Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 26 de Julio de 2010
| Fecha de Resolución | 26 de Julio de 2010 |
| Emisor | Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio |
| Ponente | Francisco Cabrera |
| Procedimiento | Declara Sin Lugar |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Juicio Nº 03 de Barcelona, Estado Anzoátegui,
Barcelona, 26 de Julio de 2010
200º y 151º
ASUNTO PRINCIPAL: BP01-P-2008-002961.-
Visto el escrito presentado por la Dra. E.U., en su carácter de Defensora Pública Séptima Penal del acusado D.D.R.M., titular de la cédula de identidad número 19.013.243, mediante la cual solicita ante éste Despacho, se decrete el cese de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal y se sustituya por Medidas Cautelares menos Gravosas; quien aquí decide, previo abocamiento al conocimiento de la presente causa, por haberse encargado como Juez de este Órgano jurisdiccional, para decidir observa:
DE LOS ALEGATOS DE LA SOLICITANTE
La Defensa Pública Penal como argumento de la solicitud de revisión de la Medida de Coerción Personal, sostiene lo siguiente:
…que ha trascurrido dos años de la medida de privación preventiva de libertad; que su representado se encuentra detenido desde el día 03-07-2008, sin que se haya obtenido sentencia definitiva, que la victima nunca ha comparecido a ninguna de las citaciones que se le han hecho, que su solicitud debe entenderse no como una revisión sino como cumplimiento del principio de proporcionalidad; haciendo la Defensora Publica extracción parcial de decisiones de varios órganos atinentes al principio de proporcionalidad…
DE LAS ACTUACIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CAUSA
En fecha 03-07-2.008, el Tribunal Quinto de Control de éste Circuito Judicial Penal, conforme a los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del ciudadano D.D.R.M., titular de la cédula de identidad número 19.013.243, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previstos y sancionados en los artículos 458 y 277 del Código Penal Venezolano, en perjuicio del ciudadano C.J.T. y EL ORDEN PUBLICO.
En fecha 01-08-08, fue presentada la acusación por la Fiscalía Vigésima Comisionada del Ministerio Público de éste Estado, en contra del mencionado ciudadano, por la comisión del referido delito.-
En fecha 07-08-2.008, se fijó la Audiencia Preliminar, para el día 01-10-08, el cual se difirió por auto para el día 16-12-08, difiriéndose la misma por incomparecencia de la victima y el imputado por falta de traslado, fijándose para el día 13-01-09, difiriéndose la misma por incomparecencia de la victima y el imputado por falta de traslado, fijándose para el día 30-01-09, difiriéndose la misma por incomparecencia de la victima y el imputado por falta de traslado, fijándose para el día 17-02-09, el cual se difirió por auto para el día 23-03-09, difiriéndose la misma por incomparecencia de la victima, fijándose para el día 18-05-09, el cual se difirió por auto para el día 10-06-09, difiriéndose la misma por incomparecencia de la victima, fijándose para el día 08-07-09, difiriéndose la misma por incomparecencia del Fiscal, la victima y el imputado por falta de traslado, fijándose para el día 07-08-09, difiriéndose la misma por incomparecencia del Fiscal y la victima, fijándose para el día 14-10-09, difiriéndose la misma por incomparecencia de la victima y el imputado por falta de traslado, fijándose para el día 28-10-09, donde no se dejo constancia al respecto; en fecha 12-11-09, se produjo el diferimiento de la audiencia preliminar por incomparecencia de la victima y el imputado por falta de traslado, fijándose para el día 30-11-09, difiriéndose la misma por incomparecencia del Fiscal, la victima y el imputado por falta de traslado, fijándose para el día 15-12-09, donde no se dejó constancia de ello, fijándose el día 03-02-10, nuevamente la audiencia preliminar para el día 02-03-10, difiriéndose la misma por incomparecencia del Fiscal, la victima y el imputado por falta de traslado, fijándose para el día 25-03-10, fecha en la cual se difirió y se ordeno su enjuiciamiento, se admitió la acusación fiscal; así como las prueba ofertadas por las partes, ratificó la Medida de Coerción Personal.
En fecha 22-06-2010, se recibe la presente causa ante este Tribunal de juicio, y se fija el acto de Sorteo Ordinario para el día 20-07-10, celebrándose el mismo se fijó la Constitución del Tribunal Mixto Con Escabinos para el día 17-09-2010.-
Por otro lado es importante resaltar que en la fase intermedia para la celebración de la audiencia Preliminar se produjeron ocho (8) diferimientos, en los cuales se refleja la falta de traslado del para ese entonces imputado.-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Conforma el punto primordial de la petición planteada por la defensora Pública, se decrete el decaimiento de la medida judicial de privación preventiva de libertad, que cumple su defendido, alegando que han transcurrido más de dos años, sin celebrarse el juicio oral y publico, por causas inimputables a su representado.-
Propendiendo a la resolución del tema decidendum, podemos ver que el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé:
Artículo 244. Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.
En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años; si se trata de varios delitos se tomará en cuenta la pena mínima del delito más grave.
Excepcionalmente y cuando existan causas graves que así lo justifiquen para el mantenimiento de la medida de coerción personal, que se encuentran próximas a su vencimiento, el Ministerio Público o el o la querellante podrán solicitar al tribunal que este conociendo de la causa, una prórroga que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito imputado, y si fueran varios los delitos imputados se tomará en cuenta la pena mínima del delito más grave.
Igual prorroga se podrá solicitar cuando dicho vencimiento se deba a dilaciones indebidas atribuibles al imputado o imputada, acusada o acusado o sus defensores o defensoras.
Estas circunstancias deberán ser motivadas por el Fiscal o el o la querellante.
En este sentido, si el caso se encuentra en la Corte de Apelaciones, se recibirá la solicitud y se remitirá de inmediato con los recaudos necesarios al Juzgado de Primera Instancia que conoce o conoció de la causa, el Tribunal que este conociendo de la causa deberá convocar al imputado o imputada, acusado o acusada y a las partes a una audiencia oral a los fines de decidir, debiendo tener en cuenta a objeto de establecer el tiempo de la prorroga, el principio de proporcionalidad.
Si analizamos la disposición supra trascrita, vemos que en un principio la regla general, es que la medida de coerción impuesta, en ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años, pero como toda regla tiene sus excepciones y esta no escapa a esa realidad, estas están contempladas en esa misma disposición cuando nos señala como aspectos a tomar en cuenta con relación a la imposición o sustitución de la medida, la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable; y por otro lado cuando dicho vencimiento se deba a dilaciones indebidas atribuibles al imputado o imputada, acusada o acusado o sus defensores o defensoras.
Así tenemos, que esta misma norma prevé la celebración de una audiencia oral para debatir entre las partes, la solicitud de prorroga planteada, bien por el querellante o bien por el Ministerio Publico, a lo cual escapa el caso de autos, ya que solo tenemos la solicitud de la defensa Pública que es el tema controvertido, por lo cual no se hace necesaria la fijación de audiencia oral alguna.-
Ahora bien, analizando los aspectos que configuran la excepción a la regla ya esbozada, en el caso que nos ocupa, se le atribuye al acusado de autos, el delito ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en los artículos 458 del Código Penal, el cual prevé una pena de 10 a 17 años de prisión; es decir, excede la pena atribuida al referido hecho punible de diez años en su límite máximo; aunado a ello, debe considerarse la magnitud del daño causado; sobre éste particular, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido que el delito de ROBO AGRAVADO, es un delito pluriofensivo, es decir, afecta dos o más bienes jurídicos protegidos, como son los derechos constitucionales relativo a la vida e integridad personal, así como a la propiedad, establecidos en los artículos 43 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.-
Por otro lado, existe la atribución de otro hecho punible como lo es el Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, que comporta la existencia de la figura jurídica conocida como el concurso real de delito, que encierra un aumento de la pena a imponer en definitiva al sujeto activo, de resultar responsable de los hechos imputados.-
Con relación a las dilaciones indebidas, es importante traer a colación, que durante el desarrollo de la fase intermedia, para la celebración de la audiencia Preliminar, se produjeron ocho (8) diferimientos en fechas distintas, por la falta de traslado del imputado, es decir, no se conoce, si el acusado estuvo presto a salir para que se relazara el traslado o no, observándose que el hoy acusado contribuyó para que la audiencia preliminar no se celebrara dentro de un tiempo razonable.-
Por otro lado se hace necesario destacar los criterios jurisprudenciales de nuestro máximo Tribunal con relación a este tema, así vemos que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia Nro 626, de fecha 13/04/2007 y con Ponencia de la Magistrada DRA. C.Z.D.M., estableció que de acuerdo con el contenido del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, la medida de coerción personal que es decretada contra un imputado o acusado decae, previo análisis de las causas de la dilación procesal, cuando ha transcurrido más de dos (02) años de su vigencia, contados a partir del momento en que fue dictada, claro está, siempre y cuando no se haya proveído la prórroga establecida en el aludido precepto, dado que, en ese caso, deberá esperarse que culmine la misma para que pueda existir el decaimiento.
No obstante esa pérdida de la vigencia de la medida no opera de forma inmediata, pues, aunque la libertad del imputado o acusado, debe ser proveída de oficio sin la celebración de una audiencia por el tribunal que esté conociendo de la causa (vid. sent. Nº 601/2005 del 22 de abril); el juez que conoce del asunto tiene la posibilidad de decretar cualquiera de las medidas cautelares sustitutivas previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal (vid. Sent. Nº 1213/2005 de 15 de junio), en atención al contenido del artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en caso de que no lo acuerde el afectado o su defensa pueden solicitar la libertad o la concesión de una medida cautelar sustitutiva si no son decretadas de oficio.
Expresado esto, se colige que el principio de proporcionalidad recogido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal es, en definitiva, una limitante temporal a todas las medidas de coerción personal dictadas en el proceso penal, el cual debe ser cumplido por todos los órganos que imparten justicia por ser la regla general que toda persona será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley, conforme lo establece el numeral 1º del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo sería en lo contemplado en el artículo 29 eiusdem; sin embargo, cabe recalcar que en el proceso pueden existir dilaciones propias de la complejidad del asunto debatido, por lo que el simple transcurso del tiempo no configura íntegramente el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, pues, de lo contrario, la compresible complejidad que pudiera llegar a tener un caso se convertiría en un mecanismo que propenda a la impunidad.
Tal circunstancia, en un razonamiento lógico, conduce a concluir que la norma per se, excluye los retrasos justificados que nacen de la dificultad misma de lo debatido; sólo esta interpretación justifica que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se refiera al deber del Estado de garantizar una justicia sin dilaciones indebidas, lo que reconoce implícitamente que en los procesos pueden existir dilaciones debidas o, dicho en otras palabras, que se pueden justificar, tal como lo refiere en igual sentido el propio artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal.
Así, un proceso penal puede prolongarse sin que exista una tardanza de mala fe imputable a las partes o al Juez, pues en algunos casos es posible y hasta necesario para la búsqueda de la verdad de los hechos que las partes, en ejercicio pleno de su derecho a la defensa y dada la complejidad del caso, promuevan un número importante de medios de pruebas que luego deberán ser evacuadas, en estos casos, se insiste, la tardanza del proceso penal se debe a la complejidad de los hechos controvertidos y mal puede dicha complejidad beneficiar a los posibles culpables.
En consecuencia, no habiendo hasta la fecha variado las circunstancias de tiempo, modo ni lugar como ocurrieron los hechos investigados y acreditado como se encuentra la Presunción razonable de Peligro de Fuga, en razón a la pena que podría llegarse a imponer en el caso y por la magnitud del daño causado, se DECLARA SIN LUGAR de conformidad con los artículos 244 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal, el pedimento formulado por la Defensa Pública Penal Dra. E.U., en su carácter de Defensora Pública Séptima Penal del acusado D.D.R.M., titular de la cédula de identidad número 19.013.243, a quien se le sigue la presente causa por la presunta comisión de los delito de ROBO AGRAVADO y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previstos y sancionados en los artículos 458 y 277 del Código Penal Venezolano, en perjuicio del ciudadano C.J.T. y EL ORDEN PUBLICO, de conformidad con los artículos 250, numerales 1º, 2º, 3º, en concordancia con el 251, numerales 2º y 3º, y parágrafo primero de la citada Ley Penal Adjetiva; y así se decide.
DISPOSITIVA
Por las consideraciones anteriormente expuestas, éste Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, en funciones de Juicio Nro. 03, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley decide: PRIMERO: Conforme a los artículos 264 y 244 del Código Orgánico Procesal Penal, se declara SIN LUGAR la solicitud presentada por la Dra. E.U., en su carácter de Defensora Pública Séptima Penal del acusado D.D.R.M., titular de la cédula de identidad número 19.013.243, a quien se le sigue la presente causa por la presunta comisión de los delito de ROBO AGRAVADO y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previstos y sancionados en los artículos 458 y 277 del Código Penal Venezolano, en perjuicio del ciudadano C.J.T. y EL ORDEN PUBLICO, de conformidad con los artículos 250, numerales 1º, 2º, 3º, en concordancia con el 251, numerales 2º y 3º, y parágrafo primero de la citada Ley Penal Adjetiva; en consecuencia, se niega la sustitución de la Medida de Coerción Personal por otras Menos Gravosas y se ratifica la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del mencionado acusado, todo de conformidad con los artículos 250, ordinales 1, 2 y 3; así como el 251, ordinales 2, 3 y parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Se ratifica la Constitución del Tribunal Mixto con Escabinos para el día 17-09-2.010, a las 09:00 a.m. Notifíquese a las partes de la presente decisión; así como del deber de comparecer el día y hora fijado para celebrar del citado acto; líbrese boleta de traslado del mencionado acusado. Regístrese.
JUEZ DE JUICIO Nro. 03
Dr. F.J. CABRERA
EL SECRETARIO
DR. D.G. CAJIAO
