Decisión de Juzgado Primero Superior Del Trabajo de Caracas, de 2 de Abril de 2013
| Fecha de Resolución | 2 de Abril de 2013 |
| Emisor | Juzgado Primero Superior Del Trabajo |
| Ponente | Asdrubal Salazar Hernández |
| Procedimiento | Medida Cautelar |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO SUPERIOR DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, 02 de abril de 2013-04-01
Año 202º y 153º
ASUNTO: AC21-X-2013-000015
PRINCIPAL: AP21-N-2013-000059
En el recurso de nulidad interpuesto contra el acto administrativo de efectos particulares N° 0454-2012, de fecha 13 de julio de 2012, emanada de la Dirección Estadal de Salud y Seguridad de los Trabajadores del Distrito Capital y Estado Vargas, incoado por la empresa DROGUERIA NENA C.A., inscrita en el Registro de Comercio, llevaba por el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 24.04.1975, bajo el Nro. 76, folios 280 al 284 representada judicialmente por los abogados J.M., A.C., YACQUELINE QUIÑONEZ, MARDUNELYN CHANG HONG, AREBALO JOSÉ, R.E. y A.S., inscritos en el Inpreabogado bajos los Nros. 32633, 44129, 119431, 92412, 31421, 76969 y 129223, se solicita la suspensión de efectos del acto administrativo antes señalado, lo cual motivó a la apertura del presente cuaderno de medidas a los fines de sustanciar y decidir la misma.
NARRACIÓN DE LOS HECHOS:
En el escrito contentivo del recurso de nulidad ejercido por la empresa DROGUERIA NENA C.A., contra el acto administrativo de efectos particulares N° 0454-2012, de fecha 13 de julio de 2012, emanada de la Dirección Estadal de Salud y Seguridad de los Trabajadores del Distrito Capital y Estado Vargas, específicamente en el capítulo quinto del mismo, la representación judicial de la parte actora solicita la suspensión de los efectos del acto administrativo en cuestión, indicando que a fin de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación en la definitiva en desmedro de intereses patrimoniales de su representada, considerando que el ente administrativo impuso una multa exorbitante y desproporcionada, aduciendo que el monto no guarda relación con la supuesta infracción cometida.
MOTIVACIONES DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR:
SOBRE LA COMPETENCIA PARA DECIDIR LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS DE PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS EMANADAS DE EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN SALUD Y SEGURIDAD LABORALES:
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia Nº 27 del 26 de julio de 2011, (caso: AGROPECUARIA CUBACANA C.A.), que dictaminó en torno al tema bajo tratamiento lo siguiente:
…No hay duda pues de que la voluntad del legislador, en absoluta concordancia con las disposiciones constitucionales sobre la protección del hecho social trabajo y el entramado de relaciones jurídicas que del mismo deriva, tal como el régimen de seguridad y salud en el trabajo y las condiciones idóneas para el desempeño del mismo en protección de las condiciones físicas y mentales del trabajador, atribuyen –de forma expresa y exclusiva- a los órganos que integran la jurisdicción laboral, la competencia relativa al conocimiento de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), pues lo relevante para determinar cuál es el juez natural que ha de conocer este tipo de pretensiones no es la naturaleza del órgano del cual emana sino la naturaleza jurídica de la relación.
Así las cosas, atendiendo la reciente doctrina vinculante emanada de la Sala Constitucional, en la que destaca la importancia de que la jurisdicción laboral conozca de las controversias que se deriven del hecho social trabajo y el entramado de relaciones jurídicas que del mismo derivan, por la relevancia que tiene en el Estado Social de Derecho y de Justicia, así como la propia Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que establece los criterios atributivos de competencia en esta materia, debe determinarse que los órganos jurisdiccionales competentes para conocer y decidir situaciones como la de autos, son los de la jurisdicción laboral. Así se decide.
En consecuencia, conforme a los razonamientos expuestos, el tribunal competente para conocer de la presente causa es el Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. Así se declara…
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Visto el criterio jurisprudencial anteriormente citado, es menester entonces concluir que, dada la especialidad de la materia debatida en el marco de una reclamación ejercida en contra del acto administrativo de efectos particulares N° 0454-2012, de fecha 13 de julio de 2012, emanado del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), Dirección Estadal de Salud y Seguridad de los Trabajadores del Distrito Capital y Estado Vargas, en materia del trabajo, la cual es de eminente carácter laboral, debe corresponder la competencia para conocer de dichas reclamaciones los tribunales con competencia laboral aunado a que la propia Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo atribuye expresamente la competencia a los juzgados superiores laborales para conocer de las acciones de nulidad en contra de los actos administrativos emanados del Inpsasel, por lo cual esta Alzada se declara competente para conocer de la solicitud de medida cautelar, aplicando los principios y normas antes reseñados. Y ASI SE DECLARA.
SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES:
Pasa este Juzgado al análisis de los requisitos de procedencia de las medidas cautelares preventivas, dando cumplimiento al ordinal 4º del artículo 243 Código de Procedimiento Civil, es decir, exponer los motivos de hecho y de derecho de la decisión, en concordancia con los artículos 12 y 244 eiusdem, en cuanto al deber de atenerse a lo alegado por las partes así como a los indicios y pruebas hechas valer en los autos. En tal sentido, el examen de este tribunal se limitará al cumplimiento por parte del recurrente, de los extremos exigidos para la procedencia de las medidas cautelares, como es la solicitada en el caso de autos, puesto que con ella se pretende la suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado de nulidad, esto es, del reenganche y pago de los salarios dejados de percibir del trabajador beneficiario del acto. En consecuencia, verificaremos el cumplimiento de los extremos citados, o sea, del fumus boni juris, pericullum in mora y pericullum in damni
SOBRE EL FUMUS B.I.:
El fumus b.i., sea la presunción grave del derecho que se reclama, corresponde al titular de un derecho que pudiera ser afectado por la tardanza del proceso, es uno de los requisitos de procedencia de la solicitud de suspensión de efectos prevista en los artículos 585 y 588 del CPC.
En atención al caso de autos, la parte acompañó a su recurso de nulidad copia certificada de la certificación de incapacidad emanada del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda, de fecha 13.07.2013, de la cual queda evidenciado que efectivamente a la mencionada ciudadana le fue certificada una discapacidad total y permanente, tal y como se indicó supra.
La parte fundamenta este requisito señalando que en el presente caso el médico especialista de la DIRESAT M.d.I. emitió la certificación impugnada sin haberle brindado u otorgado a su representada oportunidad ni lapso alguno para formular alegatos y aportar pruebas que obraran en su favor y, por tanto, para demostrar que las patologías supuestamente padecidas o agravadas por la ciudadana Z.A. no eran de origen ocupacional, que de haberlo hecho, su representada “DROGUERÍA NENA, C.A.” hubiera presentado los alegatos y pruebas que obraran a su favor para desvirtuar el supuesto origen ocupacional de las patologías supuestamente padecidas por la ciudadana antes mencionada, en consecuencia, indica la parte que la DIRESAT M.d.I. violó así el Derecho Constitucional a la Defensa y al Debido Proceso de la empresa DROGUERÍA NENA, C.A. Adicionalmente señala el accionante en nulidad que la certificación impugnada se encuentra viciada de nulidad absoluta por cuanto la DIRESAT M.d.I. dictó la certificación impugnada sobre la base de un falso supuesto de hecho, ello en virtud que sin prueba alguna que curse en el expediente administrativo que sirva de respaldo, la DIRESAT M.d.I. declaró que las patologías supuestamente padecidas por la ciudadana Z.A. son producto del trabajo que desempeñaba en la empresa, que así se pronunció el médico especialista de la DIRESAT M.d.I. Dr. E.B., apoyado únicamente en un informe cuya profesión ni siquiera está vinculada a la profesión de la medicina, sin haber efectuado previamente una evaluación integral de la ciudadana antes mencionada se indicó que se hizo, mas sin embargo sus resultados no constan al expediente administrativo, ni una verdadera investigación en la que se hubiera determinado y probado la relación de causalidad, la cual en todo caso no hubiera podido demostrarse pues no existe tal relación.
De acuerdo a lo expuesto, tenemos que en el presente caso no se constata el fumus bonis iuris por cuanto no se evidencia un perjuicio que no pudiera ser reparado por la sentencia definitiva, sino que por el contrario se fundamenta en pretensiones que deben ser resueltas cuando se emita pronunciamiento del fondo de la controversia la cual va igualmente dirigida a determinar si es procedente o no en derecho el tipo de incapacidad decretada por el acto administrativo y el posterior cálculo indemnizatorio que efectúa el organismo recurrido.
SOBRE EL PERICULUM IN MORA:
Se refiere a la existencia del riesgo manifiesto de que la ejecución del fallo pudiera resultar estéril o inútil ante las consecuencias del acto cuestionado como ilegítimo. Es otro de los requisitos de procedencia de la solicitud de suspensión de efectos prevista en los artículos 585 y 588 del CPC.
La parte actora fundamenta este requisito en el hecho de que la ejecución de los actos impugnados podrían generar daños y perjuicios para la empresa DROGUERÍA NENA, C.A. ello en virtud que la certificación impugnada está siendo utilizada por la ciudadana N.M. para que su representada deba reconocerle unas indemnizaciones por la supuesta enfermedad ocupacional y agravamiento que dice padecer y que se le aperture a su representada un procedimiento de multa (sanción pecuniaria) por parte de INPSASEL debido a que su representada no le ha reconocido dicha indemnización. Señala la parte que ese Juzgado no podría reparar en su sentencia definitiva a la empresa DROGUERIA NENA, C.A. los eventuales daños y perjuicios que le podría significar, de allí que es evidente que a su representada le asisten razones legales y fácticas suficientes para solicitar la protección cautelar a través de la suspensión de los efectos del Acto impugnado., en razón de todo lo expuesto solicita se acuerde la medida cautelar solicitada, a fin de evitar que quede ilusoria la ejecución del fallo que se dicte en el presente juicio de nulidad, visto que los daños y perjuicios económicos que le causarían a la empresa no podrían ser reparados por la sentencia definitiva.
Se destaca que tal derecho básico, de orden público e irrenunciable como es el derecho al debido proceso no se vería violentado en caso de una no deseable y eventual tardanza en emitir decisión de fondo, además de ello existen defensas previstas en el ordenamiento jurídico tendientes a evitar posibles perjuicios en caso de encontrarse pendiente un procedimiento que pudiera afectar la resolución, con lo cual a criterio de este Tribunal la parte solicitante no logra demostrar el extremo en comento relativo al periculum in mora.
SOBRE EL PERICULLUM IN DAMNI:
Se refiere a la existencia de fundado temor de que la otra parte pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho del solicitante de la cautela, se debe cumplir para la procedencia de la solicitud de suspensión de efectos prevista en los artículos 585 y 588 del CPC.
No existen en autos indicios graves, precisos ni concordantes que evidencien que de acuerdo al estado económico o financiero de la demandada, existiere una posible y real amenaza de empobrecimiento o ruina como consecuencia del pago eventual de indemnizaciones.
No consta en autos que la ejecución del acto administrativo impugnado produzca perjuicios de difícil o imposible reparación mediante sentencia definitiva en la esfera jurídica del accionante, concretamente. Todo ello, según lo dispuesto en el artículo 257 de la Carta Magna, relativo al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia que deberá ser impartida en el presente caso en la decisión que recaiga en el asunto principal.
Por todas las razones expuestas, resulta forzoso para esta Alzada declarar improcedente la solicitud de medida de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado de nulidad. Así se establece.-
DISPOSITIVO:
Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Primero Suprior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE la medida preventiva de suspensión de efectos del Acto Administrativo de efectos particulares N° 0454-12, de fecha 13 de julio de 2012, emanado del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), Dirección Estadal de Salud y Seguridad de los Trabajadores Miranda, incoado por la empresa DROGUERIA NENA C.A., inscrita en el Registro de Comercio, llevaba por el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 24.04.1975, bajo el Nro. 76. SEGUNDO: Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas.
Se ordena la publicación de la presente sentencia en la página electrónica del Tribunal Supremo de Justicia en el sitio denominado Regiones Área Metropolitana de Caracas. http://caracas.tsj.gov.ve/. CÚMPLASE.
REGÍSTRESE, PUBLIQUESE Y DÉJESE COPIA.
Dada, firmada y sellada, en la sala del Despacho del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los dos (2) días del mes de abril de dos mil trece (2013). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
EL JUEZ,
A.S.H.
EL SECRETARIO
ISRAEL ORTIZ
En la misma fecha, dos (02) de abril de 2013, en horas de despacho y previa las formalidades de ley, se registró y publicó la anterior decisión.
EL SECRETARIO
ISRAEL ORTIZ
