Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 27 de Septiembre de 2006

LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

EL JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DE LA REGIÓN CAPITAL

En fecha 08 de julio de 2004, el abogado T.A.A. inscrito en el Inpreabogado bajo el numero 21.003, actuando como apoderado judicial de la ciudadana D.A., titular de la cedula de identidad N° V-6.314.386, interpuso recurso contencioso funcionarial por ajuste de pensión de jubilación contra la Asamblea Nacional.

Por la Asamblea Nacional, actuaron los abogados J.L.S.M., M.G.R., N.B. y H.B.F., inscritos en el Inpreabogado bajo los números 70.875, 60.892, 48.759 y 105.158 respectivamente.

ALEGATOS DE LA PARTE QUERELLANTE

Que detenta la condición de empleada jubilada de la Asamblea Nacional desde el día 5 de mayo del 2000, como consecuencia de una prestación de servicio de 16 años computada desde el 1º de abril de 1984 hasta la fecha de su jubilación, cuando se desempeñaba como Secretaria II.

Que la Asamblea Nacional incumplió en la cancelación del 65% del salario integral desde el 01 de enero de 1998, de acuerdo con la cláusula 32 del Contrato Colectivo de abril de 1996, así como los intereses causados y la incidencia en los pagos de vacaciones, antigüedad, aguinaldos, intereses, fideicomisos, horas extras y otros relacionados con la relación que mantenía con dicho organismo, por lo que solicita:

1) Se le cancele un diferencial en su pensión de jubilación entre lo efectivamente devengado y lo que ha debido devengar desde el 1° de enero de 1998, hasta el mes de octubre de 2003.

2) Que se le cancele un diferencial de pensión de jubilación a partir del mes de octubre de 2003 hasta que se produzca una definición, vía sentencia definitiva o transacción laboral.

3) Que se le cancele un diferencial sobre bonificación de fin de año de los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 sobre los montos reflejados en la hoja de cálculo consignada en el expediente.

4) Que se le cancele los intereses dejados de percibir hasta el mes de octubre de 2003, de acuerdo a la tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela, que ascienden a Bs.22.953.469,87.

5) Que a los fines de determinar la cantidad que le corresponde solicita se proceda a realizar experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de procedimiento Civil.

6) Que las sumas demandadas sean indexadas, entre las fechas en que el accionante debió recibir el pago de las obligaciones contraídas por la demanda y la fecha que definitivamente sea cancelado el monto, tomando como base los Índices de Precios al Consumidor en Área Metropolitana.

Finalmente, estima el monto de la demanda en la cantidad de sesenta y siete millones cuatrocientos veintiocho mil novecientos veinte bolívares con doce céntimos (Bs.67.428.920,12).

ALEGATOS DE LA PARTE QUERELLADA

En la oportunidad de dar contestación a la querella las representantes judiciales de la Asamblea Nacional alegaron como puntos previos:

En primer lugar la caducidad de la acción, “con fundamento en el articulo 94 de la vigente Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en Gaceta Oficial número 37.482 de fecha 11 de julio de 2002, por cuanto desde el momento que señala la querellante se produjeron los hechos presuntamente lesivos hasta el momento de interposición de la presente demanda, ha transcurrido con creces el lapso de caducidad trimestral que exige el ordenamiento procesal administrativo”.

Igualmente, impugnaron la estimación de la cuantía de la demanda por exagerada, alegando que tal estimación no obedece a ningún criterio jurídico o fundamento alguno, así como los conceptos calculados por la economista E.M., consignados junto al libelo de la demanda.

En cuanto al fondo de la presente querella señalaron:

Que la accionante incurre en un error de interpretación, en cuanto al alcance de la norma contenida en el artículo 78 del Estatuto Funcionarial de la Asamblea Nacional, al pretender extender la aplicación del sistema de remuneración de los empleados activos, con los derechos subjetivos que estos conlleva, al personal jubilado, por lo que los beneficios que comprende el mencionado artículo 78 se refieren a “aquellas liberalidades y otras políticas que la Asamblea Nacional concede a su personal activo en el marco de un plan de acción social tendiente a mejorar la calidad de vida de sus funcionarios”.

Que si bien se le ha reconocido a los pensionados y jubilados el goce de los derechos y beneficios laborales que les corresponde, esto solo lo es dentro de los términos establecidos en la Constitución y las leyes, y siendo ello así no se puede considerar a los jubilados y pensionados como partes en la Contratación Colectiva de los Trabajadores, a tenor de lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución, dado que por su misma condición se han retirado de la institución, de conformidad con lo establecido en el articulo 43 del Estatuto Funcionarial de la Asamblea Nacional.

Que el querellante por ser funcionario jubilado, retirado de la Administración, no ostenta la condición de trabajador activo por lo tanto no tiene derecho a ningún aumento de carácter salarial.

Alega que el ajuste previsto en el artículo 13 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Pensiones y Jubilaciones de los Funcionarios y Empleados de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios es discrecional de la Administración, y será otorgado cuando ésta disponga de recursos presupuestarios y de forma general y progresiva.

Que no existe deber alguno para la Administración de calcular nuevamente la pensión con base al salario actualizado, sino el deber de efectuar los ajustes tomando en consideración los salarios de los cargos respecto de los cuales se comparan las pensiones, por lo cual concluye que los ajustes de pensiones deben efectuarse con base a la aplicación de porcentajes que respeten el incremento de los sueldos del personal activo, sin que ello implique nuevos cálculos de la pensión de jubilación.

Finalmente solicitó sea declarada sin lugar la querella interpuesta.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En primer lugar, la representación judicial de la Asamblea Nacional de la República alegó la caducidad de la acción, aduciendo que la querella fue interpuesta fuera del lapso de los tres meses que establece el articulo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, contados a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a la reclamación interpuesta, es decir, el pago del aumento del 65% a los trabajadores activos previsto en la cláusula 32 de la Convención Colectiva suscrita en el año de 1996. Al respecto este Tribunal observa:

En el presente caso se han formulado reclamos relacionados con la cancelación de un diferencial de pensión de jubilación, en función del incumplimiento de la Contratación Colectiva suscrita en el año de 1996. Dicho diferencial es reclamado por concepto de jubilación a partir del 01 de enero de 1998.

Ahora bien, la jubilación constituye un derecho otorgado al funcionario por los años de servicio prestados a un órgano de la Administración, que expresa el verdadero capital acumulado por el trabajador en su haber. La Constitución en sus artículos 80 y 86 consagran no solamente el derecho a obtener pensiones y jubilaciones, sino que la citada normativa establece un beneficio y derecho del funcionario a vivir una v.d. en razón de los años de trabajo y servicios prestados. En este sentido, el reajuste en el monto de la jubilación es la consecuencia natural y lógica del derecho consagrado en el citado artículo 80 de la Constitución, de allí que resulte por imperativo constitucional realizar los ajustes de la pensión de jubilación cada vez que se produzca un aumento a los funcionarios activos, mas aun cuando la propia Constitución establece un estado de justicia social que garantiza y asegura la protección al trabajador a vivir una v.d..

Siendo ello así y tomando en cuenta el criterio sostenido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en sentencia dictada en fecha 19 de septiembre de 2002, con ponencia de la Magistrada Evelyn Marrero, donde se sentó “(…) que resulta imposible admitir que los recursos o acciones que se intenten contra una omisión de la Administración ante una solicitud de una jubilación resulten caducos, ya que se estaría lesionando el derecho Constitucional a la seguridad social del funcionario (…)”, este Juzgado aplica dicho criterio a los ajustes de la pensión de jubilación con base a los aumentos que vaya experimentando el sueldo asignado al cargo del cual la persona haya sido jubilada, es decir, la persona jubilada mantiene de por vida el vinculo con la Administración, por lo que, no puede cercenársele el derecho a accionar, cada vez que por Ley o por vía de la Contratación Colectiva ocurran aumentos, y por ende se haga acreedor a obtener un ajuste de su pensión. En consecuencia, el alegato de la caducidad resulta improcedente, pues tal y como se indicó, se lesionaría el derecho Constitucional a la seguridad social, y así se decide.

En cuanto a la impugnación a la estimación de la cuantía de la demanda por exagerada, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, este Juzgado señala que el invocado artículo no tiene aplicación en las querellas de naturaleza funcionarial, y así se decide.

Resueltos los puntos previos, este Juzgado pasa a pronunciarse sobre el fondo de la presente querella previa las consideraciones que se exponen a continuación:

La actora solicitó el pago de los siguientes conceptos:

1) Se le cancele un diferencial en su pensión de jubilación entre lo efectivamente devengado y lo que ha debido devengar desde el 1° de enero de 1998, hasta el mes de octubre de 2003.

2) Que se le cancele un diferencial de pensión de jubilación a partir del mes de octubre de 2003 hasta que se produzca una definición, vía sentencia definitiva o transacción laboral.

3) Que se le cancele un diferencial sobre bonificación de fin de año de los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, sobre los montos reflejados en la hoja de cálculo consignada en el expediente.

4) Que se le cancele los intereses dejados de percibir hasta el mes de octubre de 2003.

5) Que a los fines de determinar la cantidad que le corresponde solicita se proceda a realizar experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de procedimiento Civil.

6) Que las sumas demandadas sean indexadas, entre las fechas en que el accionante debió recibir el pago de las obligaciones contraídas por la demanda y la fecha que definitivamente sea cancelado el monto.

Fundamenta sus pretensiones en los artículos 524 de la Ley Orgánica del Trabajo, en el artículo 78 y 81 del Estatuto Funcionarial de la Asamblea Nacional en concordancia con los artículos 13 y 27 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios y el artículo 16 de su Reglamento, así como en la Cláusula 32 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre los Sindicatos de Empleados SECRE, SINTRACRE, ASOPUTCRE y el entonces Congreso de la República, hoy Asamblea Nacional.

Igualmente señala, que al no haberse celebrado un nuevo Contrato Colectivo para la fecha de culminación de la Convención Colectiva suscrita en el año 1996, debe entenderse que automáticamente entró en vigencia un nuevo instrumento convencional, de conformidad con lo previsto en su Cláusula 59, con un aumento salarial vigente a partir de su fecha de expiración, que no podía ser inferior al establecido en el Contrato Colectivo no renovado.

De lo antes expuesto debemos señalar, que los acuerdos contenidos en la Contratación Colectiva del año 1996, se mantienen en pleno vigor hasta tanto se celebre una nueva convención que la sustituya, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 524 de la Ley Orgánica del Trabajo, y no como lo pretende la actora, en el sentido de que se establezca su derecho a reclamar el pago año por año de los conceptos económicos cuyo pago solicita, pues la aplicación de una Cláusula de aumento salarial no se reconduce en el tiempo, a pesar de que la misma sea de tipo económico, por no ser de tracto sucesivo, agotando ésta su vigencia al momento de concederse el beneficio acordado en ella por parte del patrono.

Por otra parte la actora fundamenta su solicitud en el artículo 78 del Estatuto Funcionarial de la Asamblea Nacional, y al respecto se debe señalar, que de la norma invocada no se evidencia que la misma establezca en forma expresa la obligación del organismo querellado de proceder al ajuste u homologación de las pensiones de jubilación, por lo que resulta improcedente la fundamentación de este reclamo, con base a la disposición antes señalada, no obstante la Constitución en sus artículos 80 y 86 consagran no solamente el derecho a obtener pensiones y jubilaciones, sino que la citada normativa establece un beneficio y derecho del funcionario a vivir una v.d. en razón de los años de trabajo y servicios prestados.

De manera, que la base de cálculo para la determinación del monto de la pensión de jubilación, es un porcentaje previamente determinado en el momento de la remuneración asignada al cargo desempeñado por el jubilado durante su prestación efectiva de servicio, el cual, por principio de justicia social, debe mantenerse incólume, de tal forma que la persona jubilada pueda mantener un determinado nivel de vida, acorde con el que tuvo durante su vida activa, por tal motivo, al acordarse un aumento de sueldo al personal activo, debe igualmente procederse al ajuste del monto de este última, de tal modo que no se vea afectada la calidad de vida ni el poder adquisitivo de la persona jubilada, por ser este un derecho de rango Constitucional.

Ahora bien, al folio 81 del expediente judicial riela comunicación emanada del Presidente de la Asamblea Nacional, dirigida a la Comisión Permanente de Finanzas de ese órgano, donde se remite el acta que suscrita entre la representación de la Asamblea Nacional, el Ministerio del Trabajo y los representantes de las diferentes organizaciones sindicales, en la cual se acuerda el pago de un bono único de carácter no salarial producto de la no discusión de la contratación colectiva de los trabajadores desde el 31 de diciembre de 1997 al 12 de septiembre de 2001, el cual debía ser pagado a empleados, obreros y trabajadores jubilados de la Asamblea Nacional.

Al folio 79 del expediente judicial consta acta de fecha 29 de noviembre de 2002, mediante la cual la Asamblea Nacional y la representación sindical acuerdan un aumento de 20% del salario integral a los trabajadores señalados en la cláusula segunda de la Convención Colectiva, es decir, a los empleados a dedicación exclusiva al servicio del Congreso de la República, cualesquiera sean las dependencias o anexos donde presten sus servicios “(…)., quedando de esta manera satisfecha por acuerdo de las partes el cumplimiento de la cláusula 52 de la mencionada Convención Colectiva”, aumento este que igualmente fue acordado para el personal jubilado y pensionado de la Asamblea Nacional.

De lo anterior se puede observar, que la Asamblea Nacional acordó para el personal jubilado los mismos beneficios generales acordados para el personal empleado, contratado, obrero y pensionado de la Asamblea Nacional, es decir, un aumento sobre la base del sueldo de los trabajadores activos y sobre la base de pensión de jubilación para el caso de los pensionados, así como el pago del Bono Único de carácter no salarial por la no discusión de la convención colectiva, en el entendido que el bono acordado no constituye un ajuste, revisión u homologación de la pensión de jubilación de la actora, toda vez, que para el ajuste de la pensión de jubilación se toma en cuenta el nivel de remuneración que para el momento de la revisión tenga el último cargo que desempeñó el jubilado, y en el caso de autos el último cargo ostentado por la actora era el de Secretaria I adscrita a la Comisión Administración y Servicios del Senado, tal como consta al folio 250 del expediente administrativo, por lo cual se desprende que los aumentos beneficiaron al personal jubilado.

Ahora, acogiéndonos al mandato Constitucional establecido en su artículo 80, el reajuste de la jubilación forma parte del sistema de seguridad social, pues, protege al ciudadano durante la vejez y en casos de incapacidad, teniendo entonces el jubilado derecho a percibir una pensión por concepto de jubilación acorde a la realidad económica, cónsona con los principios de dignidad que recoge el Texto Fundamental. Sin embargo, analizado en su totalidad tanto el expediente administrativo como el expediente judicial, se pudo determinar que no consta que el cargo de Secretaria I, ostentado por la actora al momento de su jubilación, haya experimentado algún cambio o incremento después de otorgado el beneficio de la jubilación a la accionante adicional a los acordados antes referidos, por lo que este Juzgado debe desestimar el pedimento del ajuste de la pensión jubilación, y así se decide.

Con respecto al pago del diferencial sobre bonificación de fin de año de los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, se señala que tal pedimento tiene como fundamento el aumento que contemplaba la Convención Colectiva del año 1996, cuyo aumento tal como se dejó expresado no estaba previsto hacerse año por año, ya que la citada Cláusula 52 no se reconduce, razón por la cual se rechaza el pedimento en referencia y así se decide.

En cuanto a la solicitud de la actora, en el sentido que se le cancele los intereses dejados de percibir hasta el mes de octubre de 2003, se señala, que tal pedimento resulta totalmente genérico, por cuanto no se especifica con claridad el alcance, procedencia y monto de dichos intereses, por lo que este Juzgado niega el pedimento en cuestión, y así se declara.

En lo referente a la indexación, este Juzgado observa que la corrección monetaria a través de la figura de la indexación no está prevista en la ley, en casos de prestaciones sociales y jubilaciones, por lo que mal puede acordarse la misma sin norma alguna que la autorice, por tanto se niega el pedimento en referencia. Así se decide.

DECISIÓN

Por Las razones antes expuestas este Tribunal Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley decide declarar SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado T.A.A. inscrito en el Inpreabogado bajo el numero 21.003, actuando como apoderado judicial de la ciudadana D.A. titular de la cedula de identidad N° V-6.314.386, contra la Asamblea Nacional. Notifíquese de la presente decisión a la ciudadana Procuradora General de la República mediante oficio, y anéxese copia certificada de la misma, debiendo la parte interesada aportar los respectivos fotostatos.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFIQUESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital. En Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de septiembre del año dos mil seis (2006) Años 196° y 147°.

LA JUEZA PROVISORIA, LA SECRETARIA

CARMEN AVENDAÑO GUERRERO A.G.S.

En el mismo día veintisiete (27) de septiembre del año dos mil seis (2006), siendo las doce y cero minutos de la tarde (12:00 p.m.), previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior decisión.

LA SECRETARIA,

A.G.S.

Exp. 004610

CAG/drp-