Decisión nº 4E2917-04 de Tribunal Cuarto de Ejecución Los Teques de Miranda, de 11 de Octubre de 2006

Los Teques, 11 de Octubre de 2006

196° y 147°

EXPEDIENTE N° 4E-2917-04

JUEZ: DRA. R.E.R.M.

SECRETARIA: ABG. A.M.G.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

PENADO: C.M.F.J., venezolano, natural de Los Teques, Estado Miranda, nacido el 31/03/1985; de 19 años de edad, de estado civil soltero, hijo de F.C. (v) y S.M. (v), titular de la cédula de identidad N° V-19.734.834, residenciado en el sector La Matica, callejón Los Briceños, casa s/n, Los Teques, Estado Miranda.

FISCAL: Dr. A.R.B., Fiscal Décimo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con competencia en régimen penitenciario y ejecución de sentencias.

DEFENSA: Dra. Dorcy González, adscrita a la Unidad de Defensa Pública Penal de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques.

DELITO: Robo Impropio en grado de frustración; previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 80 segundo aparte ejusdem.-

PENA IMPUESTA: Un (01) Año, Cuatro (04) Meses y Seis (06) días de Presidio.-

Visto que en fecha 13/09/2005 éste Tribunal dictó decisión mediante la cual ORDENÓ al ciudadano C.M.F.J.; titular de la cédula de identidad N° V-19.734.834, EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA ACCESORIA de SUJECIÓN A LA VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD, conforme lo establece el artículo 13 numeral 3 de la norma sustantiva penal; específicamente por una cuarta (1/4) parte del tiempo de la condena; que corresponde a cuatro (04) meses, las cuales debió efectuar el prenombrado ciudadano, cada quince (15) días, a partir de la fecha de su primera presentación ante el respectivo Jefe Civil de la Parroquia o Municipio donde reside, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 479 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el artículo 22 de la norma sustantiva Penal; siendo que hasta la presente fecha no ha sido posible el cumplimiento de tal pena accesoria; es por lo que este Tribunal para decidir, previamente observa lo siguiente:

En fecha 01/06/2004, el Tribunal Tercero de Juicio de este Circuito Judicial Penal del Estado Miranda con sede en Los Teques, publicó Sentencia mediante la cual CONDENO al ciudadano C.M.F.J., titular de la cédula de identidad N° V-19.734.834, a sufrir la pena de Un (01) Año, Cuatro (04) Meses y Seis (06) días de Presidio, por la comisión del delito de Robo Impropio en grado de frustración; previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 80 segundo aparte ejusdem; así condenándolo al cumplimiento de las penas accesorias contempladas en el artículo 13 del Código Penal.

En fecha 13/09/2005, este Tribunal DECRETO EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LA PENA PRINCIPAL impuesta al penado C.M.F.J., titular de la cédula de identidad N° V-19.734.834; y consecuencialmente, se DECRETO EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS ACCESORIAS AL PRESIDIO, RELATIVAS A LA INHABILITACION POLITICA y la INTERDICCIÓN CIVIL, DURANTE EL TIEMPO QUE DURÓ LA PENA PRINCIPAL, conforme a lo establecido en el artículo 13 numerales 1 y 2, en relación con lo dispuesto en los artículos 23 y 24 ambos del Código Penal.

En esa misma fecha, éste órgano jurisdiccional igualmente dicto decisión mediante la cual ORDENÓ al penado en referencia, el CUMPLIMIENTO DE LA PENA ACCESORIA de SUJECIÓN A LA VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD, conforme lo establece el artículo 13 numeral 3 de la norma sustantiva penal; específicamente por una cuarta (1/4) parte del tiempo de la condena; que en el presente caso corresponde a CUATRO (04) MESES de SUJECION A LA VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD, las cuales debió efectuar el prenombrado ciudadano, cada quince (15) días, a partir de la fecha de su primera presentación ante el respectivo Jefe Civil de la Parroquia o Municipio donde reside, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 479 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el artículo 22 de la norma sustantiva Penal.

En fecha 12/02/2005, los Alguaciles comisionados a fin de hacer efectiva la notificación del penado de marras, presentan informe señalando que a pesar de haberse trasladado a la dirección aportada por el ciudadano C.M.F.J., no fue posible su localización toda vez que falta la precisión de algunos datos que le permitan ubicarla.

Luego de librar la boleta de citación respectiva, se recibió en fecha 05/10/2005, comunicación N° 573-05, de fecha 04/10/2005, procedente de la Oficina de Alguacilazgo de éste Circuito Judicial Penal; mediante la cual informan previa revisión de los libros respectivos, que le ciudadano C.M.F.J. aparece como imputado en el Tribunal Segundo de Control Circunscripcional, expediente N° 158-05, cuyo ingreso es de fecha 23/09/2005, por el delito de Robo Agravado.

En fecha 21/10/2005, comparece a la sede de éste Tribunal el ciudadano C.M.F.J., previo traslado del Internado Judicial Los Teques, autorizado por el Juzgado Segundo de Control; a los fines de ser impuesto de las decisiones antes señaladas.

En fecha 23/11/2005, a solicitud de éste despacho, se recibe comunicación N° 1630, de fecha 09/11/2005, procedente del Tribunal de Control N° 02 de éste Circuito Judicial Penal y sede, en donde informan que el prenombrado ciudadano fue detenido en fecha 23/09/2005 y presentado ante esa órgano jurisdiccional por la presunta comisión del delito de Robo Agravado, siendo decretada en esa misma fecha la privación judicial preventiva de libertad en su contra.

En fecha 06/12/2005, se recibe oficio N° 1016-05, de fecha 02/12/2006, procedente de la Prefectura del Municipio autónomo de Guaicaipuro informando que el penado de marras no se ha presentado a dar cumplimiento a la sujeción a la vigilancia.

En fecha 14/06/2006, a solicitud de éste despacho, se recibe comunicación N° 660, de fecha 07/06/2006, procedente del Tribunal de Control N° 02 de éste Circuito Judicial Penal y sede, en donde informan que en la causa seguida al penado ut supra identificado se celebró la audiencia preliminar, ordenándose el pase de las actuaciones a un Tribunal de Juicio; por lo que en fecha 05/06/2006 se remite el expediente para su distribución.

En fecha 12/07/2006, se recibe oficio N° 393-2006, de fecha 03/07/2006, emanado del Tribunal de Juicio N° 02 Circunscripcional, el cual informa que el ciudadano C.M.F.J. efectivamente se encuentra a la orden de ese despacho, siendo el caso que tal causa se encuentra pendiente por constituir Tribunal mixto.

Ahora bien, correspondiendo a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 64, último aparte, del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el artículo 479 ejusdem, velar por la ejecución de las penas y medidas de seguridad impuestas mediante sentencia definitivamente firme, conociendo de todo lo concerniente a la libertad del condenado, la fórmula alternativa de cumplimiento de la pena, las medidas de libertad anticipada, la redención de la pena por el trabajo y el estudio, así como la conversión, conmutación y extinción de la misma.

En ese orden de ideas, dado que el Legislador patrio consagró en la normativa sustantiva penal vigente la institución jurídica de la prescripción de la pena, se impone de seguidas precisar las razones que justifican o fundan tal prescripción, los lapsos que se establecen para su verificación, el punto de partida desde el cual comienza a correr el tiempo para dicha prescripción, los motivos que la interrumpen y la excepción que comportan las reglas sobre prescripción de la pena; con el objeto de establecer si en el caso de marras es aplicable.

En primer término, entre las diversas teorías que intentan explicar la naturaleza de la prescripción, nos encontramos que todas se fundamentan en la necesidad social, sustentada a su vez en la realidad de las cosas y en requerimientos humanitarios que impone fijar un término a la persecución penal, un límite al poder del Estado que no se puede mantener de forma ilimitada en el tiempo. En tal sentido reiterada ha sido la jurisprudencia patria al precisar que, en términos generales, la prescripción penal no es más que la extinción, por el transcurso del tiempo, del ius puniendi del Estado, o sea, la pérdida del poder estatal de castigar en sus dos manifestaciones: la de perseguir los hechos punibles (prescripción de la acción penal) y la de perseguir el cumplimiento de las condenas (prescripción de la pena).

A los fines de la prescripción de la pena, se requiere la existencia de una pena impuesta por sentencia condenatoria definitivamente firme, pasada en autoridad de cosa juzgada, siendo que para que la misma prescriba se hace necesario el transcurso de un cierto lapso, establecido por la ley, sin que la misma sea ejecutada, lo cual hace que cese la coerción penal, y por ende da a tal institución una naturaleza extintiva, liberatoria.

De tal manera que, consagrando nuestro sistema jurídico la institución jurídica de la prescripción de la pena, se impone el análisis de las reglas que la regulan y que son de observancia a fin de determinar si ha operado tal prescripción en el caso en concreto; encontrándose tal normativa prevista en el Código Penal, Libro Primero denominado “Disposiciones generales sobre los delitos y las faltas, las personas responsables y las penas”, Título X intitulado “De la extinción de la acción penal y de la pena”, en tal sentido, el artículo 112, reza:

Las penas prescriben así:

1° Las de Presidio, prisión y arresto, por un tiempo igual al de la pena que haya de cumplirse, más la mitad del mismo.

2° Las de relegación a colonia penitenciaria, confinamiento y expulsión del espacio geográfico de la república, por un tiempo igual al de la condena más la tercera parte del mismo.

3° Las de suspensión de empleo o inhabilitación para el ejercicio de la profesión, industria o arte, por un tiempo igual al de la condena, más la cuarta parte del mismo.

4° Las de multa en estos lapsos: las que no excedan de ciento cuarenta bolívares, a los tres meses; y las que pasen de dicho límite, a los seis meses; pero si fueren mayores de dos mil quinientos bolívares, sólo prescribirían al año.

5° Las de amonestación o apercibimiento, a los seis meses.

Se entiende que la pena que haya de cumplirse, a que se refieren los ordinales 1° y 2° de este artículo, es la que resulte según el cómputo practicado por el Juez de la causa.

Cuando la sentencia firme impusiere penas a más de un delito el tiempo para la prescripción se aumentará en una cuarta parte del designado en este artículo para la respectiva pena.

El tiempo para la prescripción de la condena comenzará a correr desde el día en que quedó firme la sentencia o desde el quebrantamiento de la condena, si hubiere éste comenzado a cumplirse; pero en el caso de nueva prescripción, se computará en ella el tiempo de la condena sufrida.

Se interrumpirá esta prescripción, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, en el caso de que el reo se presente o sea habido, y cuando cometiere un nuevo hecho punible de la misma índole antes de completar el tiempo de la prescripción, sin perjuicio de que ésta pueda comenzar a correr de nuevo.

Si en virtud de nueva disposición penal más favorable al reo, fuere menester revisar una sentencia condenatoria modificando la pena impuesta, sólo se tendrá en consideración, para los efectos de la prescripción, la pena que proceda conforme a la nueva disposición legal, la cual tendrá efecto retroactivo en todo lo que fuere en beneficio del reo.

Tampoco se tomará en consideración, para los efectos de la prescripción de la pena, la agravación que debiera aplicarse por quebrantamiento de la respectiva condena.

(resaltado del Tribunal).

De la norma antes transcrita, se aprecia que la prescripción de la pena tiene como punto de partida la existencia de una sentencia condenatoria definitivamente firme, operando tal prescripción, transcurrido como fuere el lapso de tiempo expresamente exigido por la ley, atendidas la calidad de la pena y las reglas concernientes al momento a partir del cual corre tal período y los motivos de su interrupción. En tal sentido, el lapso establecido para las penas de presidio, de acuerdo al ordinal 1° de la aludida disposición sustantiva, es igual al de la condena que haya de cumplirse más la mitad del mismo.

Ahora bien, a los efectos de determinarse el tiempo de prescripción de la pena en los supuestos de los dos primeros ordinales, aclara el Legislador que debe considerarse la pena que haya de cumplirse de acuerdo con el cómputo practicado por el órgano jurisdiccional.

Por su parte, la prescripción de la pena implica tanto la pena principal como la pena accesoria y además presupone que las mismas (una u otra) no se hayan cumplido o no se hayan cumplido totalmente, empezando a correr el tiempo para la prescripción, de acuerdo al instrumento sustantivo penal, desde el día en que quedó firme la sentencia o desde el quebrantamiento de la pena, si hubiere ésta comenzado a cumplirse, por tanto, prevé el Código Penal dos hipótesis distintas, a saber: que la pena no se haya ejecutado nunca o que haya comenzado a ejecutarse y se haya quebrantado su cumplimiento.

Luego, en cuanto a la interrupción de la prescripción de la pena ésta sólo tiene lugar, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, por dos motivos: en el caso de que el reo se presente o sea habido, y cuando cometiere un nuevo hecho punible de la misma índole antes de completar el tiempo de la prescripción, sin perjuicio de que ésta pueda comenzar a correr de nuevo. Igualmente, debe precisarse que de operar la prescripción de la pena, la consecuencia fundamental para la persona del condenado es la de extinguirse aquélla y, consecuencialmente, liberarse de responsabilidad penal, y pese a no preverlo expresamente la norma, obvio resulta que habiendo prescrito la pena principal, y por tanto extinguida ésta, tal suerte siguen las penas accesorias.

Ahora bien, en justa correspondencia con el derecho invocado, aprecia quien aquí decide que en el caso sub exámine que el condenado dio total cumplimiento a la pena principal impuesta, no obstante, fue dictada decisión ordenando el CUMPLIMIENTO DE LA PENA ACCESORIA de SUJECIÓN A LA VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD al ciudadano C.M.F.J., por un tiempo de CUATRO (04) MESES, siendo el caso que le falta por cumplir la totalidad de tal pena accesoria, por lo que en el presente caso se desprende otro de los presupuestos requeridos para que opere la prescripción, esto es, que la pena accesoria nunca comenzó a ejecutarse, pues en el presente caso, el penado fue formalmente notificado de su deber de someterse a la vigilancia de la autoridad, no obstante, inmediatamente después, el mismo fue privado de su libertad por encontrarse incurso en la presunta comisión de otro hecho punible; motivo por el cual hasta el día de hoy ha resultado infructuoso el cumplimiento de tal pena accesoria de sujeción a la vigilancia; toda vez que el ciudadano C.M.F.J. permanece detenido; razón por la cual nos encontramos ante el primero de los supuestos que refiere el segundo aparte del artículo 112 del Código Penal, conllevando ello a que la determinación del día a partir del cual empieza a correr el tiempo para la prescripción de la pena accesoria de sujeción a la vigilancia, es a partir del día 21/10/2005, por ser la fecha en que quedo definitivamente firme el fallo en referencia; por lo tanto, tal tiempo de prescripción de la pena, de conformidad con lo previsto en el primer aparte de la aludida disposición legal, se establece tomando como base la pena que estaba de pendiente cumplimiento, la cual en el caso en análisis, según el cómputo practicado, es de CUATRO (04) MESES; en consecuencia se constata que para la presente fecha ha transcurrido más del tiempo necesario y suficiente para que opere la prescripción de la pena accesoria de sujeción a la vigilancia impuesta al ciudadano C.M.F.J., esto es la pena que falta por cumplir, más a mitad de la misma, la cual corresponde a SEIS (06) MESES; razón por la cual, la prescripción se verificó el día veintiuno (21) de Abril del año dos mil seis (2006).

En consecuencia, por todo lo antes expuesto, se DECLARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA PENA ACCESORIA DE SUJECION A LA VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD, cuyo cumplimiento fue ordenado al ciudadano C.M.F.J., titular de la cédula de identidad N° V-19.734.834, en decisión de fecha 13/09/2005, dictada por éste Tribunal; razón por la cual, igualmente se DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA PENA IMPUESTA, así como la RESPONSABILIDAD PENAL del condenado, en la causa signada con la nomenclatura 4E2917-04, cursante por ante este órgano jurisdiccional, la cual atañe al delito de Robo Impropio en grado de frustración; previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 80 segundo aparte ejusdem, cometido en fecha 20/04/2004, y se acuerda su L.P.; todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 ordinal 1º del Código Penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 479 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se declara.

DISPOSITIVA

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Ejecución N° 04 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en la ciudad de Los Teques, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, DECLARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA PENA ACCESORIA DE SUJECION A LA VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD, cuyo cumplimiento fue ordenado al ciudadano C.M.F.J., venezolano, natural de Los Teques, Estado Miranda, nacido el 31/03/1985; de 19 años de edad, de estado civil soltero, hijo de F.C. (v) y S.M. (v), titular de la cédula de identidad N° V-19.734.834, residenciado en el sector La Matica, callejón Los Briceños, casa s/n, Los Teques, Estado Miranda; en decisión de fecha 10/02/2005, dictada por éste Tribunal; razón por la cual, igualmente se DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA PENA IMPUESTA, así como la RESPONSABILIDAD PENAL del condenado, en la causa signada con la nomenclatura 4E2917-04, cursante por ante este órgano jurisdiccional, la cual atañe al delito de Robo Impropio en grado de frustración; previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 80 segundo aparte ejusdem, cometido en fecha 20/04/2004, y se acuerda su L.P.; todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 ordinal 1º del Código Penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 479 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal.

Notifíquense a las partes, conforme al contenido del artículo 175 en su único aparte de la norma adjetiva penal.

Líbrese oficio al Director de Prisiones del Ministerio del Interior y Justicia, Oficina de Antecedentes Penales, informando el contenido del presente fallo.

Regístrese, publíquese y déjese copia certificada. Cúmplase.-

La Juez de Ejecución N° 4

Dra. R.E.R.M.

La Secretaria

Abg. Ana María Gamuzza

Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado. Y así lo certifico.

La Secretaria

La Secretaria

Abg. Ana María Gamuzza

Expediente N° 4E2917-04

RER/rer