Decisión de Tribunal de Proteccion del Niño y del Adolescente de Sucre (Extensión Cumaná), de 10 de Octubre de 2005

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente

De la Circunscripción Judicial del Estado Sucre

Sala de Juicio – Sede Cumaná

195º Y 146º

PARTE ACTORA: D.R.C., venezolano, mayor edad, titular de la cédula de identidad N°: 9.278.580, y domiciliado en la Urbanización Villa Dorada, Casa N°: 16, Cumana, Estado Sucre, debidamente asistido por la Abg, M.H.P.., inscrita en el I.P.S.A., bajo el N°: 20.355.-

PARTE DEMANDADA: M.D.V.Z.G., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº: 9.270.940, y domiciliada en la Urbanización Fe y Alegría, Sector III, Vereda 15, Casa N°: 07, Cumaná, Estado Sucre.-

NIÑA: Se omite el nombre de conformidad con los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.-

Se inicia el presente proceso en razón de escrito presentado por el ciudadano: D.R.C., venezolano, mayor edad, titular de la cédula de identidad N°: 9.278.580, y domiciliado en la Urbanización Villa Dorada, Casa N°: 16, Cumana, Estado Sucre, debidamente asistido por la Abg, M.H.P.., inscrita en el I.P.S.A., bajo el N°: 20.355., en su carácter de progenitor de la niña: Se omite el nombre de conformidad con los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, quien manifestó que actualmente debe aportar la cantidad de cinto cincuenta mil bolívares (Bs 150.000,oo) de su salario mensual lo que representa el dieciocho punto dos (18,02%) por ciento por concepto de obligación alimentaria y el quince (15%) por ciento por los conceptos de bonificación de fin de año, fideicomiso, bono vacacional y cualquier otro concepto derivado de la relación laboral, y que por cuanto se modifico los supuestos que conforman la anterior sentencia, solicita se revise por cuanto tiene otro hijo de nombre: Se omite el nombre de conformidad con los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, tal como se desprende de la partida de nacimiento. Aunado a esto también manifiesta el actor que tiene otros hijos a quienes le suministra alimentación., los cuales están identificados en los autos, por todo lo antes expuesto solicita se sirva Revisar la Obligación Alimentaría. Acompaña a su escrito, copias certificadas de las actas de nacimientos respectivas y copia del expediente respectivo.-

En fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil tres (2003), este Tribunal de Protección Admitió la demanda, ordenándose la citación de la demandada. Así mismo se ordeno la notificación del Fiscal Cuarto del Ministerio Público.

En fecha once (11) de diciembre del año dos mil cinco (2005), se consigno la boleta de notificación del Fiscal Cuatro del Ministerio Público.-

En fecha veintiuno (21) de julio del año dos mil tres (2003), se dio por citada la demandada, debidamente asistida por la Defensora Pública de Niños y Adolescente.

En fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil cinco (2005), se dicto auto ordenándose la comparecencia de la parte demandante, para la celebración del acto conciliatorio, se libro telegrama N: 05-586.-

En fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil cinco (2005), se dejo constancia de la no comparecencia de las partes al acto conciliatorio fijado.-

En fecha ocho (08) de agosto del año dos mil cinco (2005), la parte demandada presento escrito de pruebas, dicho escrito fue admitida en la misma fecha, salvo su apreciación en la definitiva.-

En fecha doce (12) de agosto del año dos mil cinco (2005), el Tribunal dicto auto para mejor proveer de conformidad con el artículo 514 ordinal 2° del Código de Procedimiento Civil, solicitándose la constancia de sueldo del actor.

En fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil cinco (2005), se recibió la constancia de sueldo del demandante.-

El Tribunal para decidir observa:

Cumplidas las etapas procesales en la presente causa, procede de seguidas este Tribunal a decidir la misma.-

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, prevé en su artículo 75, que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común entre otros aspectos, y en su artículo 76, que el padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas, apuntando en su artículo 78 que los niños y niñas son sujetos plenos de derecho y están protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, quienes respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de dicha carta magna, la Convención sobre los derechos del niño y demás tratados internacionales que sean Ley de la República.-

El artículo 30 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente prevé que estos tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral, lo que incluye entre otros aspectos el que puedan disfrutar de buena y suficiente alimentación, así como vestido y vivienda, previendo el artículo 366 eiusdem, que la obligación alimentaria es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, la cual corresponde al padre y a la madre respecto de sus hijos que no hayan alcanzado la mayoridad, por su parte el 365 de la citada Ley, establece todo lo que comprende la obligación alimentaria, así señala: vestido, habitación, educación, cultura, asistencia medica, medicinas, recreación, deportes y todo lo relativo al sustento.-

De la simple lectura de las normas arribas transcritas puede apreciarse que, por mandato expreso de la ley, los niños y los adolescentes, como ahora debe tratárseles bajo el imperio de la novísima Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, se encuentran legitimados para ejercer a plenitud los derechos consagrados en ella, que eventualmente pudieran corresponderles, como es el caso del derecho a la alimentación.

El derecho de alimentación raigambre eminentemente proteccionista queda al descubierto, como se ha dicho, cuanto se trata de niños y adolescente, llamados a la alimentación, a quienes el Estado se ha obligado a proteger y salvaguardar “sus intereses superiores”, de modo que, precisamente, en aras de cumplir con tal deber, el Estado ha previsto, por vía legislativa que tal derecho sea de carácter obligatorio.

Se concreta el planteamiento de la parte actora en el hecho que en los actuales momentos no puede suministrar por los conceptos de la obligación alimentaria y bonificación de fin de año y demás beneficios para la manutención de su hija, por cuanto tiene otros hijos, ante tal imputación la progenitora, manifestó que no modificará la monto antes establecido, se dejo constancia que los padres no comparecieron al acto conciliatorio.

Ahora bien, observando que la destinataria de la obligación alimentaria es su hija, quien esta en etapa de vital desarrollo, que necesitan del cumplimiento material oportuno y suficiente del padre, para, que unido al de la madre, pueda vivir dignamente, lo cual es inherente a su derecho a la subsistencia, y evidenciándose entonces que el progenitor tiene un trabajo estable, que le permite contribuir acorde a su ingreso y en forma disciplinada a la cobertura de las necesidades alimentarias de su hija, y a la par se observa la existencia de otras cargas de igual prioridad que la de autos, es por lo que se concluye que la presente acción debe revisarse, en consecuencia debe determinarse y se debe o no modificarle al progenitor la suma que actualmente viene suministrando la cual debe ser suficiente, puntual y por adelantado para garantizar a la beneficiaria, sus derechos humanos a la vida y a un nivel de vida adecuado y así se declara.

Finalmente es imprescindible significar que así como resulta de suma importancia el que la hija reciba oportuna y puntualmente de su padre la obligación alimentaria para que la madre disponga de la misma para cubrirle adecuadamente sus necesidades materiales, debe ésta contribuir adecuadamente y el padre poner de su parte, y en conjunto ambos, esmerarse por brindarle a su hija una relación sana, que sepa y entienda que aunque sus padres no están juntos, la quieren y desean lo mejor para ella, misión que los progenitores no podrán lograr si no establecen como prioridad en sus actuaciones, la salud física, mental y emocional de su hija.-

En virtud de lo antes expuesto, debe entonces este sentenciador proceder de seguidas a hacer un análisis de cada una de las alegaciones presentadas por las partes en el presente proceso, se evidencia en los autos que el padre, ciudadano: D.R.C., durante el procedimiento manifestó tener otros hijos, tal y como se evidencia de las partidas de nacimiento. La madre manifiesta que no se modifique la cantidad establecida anteriormente y que se le asigne a su hija, todos los beneficios que ofrece la empresa donde trabaja.

Se evidencia en los autos la capacidad económica del demandante para cubrir las necesidades de su hija, no solo a ella, sino también a los demás hijos, por tal motivo, para que proceda al establecimiento de la obligación alimentaria, por lo que se debe tener presente lo dispuesto en los artículos 8, 365, 369 y 523 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

Para calcular el monto de la obligación alimentaria, el Juez deberá guiarse por los principios consagrados en nuestra legislación vigente y este cálculo deberá hacerse tomando en cuenta elementos de carácter objetivo. “Las necesidades de los niños y adolescente, de conformidad con el articulo 369 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente”, las cuales deberán establecerse de acuerdo a la edad de éstos, su estado de salud y todos esos elementos fácticos que conllevan la existencia misma del sujeto. No habiendo fijado el Legislador, un porcentaje básico para calcular el monto de la obligación alimentaria, será el conocimiento del medio ambiente en el cual se desarrolla la vida de los adolescentes y niños y la apreciación de las posibilidades económicas de los co-obligados, elementos en que el Juez deberá basarse para calcular el monto de la obligación mensual.

Este Tribunal considera que el padre y la madre están en la obligación de aportar todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, existencias y atención médica, medicina, recreación y deporte a sus hijos menores de edad, conforme a lo pautado en el artículo 365 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. El alcance de estas obligaciones viene dado de la premisa de que el niño o adolescente tiene derecho a recibir alimentos en cantidad y calidad igual a los demás hijos que residen en el hogar del progenitor, que no viven con el obligado, de conformidad con el artículo 373 eiusdem.

El Sentenciador aprecia a la luz de la Jurisprudencia constante y reiterada de los Tribunales que, a fin de lograr la “Carga Comparable“ en cuanto a la proporción del aporte económico de los co-obligados previsto en el artículo 372 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y el artículo 296 del Código Civil y para ello es necesario tomar en cuenta que el guardador en el ejercicio de los atributos de la Guarda, como lo son la custodia, asistencia material, vigilancia y orientación moral y educativa del niño o adolescente (artículo 358 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) tiene que desempeñar actividades que de poder ser delegadas representarían una erogación de tipo económica; de igual manera el guardador tiene que asumir gastos que no pueden ser, con exactitud, determinados a priori, tales como los de luz, teléfono, gas, vivienda, eventual incremento del costo de la vida, entre otros.

Del estudio de las actas procesales que conforman, podemos concluir que está planteada en el presente caso, el recurso de revisión de la obligación alimentaria establecida, encontrándonos así con varios aspectos importantes como son: la naturaleza del recurso, el procedimiento seguido y los supuestos para su revisión.

Revisada la materia se observa que es un procedimiento de revisión que estuvo previsto en la Ley Tutelar del Menor en el artículo 63 y actualmente en el articulo 523 de Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y procede en los casos en que dictada una decisión y firme la sentencia, surgen elemento o supuestos nuevos que hacen procedente la revisión del monto de la obligación alimentaria.

En este ámbito puede actuar el juez de niños y adolescentes, aún en una decisión ya ejecutoriada atendiendo a la base misma del procedimiento, la cual es que la decisión dictada, cuya revisión se solicita, debido a circunstancias surgidas posteriormente, no cumple la finalidad prevista en la ley y debe ser modificada, en base a esta posibilidad que se acuerda a las partes, que pueden solicitar al Tribunal competente, que al variar los elementos existente se estudie el caso, con el fin de que se modifique la decisión relativa al quantum alimento por considerar que se han producido hechos posteriores a la decisión que así lo aconsejan, los cuales deberán ser probados en el curso de la nueva causa.

El otro aspecto que debemos estudiar es el referido al procedimiento a seguir para dictar la sentencia.

La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, establece cual es el procedimiento a seguir, así como verificar los elementos necesarios que puedan dar al juez una visión clara de la situación que se alega. En el procedimiento de revisión sólo deberán probarse los nuevos elementos surgidos.

El articulo 523 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente dice:

.... Cuando se modifiquen los supuestos conforme a los cuales se dictó una decisión sobre alimento o guarda, el juez de la Sala de Juicio podrá revisarlas, a instancia de parte, siguiendo para ello el procedimiento contenido en este capitulo...

En consecuencia corresponde en este procedimiento revisar si se han modificado los supuestos que tuvo a la vista el órgano jurisdiccional para fijar la obligación alimentaria en la sentencia, de fecha siete (07) de abril del año dos mil cuatro (2004).

El demandante en su escrito de demanda, expuso:

“...quien manifestó que actualmente no puede con los montos anteriormente establecido en la sentencia que se pretende revisar, por cuanto tiene otros hijos, por lo que solicita se sirva Revisar la Obligación Alimentaría.

La demandada después de citada, compareció a los actos del proceso y manifestó no estar de acuerdo que se modifiquen los montos antes establecidos a favor de su hija: Se omite el nombre de conformidad con los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

Este Tribunal pasa a pronunciarse sobre las pruebas aportadas en los autos por las partes, de conformidad con los artículos 483, 451 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil:

La parte demandante presento con el escrito de demanda unos recaudos, los cuales se aprecian en su contenido por no ser desvirtuado por la parte demandada de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. ASI SE DECIDE.

Durante el procedimiento la demandada, ciudadana: M.D.V.Z.G., presentó escrito de prueba para desvirtuar los hechos narrados por la parte actora.-

En cuanto a sus cargas y obligaciones, el demandante demostró tener otras cargas familiares, así mismo es importante señalar como cierto que todo individuo tiene gastos para su manutención personal por lo que este Tribunal los aprecia.

En cuanto a la capacidad económica del obligado de quien se solicita se le revise la obligación alimentaria, la misma consta en autos. Asimismo el Tribunal puede apreciar que todos los trabajadores tienen deducciones legales y contractuales, los cuales le van a mermar los ingresos del mismo, descuentos estos que son tomados en cuenta por este Tribunal. ASI SE DECIDE.

Es por ello que se considera procedente revisar la obligación alimentaria fijada en la sentencia dictada por el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de esta Circunscripción Judicial en fecha 07-04-2004. ASI SE DECIDE.

Para determinar los elementos para la determinación de la nueva obligación de alimento, es necesario la apreciación del artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, la cual ordena:

...El monto de la obligación alimentaria se fijará en salarios mínimos y debe preverse su ajuste en forma automática y proporcional, sobre la base de los elementos, teniendo en cuenta la tasa de inflación determinada por los índices del Banco Central de Venezuela.

(resaltado del Tribunal).

En el caso de autos, se desprende la existencia de las partidas de nacimientos, con lo cual demuestra tener otros hijos, en tal sentido, cabe la pena destacar, que cuando se sentencio por primera vez, él indicó tener los mencionados hijos, pero no consigno las respectivas partidas de nacimientos, por eso se estableció los montos y los conceptos que se pretende revisar y modificar, en el presente expediente no esta demostrado si el padre suministra obligación alimentaria para cubrir las necesidades de sus otros hijos, el actor solamente se dedico a señalar e indicar que tiene otros hijos, sin manifestar las cantidad y que conceptos que les cubre.

En atención a las consideraciones antes expuestas, atendiendo a los hechos particulares del caso de autos y al derecho aplicable, con fundamento en los artículos 8, 365, 369 y 523 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, considerando que la destinataria de alimentos tiene derecho a que se le garantice su derecho a la subsistencia y a una v.d., este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en decisión de la Juez Nº 2, Sala de Juicio, Sede Cumaná, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la demanda por REVISIÓN DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, intentada por el ciudadano: D.R.C., venezolano, mayor edad, titular de la cédula de identidad N°: 9.278.580, contra la ciudadana: M.D.V.Z.G., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº: 9.270.940, en consecuencia, se mantienen los montos y conceptos antes establecidos, para contribuir a la satisfacción de las necesidades de su hija, antes identificada.

La presente sentencia ha sido dictada fuera del lapso legal previsto para ello, en tal sentido se acuerda librar boletas de notificación a las partes, todo ello de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, y al Fiscal Cuarto del Ministerio Público. Librese boletas de notificaciones.

Publíquese conforme al artículo 247 del Código de Procedimiento Civil y por mandato del artículo 248 eiusdem, déjese copia certificada de la presente decisión.-

Dada, firmada y sellada en la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Sucre, Sede Cumaná. En Cumaná a los diez (10) días del mes de octubre del año dos mil cinco (2005).- Años 195º de la Independencia y 146º de la Federación.- CÚMPLASE.- La Jueza (fdo) Dra. M.E.G.L.. La Secretaria (fdo) HAYARIT RODRIGUEZ. Es copia fiel y exacta de su original que certifico en la ciudad de Cumaná a los diez (10) días del mes de octubre del año dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.-

LA SECRETARIA

Abg. HAYARIT RODRIGUEZ

Expediente Nº: TP2-1167- 03

Demandante: D.R.C..

Demandada: M.D.V.Z.G.-

Motivo: REVISIÓN DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA

Sentencia: Definitiva.

MEGL/