Decisión nº 1.911-2013 de Tribunal Segundo de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 23 de Octubre de 2013

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO SEGUNDO DE CONTROL

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA

EXTENSION S.B.D.Z.

S.B.d.Z., veintitrés (23) de octubre de 2013 de 2013.-

203° y 154º

Causa Penal N° C02-32.755-2013

Causa Fiscal Nº 24-FM2-311.621-2013

DECISIÓN Nº 1.911 - 2013.-

ACTA DE AUDIENCIA PRELIMINAR (OTORGAMIENTO DE SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCESO)

En el día de hoy, veintitrés (23) de octubre de 2013, siendo las diez horas de la mañana (10:00 a.m.), oportunidad fijada por este Tribunal Segundo de Control, para llevar a efecto audiencia oral (audiencia preliminar), de conformidad con lo establecido en el artículo 368 del Código Orgánico Procesal Penal Vigente en armonía con el artículo 309 del Código eiusdem. Presidido por la Jueza Segunda de Control, abogada G.M.R., actuando como Secretaria la abogada LIXAIDA M.F., con ocasión a la acusación interpuesta por la Fiscalía Municipal Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en relación a la causa penal Nº C02-32.755-2013, seguida contra el ciudadano P.J.M.F., por la presunta comisión del delito de POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. Seguidamente la Jueza de Control insta a la Secretaria a verificar la presencia de las partes, quien manifestó: “ciudadana Jueza, han comparecido el abogado P.D.M., en su condición de Fiscal (A) Municipal Segundo del Ministerio Público del Estado Zulia, el ciudadano P.J.M.F., previo traslado del retén policial de esta localidad, acompañado de la abogada NOIRALITH GONZALEZ, Defensora Pública Quinta Auxiliar Penal Ordinario, adscrita a la Unidad de la Defensa Pública del Estado Zulia, Municipio Colón del Estado Zulia. Es todo”. Acto continuo la Jueza de Control, declara abierta la audiencia y anuncia el inicio del acto, advirtiéndole a las partes que la misma no tiene carácter contradictorio y que no se permitirán planteamientos propios del juicio oral y público, que deben hacer sus peticiones de forma breve, asimismo que pueden hacer uso de las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso contenidas en los artículos 357 y 358 del Código Orgánico Procesal Penal, previstas en el procedimiento para el juzgamiento de los delitos menos graves consagrado en el Libro Tercero, Título Segundo, artículos 354 y siguientes. También se le explicó sólo al procesado sobre el procedimiento por admisión de los hechos, establecido en el artículo 375 del Código eiusdem; de igual modo la trascendencia e importancia del presente acto. A continuación se le concede la palabra al representante del Ministerio Público, abogado P.D.M., para que exponga en forma oral los argumentos en que basa su acusación, quien señaló: “esta representación fiscal, procede a ratificar en todas y cada una de sus partes, el escrito de acusación interpuesto en fecha diecisiete (17) de septiembre de 2013, en contra del ciudadano P.J.M.F., por la presunta comisión del delito de POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, con ocasión a los hechos ocurridos el día quince (15) de julio de 2013, aproximadamente a las nueve horas y cincuenta minutos de la noche (09:50 p.m.), momento en que los funcionarios Inspector Agregado J.C., Detective Agregado A.D.L.R. Y Detective J.L., pertenecientes al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas, Subdelegación San C.d.Z., se encontraban realizando labores de investigaciones en la Unidad P3-0422, en la avenida Bolívar, específicamente frente al establecimiento Comercial denominado “Movistar” y semáforo de la entrada al sector 20 de M.d.S.B., Municipio Colón del Estado Zulia, cuando avistaron a un ciudadano en actitud sospechosa, quien al notar la presencia de los funcionarios quiso evadirlos, optaron por interceptarlos y de conformidad con el articulo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, le practicaron una revisión corporal en búsqueda de elementos de interés criminalístico que lo comprometiera, y que por las avanzadas horas de la noche, por temor los residentes y transeúntes del sector y no verse comprometidos, ya que el ciudadano abordado es azote y consumidor de drogas en el sector, no fue posible que contaran con testigos alguno que presenciara el procedimiento, encontrándosele en el bolsillo delantero del pantalón, tres (03) envoltorios de material sintético color negro, atados a un extremo con hilo de coser color negro, contentivo en su interior de restos vegetales de presunta droga denominada marihuana; quedando identificado como P.J.M.F.. En vista del tal hallazgo se procedió a notificarle de su detención, siéndole leídos sus derechos constitucionales, posteriormente retornaron a ese despacho llevando con ellos al detenido y a la presunta droga incautada, la cual se pesó en una balanza digital Marca Tanita, Modelo 1479, dando un peso bruto de 0,5 gramos, seguidamente efectuaron llamada telefónica al Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL) de la Subdelegación de Maracaibo del Estado Zulia, con el fin de verificar los posibles registros policiales y solicitudes que pudiesen presentar, siendo informado por el funcionario A.C., que presenta el siguiente registro policial: Expediente I-361-124, de fecha 08-11-2.009, por el delito de droga, dándole participación de los hechos a la representación del Ministerio Público que represento. Ciudadana Jueza, en este acto se hace indicación de los fundamentos y se expresan los medios de convicción que motivan la presente acusación, se ratifican en todas y cada una de sus partes dicho escrito y los medios de pruebas ofertados, como son las pruebas de expertos, testimoniales y pruebas periciales y de informes, dándole el Ministerio Público a los hechos narrados la calificación jurídica de POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas, en detrimento del ESTADO VENEZOLANO. En este acto, solicito se sustituya la Medida Gravosa que pesa sobre el encausado y sea sustituida por una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, así mismo, solicito sea admitido en todas y cada una de sus partes el citado escrito acusatorio, así como los medios probatorios propuestos, y se ordene la apertura a juicio oral y público, y en caso que el encausado no quiera hacer en este acto uso de una de las medidas alternativas, pido su enjuiciamiento y se apertura la audiencia oral y pública, finalmente solicito copia simple del acta que se levanta, es todo”. A continuación, la Jueza de Control procede a informar al Imputado del Precepto Constitucional inserto en el artículo 49, numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del contenido de los artículos 127 y 133 del Código Orgánico Procesal Penal Vigente, así como a explicarle detalladamente el hecho por el cual es acusado por la representación del Ministerio Público; a lo que manifestó a viva voz a esta Instancia Judicial, su voluntad de querer rendir declaración, identificándose como queda escrito: P.J.M.F.: quien dijo ser de nacionalidad venezolana, natural del S.B., Municipio Colón del Estado Zulia, nacido en fecha 12/10/1.988, de 24 años de edad, Indocumentado, identificado en el Sistema con la nomenclatura LXHTRVLO, de estado civil soltero, de profesión u oficio obrero, hijo de L.M. y de Padre Desconocido, y residenciado en la avenida Bolívar, por el Movistar, que está en el segundo semáforo, frente a la placita de la funeraria, Parroquia S.B., Municipio Colón del Estado Zulia, y estando sin juramento alguno, libre de toda prisión, coacción y apremio expuso: “admito los hechos, yo quiero hacer trabajo para la comunidad y me den la suspensión del proceso esa que usted explicó señora Juez, es todo”. Seguidamente el Tribunal cede la palabra a la abogada NOIRALITH GONZALEZ, Defensora Publica Quinto Penal Ordinario, quien expuso: “ciudadana jueza, escuchada la manifestación voluntaria expresada por mi defendido, quien en esta audiencia admitió los hechos para acogerse a la institución de Suspensión Condicional del Proceso, cosa que no pudo explicar bien por los nervios producidos por el acto; esta defensa técnica procede a ratificar tal planteamiento, por lo que una vez verificada las condiciones de ley para la procedencia de la Suspensión Condicional del Proceso, le otorgue al defendido dicha medida alternativa a la prosecución del proceso, siendo que ésta se hace procedente en derecho, en virtud de que el mismo no posee conducta predelictual, no se le ha otorgado dicho beneficio por ningún otro hecho punible, y la pena que tiene previsto el delito por el cual se le acusa no supera en su límite máximo los ocho (08) años de prisión, además se ofrece como reparación del daño disculpas a la representante del Estado, razones estas por las cuales se solicita que sea declarado con lugar lo solicitado en este acto por el defendido, así mismo solicito en este acto le sea restituido el estado de libertad al defendido y se deje sin efecto la orden de aprehensión dictada por este Tribunal en contra del mismo, para lo cual requiero se ordene oficiar lo conducente para que cese dicha orden de captura. Para finalizar, la defensa solicita me sean expedidas copias simples de la presente acta. Es todo”. En este estado la Jueza de Control, abogada G.M.R., hace la siguiente exposición: finalizada la presente audiencia, pasa la Juzgadora a resolver en presencia de las partes, a tenor de lo dispuesto en el artículo 368 del Código Orgánico Procesal Penal en armonía con el artículo 308 del Código eiusdem. Por lo tanto, lo hace bajo los siguientes términos: “ha ratificado el Fiscal del Ministerio Público, abogado P.D.M., la acusación interpuesta por ante esta Instancia Judicial, en fecha diecisiete (17) de septiembre de 2013, contra el ciudadano P.J.M.F., por la presunta comisión del delito de POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas, en agravio del ESTADO VENEZOLANO, la cual como actuación que da lugar a la fase intermedia, debe reunir las condiciones señaladas no sólo en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, sino haber cumplido previamente para su elaboración, con los pasos procesales ceñidos en la Ley Fundamental. En el caso sub judice, advierte el Juzgado, que tales requisitos se encuentran satisfechos, toda vez que, en primer lugar, la acusación denota claramente el hecho atribuido. En segundo lugar, cuenta con el apoyo de adecuados indicios de culpabilidad. En tercer lugar, está integrada con la información de todos los indicios que la justifican, de manera que el procesado tiene la posibilidad de refutarla. En cuarto lugar, el imputado de autos ha tenido el tiempo necesario para organizar su defensa. Con vista a lo antes expuesto, de conformidad con el numeral 2, se admite totalmente la acusación propuesta, así como los medios de pruebas por ser lícitos, legales, pertinentes y necesarios, para ser debatidos en el juicio oral y público, donde se buscará establecer la verdad de los hechos controvertidos (numeral 9). Pasa esta Juzgadora, entonces, a discriminar las pruebas admitidas: DE LAS PRUEBAS TESTIMONIALES: EXPERTOS PROFESIONALES: señalada con el numeral 1 del capítulo del ofrecimiento de los medios probatorios. DE LOS FUNCIONARIOS ACTUANTES: descritas con los particulares 1, 2 y 3 ambos inclusive. DE LAS PRUEBAS DOCUMENTALES: descritas con los numerales 1, 2, 3 y 4, ambos inclusive. Todas a objeto que sean incorporadas por su lectura al juicio oral y público, de conformidad con los artículos 228, 322 y 341 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide. Por su parte, la defensa técnica, no ofreció prueba alguna. En relación con el numeral 3, a juicio de quien decide, no concurre alguna causal de las establecidas en la ley para dictar el sobreseimiento en la causa bajo examen. Respecto del numeral 4, no hay pronunciamiento que emitir, en virtud que la defensa técnica no opuso excepción alguna a la acusación fiscal, en atención a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Procesal. En relación con el numeral 5, atendiendo a la solicitud del Ministerio Público, a la cual ha manifestado estar conforme la defensa técnica, estima esta Jueza Profesional, que ciertamente las circunstancias fácticas y jurídicas, son suficientes para considerar que hubo algunas variantes en cuanto a los motivos por los cuales le fue decretada la medida de privación judicial preventiva de libertad al imputado de marras, toda vez que en el caso concreto, los hechos narrados en el escrito acusatorio configuran el tipo delictivo de POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, delito este que contempla una pena benigna, que no excede de ocho (08) años, y la misma fue ordenada en razón de que el encausado de autos no asistió a la audiencia preliminar pautada en fecha anterior, ordenadas por esta Instancia Judicial, constituyendo razón suficiente para excluir el peligro de fuga. Aunado a lo expresado, se toma en cuenta que resulta desproporcionada mantener la medida de coerción personal que actualmente soporta el imputado de autos, atendiendo a que normalmente esta clase de delitos se investigan y procesan en libertad, valorando la pena a imponer en una eventual sentencia condenatoria. Del mismo modo, el Tribunal toma en consideración la doctrina establecida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 16-03-2004, con ponencia del entonces Magistrado IVAN RINCON URDANETA, en la cual exhorta a los jueces a quienes corresponda autorizar la imposición de tales medidas, determinar las condiciones requeridas, de tal forma que se puedan llevar razonablemente a cabal término, en salvaguarda de la libertad personal garantizada por la Constitución, asimismo, en esta materia priva como principio fundamental la presunción de inocencia expresamente contemplado en el artículo 8 del texto adjetivo penal, el cual determina, que el justiciable debe ser tratado como inocente hasta que se demuestre lo contrario a través de una sentencia definitivamente firme, producto de un juicio previo con respeto de las garantías procesales y constitucionales que le asisten. En todo caso, si bien esas medidas sustitutivas no revisten la misma gravedad y fuerza que la privación de libertad, sin embargo, son a no dudarlo, verdaderas restricciones al derecho a la libertad, pues, cada una de ellas representa una seria limitación al libre albedrío de la persona humana, al libre tránsito que la Constitución garantiza a todo ciudadano y la limitación en cuanto al desenvolvimiento de su vida de relaciones. Al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, mediante sentencia N° 1927 del 14 de agosto de 2002, dejó establecido: “El derecho a la libertad personal no se viola solamente cuando se priva de la libertad a un ciudadano, sino también cuando el ejercicio de ese derecho resulta restringido más allá de lo que la norma adjetiva indica, como en el caso que nos ocupa, pues hay que recordar que las medidas cautelares sustitutivas, si bien no son privativas de libertad, si son restrictivas y la garantía constitucional - cuando se refiere al derecho de libertad personal – se concreta en el ejercicio pleno de dicho derecho”. Siendo que tanto para nuestro ordenamiento constitucional, como para el proceso penal la privación de libertad dentro del proceso es excepcional, sólo se recurre a esta medida extrema en los casos absolutamente necesarios, porque lo que procede en primer lugar es aplicar medidas menos gravosas. En razón de lo expresado y realizado el anterior análisis, a juicio de quien decide, las circunstancias fácticas y jurídicas por las cuales fue decretada la medida de privación judicial preventiva de libertad a favor del ciudadano P.J.M.F., han variado, y según las facultades que otorga la Ley a este Tribunal, ACUERDA sustituir la medida judicial preventiva de libertad decretada en fecha diecisiete (17) de julio de 2013, y comunicada al organismo comisionado según oficio Nº 5.029-2.013, por una menos gravosa, específicamente las establecidas en los numerales 3 y 4 del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, relativas a la presentación periódica por ante la sede de este Juzgado una vez por cada treinta (30) días y la prohibición de salida del país, sin la debida autorización del Despacho, respectivamente, y como consecuencia de lo expuesto, el Juzgado ordena su inmediata libertad, para lo cual se ordena oficiar al Centro de Detenciones y Arrestos Preventivos de San C.d.Z., así como se deja sin efecto el mandato de aprehensión judicial librado en la referida fecha, motivado igualmente al hacinamiento carcelario existente en el País. Así se decide. En cuanto a los numerales 6 y 8, en este estado la ciudadana Jueza de Control, procede a instruir al ciudadano P.J.M.F., acerca del procedimiento por admisión de los hechos, contemplado en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, y la Fórmula Alternativa a la Prosecución del Proceso, específicamente la Suspensión Condicional del Proceso. En tal sentido, se le informó las consecuencias que produce el procedimiento por admisión de los hechos, indicándole que con ello estaría aceptando de manera simple los hechos atribuidos por el Ministerio Público en su escrito acusatorio, que renuncia a la posibilidad de demostrar en un juicio oral y público su inculpabilidad en la comisión del mismo, que en este mismo acto, si la Juzgadora considera que son serios los fundamentos de la acusación, pasa a dictar Sentencia Condenatoria e imponer la pena a sufrir. También se le explicó sobre el beneficio de Suspensión Condicional del Proceso, a tales efectos, se le indicó que para optar al mismo, debía cumplir con los siguientes requisitos: a) la restitución, reparación o indemnización por el daño causado a la víctima, en forma material o simbólica, b) el trabajo comunitario del imputado o imputada, acusado o acusada en cualquiera de los programas sociales que ejecuta el Gobierno Nacional y/o trabajos comunitarios, en la forma y tiempo que determina el Juez o Jueza de Instancia, según la formación destrezas, capacidades y demás habilidades del imputado o imputada, acusado o acusada, que sean de utilidad a las necesidades de la comunidad, la cual deberá cumplirse cuidando que no se obstaculice el trabajo que desarrolla como medio de sustento personal y familiar y c) cualquier otra condición prevista en el procedimiento ordinario. Acto seguido, el ciudadano P.J.M.F., antes identificado plenamente, e impuesto como ha sido del precepto constitucional, inserto en el numeral 5 del artículo 49 de la Carta Fundamental, estando sin juramento alguno, libre de coacción, prisión y apremio, en forma espontánea y clara, expuso: “Ciudadana Jueza, admito los hechos que acusa la Fiscalia y acepto la responsabilidad; y como reparación del daño que causé, pido disculpas a todos, y también me comprometo a cumplir con las obligaciones que me ordene este Tribunal, con respecto al beneficio de la suspensión condicional del proceso que pido se me otorgue, eso es todo lo que tengo que decir”. En este estado se concede el Derecho de palabra a la representante de la sociedad, quien indicó: “ciudadana Jueza, el Ministerio Público acepta las disculpas ofrecidas por el señor imputado, y esta de acuerdo en cuanto a se le otorgue el beneficio requerido, es todo”. A continuación, la Jueza de Control expone: “escuchadas como han sido las exposiciones de las partes en esta audiencia, advierte esta Juzgadora que de conformidad con los artículos 357 y 358 del Texto Adjetivo Penal, en el caso de marras, resulta procedente conceder al encausado P.J.M.F., la Fórmula Alternativa a la Prosecución del Proceso, concretamente la Suspensión Condicional del Proceso, toda vez que cumple con todos los requisitos previstos por el Legislador y señalados en aparte anterior, habida cuenta, el delito imputado no excede en su límite máximo de los ocho años de pena privativa de libertad, aunado a lo expuesto, de manera expresa el imputado de autos reconoció su responsabilidad en los hechos y manifestó su disposición de someterse a las condiciones que se le impongan. A la par, el Ministerio Público como representante de la Sociedad, no ha realizado objeción alguna a la reparación simbólica y el ofrecimiento efectuado por el justiciable, las que también son aprobadas por el Tribunal, por lo que ante tal situación, el Juzgado procede a fijar el plazo del régimen de pruebas, y al efecto se establecen cuatro (04) meses (artículo 361, encabezado del COPP), contado a partir de la presente fecha, y las condiciones a cumplir son las siguientes: 1.) Residir en su actual domicilio, esto es, en la avenida Bolívar, por el Movistar, que está en el segundo semáforo, frente a la placita del a funeraria, Parroquia S.B., Municipio Colón del Estado Zulia. 2.-) Realizar trabajos comunitarios una vez por semana, en la “Escuela Almirante José Padilla”, ubicada en la parroquia S.B., Municipio Colón del Estado Zulia, específicamente en las labores inherentes al mantenimiento y limpieza para el buen funcionamiento de la institución educativa, según la formación destrezas, capacidades y demás habilidades del imputado y que sea de utilidad a las necesidades de la comunidad. 3) Someterse a un programa de tratamiento médico o psicológico, para lo cual se ordena oficiar al director del Hospital General S.B., Municipio Colón, Estado Zulia. El régimen de prueba estará sujeto a control y vigilancia por parte del Juez o Jueza de Instancia, quien deberá designar a un representante del C.C. u Organización Social existente de la localidad que ejerza funciones de coordinador, director o encargado del programa o actividad social a la que se someta el imputado o imputada, acusado o acusada, la cual deberá presentar un informe mensual ante el Juez o Jueza de Instancia del cumplimiento de las condiciones impuestas, dicho informe deberá constar con el aval de la organización del Poder Popular correspondiente, en garantía del principio de Participación Ciudadana, en atención al artículo 360 del Código Orgánico Procesal, y por cuanto el ciudadano P.J.M.F., reside en la avenida Bolívar, por el Movistar, que está en el segundo semáforo, frente a la placita del a funeraria, Parroquia S.B., Municipio Colón del Estado Zulia, se designa como tal al coordinador del C.C. del referido sector, que pueda asumir la labor de controlar y vigilar durante el lapso señalado la conducta del ciudadano P.J.M.F., debiendo informar mensualmente sobre el cumplimiento de las obligaciones impuestas (artículo 360, primer aparte del Texto Adjetivo Penal vigente); en tal sentido, líbrese comunicación, remitiendo copia certificada del acta que al efecto se levanta. Así se declara. A continuación, la Jueza de Control expresa: “en cuanto a los numerales 1, 6 y 7 no existe pronunciamiento que emitir, toda vez que la acusación no ameritó ser objeto de subsanación, el imputado no hizo uso del procedimiento de admisión de hecho, y por ende, no hay sentencia que dictar, y la restante no aplica al caso concreto. Así se decide. Por todos los fundamentos de hecho y de Derecho antes expuestos, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión S.B.d.Z., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. RESUELVE: PRIMERO: admite totalmente la acusación formulada por el abogado P.D.M., en su condición de Fiscal Auxiliar Municipal Segundo del Ministerio Público del Estado Zulia, en contra del ciudadano P.J.M.F.: quien dijo ser de nacionalidad venezolana, natural del S.B., Municipio Colón del Estado Zulia, nacido en fecha 12/10/1.988, de 24 años de edad, Indocumentado, identificado en el Sistema con la nomenclatura LXHTRVLO, de estado civil soltero, de profesión u oficio obrero, hijo de L.M. y de Padre Desconocido, y residenciado en la avenida Bolívar, por el Movistar, que está en el segundo semáforo, frente a la placita del a funeraria, Parroquia S.B., Municipio Colón del Estado Zulia, no posee teléfono de contacto, por el delito de POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. Así mismo, se admiten todos los medios de pruebas ofrecidos por el Ministerio Público, por ser lícitos, legales, pertinentes y necesarios. La Defensa por su parte, no propuso prueba alguna. SEGUNDO: CONCEDE, la Fórmula Alternativa a la Prosecución del Proceso, constituida por la Suspensión Condicional del Proceso, al tantas veces prenombrado justiciable P.J.M.F., al estar satisfechos los requisitos establecidos en los artículos 357 y 358 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, y al efecto, fija el plazo de régimen de pruebas por cuatro (04) meses, contados a partir de la presente fecha, bajo las condiciones establecidas en el referido artículo 359 del Texto Adjetivo Penal. Todo con fundamento a las disposiciones contenidas en el artículo 357, 358, 359 y 360 todos del Código Orgánico Procesal Penal. Se designa al Director, Encargado o Coordinador del C.C. del domicilio del encausado, como vigilante de la conducta del ciudadano P.J.M.F., quien deberá prestar servicio comunitario una vez por semana en la “Escuela Almirante José Padilla”, ubicada en la Parroquia S.B., Municipio Colón del Estado Zulia, relacionado con las labores inherentes al mantenimiento y limpieza para el buen funcionamiento de la institución educativa citada, lo que va acorde a su formación, destrezas, capacidades y demás habilidades del citado acusado, que sean de utilidad a las necesidades de la comunidad, todo ello cuidando que no se obstaculice el trabajo que desarrolla como medio de sustento personal y familiar, debiendo informar a esta Instancia Judicial, mensualmente sobre el cumplimiento de las obligaciones impuestas, para lo cual se ordena oficiar lo conducente, y se le remite copia de reproducción fotostática previa certificación por secretaria. Asimismo, diríjase comunicación al Director del Hospital General S.B.I., Municipio Colón del Estado Zulia. TERCERO: ordena la inmediata libertad del encausado P.J.M.F., bajo la imposición de medida cautelar sustitutiva del libertad, de conformidad con el artículo 242, numerales 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal, revisión que se hace en atención al artículo 250 del Texto Penal Adjetivo vigente. CUARTO: Líbrese comunicación al Jefe del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, Subdelegación San C.d.Z., comisionado para la practica del mandato de aprehensión judicial del ciudadano P.J.M.F., a los efectos de que se sirva excluirlo del Sistema de Integrado de Información Policial (SIIPOL). QUINTO: Diríjase oficio al Centro de Detenciones y Arrestos Preventivos de San C.d.Z., informando que se ha ordenado la inmediata libertad del ciudadano P.J.M.F., el cual previamente deberá suscribir el acta de obligaciones correspondientes. SEXTO: De conformidad con el artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal, quedan notificadas las partes de esta decisión, y siendo las diez horas y veinte minutos de la mañana (10:20 a.m.), se suspende el acto procesal, a los efectos de levantar el acta respectiva. Transcrita el acta y siendo las diez horas y treinta de la mañana (10:30 a.m.), en presencia de las partes, se da lectura al acta. Es todo”. Terminó y conformes firman, estampando el acusado sus huellas digito-pulgares. Se registró la presente decisión bajo el Nº 1.911-2013 y se ofició con los Nos. 5.280, 5.281, 5.282 y 5.283-2013.

La Jueza Segunda de Control,

Abg. G.M.R.

El Fiscal (A) Municipal Segundo del Ministerio Público,

Abg. P.D.

El acusado,

P.J.M.F.

La Defensa Pública N° 5,

Abg. NOIRALITH GONZALEZ

La Secretaria,

Abg. LIXAIDA M.F.