Decisión nº 1748 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 7 de Febrero de 2012

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, 07 de Febrero de 2012

201º y 152º

ASUNTO: AF41-U-1997-000020.- SENTENCIA Nº 1748.-

ASUNTO ANTIGUO: 1093.-

En horas de despacho del día 12 de diciembre de 1997, se recibió recurso contencioso tributario interpuesto por la ciudadana M.C.G., titular de la cédula de identidad N° 6.178.611 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el N° 31.243, actuando en su carácter de apoderada judicial de la contribuyente “DROGUERIAS NACIONALES, C.A. (DRONACA)”, sociedad mercantil inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, en fecha 28 de diciembre de 1964, bajo el Nº 94, Tomo 42-A; en contra de la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° GCE-SA-R-97-214, de fecha 16 de septiembre de 1997, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, hoy de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), y sus correlativas Planillas de Liquidación detalladas a continuación:

Planilla de Liquidación N° Concepto Ejercicio Fiscal Multa (Bs.)

11-01-64-001251 Impuesto Sobre La Renta 01-11-1991

al 31-10-1992 33.453.764,00

Multa 33.110.388,00

11-01-64-001252 Impuesto Sobre La Renta (A.R.) 01-11-1991 al 31-10-1992 89.831,00

11-01-64-001253 Impuesto Sobre La Renta

01-11-1992

al 31-10-1993 68.851.235,00

Multa 72.293.797,00

11-01-64-001254 Impuesto Sobre La Renta (A.R.) 01-11-1992 al 31-10-1993 241.943,00

Impuesto Sobre La Renta

52.973.513,00

11-01-64-001255 Multa 54.789.206,00

Intereses Compensatorios 01-11-1993 al 31-10-1994 704.407,00

11-01-64-001256 Impuesto Sobre La Renta (A.R.) 2.341.010,00

Todas de fecha 16 de septiembre de 1997la cual asciende a la cantidad de Bs. 322.849.094,00, equivalente en moneda de curso vigente a la cantidad de Bs. 322.849,09.

Por auto de fecha 14 de enero de 1998, se le dio entrada a dicho recurso contencioso tributario, ordenándose formar expediente bajo el Nº 1093, actual Asunto Nº AF41-U-1997-000020, y librar boletas de notificación dirigidas a los ciudadanos Procurador General de la República, Contralor General de la República y al entonces Gerente Jurídico Tributario, hoy Gerente General de Servicios Jurídicos del SENIAT. Asimismo, se solicitó el envío a este Órgano Jurisdiccional, del expediente administrativo respectivo, siendo librados en fecha 26 de marzo de 1998 las notificaciones y oficio correspondientes.

Estando las partes a derecho, según consta en autos a los folios 143, 145 y 154 de la primera (1ra) pieza del expediente, se admitió dicho recurso mediante auto de fecha 01 de junio de 1998, ordenándose su tramitación y sustanciación correspondiente.

El 04 de junio de 1998, se abrió la causa a pruebas.

En fecha 11 de junio de 1998, estando dentro de la oportunidad procesal correspondiente para que las partes promovieran pruebas, únicamente la ciudadana M.C.G., ya identificada, presento escrito constante de ocho (08) folios útiles, mediante el cual promovió: (1) mérito favorable de los autos, (2) experticia contable, (3) inspección judicial y (4) prueba documental.

Posteriormente, en fecha 19 de junio de 1998, la ciudadana K.R., titular de la cédula de identidad N° 6.899.649 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el N° 31.628, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte recurrente, presentó diligencia a los fines de consignar prueba documental, y designar en nombre de su representada, al experto para la admisión y evacuación de la prueba de experticia solicitada.

Subsiguientemente, se admitieron las pruebas promovidas por la contribuyente antes identificada, mediante auto de fecha 14 de julio de 1998, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes.

En fecha 16 de julio de 1998, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), se llevó a efecto el acto de nombramiento de expertos a los fines de la evacuación de la prueba de experticia contable promovida por la parte recurrente.

En fecha 17 de julio de 1998, la ciudadana M.C.G., ya identificada, solicito el diferimiento de la evacuación de la prueba de inspección judicial; siendo acordada dicha solicitud mediante auto de fecha 21 de julio de 1998. En esa misma fecha, los expertos designados fueron juramentados por el Tribunal, al tiempo que solicitaron un lapso de treinta (30) días de despacho a fin de dar cumplimiento a su misión; lo cual acordó este juzgado en conformidad.

En fecha 10 de agosto de 1998, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), se constituyo el Tribunales la sede donde funciona la recurrente de autos, a los fines de la evacuación de la prueba de inspección judicial promovida en la presente causa, de la cual se dejó constancia en acta levantada al efecto.

Mediante diligencia de fecha 30 de septiembre de 1998, suscrita por el ciudadano O.P.T., actuando en su carácter de experto contable designado en la presente causa, se solicito una prórroga de treinta (30) días de despacho para presentar el informe de la experticia encomendada. En esa misma fecha, se recibió diligencia suscrita por la ciudadana M.C.G., ya identificada, a través de la cual complementó y clarificó uno d los puntos de la prueba de experticia contable promovida.

Posteriormente, mediante auto de fecha 01 de octubre de 1998, fue acordada la prórroga solicitada en fecha 30 de septiembre de 1998 por el ciudadano O.P.T., supra identificado.

En fecha 04 de noviembre de 1998, los ciudadanos Jasminia Díaz Rojas, O.P.T. y León Colina Olaves, titulares de las cédulas de identidad N° 8.915.544, 907.429 y 2.942.960, respectivamente, actuando en su carácter de expertos designados en la presente causa, consignaron mediante diligencia el respectivo informe pericial.

El 17 de noviembre de 1998, se recibió oficio N° HGJT-98-2855 de fecha 13 de noviembre de 1998, emanado de la entonces Gerencia Jurídico Tributaria, actual Gerencia General de Servicios Jurídicos del SENIAT, mediante el cual fue remitido el expediente administrativo formado con base al acto administrativo impugnado.

En fecha 25 de noviembre de 1998, se recibió de la ciudadana M.C.G., ya identificada, escrito mediante el cual conviene parcialmente con el reparo formulado por el SENIAT en fecha 01 de octubre de 1997, contenido en la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo impugnada en el presente proceso.

Mediante auto de fecha 09 de diciembre de 1998, el Tribunal fijó el décimo quinto (15º) día de despacho siguiente para que tuviese lugar el acto de informes.

En fecha 20 de enero de 1999, siendo la oportunidad procesal correspondiente para que las partes presentaran sus correspondientes escritos de informes, comparecieron, por una parte, la ciudadana M.C.G., ya identificada, quien consigno conclusiones escritas constante de diecisiete (17) folios útiles; y por otra parte, la ciudadana N.A.d.A., titular de la cédula de identidad N° 3.811.042 e inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 9.685, actuando en su carácter de representante del Fisco Nacional, quien consignó escrito de informes constante de treinta y ocho (38) folios útiles; seguidamente el Tribunal dijo “VISTOS” y entró en la oportunidad procesal de dictar sentencia.

En fecha 09 de marzo de 1999, la apoderada judicial de la recurrente presento diligencia mediante la cual ratificó el convenimiento parcial con el reparo impuesto por el SENIAT, en lo que respecta a las partidas DESCUENTOS EN VENTAS y COMPRAS ACREDITO, este último en el ejercicio fiscal 01-11-1991 al 30-10-1992.

Mediante auto de fecha 10 de mayo de 1999, se prorrogó por treinta (30) días de despacho la oportunidad para dictar el fallo correspondiente.

Mediante diligencia de fecha 11 de enero de 2000, el ciudadano J.C.C., titular de la cédula de identidad N° 6.844.938, e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 28.860, solicito al Tribunal, dictara sentencia definitiva en la presente causa.

No hubo más actuaciones por parte de la representación judicial de la recurrente.

En fecha 01 de febrero de 2012, quien suscribe la presente decisión en su carácter de Juez Provisorio de este Tribunal, debidamente designado mediante Oficio Nº CJ-09-0100 de fecha 06 de febrero de 2009, emanado de la Presidencia de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y Juramentado el día 04 de marzo de 2009, por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, se abocó al conocimiento de la presente causa; y asimismo, comparte el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 23 de octubre de 2002 (caso: Módulos Habitacionales, C.A.) donde se indicó:

"... el avocamiento (sic) de un nuevo Juez sea ordinario, accidental o especial, al conocimiento de una causa ya iniciada, debe ser notificado a las partes, aunque no lo diga la ley expresamente, para permitirle a éstas, en presencia de alguna de las causales taxativamente establecidas, ejercer la recusación oportuna, y de proceder ésta, con la designación del nuevo juzgador, garantizar a las partes su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido de acuerdo a la ley, derecho éste comprendido en el concepto más amplio de derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Siendo ello así, la falta de notificación a las partes del avocamiento (sic) de un nuevo Juez al conocimiento de una causa en curso, podría constituir una violación de la garantía constitucional del derecho de defensa; no obstante, considera esta Sala que, para configurarse tal violación, es necesario que, efectivamente, el nuevo Juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido resultaría inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma”. (Destacado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).

-I-

PUNTO ÚNICO

De la revisión detallada de los autos que conforman el expediente de la causa in examine, puede este Juzgador evidenciar que desde el 20 de enero de 1999, oportunidad en la cual se dijo “Vistos”, la contribuyente “DROGUERIAS NACIONALES, C.A. (DRONACA)”, ha instado el proceso en una oportunidad, siendo su última actuación procesal cuando en fecha 11 de enero de 2000, presentó diligencia solicitando se dicte sentencia en la presente causa. A partir de allí, no ha ocurrido a dar impulso a la causa, por lo cual resulta oportuno analizar de seguidas, si se ha producido la pérdida sobrevenida del interés por parte de la recurrente y, consecuencialmente, el decaimiento de la acción incoada.

En cuanto al interés procesal, el maestro i.P.C., en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídicas E.A., Buenos Aires, 1973) señala:

El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.

.

Desde esta óptica de la doctrina procesal, resulta pertinente para el Tribunal hacer referencia del criterio jurisprudencial expuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia Nº 416 (caso: Ciudadanía Activa), publicada en fecha 28 de abril de 2009, el cual ratificó el planteamiento dimanado de dicha Sala en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.); indicó la Sala:

… (Omissis)

.

El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.

El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) C.J. Moncada’).

El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y M.P.M. de Valero’).

En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.

(Omissis)…

(Resaltado del Tribunal).

Del fallo parcialmente citado, se colige que la pérdida sobrevenida del interés puede ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión de la acción incoada o después que la causa ha entrado en fase de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se diga “VISTOS” y comience el lapso para dictar la sentencia de mérito.

En este punto, y a fin de una mayor profundización de las consideraciones antes señaladas, se estima acertado destacar lo puntualizado en el prenombrado fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se indicó lo siguiente:

(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:

a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.

b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido

. (Destacado de este Juzgado Superior).

Ahora bien, este Despacho comparte y está en sintonía con el criterio precedentemente expuesto, y evidencia que en el presente caso se está claramente en presencia de la segunda de las situaciones expuestas por la Sala Constitucional de nuestro M.T., ya que la accionante, luego que el Tribunal dijera “Vistos” en fecha 20 de enero de 1999, ha instado el proceso en una oportunidad, siendo su última actuación procesal en fecha 11 de enero de 2000, cuando presentó diligencia solicitando se dictara sentencia en la presente causa, sin embargo, este Juzgador observa que a partir de la mencionada fecha, dicha contribuyente no ha realizado ninguna otra actuación orientada a obtener el pronunciamiento respectivo en el recurso contencioso tributario por ella interpuesto, en razón de lo cual, habiendo comprobado el Tribunal que desde el 11 de enero de 2000 hasta la fecha en la cual se toma esta decisión (07 de febrero de 2012), ha transcurrido un lapso de doce (12) años y veintisiete (27) días, tiempo suficiente que rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión; situación esta que, además, es indicio que la recurrente “DROGUERIAS NACIONALES, C.A. (DRONACA)” no ha manifestado interés en obtener la decisión sobre la acción ejercida.

A mayor abundamiento, vale destacar el análisis efectuado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en reciente decisión publicada en fecha 30 de noviembre de 2011, bajo el Nº 01624, caso: Industria Láctea Venezolana, C.A. (INDULAC), en la cual dicha Sala, como Alzada natural de esta Jurisdicción Especial Tributaria y conociendo el recurso de apelación interpuesto por la sociedad mercantil antes mencionada contra una sentencia dictada por el Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de esta Circunscripción Judicial, la cual declaró la “extinción del proceso por la pérdida del interés” en un caso similar al analizado en el presente fallo, expresó:

(…)

Ahora bien, en el caso concreto esta Alzada pudo constatar que, tal como lo señaló la recurrida, desde el 11 de enero de 2000, fecha en la cual el Tribunal dijo “vistos”, hasta el 10 de agosto de 2011 cuando la representación judicial de la empresa contribuyente ejerció la apelación, no se evidencia ninguna actuación por parte de la accionante con miras a demostrar su interés en el proceso, es decir, transcurrieron más de once (11) años sin ningún tipo de manifestación, lo que encuadra dentro del supuesto jurisprudencial establecido reiteradamente por este Alto Tribunal, respecto a la extinción de la acción por la pérdida del interés. (vid., entre otras decisiones de esta Sala Político-Administrativa, las sentencias Nros. 01077, 00986, 01243 de fechas 9 de agosto, 19 de julio de 2011 y 8 de diciembre de 2010, casos: L.M.R.Z., Yajanira Machado Hurtado y M.J.R.R., respectivamente).

Se aprecia asimismo, la falta de interés manifiesta en la decisión de la causa por parte de la sociedad mercantil Industrias Lácteas, C.A., (INDULAC), toda vez que (i) en el transcurso del proceso, específicamente, después del 7 de julio de 1999, fecha en que se admitió el recurso contencioso tributario incoado subsidiariamente al recurso jerárquico y hasta la declaratoria de “vistos” (11 de enero de 2000), la accionante sostuvo la misma inactividad procesal aún cuando se encontraba a derecho, dejando de promover pruebas y de presentar los respectivos informes; y (ii) después del 11 de enero de 2000, fecha en que se dijo “vistos”, la recurrente recibió el 18 de mayo de 2004 del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel) la boleta de notificación librada por el Tribunal de la causa en relación con el nombramiento del abogado R.C. como Juez Temporal del mencionado órgano jurisdiccional y su abocamiento al conocimiento de la causa, y tampoco se produjo manifestación procesal alguna por parte de la empresa apelante.

Por las razones antes señaladas, esta Sala considera que existen suficientes elementos probatorios en autos para suponer que es ostensible y manifiesta la desaparición del interés procesal por parte de la accionante para mantener en curso el presente juicio. Así se declara.

(…)

. (Negrillas propias de la cita).

En tal sentido, y vista la ausencia de manifestación en que se decida la presente causa, este Tribunal, al considerar que resulta inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado, tal y como lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las sentencias citadas supra, así como la Sala Político Administrativa como máxima instancia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de la cual es parte esta Jurisdicción Especial Tributaria conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, estima pertinente declarar extinguida la acción por pérdida sobrevenida de interés procesal. Así se decide.-

-II-

DECISIÓN

Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN por pérdida sobrevenida del interés procesal, del recurso contencioso tributario interpuesto por la representación judicial de la contribuyente “DROGUERÍAS NACIONALES, C.A. (DRONACA)”¸ en contra de la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° GCE-SA-R-97-214, de fecha 16 de septiembre de 1997, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, hoy de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), y sus correlativas Planillas de Liquidación, de fecha 16 de septiembre de 1997, la cuales sumadas en su totalidad ascienden a la cantidad de Bs. 322.849.094,00, equivalente en moneda de curso vigente a la cantidad de Bs. 322.849,09.

Publíquese, regístrese y notifíquese a los efectos procesales previstos en el artículo 277 del Código Orgánico Tributario.

Se imprimen dos ejemplares a un mismo tenor, el primero a los fines de la publicación de la Sentencia, el segundo para que repose en original en el respectivo copiador.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los siete (07) días del mes de febrero de dos mil doce (2012). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.-

El Juez Provisorio,

Abg. J.S.A..-

El Secretario Titular,

Abg. F.J.E.G..-

La anterior Sentencia se publicó en su fecha, siendo las diez y veintiocho minutos de la mañana (10:28 a.m.). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Secretario Titular,

Abg. F.J.E.G..-

ASUNTO N° AF41-U-1997-000020.-

ASUNTO ANTIGUO N° 1093.-

JSA/gbp/dpc.-