Decisión nº 1C-15141-12 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 23 de Febrero de 2012
| Fecha de Resolución | 23 de Febrero de 2012 |
| Emisor | Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control |
| Ponente | Edwin Manuel Blanco |
| Procedimiento | Declinando Competencia |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE
TRIBUNAL PRIMERO DE CONTROL
San F.d.A., 23 de Febrero de 2.012
201º y 152º
AUTO DE DECLINATORIA
Asunto Penal 1C-15141-12
Asunto penal: 1C-15141-12.
Recibida como ha sido en esta misma fecha, mediante oficio CPJP-335-2012, el asunto penal signado con el numero 1C-15141-12, seguido al ciudadano D.E.H.H., titular de la cedula de identidad N° 23.698.697, por la presunta comisión de los delitos de Violencia Sexual, prevista y sancionada en el articulo 43, con la agravante del articulo 65 numeral 5° de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a una V.L.d.V., Lesiones Graves, prevista y sancionado en el articulo 415 del Código Penal Venezolano vigente Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el articulo 277 del Código Penal Venezolano vigente y Robo de Vehiculo Automotor, previsto y sancionado en el articulo 5 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehiculo Automotores; remisión hecha a los fines de emitir pronunciamiento sobre la competencia para conocer del mismo por parte de este Tribunal, en este sentido, este jurisdicente a los fines de decidir hace las siguientes consideraciones:
Se desprende de las acta revisadas, que durante el desarrollo de la Audiencia de Presentación de Imputados, celebrada en este Tribunal en fecha 09-01-2012, que el Ministerio Público representado por la Fiscalia Novena, imputo al ciudadano D.E.H.H., titular de la cedula de identidad N° 23.698.697, los delitos de Violencia Sexual Agravada, previsto y sancionado en el articulo 43 concatenado con el 65.3 de la Ley Orgánica Sobre el derecho de la Mujer a una V.L.d.V., Lesiones Personales Graves, previsto y sancionado en el articulo 415 del Código Penal Venezolano vigente, Secuestro, previsto y sancionado en el articulo 3 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión con la agravante del articulo 10 ordinal 2° de la misma norma, Robo de Vehiculo Automotor, previsto y sancionado en el articulo 5 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículos Automotores y Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el articulo 277 del Código Penal Venezolano vigente, por lo que se acordó la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, conforme a lo establecido en los artículos 250 numerales 1° 2° 3° y 251 numerales 2° 3° Parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal.
Que en fecha 06-02-2012, en virtud del oficio PCJP de esa misma fecha proveniente de la Presidencia del Circuito Judicial Penal de San F.E.A., mediante el cual solicitan la remisión de la totalidad de los asuntos en materia de Violencia Contra la Mujer de conformidad con lo establecido en la resolución 2011-0058 de fecha 14-11-2011, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que acordó la creación de los Tribunales de Violencia Contra la Mujer en la ciudad de San Fernando, Estado Apure, fue remitida el presente asunto mediante oficio 1C-283-12, conatote de cuarenta (40) folios útiles.
Que en fecha 08-02-2012, se reciben actuaciones emanadas de la Fiscalia Segunda del Ministerio Público, relacionadas con el acto conclusivo de acusación en contra del ciudadano D.E.H.H., titular de la cedula de identidad N° 23.698.697, por los delitos de Violencia Sexual, prevista y sancionada en el articulo 43, con la agravante del articulo 65 numeral 5° de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a una V.L.d.V., Lesiones Graves, prevista y sancionado en el articulo 415 del Código Penal Venezolano vigente Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el articulo 277 del Código Penal Venezolano vigente y Robo de Vehiculo Automotor, previsto y sancionado en el articulo 5 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehiculo Automotores; es decir dos (02) días siguientes a la remisión del asunto original a la sede de la Presidencia del Circuito Judicial Penal.
SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL
A tal efecto el artículo 57 del Código Orgánico Procesal Penal, establece expresamente la competencia territorial de los Tribunales Penales, disponiendo:
…La competencia territorial de los tribunales se determina por el lugar donde el delito o falta se haya consumado.
En caso de delito imperfecto será competente el del lugar en el que se haya ejecutado el último acto dirigido a la comisión del delito.
En las causas por delito continuado o permanente el conocimiento corresponderá al tribunal del lugar en el cual haya cesado la continuidad o permanencia o se haya cometido el último acto conocido del delito.
En las causas de delito o delitos imperfectos cometidos en parte dentro del territorio nacional, será competente el tribunal del lugar donde se haya realizado total o parcialmente la acción u omisión o se haya verificado el resultado…
. (Negrillas y subrayado del Tribunal).
Este artículo combina las distintas teorías que desarrollan el principio del llamado “locus commissi delicti”, que rige la competencia por la materia penal en razón del territorio. En el encabezamiento de este artículo se pone de manifiesto la teoría del resultado, en tanto que en los apartes primero y segundo se pone de manifiesto la teoría de la obicuidad.
Así mismo el adjetivo penal en su artículo 69 establece:
…Los actos procesales efectuados ante un Tribunal incompetente en razón de la materia serán nulos, salvo aquellos que no puedan ser repetidos…
Que el artículo 75, establece lo siguiente:
Si alguno de los delitos conexos corresponde a la competencia del Juez ordinario o Jueza ordinaria y otros a la de jueces especiales, el conocimiento de la causa corresponderá a la jurisdicción penal ordinaria. (Subrayado del suscrito)
Cuando a una misma persona se le atribuya la comisión de delitos de acción pública y de acción de instancia de parte agraviada, el conocimiento de la causa corresponderá al Juez o Jueza competente para el juzgamiento del delito de acción pública y se seguirán las reglas del proceso ordinario.
Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., en su artículo 1 dispone:
La presente Ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho de las mujeres a una v.l.d.v., creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad democrática, participativa, paritaria y protagónica.
Que en la exposición de motivos de la mencionada ley se señala lo siguiente:
La presente Ley tiene como característica principal su carácter orgánico, con la finalidad de que sus disposiciones prevalezcan sobre otras leyes, ya que desarrolla principios constitucionales en materia de derechos humanos de las mujeres y recoge los tratados internacionales en la materia que la República Bolivariana de Venezuela ha ratificado.
Al respecto el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 220 de fecha 02-06-2011, emanada de la Sala de Casación Penal, con ponencia de la Magistrado Blanca Rosa Mármol de León, dejo sentado lo siguiente:
“…Sin embargo, visto que la ley especial en su artículo 116 ha creado los Tribunales de Violencia Contra la Mujer y que éstos son órganos especializados en la materia, mal podría esta Sala reiterar que corresponde conocer a los tribunales ordinarios, aquellos casos donde evidentemente estemos en presencia de violencia de género. Asimismo, la aplicación irracional del artículo 75 del Código Orgánico Procesal Penal, condena sin tomar en cuenta el caso concreto a la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., a tener un carácter simbólico y no instrumental, puesto que la competencia de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, sería sustraída en muchos casos atribuyéndose la misma a los tribunales ordinarios, y por tanto no se lograrían los fines por los cuales fue creada la ley.
Ahora bien, conforme a lo expuesto anteriormente, esta Sala considera que es indispensable para determinar la competencia, el análisis de cada caso en concreto. En efecto, con la finalidad de resolver el presente conflicto de competencia, es preciso determinar si los hechos que han sido investigados están dirigidos a ocasionar un daño a la víctima por ser ésta de género femenino.
De acuerdo con los hechos por los cuales se acusa a los ciudadanos E.S. y W.S.H., esta Sala observa que estamos en presencia de una acusación por violencia de género, puesto que la víctima fue presuntamente sometida y violada por varios hombres, quienes al encontrarse en una posición de superioridad utilizaron a la víctima como un objeto sexual. Por lo tanto, los delitos de Porte Ilícito de Arma y Privación Ilegítima de Libertad, por los cuales además acusó el Ministerio Público, previstos y sancionados respectivamente en los artículos 277 y 174 del Código Penal venezolano, sirvieron como medio de comisión del delito de violencia sexual, previsto y sancionado en el artículo 43 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V..
Mención especial merece el delito de Lesiones Leves, previsto y sancionado tanto en el Código Penal como en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., sin embargo el artículo 118 de la mencionada ley establece lo siguiente:
Los tribunales de violencia contra la mujer conocerán en el orden penal de los delitos previstos en esta Ley, así como del delito de lesiones en todas sus calificaciones tipificadas en el Código Penal en los supuestos establecidos en el artículo 42 de la presente Ley y conforme al procedimiento especial aquí establecido.
Razón por la cual, corresponde en el presente caso su conocimiento a los tribunales especiales, independientemente de haberse formulado la acusación con base en el Código Penal.
De conformidad con lo explicado, esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ha decidido realizar este cambio de jurisprudencia y declara competente a los tribunales de violencia contra la mujer, en el conocimiento de casos donde se evidencie claramente la violencia de género. Lo anterior, a fin de salvaguardar la aplicación práctica y efectiva de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V. y los derechos fundamentales que ésta desarrolla.
En consecuencia, luego del análisis del presente caso, la Sala considera procedente declarar competente al Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Así se declara.
La Sala ha considerado conveniente exhortar a la Asamblea Nacional a hacer la reforma legal correspondiente a fin de evitar los conflictos señalados…”
Conforme con lo dispuesto en la norma antes transcrita y por las consideraciones anteriormente expuestas; estima este Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, con sede en la Ciudad de San Fernando, que los hechos investigados y/o presuntamente cometidos por el ciudadano D.E.H.H., titular de la cedula de identidad N° 23.698.697, fueron destinados en principio a causar una daño a la victima por ser esta de genero femenino, y con posterioridad a tal acto devinieron los demás, como se dijo presuntamente perpetrados por el ciudadano ya citado, en consecuencia, tomando en consideración que si bien es cierto nos encontramos en presencia de un concurso real de delitos, como lo son a saber: Violencia Sexual, prevista y sancionada en el articulo 43, con la agravante del articulo 65 numeral 5° de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a una V.L.d.V., Lesiones Graves, prevista y sancionado en el articulo 415 del Código Penal Venezolano vigente Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el articulo 277 del Código Penal Venezolano vigente y Robo de Vehiculo Automotor, previsto y sancionado en el articulo 5 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehiculo Automotores, que pudiera entenderse que la competencia por la materia corresponde a este Tribunal, no es menos cierto que considerando el criterio sentado por el Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 220 de fecha 02-06-2011, emanada de la Sala de Casación Penal, con ponencia de la Magistrado Blanca Rosa Mármol de León, lo procedente y ajustado a derecho es DECLARARSE INCOMPETENTE POR LA MATERIA PARA EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, y declinar el mismo a un Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, con Competencia en Materia de Violencia Familiar, de conformidad con lo establecido en las normas antes citada, y en la Sentencia de la Sala de Casación Penal. Y ASI SE DECLARA.-
DISPOSITIVA
Por los razonamientos anteriormente expuestos este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela por Autoridad de la Ley, ACUERDA: DECLARARSE INCOMPETENTE POR LA MATERIA PARA EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, y DECLINA la misma a un Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, con competencia en materia de Violencia de Genero, de conformidad con lo establecido en los artículos 57, 69, 75 del Código Orgánico Procesal Penal, articulo 1 de la Ley Sobre los Derechos de la Mujer a una V.L.d.V., y Sentencia N° 220 de fecha 02-06-2011, emanada de la Sala de Casación Penal, con ponencia de la Magistrado Blanca Rosa Mármol de León. Remítanse las presentes actuaciones. Regístrese, publíquese y déjese constancia en el Libro Diario.
Dada sellada y firmada en la sala de Audiencias del Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de control del Circuito judicial Penal de San Fernando. Estado Apure, a los veintitrés (23) días del mes de Febrero del 2012.
JUEZ PRIMERO DE CONTROL
ABG. E.M.B.L..
LA SECRETARIA.
ABG. M.M.A..
Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede.
LA SECRETARIA.
ABG. M.M.A..
Causa: 1C-15141-12
EMBL..-
