1996, la apoderada judicial de la recurrente consignó el original de la página 4-24 del Diario El Universal, de fecha 13 de junio de 1996, en la cual fue publicado el cartel de notificación por prensa dirigido al Instituto recurrido.

Mediante auto del 15 de julio de 1996, el Tribunal fijó para el decimoquinto (15°) día de despacho siguiente, la oportunidad para que tuviese lugar el acto de informes.

Siendo en fecha 13 de agosto de 1996, la oportunidad procesal correspondiente para que las partes presentasen sus informes, el Tribunal dejó expresa constancia que las mismas no hicieron uso de ese derecho, y seguidamente dijo “VISTOS”.

En fecha 25 de septiembre de 1996, comparecieron las ciudadanas N.M.V.P. y A.C.R., la primera actuando en su carácter de apoderada judicial de la aportante, y la segunda actuando en su carácter de apoderada judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), quienes consignaron diligencia mediante la cual solicitaron a este Tribunal suspender la causa por un lapso de tres (03) meses. En tal virtud, el Tribunal dictó auto en esa misma fecha, acordando la suspensión de la causa, al tiempo que se advirtió que vencido dicho lapso, el juicio seguiría su curso normal.

No hubo más actuaciones por parte de la representación judicial de la recurrente.

En fecha 01 de junio de 2010, quien suscribe la presente decisión en su carácter de Juez Provisorio de este Tribunal, debidamente designado mediante Oficio Nº CJ-09-0100 de fecha 06 de febrero de 2009, emanado de la Presidencia de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y Juramentado el día 04 de marzo de 2009, por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, se abocó al conocimiento de la presente causa; y asimismo, comparte el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 23 de octubre de 2002 (caso: Módulos Habitacionales, C.A.) donde se indicó:

"... el avocamiento (sic) de un nuevo Juez sea ordinario, accidental o especial, al conocimiento de una causa ya iniciada, debe ser notificado a las partes, aunque no lo diga la ley expresamente, para permitirle a éstas, en presencia de alguna de las causales taxativamente establecidas, ejercer la recusación oportuna, y de proceder ésta, con la designación del nuevo juzgador, garantizar a las partes su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido de acuerdo a la ley, derecho éste comprendido en el concepto más amplio de derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.

Siendo ello así, la falta de notificación a las partes del avocamiento (sic) de un nuevo Juez al conocimiento de una causa en curso, podría constituir una violación de la garantía constitucional del derecho de defensa; no obstante, considera esta Sala que, para configurarse tal violación, es necesario que, efectivamente, el nuevo Juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido resultaría inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma”. (Destacado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).

-I-

ÚNICO

De la revisión detallada de los autos que conforman el expediente de la causa in examine, puede este Juzgador evidenciar que desde la fecha en la cual se dijo “VISTOS”, la aportante “DOMÍNGUEZ & CIA. VALENCIA, S.A.”, por medio de su apoderada judicial, ha instado el proceso en una sola ocasión, a saber, cuando en fecha 25 de septiembre de 1996, conjuntamente con la apoderada judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), solicitaron a este Tribunal suspender la causa por un lapso de tres (03) meses. A partir de allí, no ha ocurrido nuevamente a dar impulso a la causa, por lo cual resulta oportuno analizar de seguidas, si se ha producido la pérdida sobrevenida del interés por parte de la recurrente y, consecuencialmente, el decaimiento de la acción incoada.

En cuanto al interés procesal, el maestro i.P.C., en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídicas E.A., Buenos Aires, 1973) señala: “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”.

En virtud de lo anterior, debe este Tribunal señalar el criterio jurisprudencial expuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia Nº 416 (caso: Ciudadanía Activa), publicada en fecha 28 de abril de 2009, el cual ratificó el criterio planteado por dicha Sala mediante el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.), expresando lo siguiente:

… (Omissis).

El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.

El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) C.J. Moncada’).

El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y M.P.M. de Valero’).

En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.

(Omissis)…

(Resaltado del Tribunal).

Del criterio jurisprudencial antes transcrito se colige, que la pérdida sobrevenida del interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se diga “VISTOS” y comience el lapso para dictar la sentencia de mérito.

A mayor abundamiento, cabe destacar lo puntualizado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:

(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:

a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.

b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido

. (Destacado de este Juzgado Superior).

Ahora bien, este Despacho comparte y está en sintonía con el criterio precedentemente expuesto, y evidencia que en el presente caso se está claramente en presencia de la segunda de las situaciones expuestas por la Sala Constitucional, toda vez que se dijo “VISTOS” en fecha 13 de agosto de 1996; y la última actuación de la parte recurrente se produjo el 25 de septiembre de 1996, fecha en la cual su apoderada judicial, conjuntamente con la representante del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), consignaron diligencia mediante la cual solicitaron a este Tribunal suspender la causa por un lapso de tres (03) meses.

Siendo ello así, y ante la ausencia de manifestación asidua en que se decida la presente causa, este Tribunal al considerar que resulta inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado, tal y como lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las citadas Sentencias, estima pertinente declarar extinguida la acción por pérdida sobrevenida de interés procesal. (Ver decisión de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 740, del 19 de junio de 2008). Así se declara.

-II-

DECISIÓN

Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN por pérdida sobrevenida del interés procesal, del recurso contencioso tributario interpuesto por la apoderada judicial de la aportante “DOMINGUEZ & CIA. VALENCIA, S.A.”, en contra del acto administrativo emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) contenido en la factura especial N° C1-35-0009-4 01029310, de fecha 02 de octubre de 1992, por monto de Bs. 1.055.317,49, equivalente actualmente a Bs.F. 1.055,32 en virtud de la reconversión monetaria que entró en vigencia el 01 de enero de 2008, según el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reconversión Monetaria N° 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.638 del 06 de marzo de 2007, expedida por dicho Instituto a la mencionada aportante, en concepto de diferencia del salario mínimo facturado para los períodos comprendidos entre las semanas N° 01 a la N° 39 del año 1992.

Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los doce (12) días del mes de agosto de dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.-

El Juez Provisorio,

Abg. J.S.A..- El Secretario,

Abg. F.J.E.G..-

La anterior sentencia se publicó en su fecha, siendo la dos y cuarenta y cinco de la tarde (02:45 p.m.).----------------------------El Secretario,

Abg. F.J.E.G..-

ASUNTO: AF41-U-1993-000034.-

ASUNTO ANTIGUO: 751.-

JSA/fjeg/dgo.-

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