Decisión de Juzgado Sexto Superior Del Trabajo de Caracas, de 6 de Mayo de 2015

En fecha, veinte (20) de marzo de 2013, fue presentada por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Recurso Contencioso de Nulidad de Acto Administrativo, incoado por DROGUERIA NENA, C.A., contra Certificación número 0250-2012, de fecha 11 de Julio de 2012, notificada en fecha 11 de octubre 2012, a través del cual se estableció el padecimiento de una enfermedad ocupacional al ciudadano J.E.L.M.. El mismo se dio por recibido mediante auto de fecha 26 de marzo de 2013, previa distribución de ley, siendo admitido en fecha 03 de abril de 2013 donde se ordenó las notificaciones correspondientes a los fines de la audiencia de juicio, la cual se llevó a cabo en fecha 31 de julio de 2014.

Posteriormente y por virtud del abocamiento de quien suscribe en fecha 08 de octubre de 2014, se ordenó la notificación de las partes a los fines de dar continuidad al presente procedimiento y la celebración de nueva audiencia conforme a lo dispuesto en sentencia número 3744 de fecha 22 de diciembre de 2003, emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia que dispone lo atinente al principio de inmediación para el caso de audiencias celebradas sin que se haya dictado sentencia, por lo que corresponderá al nuevo juez que se aboque a la causa proceder a la nueva celebración de la misma a los fines de emitir pronunciamiento.

En este estado y logradas las notificaciones de las partes se llevó a cabo la audiencia de juicio en fecha 03 de marzo de 2015, en ocasión a la cual se aperturó lapso para la evacuación de las pruebas promovidas por las partes, y la consecuente consignación de los informes correspondientes. Siendo así y encontrándose el presente asunto en la etapa de dictar sentencia este Tribunal pasa a hacerlo en los términos que a continuación se exponen, tomando en consideración que ya a través del auto de admisión de la demanda de fecha 03 de abril de 2013 este Juzgado emitió pronunciamiento sobre la COMPETENCIA de los Tribunales del Trabajo para conocer y decidir asuntos como el presente según sentencia número 27 de fecha 26 de julio de 2011 emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en el cual se dispuso:

DE LA COMPETENCIA

Se observa que el caso de marras versa sobre la legalidad de un acto administrativo emanado del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, razón por la cual a los fines de emitir pronunciamiento de la competencia para conocer de la presente acción se hace necesario señalar que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en relación con la competencia para conocer de la presente acción estableció en sentencia Nº 27 de fecha 26 de julio de 2011:

…Ahora bien, en el caso bajo estudio, la demanda fue propuesta contra el acto administrativo emanado del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), dictado con ocasión del procedimiento administrativo (…)

…la Disposición Transitoria Séptima eiusdem, establece que

(…) son competentes para decidir los recursos contenciosos administrativos contenidos en la presente Ley, los Tribunales Superiores con competencia en materia de trabajo de la Circunscripción Judicial en donde se encuentre el ente que haya dictado el acto administrativo que dio origen al recurso inicial. De estas decisiones se oirá recurso ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (…)”

En este mismo orden de ideas, debe acotarse que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no incluyó dentro de los asuntos que deben conocer los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, las acciones de nulidad contra los actos administrativos emanados del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) o de los órganos adscritos al mismo, con ocasión de la aplicación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

No hay duda pues de que la voluntad del legislador, en absoluta concordancia con las disposiciones constitucionales sobre la protección del hecho social trabajo y el entramado de relaciones jurídicas que del mismo deriva, tal como el régimen de seguridad y salud en el trabajo y las condiciones físicas y mentales del trabajador, atribuyen –de forma expresa y exclusiva- a los órganos que integran la jurisdicción laboral, la competencia relativa al conocimiento de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), pues lo relevante para determinar cuál es el juez natural que ha de conocer este tipo de pretensiones no es la naturaleza del órgano del cual emana sino la naturaleza jurídica de la relación.

Así las cosas, atendiendo la reciente doctrina vinculante emanada de la Sala Constitucional, en la que destaca la importancia de que la jurisdicción laboral conozca de las controversias que se deriven del hecho social trabajo y el entramado de relaciones jurídicas que del mismo derivan, por la relevancia que tiene el Estado Social de Derecho y de Justicia, así como la propia Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que establece los criterios atributivos de competencia en esta materia, debe determinarse que los órganos jurisdiccionales competentes para conocer y decidir situaciones como la de autos, son los de la jurisdicción laboral. Así se decide (…)

Es virtud de lo expuesto, los Tribunal Superiores del Trabajo, son competentes para conocer de casos como el de autos, siendo sometido al conocimiento a estos Tribunales, razón por la cual se declara la competencia de este Despacho para sustanciar y decidir la demanda. Así se declara.

2. DE LA PRETENSION

   Recurre la representación judicial de la parte actora del acto administrativo de efectos particulares contenido en Certificación número 0250-2012 de fecha 11 de julio de 2012, emanado de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores M.d.I.N.d.P., Salud y Seguridad Laborales. Señala que en fecha 29 de abril de 2010 el ciudadano J.E.L.M. acudió ante la DIRESAT Miranda, a los fines de la evaluación médica respectiva por presentar sintomatología de presunta enfermedad de origen ocupacional. En atención a esta solicitud, el INPSASEL DIRESAT Miranda, designó al Ingeniero D.V., quien mediante orden de trabajo N° MIR-1046, se trasladó a la sede la empresa a los fines del levantamiento del informe de la investigación de origen de la enfermedad con fecha 10 de julio de 2012. Que una vez realizada la evaluación integral al ciudadano J.E.L.M. que incluye los 5 criterios, constató el funcionario que las actividades realizadas por el trabajador implicaban movimientos repetitivos de flexo-extensión, flexión lateral y rotación del tronco, empujar y halar cargas así como bipedestación prolongada. Luego del levantamiento de dicho informe, el funcionario concluyó que la enfermedad padecida por el trabajador se agravó con ocasión del trabajo por más de cuatro años, siendo que en dicho informe no se le otorgó a su representada oportunidad alguna para formular los alegatos y aportar pruebas que obraran a su favor. Que en virtud de ello, se pronunció el Medico Especialista del INPSASEL J.M.R., a través de la certificación hoy impugnada, sin haber efectuado una evaluación médica integral así como una verdadera investigación en la que se hubiera determinado y probado la relación de causalidad, señalando que la patología sufrida constituye un estado patológico agravado con ocasión del trabajo, ocasionado por las condiciones disegonomicas en que se encontraba obligado a desempeñarse el trabajador. En consecuencia la certificación impugnada N° 0250-2012 de fecha 11 de julio de 2012 se encuentra viciado de presidencia total y absoluta y de falso supuesto de hecho en los siguientes términos:

   1) Violación del derecho a la defensa y el debido proceso: señala que la DIRESAT M.d.I., violo el derecho constitucional a la defensa y el debido proceso a su representada garantizado en el artículo 49 numeral 1 de la Constitución, al no brindarle la oportunidad de formular alegatos y aportar pruebas, tales como exámenes e informes médicos, que obraran a su favor previo a la certificación impugnada, ya que su representada no presentó pruebas que le hubiesen permitido desvirtuar el supuesto origen ocupacional de las patologías supuestamente padecidas por el ciudadano J.E.L.M., y con ello, su errónea calificación de origen ocupacional y agravamiento que supuestamente le ocasiona una Discapacidad Parcial y Permanente para el trabajo, además, señala que la certificación impugnada resulta violatoria del procedimiento legalmente establecido en la LOPCYMAT a efectos de la Calificación, Comprobación y Certificación del origen ocupacional o agravamiento de una enfermedad.

   2) Falso supuesto de hecho: señala que la DIRESAT M.d.I., dicto la certificación impugnada- y por vía de consecuencia, el oficio impugnado- sobre la base de un falso supuesto de hecho, ello en virtud que, sin prueba alguna que curse en el expediente administrativo que le sirva de respaldo, declaro que las patologías supuestamente padecidas por el trabajador, son productos del trabajo que desempeñaba en la entidad de trabajo Droguería Nena C.A., así se pronuncio el médico ocupacional J.M.R., apoyado únicamente en un informe de investigación, elaborados, en condiciones de modo tiempo, lugar y circunstancia del puesto de trabajo distintos, los cuales son claramente subjetivos de un funcionario cuya profesión ni siquiera está vinculada a la profesión de la medicina y por tanto, sin haber efectuado previamente una evaluación integral al trabajador-a pesar que la certificación impugnada se indica que se hizo, mas sin embargo sus resultados no consta en el Expediente Administrativo-y una verdadera investigación en la que hubiera determinado y probado la relación de causalidad- la cual en todo caso no hubiera podido demostrarse pues no existe tal relación entre la enfermedad supuestamente padecida por el trabajador en relación directa a los cargos (puesto de trabajo) que desempeño en la empresa. Señala que en el expediente administrativo no se desprende que se haya realizado un análisis exhaustivo de las condiciones y medio ambiente del trabajo o de otras condiciones personales como edad, sexo, constitución anatómica, deportes practicados, hábitos alimenticios, predisposición genética y otras enfermedades y con las cuales se hayan podido concluir válidamente que hay una relación de causalidad entre las enfermedades supuestamente padecida y los cargos desempeñados.

   Por las razones expuestas y especialmente por no haberse determinado la relación de causalidad entre la supuesta enfermedad padecida con respecto al puesto de trabajo desempeñado por el ciudadano J.E.L.M., que el médico especialista de la Diresat Miranda incurrió en falso supuesto de hecho que vicia de nulidad absoluta a la certificación impugnada.

3. DE LA AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA

   En el marco de la audiencia oral y pública celebrada en fecha 03 de marzo de 2015, desarrollada conforme a lo indicado en el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las partes expusieron sus respectivas pretensiones, ratificando la parte actora en todas y cada una de sus parte los alegatos que sustentan la pretensión y que fueron plasmados en el escrito libelar, relacionados con vicios en el procedimiento, que produjeron la violación del derecho a la defensa y el debido proceso; alegó que el acto administrativo cuestionado adolece del vicio de falso supuesto de hecho, porque se basó solo en un informe subjetivo en el cual se determinó que el ciudadano J.E.L.M. padece de una enfermedad ocupacional en virtud del cargo desempeñado, solo fundamentándose en la visita realizada y que en esa oportunidad no se le permitió aportar pruebas que pudieran desvirtuar la patología señalada como enfermedad ocupacional.

   Por su parte la representación judicial del tercero interesado adujo en la oportunidad de sus alegatos que ya en sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se ha dicho que el procedimiento por ante Inpsasel no es contradictorio, que se rige por el artículo 76 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, y que el procedimiento realizado por el funcionario se siguió de acuerdo a las Normas Técnicas 02-2008 del 01 de diciembre de 2008, de acuerdo a los cinco criterios que allí se establecen, que el criterio técnico no establece la parte clínica, sino el higiénico ocupacional, que la empresa si consignó documentos para su defensa, señalando que no hay violación del derecho a la defensa y el debido proceso, así como el vicio de falso supuesto de hecho.

4. DE LA OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

   La representación fiscal mediante informe presentado en fecha 31 de marzo de 2015, señaló luego de las consideraciones sobre los antecedentes del caso y de los fundamentos de hecho y de derecho en que se fundamentó la pretensión en conjunto con las evidencias constatables en el expediente, que en el caso del vicio delatado que afectó el debido proceso, el acto administrativo denominado certificación constituye un documento público administrativo el cual al emanar de un órgano de la Administración Publica contiene una declaración de voluntad, conocimiento o certeza que goza de una presunción de veracidad, legitimidad y autenticidad, hasta prueba en contrario, en consecuencia, con la expedición de esta clase de documentos públicos administrativos no menoscaba el derecho a la defensa y al debido proceso, señala que la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, establece una serie de condiciones-obligaciones que deberá cumplir la entidad de trabajo a efectos de informar al INPSASEL sobre la ocurrencia de enfermedades ocupacionales o accidentes de trabajo, por lo cual no puede la recurrente afirmar que no conoce el procedimiento, por ello el recurrente puede acudir bien a la vía administrativa o a la judicial a rebatir el documento publico que emite la voluntad de la administración, en consecuencia este deberá consignar en su escrito recursivo no solos alegatos de su inconformidad, sino a su vez, el informe de investigación al que hace mención el numeral 14 del articulo 14 del articulo 40 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, y los artículos 24 y 35 del Reglamento Parcial de la referida Ley, en razón de la obligación de la entidad de trabajo de disponer los servicios de seguridad y salud en el trabajo conforme lo ordena la norma especial, máxime si en la visita de inspección que realizara el funcionario público con ocasión de la investigación del origen de la enfermedad, se encontraban presentes representantes del patrono y los Delegados de Prevención. De tal manera que los medios probatorios se encuentren delimitados por la actuación del Comité de Salud y Seguridad Laboral en la procura de la seguridad y salud en el trabajo. De no existir este sistema integral de seguridad y salud en el trabajo en la entidad de trabajo, se estarían generando consecuencias fácticas y jurídicas en contra de esta ultima y que deberán ser evaluadas en razón de la sana critica por el juzgador o juzgadora, adminiculando el conjunto de pruebas que se aportan, así como las afirmaciones del recurrente en cuanto a la existencia del contrato de trabajo y en consecuencia de la relación laboral, en fuerza de lo anterior debe declararse sin lugar el vicio delatado. En cuanto al falso supuesto de hecho, en el presente procedimiento administrativo tenemos que la DIRESAT Miranda, certificó que la enfermedad padecida por el trabajador, constituye una enfermedad de tipo ocupacional agravada con ocasión del trabajo, que es producto de un procedimiento el cual comprende una evaluación medica, practicada por un medico ocupacional del referido órgano administrativo, así como una evaluación integral que incluye los 5 criterios: 1) Higiénico-Ocupacional; 2) Epidemiológico; 3) Legal; 4) Paraclínico; y 5) Clínico, la cual incardinada con el informe de origen de enfermedad ocupacional se evidencio actividades que requieren esfuerzo muscular en paravertebrales, movimientos y posturas forzadas de columna dorso lumbar y posturas estáticas prolongadas, así como el informe medico ocupacional y los informes de los médicos especialistas, los estudios paraclícnicos, evidencia el diagnostico de “1) discopatía Cervical: Hernia Discal C3-C4, con compromiso radicular (CIE 10 M50.1; 2) Discopatía Lumbar: Hernia Discal 5-S1(CIE10: M51) consideradas como enfermedades ocupacionales agravada de trabajo permanente”. En tal sentido, en el presente asunto, la entidad de trabajo no ofreció prueba pericial que técnicamente demuestre la falta de causalidad de lo investigado, por lo que no se configuró el falso supuesto de hecho alegado por la recurrente, aunado a la prefunción de laboralidad que emerge del contrato de trabajo, con lo cual el presupuesto contenido en el articulo 70 de la Ley, se encuentran satisfechos, al ser reconocido por el recurrente que el ciudadano J.E.L.M., era trabajador de dicha entidad de trabajo. En consecuencia a lo expuesto debe ser declarado sin lugar la demanda de nulidad interpuesta.

5. DE LAS PRUEBAS

   En cuanto a la valoración de las pruebas promovidas y evacuadas, este Juzgado señala:

   La parte Recurrente promovió y fueron admitidas por el Tribunal:

   -Documentales cursantes a los folios 212 al 216 de la primera pieza del expediente, relacionadas con hoja de Evaluación Pre-Empleo, Informe Radiológico, Evaluación Pre-Vacacional. Respecto de dichas documentales este Tribunal no evidencia que dichas documentales hayan sido consignadas al momento de realizarse el Informe de Investigación de Enfermedad Ocupacional, en consecuencia, no se le concede valor probatorio. Así se establece.

   -Documentales cursantes a los folios 24 al 33 de la segunda pieza del expediente, relacionadas con copia de sentencia dictada en el asunto AP21-N-2013-000061, que este Tribunal desecha por cuanto no aportan solución al tema controvertido relacionado con la legalidad o no del acto administrativo cuestionado. Así se establece.

   El Tercero Interesado: no promovió pruebas en la oportunidad correspondiente.

   Finalmente se deja constancia que cursan documentales desde el folio 95 al 184 de la primera pieza del expediente, relacionadas con copias certificadas del expediente administrativo signado con la nomenclatura MIR-29-IE12-0871, que contiene la solicitud de investigación de origen de enfermedad, Informe de Investigación de origen de enfermedad, orden de trabajo, la certificación N° 0250-12. a las cuales este Tribunal le otorga valor probatorio por ser documento público administrativo, evidenciándose de la misma la forma como se llevó a cabo el procedimiento de investigación del infortunio laboral del ciudadano J.E.L.M., y cuyo acto conclusivo (Certificación de Infortunio) es el objeto del presente procedimiento. Así se establece.

6. DE LOS INFORMES

   Se dejó constancia de la consignación de informes por parte del Ministerio Público en fecha 31 de marzo de 2015, y cuyo contenido se analizó supra.

   Se evidencia de las actas procesales que la recurrente a través de su representación judicial presentó informes mediante diligencia de fecha 16 de marzo de 2015, ratificando la pretensión formulada en el escrito libelar en cuanto a la solicitud del acto administrativo sobre la base de la inexistencia de un procedimiento destinado a garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso y así mismo que adolece del vicio de falso supuesto de hecho, por cuanto sin prueba alguna se declaró que la patología supuestamente padecida son producto del trabajo que desempeñaba el ciudadano J.E.L.M., apoyándose únicamente en un informe totalmente subjetivo de investigación.

   Por su parte la representación judicial del Tercero Interesado presentó informes mediante diligencia de fecha 16 de marzo de 2015, señalando que no se produjo la violación al derecho a la defensa pues en el expediente administrativo se evidencia que un funcionario del Instituto Nacional de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo se trasladó a la sede de la empresa, que durante la inspección el funcionario actuante realizó la evaluación del puesto de trabajo estableciendo las condiciones en que se desarrolló la labor desempeñada y que además solicitó los datos de morbilidad; que se puede observar que la empresa tuvo la oportunidad de presentar documentación que el inspector le solicitó y cualquier otra que hubiese considerado conveniente para su defensa, así mismo, señala que en la investigación realizada se deja constancia de los incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa que se relacionan con la enfermedad padecida.

7. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

   Solicita la parte recurrente a través de su apoderada judicial la nulidad del acto administrativo de efectos particulares número 0250-12, de fecha 11 de julio de 2012, emanado de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda; en este sentido este Tribunal pasa a resolver lo peticionado en los términos que a continuación se exponen:

   1. Alega la representación judicial de la recurrente, que el acto impugnado está viciado de nulidad absoluta, por cuanto fue dictado violando el derecho a la defensa y el debido proceso de la entidad de trabajo, que en definitiva se resume como la prescindencia total y absoluta de procedimiento; aduciendo que el Médico especialista que certificó la enfermedad profesional del ciudadano J.E.L.M., se apoya solamente en un informe elaborado por el funcionario D.V., cuya profesión ni siquiera está vinculada a la profesión de la medicina, sin haber efectuado una evaluación medica integral al mencionado ciudadano, así como una verdadera investigación en la que se hubiera determinado la relación de causalidad entre la enfermedad padecida o agravada y el cargo desempeñado por el actor, alegando además que el médico ocupacional emitió la certificación impugnada sin haber brindado la oportunidad a la entidad de trabajo recurrente, ni oportunidad o lapso alguno para formular alegatos y aportar pruebas para demostrar que las patologías supuestamente padecidas por el trabajador no son de origen ocupacional, y que no se agravaron con ocasión del trabajo realizado. Aduce que no se ha demostrado en forma alguna el supuesto y negado origen ocupacional y agravamiento de la supuesta enfermedad que padece el mencionado ciudadano, por lo que la certificación impugnada resulta violatoria del procedimiento legalmente establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo a efectos de la Calificación, Comprobación y Certificación del Origen Ocupacional o Agravamiento de una enfermedad, lo cual resulta violatorio del Derecho Constitucional a la Defensa y al Debido Proceso.

      Al respecto y sobre el vicio de inexistencia de procedimiento alguno que de cabida a considerar la nulidad absoluta del acto administrativo, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia número 01996, de fecha 25 de septiembre de 2001, dispuso:

      …La procedencia de la sanción jurídica de nulidad absoluta impuesta a un acto que adolece del vicio consagrado en el ordinal 4º del artículo 19 de la citada ley, está condicionada a la inexistencia de un procedimiento administrativo legalmente establecido, es decir, a su ausencia total y absoluta. La doctrina y la jurisprudencia contenciosa administrativa progresivamente han delineado el contenido y alcance del referido vicio de procedimiento administrativo, al permitir una valoración distinta de este vicio que afecta al acto administrativo en atención a la trascendencia de las infracciones del procedimiento. En tal sentido, se ha establecido que el acto administrativo adoptado estaría viciado de nulidad absoluta, cuando: a) ocurra la carencia total y absoluta de los trámites procedimentales legalmente establecidos; b) se aplique un procedimiento distinto al previsto por la ley correspondiente, es decir, cuando por una errónea calificación previa del procedimiento a seguir, se desvíe la actuación administrativa del iter procedimental que debía aplicarse de conformidad con el texto legal correspondiente (desviación de procedimiento); o c) cuando se prescinden de principios y reglas esenciales para la formación de la voluntad administrativa o se transgredan fases del procedimiento que constituyan garantías esenciales del administrado (principio de esencialidad). Cuando el vicio de procedimiento no produce una disminución efectiva, real, y transcendente de las garantías del administrado, sino que representa sólo fallas o irregularidades parciales, derivadas del incumplimiento de un trámite del procedimiento, la jurisprudencia ha considerado que el vicio es sancionado con anulabilidad, ya que sólo constituyen vicios de ilegalidad aquellos que tengan relevancia y provoquen una lesión grave al derecho de defensa. (Resaltados de este Tribunal)

      De igual manera ha dispuesto la misma Sala en sentencia número 382 de fecha 27 de mayo de 2008, que “la prescindencia total y absoluta del procedimiento legal establecido, conforme al numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, no se refiere a la violación de un trámite, requisito o formalidad, o varios de ellos. El vicio denunciado solo se justifica en los casos en los que no ha habido procedimiento alguno o han sido violadas fases del mismo que constituyen garantías esenciales del administrado”; con lo cual tal vicio de prescindencia de procedimiento procedería ante la ausencia absoluta de procedimiento que impida o vulnere el derecho a la defensa y al debido proceso que son inmanentes al administrado.

      Respecto de lo planteado debe señalarse que en materia de infortunio laboral, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo está destinada según su artículo 1° a establecer las instituciones, normas, lineamientos de las políticas, y los órganos y entes que permitan garantizar a los trabajadores y trabajadoras, condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales, regulando la responsabilidad del empleador ante la ocurrencia de una accidente de trabajo o enfermedad ocupacional cuando existiere dolo o negligencia de su parte; para lo cual se creó el Instituto Nacional de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, quien a tenor de lo dispuesto en el articulo 76 de la referida normativa, será quien previa investigación y mediante informe, certificará el origen del accidente de trabajo o de la enfermedad ocupacional, teniendo dicho informe el carácter de documento público; disponiéndose además que todo trabajador o trabajadora al que se le haya diagnosticado una enfermedad ocupacional, deberá acudir ante dicho órgano a los fines de que le realicen las evaluaciones necesarias para la comprobación, calificación y certificación del origen del delatado infortunio, pudiendo ser objeto de revisión de la calificación por parte de los entes o personas dispuestos en su artículo 77, a través de los recursos administrativos o judiciales correspondiente.

      En este sentido se evidencia que la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo dispone la forma bajo la cual se debe procesar y tramitar toda petición de calificación de infortunios laborales a través del Instituto Nacional de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, forma ésta que ha sido analizada en jurisprudencia reiterada de la Sala de Casación Social del Tribunal Suprema de Justicia, quien mediante sentencia número 328 de fecha 29 de mayo de 2013, en el caso Trevi Cimentaciones en Nulidad, dispuso sobre el procedimiento administrativo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y su Reglamento, para la calificación del origen ocupacional de los accidentes y enfermedades, lo siguiente:

      En relación con lo decidido por el Juez A Quo, en esta fase de análisis se hace preciso traer a colación lo dispuesto en el Capítulo III de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo denominado “De la Calificación del Origen Ocupacional de los Accidentes y Enfermedades”, cuyos dispositivos técnicos son del tenor siguiente:

      Artículo 76. El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, previa investigación, mediante informe, calificará el origen del accidente de trabajo o de la enfermedad ocupacional. Dicho informe tendrá el carácter de documento público.

      Todo trabajador o trabajadora al que se la haya diagnosticado una enfermedad ocupacional, deberá acudir al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales para que se realicen las evaluaciones necesarias para la comprobación, calificación y certificación del origen de la misma.

      Artículo 77. Podrán ejercer los recursos administrativos y judiciales contra las decisiones del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales:

   1. El trabajador o la trabajadora afectado.

   2. El empleador o empleadora del trabajador o de la trabajadora afiliado.

   3. Los familiares calificados del trabajador o de la trabajadora establecidos en el artículo 86 de la presente Ley.

   4. La Tesorería de Seguridad Social.”

      De las normas transcritas, se colige que la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, establece un procedimiento administrativo que no se encuentra estructurado en base al principio del contradictorio, del que emane un acto administrativo de naturaleza sancionatoria, sino que el procedimiento contemplado lo que persigue es la determinación del origen ocupacional o no de una enfermedad o accidente, el cual, sólo podrá dictarse previo a la ejecución por parte del organismo respectivo de un procedimiento que conlleve una investigación, mediante informe, que reflejen las evaluaciones necesarias para la comprobación, calificación y certificación del origen de la patología presentada por el trabajador o trabajadora. (Resaltados de este Tribunal Superior)

      Siendo así y a los fines de constatar si el ente administrativo dispuso de un procedimiento que garantizase el derecho a la defensa y al debido proceso de la recurrente, se evidencia de las documentales cursantes a los folios 81 hasta el folio 184 de la pieza 1 del expediente, referidas a copia certificada del expediente técnico signado con la nomenclatura MIR-29-IE12-0871, llevado ante la Dirección Estatal de Salud de los Trabajadores de Miranda, adscrita en el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL); que el procedimiento para la investigación del cual emana el acto administrativo impugnado se inició con la presentación de Solicitud de Investigación por parte del ciudadano J.E.L.M. en fecha 05 de abril de 2010, cumpliéndose con el extremo previsto en el artículo 76 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; que en ocasión a dicha solicitud se emitió una orden de trabajo número MIR-1046 por parte de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda, por virtud de la cual se levantó Informe de Investigación de origen de enfermedad, en fecha 10 de julio de 2012, realizado en la sede de la hoy recurrente, en la cual se dio cuenta que la comisión fue atendida por el ciudadano E.P., en su condición de Coordinador de Seguridad y S.L., procediéndose a constatar en el centro de trabajo los hechos que fundamentaron la investigación, donde se solicitó a los representantes de la recurrente la presencia de los Delegados de Prevención, haciendo acto de presencia los ciudadanos I.P., Leuidis Ahumedo, R.C., L.F., I.B. y M.F., identificados con las cédulas de identidad números 13.111.877, 24.367.851, 13.832.853, 10.537.147, 14.495.458 y 12.065.226, respectivamente.

      Se evidencia del expediente administrativo, que el funcionario D.V. realizó la revisión de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad de trabajo recurrente, en la cual se constató la existencia de delegados de prevención, que se encontraba constituido el Comité de Seguridad y S.L., que la empresa presentó un documento denominado “Programa de Seguridad y S.L.” sin aprobación por parte del Comité de Seguridad y S.L., que se aplican los exámenes de salud médicos preventivos a los trabajadores y trabajadoras, que los mismos se encuentran registrados en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que los dota de los equipos de protección personal, adecuados al tipo de riesgo a que están expuestos.

      Así mismo, el mencionado funcionario, analizó la información consignada por la representación de la empresa y haber considerado las tareas realizadas por el trabajador, en el cual concluyó que el trabajador luego de la revisión de las funciones de Almacenistas que desarrollaba, debió asumir las posturas forzosas y movimientos repetitivos de flexo extensión, lateralización y rotación del tronco con y sin carga, bipedestación y deambulación prolongada, empujar y halar cargas, manipulación manual de carga, movimiento de tipo repetitivo en miembros superiores, flexo extensión y rotación de cuello, que el trabajador recibió una notificación de riesgo para el cargo de Almacenista en fecha 11 de agosto de 2008, y que no recibió formación y capacitación teórica en materia de seguridad y salud en el trabajo suficiente, y en virtud de ellos, se dictó posteriormente la certificación que determinó el origen ocupacional de la patología presentada por el ciudadano J.E.L., así como Cálculo Indemnizatorio de fecha 12 de julio de 2012, correspondiente a la Discapacidad establecida, todo lo cual fue notificado a la hoy recurrente en fecha 11 de octubre de 2012, tal y como lo señala en su libelo de demanda.

      En consecuencia, por cuanto se trata de un procedimiento no contradictorio que no requiere de la notificación para iniciar su averiguación, porque es un procedimiento de verificación de una situación específica y personal del trabajador destinada a comprobar la existencia de causalidad entre la enfermedad y su presunto origen con motivo de la prestación de un servicio, la demandada tuvo la oportunidad de estar presente en la inspección efectuada, lo que implica que el Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laboral cumplió con el procedimiento administrativo establecido, así mismo, se le garantizó la oportunidad de recurrir del acto objeto del presente procedimiento, razón por la cual considera quien decide, que a la parte recurrente Droguería Nena C.A., se le garantizó el derecho a la defensa a través de un procedimiento de investigación en el cual tuvo la oportunidad de aportar los elementos concernientes a los hechos delatados por el ciudadano J.E.L.M. así como exponer las defensas que a bien tuvo señalar tanto en el acto de inspección como al momento de consignación de las documentales requeridas por el ente administrativo como en efecto así lo hizo en los términos supra señalados. En consecuencia considera quien decide que el acto administrativo impugnado no adolece del vicio de inexistencia de procedimiento denunciado, que conllevara violación al derecho a la defensa y al debido, por lo que se debe declarar improcedente lo peticionado sobre este particular. Así se decide.

   2. En cuanto al vicio de falso supuesto de hecho, señala la representación de la recurrente que la certificación impugnada se dictó sobre la base de este vicio, por cuanto sin prueba alguna que curse en el expediente administrativo la Diresat Miranda declaró que las patologías supuestamente padecidas por el ciudadano J.E.L.M., son producto del trabajo que desempeñaba, apoyado únicamente en un informe de investigación, elaborado en condiciones de modo, tiempo, lugar y circunstancias del puesto de trabajo distintos, los cuales son claramente subjetivos y sin haber realizado una evaluación integral a pesar que en la certificación impugnada se indica que se hizo, sin embargo, sus resultados no constan en el expediente administrativo, así mismo, señala que en la certificación impugnada no se desprende razón alguna que justifique la conclusión de la Diresat Miranda de certificar el supuesto origen ocupacional y agravamiento de la supuesta enfermedad padecida por el ciudadano J.E.L.M., ni mucho menos se desprende elementos o indicios que establezcan la relación de causalidad entre la enfermedad padecida con relación al puesto de trabajo desempeñado por el referido ciudadano. Por otra parte señala que la certificación impugnada pretendió justificar el origen ocupacional de la supuesta enfermedad basándose en una evaluación integral elaborada a través de un informe que supuestamente incluyó cinco (5) criterios: el higiénico ocupacional, el epidemiológico, el legal, el clínico y el paraclínico, sin embargo en el expediente administrativo, no constan los resultados de esa supuesta evaluación que incluyó esos cinco criterios.

      Establecido lo anterior y en cuanto al vicio de falso supuesto de hecho debe señalarse que el mismo se materializa cuando la Administración dicta un acto administrativo y fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el asunto objeto de decisión (vid. Sentencia número 119 de fecha 27 de enero de 2001), siendo que tal vicio acarrea la nulidad del acto administrativo; mientras que el vicio de falso supuesto de derecho se produce cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentar su decisión, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado, tal como lo ha dispuesto la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia quien mediante sentencia número 01117, de fecha 19 de septiembre del año 2002, señaló:

      (…) el vicio de falso supuesto se patentiza de dos maneras, a saber: cuando la Administración, al dictar un acto administrativo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el o los asuntos objeto de decisión, incurre en el vicio de falso supuesto de hecho. Ahora, cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentar su decisión, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado, se está en presencia de un falso supuesto de derecho que acarrearía la anulabilidad del acto.

      En este sentido, observa el Tribunal que la parte recurrente fundamenta su alegato en el hecho que de que existe una errónea interpretación y apreciación de los hechos. En tal sentido, y vistos los fundamentos en que se basa la recurrente, debe procederse al análisis tanto del expediente administrativo como del acto administrativo cuestionado a los fines de verificar si se materializó el vicio delatado. Al respecto, se evidencia del expediente administrativo, tal como se expuso precedentemente, que en ocasión a la documentación presentada, se realizó un Informe de Investigación de Origen de Enfermedad, donde se indicó que el ente administrativo procedió a revisar o verificar la información suministrada por la empresa, desde el punto de vista del Criterio Ocupacional, para lo cual verificó a través del Servicio de Seguridad y Salud de la propia empresa, la edad del trabajador, fecha de ingreso el 11 de agosto de 2008, con un tiempo en la empresa de 04 años aproximadamente, tipo de jornada mixta, el cargo ocupado de almacenista; en cuanto al criterio clínico y paraclínico se anexó copia del expediente médico ocupacional del ciudadano J.E.L.M., en sobre cerrado, el cual no fue enviado como anexo del expediente administrativo; en cuanto al criterio higiénico epidemiológico fue solicitada la morbilidad general y específica referida a la patología investigada, registrada por el servicio médico de la empresa, que fue consignada por la empresa, cuyas resultas fueron anexadas a las copias del expediente administrativo; en cuanto a las labores atinentes al cargo y descripción detallada de cada uno de ellos se describió al cargo desempeñado. Siendo así se evidencia que en el Informe de Investigación se procedió al análisis de las condiciones y actividades de trabajo del trabajador objeto de la investigación en cuanto al cargo desempeñado; se procedió al análisis de las actividades críticas del trabajo del trabajador objeto de la investigación tomando en cuenta los factores disergonómicos presentes en cuanto a exigencia física con carga, exigencias posturales incluyendo las estáticas prolongadas, dinámicas, movimientos y frecuencia de las tareas; con lo cual se evidencia que el ente administrativo cumplió con el análisis de los criterios Higiénico Ocupacional donde se tomó en cuenta los detalles técnicos y científicos inherentes a la prestación del servicio en cuanto a factores de riesgo, tiempo y niveles de exposición, el Criterio Epidemiológico a partir de la documentación solicitada y presentada por la recurrente en ocasión a la investigación realizada, así como el Criterio legal sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial, la existencia de delegados de prevención, comité de seguridad y salud en el trabajo. Así se establece.

      Por otro lado y en cuanto al análisis de la conclusión a que llegó el ente recurrido en cuanto a la certificación de un estado patológico agravado en ocasión al trabajo en el que el trabajador se encontraba obligado a trabajar en condiciones disergonómicas; debe señalarse que tal como se expuso precedentemente, el ente administrativo en su informe de investigación analizó los niveles de riesgo a que estuvo sometido el trabajador en el desempeño de los cargos desempeñados, que en ocasión a ello debía estar en bipedestación y deambulación prolongada, manipulación manual de cargas, flexo – extensión, lateralización y rotación de tronco con y sin carga, movimientos de tipo repetitivos de miembros superiores, flexo extensión y rotación de cuello, prono-supinación, flexo-extensión y abducción-abducción de brazos; todo lo cual conlleva a concluir que el ente administrativo sujetó sus conclusiones señaladas en la Certificación número 0250-12, en los criterios previstos en la norma técnica invocada por la parte actora, por lo que se declara sin lugar la existencia del vicio de falso supuesto de hecho delatado. Así se decide.

      Por todas las razones anteriormente expuestas, es por lo que debe declararse Sin Lugar la nulidad el acto administrativo de efectos particulares contenido en Certificación número 0250-12, de fecha 11 de julio de 2012, notificada a la recurrente en fecha 11 de octubre de 2012, emanada del Instituto Nacional de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y así será establecido en el dispositivo del fallo. Así se establece.

8. DISPOSITIVA

   Con base a todos los razonamientos de hecho y derecho que han sido expresados en la parte motiva del fallo este JUZGADO SEXTO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, actuando en sede Contencioso Administrativa, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de nulidad del acto administrativo de efectos particulares interpuesto por DROGUERIA NENA, C.A., contra la Certificación número 0250-12, de fecha 11 de julio de 2012, emanada del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas.

   Se deja constancia que la presente decisión se publica dentro del lapso previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por otro lado y dada la naturaleza del ente demandado, se ordena la notificación de la Procuraduría General de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, notificación a la cual se adjuntará copia debidamente certificada del presente fallo. Expídanse copias certificadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil, por aplicación supletoria conforme al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se establece.

   Por aplicación del artículo 31 de Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en concordancia con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil se ordena dejar copia certificada de la presente sentencia. Así se decide.

   PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, DÉJESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE DECISIÓN

   Dada, sellada y firmada en el Despacho del Juzgado Sexto (6°) Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los seis (06) días del mes de mayo del año dos mil quince (2015). Año 205º de la Independencia y 156º de la Federación.

   Abg. A.T.

   LA JUEZ

   Abg. BERLICE GONZALEZ

   LA SECRETARIA

   Asunto: AP21-N-2013-000087