Decisión nº PJ0662010000033 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 11 de Febrero de 2010

Fecha de Resolución11 de Febrero de 2010
EmisorJuzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar
PonenteYelitza Coromoto Valero Rivas
ProcedimientoRecurso Contencioso Tributario

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

DE LA REGIÓN GUAYANA CON COMPETENCIA EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES DE LOS ESTADOS AMAZONAS, BOLÍVAR Y D.A..

Ciudad Bolívar, 11 de febrero de 2.010.-

199º y 150º

ASUNTO: FP02-U-2007-000127 SENTENCIA Nº PJ0662010000033

-I-

Vistos

sin informes de las partes

Con motivo del Recurso Contencioso Tributario, remitido a éste Juzgado mediante oficio Nº GRTI/RG/DJT/2007/3334 por el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) Región Guayana, interpuesto subsidiariamente al recurso jerárquico ante ese mismo órgano por el ciudadano Wensi Wu, de nacionalidad china, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº E-81.976.660, presidente de la sociedad mercantil DON LEE EXPRESS, C.A., asistido por el Abogado L.d.J.V., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 71.855, contra las Planillas de Liquidaciones Nº las Planillas de Liquidaciones Nº 081001225000738 y Nº 081001248001686, ambas de fecha 16 de febrero de 2.005, confirmadas en la Resolución Nº GRTI/RG/DJT/2007/158 de fecha 20 de julio de 2.007, todas emanadas de la Gerencia Regional de Tributos Internos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) Región Guayana.

Este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con Competencia en las Circunscripciones Judiciales de los Estados Amazonas, Bolívar y D.A. en horas de Despacho del día 16 de octubre de 2007, formó expediente bajo el Nº FP02-U-2007-000127, dio entrada al precitado recurso y ordenó practicar las notificaciones de Ley, a los fines de la admisión o no del referido recurso.

En fecha 28 de abril de 2.009, quien suscribe, se abocó al conocimiento y decisión de la presente causa (v. folio 129).

Al estar las partes a derecho y por cumplirse los requisitos establecidos en los artículos 259, 260, 261 y 262 del Código Orgánico tributario (v. folios 120, 128, 144, 147 y 163 ) este Tribunal mediante Sentencia Interlocutoria Nº PJ0662009000065 de fecha 30 de junio de 2009, admitió el recurso contencioso tributario ejercido (v. folios 170 al 173), ordenándose la notificación correspondiente a la ciudadana Procuradora General de la República, así como al Gerente Regional de Tributos Internos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) (v. folios 174 al 180).

En la oportunidad procesal este Tribunal dictó auto de fecha 20 de octubre de 2009, y visto que ninguna de las partes ejerciera su derecho de presentación de pruebas, así como de informes, conforme a lo establecido en el artículo 274 del Código Orgánico Tributario, se fijó el lapso de sesenta días continuos para dictar sentencia (v. folio 197).

En fecha 11 de enero de 2009, se difirió la decisión del presente recurso (v. folio 219).

Cumplidos como han sido, todos los trámites y actos procesales determinados por la legislación tributaria para la sustanciación del recurso contencioso tributario, este Tribunal a los fines de motivar el presente fallo, previamente observa:

-II-

ANTECEDENTES

En fecha 12 de noviembre de 2.004, el ciudadano W.O.R., en su condición de funcionario adscrito a la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera (SENIAT), debidamente facultada mediante P.A. Nº GRTI/RG/DF/7292 de fecha 11 de noviembre de 2004 (v. folio 95), a los fines de verificar el oportuno cumplimiento de los deberes formales relativos a la declaración y pago de los tributos previstos en la ley de Impuesto Sobre la Renta, la Ley de Impuesto a los activos Empresariales y la Ley de Impuesto al Valor Agregado, lo cual arrojo al momento de la visita fiscal: que el RIF no estaba en un lugar visible infringiendo el articulo 190 del Reglamento del Impuesto Sobre la Renta y 107 del Código Orgánico Tributario, y que lleva el registro de compra y/o venta sin cumplir con las formalidades de acuerdo a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la providencia Nº 1677 de fecha 14/03/2003. (v. folio 101, 102)

En la misma fecha, según Acta de Requerimiento Nº GRTI/RG/DF/7292-1, el funcionario antes identificado solicitó al contribuyente documentos referentes a la fiscalización realizada (v. folio 96).

Asimismo en la misma fecha el funcionario actuante dejo constancia de la documentación entregada por el contribuyente según Acta de Recepción Nº GRTI/RG/DF/7292-2 y de la verificación de los mismos mediante Acta de Verificación Nº GRTI/RG/DF/7292-3 (v. folios 97, 100).

Posteriormente en fecha 17 de noviembre de 2004, la administración tributaria sancionó a la contribuyente imponiéndole la Clausura del establecimiento por dos (2) según Resolución Nº 1294.

En fecha 19 de noviembre de 2004 se procedió a la reapertura del establecimiento según acta Nº GRTI/RG/DF/7292 (v. folio 104).

En fecha 15 de febrero de 2005, según Planillas de Liquidación Nº 081001248001686 y 081001225000738, se multó a la contribuyente con 40 U.T., equivalente a 1172 (v. folios 63 al 66).

Así las cosas en fecha 14 de abril de 2005, el recurrente interpuso Recurso Jerárquico subsidiariamente al Recurso Contencioso Tributario de conformidad con lo previsto en los artículos 242 y 259 del Código Orgánico Tributario ante la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera (SENIAT), conforme se desprende del Auto de Recepción Nº 008-2005 (v. folio 62).

En fecha 20 de julio de 2.007, la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera (SENIAT), mediante Resolución Nº GRTI/RG/DJT/2007/158, declaró sin lugar el aludido recurso jerárquico (v. folios 02 al 22).

-III-

ARGUMENTOS DE LAS PARTES

En resumen alega el representante del recurrente.

Que el acta de requerimiento esta viciada en la causa, por que se violaron flagrantemente los artículos 42 y 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 163 del Código Orgánico Tributario, y en consecuencia se violo el principio de la certeza tributaria.

Asimismo asevera la nulidad absoluta del acto administrativo de conformidad con el articulo 25 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, y los numerales 3 y 4 del articulo 19 de la LOPA, por la desviación de poder y discrecionalidad de los funcionarios públicos que violan el derecho de los administrados, establecidos en el articulo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Que la resolución impugnada incurrió en la violación del debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y principio Non Bis In Dem, principio que establece que no puede existir doble sanción por un mismo hecho, bajo una misma responsabilidad; al tratar de aplicar dos (2) sanciones, basándose en la misma Acta de Infracción, conforme lo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

-IV-

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Planteada la litis en los términos antes señalados, este Órgano Jurisdiccional observa lo siguiente:

Que en el caso subjudice, el acto administrativo impugnado tienen su fundamento en los artículos 163 del reglamento de la Ley de Impuesto Sobre la Renta y los artículos 5 y 6 de la p.a. Nº 1677 de fecha 14 de marzo de 2003, relativo a los ilícitos formales, infracciones que por ser naturaleza formal tienen carácter obligatorio de cumplimiento por parte de los administrados; amén de que la Administración Tributaria tiene entre sus facultades la posibilidad de verificar en cualquier momento el cumplimiento de tales deberes formales, e imponer consiguientemente, las sanciones a que haya lugar, sin que por ello debilite ni conculque en forma alguna el derecho a la defensa de los contribuyentes.

Al respecto, frente a la denuncia formulada por la sociedad mercantil DON LEE EXPRESS, C.A., y examinados como han sido los actos administrativos que rielan insertos en el presente asunto, se observa que inicialmente el procedimiento de verificación de las obligaciones tributarias que deben cumplir los contribuyentes, fue iniciado mediante P.A. Nº GRTI/RG/DF/7292, de fecha 11 de noviembre de 2004 (v. folio 95), de acuerdo al Acta de Requerimiento Nº GRTI/RG/DF/7292-1, (v. folio 96) de fecha 12 de noviembre de 2004, autoriza al funcionario actuante a requerir de forma inmediata la siguiente documentación: 1.- Original del número de identificación tributaria (NIT), y del registro de información fiscal (RIF); 2.- Inscripción en el registro mercantil; 3.- Planillas de Declaración IVA correspondiente a los periodos no le corresponde; 4.- Planillas de Declaraciones Definitivas de ISLR e IAE correspondiente a los dos últimos periodos; 5.- Libros de compras y ventas o libros de operaciones; 6.- Libro de control y mantenimiento de maquinas registradora; 7.- Último talonario de ventas o reportes “Z” del día anterior, reporte “X” para el momento de la visita; 8.- documento de propiedad o contrato de arrendamiento del local comercial y última factura de pago.

Seguidamente, una vez entregada el Acta de Requerimiento supra mencionada, el funcionario actuante levantó Acta de Recepción Nº GRTI/DRG/DF/7292-2 (v. folio 97, 98). E igualmente, en esa misma fecha se levantaron el Acta de Verificación Nº GRTI/RG/DF/7292-3 (v. folios 99, 100), las Actas de Infracción Nº GRTI/RG/DF/7292-4 y GRTI/RG/DF/7292-5 (v. folios 101 y 102), la Resolución de Clausura del Establecimiento Nº GRTI/RG/DF/2004-1294 de fecha 17 de noviembre de 2.004 (v. folios 103), y Acta de Reapertura del Establecimiento Nº GRTI/RG/DF/7292 de fecha 19 de noviembre de 2.004, documentos administrativos públicos, emanados de un funcionario competente, de conformidad con el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil, por autorización expresa del artículo 332 del Código Orgánico Tributario, se les otorga el pleno valor probatorio que se emana de las mismas. Así se decide.-

Visto esto, es conveniente denotar que el legislador tributario ha sido claro y preciso, al delimitar al ilícito tributario, como toda acción u omisión violatoria de las normas tributarias, también se detalla la clasificación de tal conducta antijurídica, como:

1. Ilícitos formales;

2. Ilícitos relativos a las especies fiscales y gravadas;

3. Ilícitos materiales;

4. Ilícito sancionado con pena restrictiva de libertad.

Siendo así, es comprensible admitir que toda aquella conducta antijurídica, de naturaleza tributaria, que constituya el incumplimiento de alguna obligación o deber tributario, puesto a cargo del contribuyente o responsable, enmarca una conducta fuera de la ley, que para este caso en particular, se refiere a los llamados ilícitos formales, tales como: la falta de comparecencia a las citaciones, no aportación de los elementos solicitados, falta de presentación de las declaraciones, incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los requerimientos efectuados por los funcionarios, no llevar registros especiales, no emitir facturas o emitirlas sin el cumplimiento de los requisitos, entre otros.

Dentro de este marco jurídico se encuentra respecto a los ilícitos formales, el artículo 102 del Código Orgánico Tributario vigente, determina la obligatoriedad en el cumplimiento de los deberes formales impuestos a los contribuyentes, responsables y terceros, a los fines de facilitar la determinación de la obligación tributaria o fiscalización o verificación del cumplimiento de ella, según reza:

Artículo 102. Constituyen ilícitos formales relacionados con la obligación de llevar libros y registros especiales y contables:

1. No llevar los libros y registros contables y especiales exigidos por las normas respectivas.

2. Llevar los libros y registros contables y especiales sin cumplir con las formalidades y condiciones establecidas por las normas correspondientes, o llevarlos con atraso superior a un (1) mes.

3. No llevar en castellano o en moneda nacional los libros de contabilidad y otros registros contables, excepto para los contribuyentes autorizados por la Administración Tributaria a llevar contabilidad en moneda extranjera.

4. No conservar durante el plazo establecido por las leyes y reglamentos los libros, registros, copias de comprobantes de pago u otros documentos; así como, los sistemas o programas computarizados de contabilidad, los soportes magnéticos o los microarchivos

. (Resaltado de este Tribunal).

En sintonía con la formula jurídica trascrita, se debe precisar que los actos administrativos impugnados tienen sus fundamentos en los artículos 145 y 127 del Código Orgánico Tributario, el primero prevé los deberes formales de obligatorio cumplimiento por parte de los contribuyentes, responsables y terceros; el segundo, le confiere a la Administración Tributaria facultades para verificar el cumplimiento de los deberes formales de los agentes de retención y percepción, e imponer las sanciones a que haya lugar, sin que por ello debilite ni conculque en forma alguna el derecho a la defensa de los contribuyentes, que reza:

Articulo 145: Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir con los deberes formales relativos a las tareas de determinación, fiscalización e investigación que realice la Administración Tributaria y, en especial, deberán:

1. Cuando lo requieran las leyes o reglamentos:

a) Llevar en forma debida y oportuna los libros y registros especiales, conforme a las normas legales y los principios de contabilidad generalmente aceptados, referentes a actividades y operaciones que se vinculen a la tributación y mantenerlos en el domicilio o establecimiento del contribuyente y responsable.

2. Emitir los documentos exigidos por leyes tributarias especiales, cumpliendo con los requisitos y formalidades en ellas requeridos.

…Omissis…

8. Dar cumplimiento a las resoluciones, órdenes, providencias y demás decisiones dictadas por los órganos y autoridades tributarias, debidamente notificadas

.

Articulo 127: “…Omissis…

Exigir a los contribuyentes, responsables y terceros la exhibición de su contabilidad y demás documentos relacionados con su actividad, asi como que proporcionen los datos o informaciones que se le requieran con carácter individual o general...” (Resaltado de este Tribunal).

A mayor abundamiento, se observa que la Administración Tributaria en el ejercicio de su facultad investigativa puede actuar de dos formas distintas, como: i) Determinativa, ésta implica un proceso de fiscalización de fondo donde los funcionarios actuantes deben determinar si en un caso en particular se concretó y exteriorizó la situación objetiva establecida en la Ley para la configuración del hecho imponible que da lugar al nacimiento de la obligación tributaria o si por el contrario no existe crédito tributario procedimiento determinativo que sirve de concreción y causa del acto administrativo a ser dictado en el cual se prevé la participación del contribuyente a través de la presentación del correspondiente escrito de descargos y de la aportación de pruebas pertinentes para sustentar sus alegatos. ii) Verificadora, la cual consiste tal como su nombre lo indica en verificar si el contribuyente ha dado cumplimiento a los deberes formales que establece el ordenamiento jurídico, basta la constatación por parte de la Administración Tributaria del incumplimiento de deberes formales por parte del contribuyente para la imposición de la sanción correspondiente, por supuesto que, en tal caso, la Administración respetando el principio de legalidad administrativa debe actuar bajo los parámetros establecidos en la ley, tal y como sucedió en el caso de autos.

Dentro de este marco jurídico se encuentra respecto a los ilícitos formales, el artículo 102, numeral 2 del Código Orgánico Tributario vigente. Antes trascrito, determina la obligatoriedad en el cumplimiento de los deberes formales establecidos a los contribuyentes, responsables y terceros, a los fines de facilitar la determinación de la obligación tributaria, bien sea, por fiscalización o verificación del cumplimiento de ella.

El acto administrativo en general disfruta de una cualidad excepcional que lo hace presumir legítimo mientras no se demuestre lo contrario. En los procedimientos administrativos de segundo grado o de revisión de los actos administrativos, corresponde al interesado la carga de destruir la apariencia legítima del acto, no sólo alegando los supuestos vicios de que éste adolece, sino demostrando la real existencia de los mismos, pues de lo contrario la aplicación de los principios de legitimidad y de estabilidad de las manifestaciones de voluntad de la Administración (“Favor Acti”) haría sucumbir la impugnación interpuesta por el administrado.

Pues bien, al proceder a analizar la resolución impugnada se observa que la Administración Tributaria amparó su decisión de sancionar a la contribuyente de conformidad con el artículo 102 del Código Orgánico Tributario, por incumplimiento de deberes formales, al efectuar la verificación conforme al acta de requerimiento.

En virtud de lo anterior, para que el Juez llegue a ordenar procedente la nulidad solicitada, debe apreciar las pruebas y verificar si éstas se ajustan a los presupuestos de ley, conforme a los artículos 12 y 506 del Código de Procedimiento Civil.

Así las cosas, se debe también recordar, que estamos frente a un procedimiento judicial que tiene por objeto la nulidad y la interpretación de normas y hechos que permitan verificar la procedencia de las sanciones, por lo tanto, no basta sólo con alegar los vicios, también debe probarse la existencia del derecho o de la nulidad de la Resolución impugnada, siendo perfectamente aplicable el Artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, que establece:

"Artículo 506.- Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. Los hechos notorios no son objeto de prueba". (Resaltado de este Tribunal).

De hecho, el foro nacional tributario ha previsto que respecto a los ilícitos tributarios la carga de prueba recae sobre quien impugna el acto dictado por la Administración Tributaria, cualquiera sea su contenido; y que ello, no sólo deviene del aquel principio según el cual “quien alega prueba”, sino de una característica propia de los actos que son impugnados en este tipo de procesos, los cuales se estiman apegados a derecho mientras no se demuestre lo contrario, lo que ordinariamente se conoce como la presunción innominada de legalidad de los actos administrativos de contenido tributario.

Caso contrario, ocurre cuando se refiere a infracciones tributarias, en las que se invierte la carga de la prueba, al corresponder a la Administración Tributaria probar mediante sus actas fiscales que el contribuyente efectivamente incurrió en los supuestos de procedencia para la imposición de la sanción administrativa, ya que se encuentra tutelado por el principio constitucional “onus probandi” o presunción de inocencia mientras no se pruebe lo contrario, prevista en el artículo 49, ordinal 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

No obstante, en aquellos casos como en el subjudice, en el que la Administración Tributaria sanciona el incumplimiento de deberes formales, la inversión de la carga de la prueba no se produce, eximiendo al órgano fiscal del deber de comprobar la conducta ilícita del contribuyente; para pasar a ser, el administrado quien deba demostrar que los presupuestos que dieron origen a la imposición de la sanción (actas administrativos impugnadas) son inciertas, a través de las pruebas que estime el recurrente como apropiadas para liberarlo de tales objeciones.

De tal manera, que ante los presupuestos trascritos, ocurridos al momento de la revisión realizada a la contribuyente, respecto se pudo comprobar que el contribuyente no exhibía en un lugar visible de la oficina o establecimiento el certificado o inscripción del RIF y llevaba el registro de compra y/o venta sin cumplir con las formalidades establecidas en la providencia Nº 1677,, este Juzgador observa que su contradicción sólo incumbe al recurrente de autos y no a la Administración Tributaria, por ser éste quien por la facilidad de la prueba, pueda demostrar lo contrario aportando alguna elemento probatorio al juicio.

A la postre de tales consideraciones, es oportuno aclarar que, si bien es cierto, que dichos actos gozan de la presunción de legitimidad y veracidad, no es menos cierto, que gracias a la comentada inversión de la carga de la prueba, el contribuyente siempre ostentó posibilidad de valerse de cualquier medio de prueba para desconocer el contenido de los mismos (en razón de libertad probatoria que le ha sido otorgada) tanto en la etapa gubernativa como en la etapa jurisdiccional, y al no hacerlo dejó en franco desamparo su pretendida nulidad.

Asimismo, se hace necesario denotar que en los procedimientos administrativos de verificación de cumplimiento de deberes formales, no se apertura procedimiento sumario alguno, en razón de que su objetivo lo constituye la supervisión del efectivo cumplimiento de los deberes esenciales en el ejercicio de una correcta actuación tributaria.

De tal manera, que ante los presupuestos trascritos, ocurridos al momento de la verificación realizada a la contribuyente, respecto de llevar la relación de compras y ventas conforme a lo prevé en los artículos 102 del Código Orgánico Tributario y artículos 5 y 6 de la Providencia 1677 de fecha 14/03/2003, tal como demuestran los documentos administrativos públicos consignados por la Administración Tributaria, esta Juzgadora observa que su contradicción sólo incumbe al recurrente de autos y no a la Administración Tributaria, por ser éste quien por la facilidad de la prueba, pueda demostrar lo contrario aportando alguna elemento probatorio al juicio.

En razón de lo anterior, puede esta Sentenciadora apreciar que el recurrente se limita simplemente a alegar en su escrito pero sin probar sus argumentos con el objeto de que esta sentenciadora verificase la procedencia de la nulidad solicitada, limitando la posibilidad de que el Juez analizase los hechos; por lo tanto, mal podría esta juzgadora declarar con lugar la nulidad solicitada al no poder sacar elementos de convicción del presente expediente, además de tomar en cuenta el interés de la recurrente de extinguir la obligación por medio del pago que si bien no fue materializada de una manera o otra hay un reconocimiento de la infracción. Así se declara.

Ahora bien, sostiene en su defensa la recurrente, que los actos administrativos violentaron su derecho a la defensa y al debido proceso consagrado en el artículo 49 de Nuestra Carta Fundamental y al principio Non Bis In Idem consagrados nuestro texto fundamental.

En este sentido, el constituyente venezolano dispuso en el numeral 1º del citado artículo 49, que:

El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:

1. Toda persona en inocente mientras no se pruebe lo contrario

. (Resaltado de este Tribunal).

Existe violación del derecho a la defensa cuando el interesado no conoce el procedimiento que pueda afectarlo, se le impide su participación o el ejercicio de sus derechos, o se le prohíbe realizar actividades probatorias.

En el caso de marras, considera esta Juzgadora que las Resoluciones GRTI/RG/DF/2004-1294, de fecha 17 de noviembre de 2.004 y GRTI/RG/DJT/2007/158, de fecha 20 de julio de 2007, emanadas de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en ningún momento menoscabaron los derechos consagrados en el precitado artículo.

Así las cosas, es oportuno denotar que la aplicación de la sanción (multa) en la esfera económica del contribuyente, en ningún sentido violenta el principio constitucional del derecho a la defensa, en cuanto a que existen procedimientos administrativos y jurisdiccionales de revisión de las actuaciones fiscales de imposición de sanciones, mediante los cuales el afectado podrá alegar y exponer todas las defensas que considere pertinentes y lograr de este modo enervar la sanción y sus efectos. En tal sentido en el caso bajo análisis, la Administración Tributaria realizó un procedimiento de verificación donde pudo constatar el ilícito formal, además de motivar las razones de la aplicación de la multa con sus basamento jurídicos, cada uno de los actos administrativos contentivos de las Resoluciones sanción, objeto de impugnación del presente recurso contencioso tributario, a fin de que el contribuyente conociera el incumplimiento en que incurrió, con la intención de que si se le lesiona sus derechos pudiera ejercer una defensa oportuna y efectiva. Tan es así, que las prenombradas Resoluciones emanadas de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), al motivar cada uno de los actos impugnados, señalaron a la contribuyente que: “…en cumplimiento a lo exigido en el articulo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos se hace del conocimiento del contribuyente DON LEE EXPRESS, C.A., que puede interponer el recurso jerárquico y contencioso tributario conforme a los artículos 242 y 243 del Código Orgánico Tributario (…) y 249 eiusdem por ante algún órgano de los señalados en los artículos 245, 262 del mismo código…”.

De hecho, la contribuyente optó por la vía Administrativa y de manera subsidiaria la Jurisdiccional, teniendo la oportunidad de ejercer todos los medios de defensa que hubiese considerado pertinente para acatar y desvirtuar la decisión sancionatoria in examine. Por consiguiente, este Tribunal manifiesta que se cumplió a cabalidad con los requisitos de forma y fondo previstos en el Código Orgánico Tributario para la emisión de los actos, así como con el deber de exteriorizar los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se fundamentó la Administración Tributaria para dictar su decisión, según los hechos que existen y se corresponden con la norma que consagra el poder jurídico de actuación. Así se declara.-

En consecuencia, al no haber desvirtuado el recurrente en forma alguna, que los actos administrativos violentaron su derecho a la defensa y el debido proceso, la presunción de inocencia y al principio Non Bis In Idem, este Órgano Jurisdiccional de Instancia confirmar y por ende declarar legal, legítima y procedente la aplicación de la sanción conforme a lo preceptuado en los citados artículos 5 y 6 de la P.A. 1677 de fecha 14 de marzo de 2.003. Así se decide.-

-V-

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas y cumplidos como han sido los requisitos legales en el presente juicio, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con Competencia en las Circunscripciones Judiciales de los Estados Amazonas, Bolívar y D.A., administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el presente recurso contencioso tributario remitido a éste Juzgado mediante oficio Nº GRTI/RG/DJT/2007/3334 por el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) Región Guayana, interpuesto subsidiariamente al recurso jerárquico ante ese mismo órgano por el ciudadano Wensi Wu, de nacionalidad china, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº E-81.976.660, presidente de la sociedad mercantil DON LEE EXPRESS, C.A., asistido por el Abogado L.d.J.V., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 71.855, contra las Planillas de Liquidaciones Nº 081001225000738 y Nº 081001248001686, ambas de fecha 16 de febrero de 2.005, confirmadas en la Resolución Nº GRTI/RG/DJT/2007/158 de fecha 20 de julio de 2.007, todas emanadas de la Gerencia Regional de Tributos Internos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) Región Guayana. En consecuencia:

PRIMERO

Se CONFIRMAN las Planillas de Liquidaciones Nº 081001225000738 y Nº 081001248001686, ambas de fecha 16 de febrero de 2.005, confirmadas en la Resolución Nº GRTI/RG/DJT/2007/158 de fecha 20 de julio de 2007, emanadas de la Gerencia Regional de Tributos Internos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) Región Guayana.

SEGUNDO

Se CONDENA en costas a la contribuyente DON LEE EXPRESS, C.A.., en un cinco por ciento (05%) del monto de la cuantía de lo debatido, de conformidad con lo establecido en el artículo 327 del Código Orgánico Tributario vigente, y así también así declara.-

TERCERO

Se ORDENA la notificación de los ciudadanos Procuradora y Contralor General de la República de conformidad con lo previsto en el Artículo 12 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional. Líbrense boletas.

Se advierte a las partes que, de conformidad con el único aparte del artículo 278 del Código Orgánico Tributario y el criterio sostenido por nuestro M.T.d.J. (Sentencia N° 991 de la Sala Político-Administrativa de fecha 2 de julio de 2003, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, caso: Tracto Caribe, C.A., Exp. N° 2002-835), esta sentencia no admite apelación, por cuanto el quantum de la causa no excede de quinientas (500) unidades tributarias.

Publíquese, regístrese, y emítase cuatro (4) ejemplares del mismo tenor a los fines de practicar las notificaciones de ley.

Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con Competencia en las Circunscripciones Judiciales de los Estados Amazonas, Bolívar y D.A., en Ciudad Bolívar, a los once (11) días del mes de febrero del año dos mil diez (2.010). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

LA JUEZA SUPERIOR PROVISORIA

ABG. Y.C. VALERO R.

EL SECRETARIO

ABG. HECTOR D. ANDARCIA R.

En esta misma fecha, siendo las once y doce de la mañana (11:12 a.m.) se dictó y publicó la sentencia Nº PJ0662010000033

EL SECRETARIO

ABG. HECTOR D. ANDARCIA R.

YCVR/Hdar/fdcvs.-

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