Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 30 de Enero de 2007

En virtud de la impugnación efectuada por la actora con relación al poder otorgado por la demandada para la contestación de la demanda, señalando que el mismo fue insuficiente, afectando e invalidando las actuaciones que pudiera efectuarse desde el momento que se dio por citada en el juicio y especialmente en el acto de la contestación de la demanda, en virtud de que el poder presentado no cumple con lo dispuesto en el artículo 155 del Código de Procedimiento Civil, este tribunal antes de resolver el fondo del asunto procede a pronunciarse sobre este punto de manera previa.

Con relación a este punto nuestro procesalista Ricardo Henríquez La Roche, en su obra Comentarios al Código de Procedimiento Civil, Tomo I, página 473, en relación al comentario del artículo 155 del Código de Procedimiento Civil, expresó:

"Cuando se trata de otorgamiento apud acta de poder en nombre de otro o sustituciones de poder también apud acta, la Corte ha señalado, con atinado criterio, de que no es necesario que el secretario del tribunal dé la constancia a que se refiere este artículo 155, cuando los poderes de la diligenciante constan ya en las mismas actas del expediente, donde podrían revisarlos cualquier interesado. (cfr CSJ, Sent. 09-6-88, en P.T., O: ob. cit Nº. 6, p. 137).”

Si bien la diligencia efectuada en fecha 05 de noviembre de 2.005, mediante la cual otorga poder apud acta la empresa demandada a la abogada F.O., no se dejo constancia de la exhibición del acta constitutiva o estatutos de la empresa donde acreditaba la representación de la misma, de conformidad con el artículo 155 del Código de Procedimiento Civil; se evidencia de los autos que para la consignación de la contestación de la demanda, la empresa demandada, lo hizo a través de la asistencia de abogado, se evidencia de los autos que en fecha 23 de noviembre de 2.004, la empresa demandada nuevamente otorgó poder apud-acta la abogada F.O., cumpliendo con lo requerido por la norma anteriormente señalada. Igualmente se evidencia del Acta Constitutiva Estatutos de la empresa demandada, consignada a los autos que para el momento de efectuar la contestación de la demanda el ciudadano J.A.Z., tenia facultades para representar a la empresa demandada y conferir poderes judiciales por la misma, por lo cual, para la fecha de la contestación demanda el ciudadano J.A.Z., tenía facultades para hacerlo, siendo la contestación de la demanda un acto válido.

Resuelto este punto, el Tribunal pasa a resolver el fondo de la controversia.

El objeto de la pretensión en el presente juicio es el cumplimiento de contrato de opción a compra-venta celebrado entre la ciudadana ALASCA M.P.M. y la empresa mercantil INVERSIONES R-J C. A, señalando la actora que el precio total convenido en la opción de compra-venta fue por la cantidad de CUARENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 40.000.000,oo) de cuya suma canceló la cantidad de TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 31.800.000,oo), quedando a deber la suma de OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 8.200.000,oo), que en el contrato no se indica el término en el cual se debe pagar el saldo deudor, señalando solamente que el saldo deudor lo cancelaría su representada mediante crédito que tramitará por ante IPASME, que el IPASME produjo el cheque, a la orden del Banco de Venezuela S. A. Banco Universal, por la suma de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 19.973.600,oo) y que la la empresa vendedora por medio del director principal J.Z., le notificó a la opciónante que el contrato se había resuelto.

Por su parte, la empresa demandada niega la falta de cumplimiento del contrato por la vendedora, por cuanto quien no ha cumplido es la compradora, que solo ha cancelado la cantidad de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 15.900.000,oo) y no ha cumplido con el saldo deudor, que es la cantidad de VEINTICUATRO MILLONES CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 24.100.000,oo), pretendiendo cancelar una cantidad distinta a la debida.

Igualmente reconviene a la ciudadana ALASCA M.P.M., por resolución de contrato por incumplimiento de las obligaciones por ella contraídas.

De esta manera quedó trabada la litis, por lo cual se hace necesario valorar y apreciar las pruebas traídas al proceso por ambas partes, las cuales se realizan de la siguiente manera:

DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA RECONVENIDA. La parte actora reconvenida promovió las siguientes pruebas:

1. VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO DE LOS ACTOS Y AUTOS QUE CORREN AGREGADOS EN EL EXPEDIENTE.

   Con respecto al mérito y valor jurídico probatorio de las actas del proceso en cuanto le sean favorables, el Tribunal señala, que efectuado el aporte de pruebas, las mismas pasan a formar parte del proceso, sin que ninguno de los contendores pueda atribuirse factores favorables y la eliminación de los que no lo sean, toda vez que por el principio de la comunidad de la prueba, ninguna de las partes contendientes puede atribuirse el valor exclusivo de cualquier prueba o de parte de la misma, ya que como antes se indicó, las pruebas aportadas al juicio son propias de éste y no de las partes en particular.

   Con relación a esta prueba, el Tribunal considera pertinente, hacer las siguientes consideraciones: En primer lugar, cuando una prueba es promovida dentro de un proceso cualquiera, no es el promovente el dueño de la prueba, pues la misma puede beneficiar, favorecer o perjudicar a todas las partes que de una u otra forma aparezcan involucradas en la controversia, en atención al principio procesal de la comunidad de la prueba, que permite que una prueba evacuada y producida a los autos pertenece al proceso, guardando total independencia de la parte que la promovió o produjo y no en forma particular a su aportante o promovente, ya que tal como lo estableció la Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 19 de noviembre de 1.969, tienen su justificación jurídica en que “... como las pruebas constituyen los elementos utilizados por el Juez para alcanzar el fin del proceso, nada importa quien las haya promovido o aportado”; en segundo lugar, son tres las características fundamentales que se le atribuyen al principio de la comunidad de la prueba: 1) Que se relaciona con el hecho de que toda prueba surte efectos para el proceso quien la adquiere (proceso de adquisición de la prueba) para el proceso, sin que importe la parte que la haya promovido. 2) El destinatario de la prueba no es una parte específica, no es tampoco su promovente, es, siempre y en todo caso el proceso. 3) La valoración de una prueba no toma en cuenta el vínculo generador de ella, pues el mérito y la convicción que de ella dimanan es totalmente independiente del propósito del promovente, sólo subordinado a la soberanía del juzgador; en tercer lugar, si bien, la expresión de reproducir el mérito favorable de los autos en cuanto a que favorezca a la parte promovente, no vulnera en sí el principio de la adquisición procesal, ni tampoco lesiona el principio de la comunidad de la prueba, ni menoscaba la potestad del juzgador de valorar las pruebas, no obstante, la expresión el mérito favorable de los autos en cuanto favorezca al cliente o representado, no constituye por sí misma una prueba, sino una especie de recordatorio al Juez para analizar las actas procesales, sin que ello implique, se repite, una prueba en si misma. Por lo tanto, a esta prueba promovida por la parte actora reconvenida, el Tribunal no le asigna eficacia probatoria alguna, pues las actas procesales y las pruebas no son patrimonio de una parte en especial sino que corresponden al proceso, y por lo tanto, pueden favorecer o desfavorecer a las mismas.

2. VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO DE OPCIÓN A COMPRA-VENTA CELEBRADO ENTRE LAS PARTES.

   El Tribunal observa que del folio 08 al 11 corre agregada copia certificada de un documento de opción a compra-venta, autenticado por ante la Notaría Pública Segunda de esta ciudad de Mérida, en la misma fecha, inserto bajo el número 1, Tomo 63 de los libros de Autenticaciones llevados en esa Notaría. Este Juzgado le asigna el valor probatorio a que se contraen los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que dicho documento no fue tachado de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil.

3. DE LA PRUEBA TESTIFICAL: La parte demandante promovió la testifical de la ciudadana T.A.G.C., titular de la cédula de identidad número 5.550.822, con residencia en la ciudad de El Vigía, Estado Mérida, quien se desempeña como Administradora y Coordinadora de Créditos del Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación (IPASME).

   El Tribunal observa que a los folios 188 y 189 corre inserto la declaración de la testigo T.A.G.C., promovida por la parte actora. En el acto de la declaración de la mencionada testigo, entre otros hechos narró los siguientes: A la primera pregunta: ¿Diga la testigo cual su grado de instrucción? Contestó: “Bachiller”. Así mismo indicó que trabaja para el Instituto de Prevención y Asistencia al Personal del Ministerio de Educación (IPASME) desde noviembre de 1986 y que tiene el cargo de coordinadora de créditos. A la Cuarta pregunta: ¿Diga la testigo que organismo otorgó el Crédito Hipotecario a la ciudadana ALASCA M.P.M. para la adquisición de una vivienda? Contestó: “El IPASME”. Quinta Pregunta: ¿Diga la testigo por qué el cheque contentivo del préstamo hipotecario, para la adquisición de la vivienda que ella contrató con la sociedad mercantil 3-J C.A. a la ciudadana ALASCA M.P.M. se otorgó al Banco Venezuela y no a favor de la sociedad mercantil 3-J C.A.? Contestó: “Porque el IPASME emite los cheques a la Agencia Bancaria Banesco, para que sean endosados a los vendedores de los inmuebles, ya sean particular o empresas, en este caso está emitido a Banesco”. Sexta Pregunta: ¿Diga la testigo, en qué fecha IPASME le concedió el préstamo hipotecario a la señora ALASCA M.P.M. y en qué fecha lo recibió la coordinadora de crédito en el Vigía? Contestó: “El crédito fue aprobado según oficio Nº 476 con fecha de 26 de febrero de 2.004, y fue recibido en la oficina de IPASME de el Vigía el 27 de febrero de 2.004, al otro día.” Séptima Pregunta: ¿Diga la testigo, cuando el Banco emitió el cheque para cancelar el préstamo solicitado por la ciudadana ALASCA M.P.M., si éste fue autorizado para ello por la tesorería de IPASME? Contestó: “Si fue autorizado por la tesorería de IPASME”. De igual manera expresó que el cheque se encuentra en la dirección de crédito de IPASME Caracas, ya que fue devuelto por haber caducado, enviado en oficio 177, con fecha de 3 de mayo de 2.004, para que se le colocara el sello de prorroga y continúa bajo la custodia de esa dirección de crédito mientras que la profesora señora ALASCA M.P.M., protocoliza el respectivo documento de crédito con el cual adquirirá la vivienda en relación, y dejó fe de lo expuesto mediante fotocopia del oficio 025, con fecha 04 de abril de 2.003, copia del recibo de pago, por concepto de gastos de avalúo el cual contiene la dirección de inmueble a adquirir, copia del oficio 476 con fecha 26 de febrero de 2.004 en el cual se menciona la aprobación del crédito, copia del comprobante del pago del cheque Nº 41804010, por un monto de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 19.973.600,oo), a la orden del Banco Venezuela S. A. Banco Universal, con fecha del 21 de diciembre de 2.005 y copia de oficio 177 con fecha 03 de mayo de 2.004, en el cual se menciona la devolución del cheque por caducidad, para un total de cinco copias que consignó al Tribunal.

   Este Tribunal procediendo de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, valora el testimonio de la mencionada testigo, quien no incurrió en contradicciones, lo que lleva a la convicción del Juez que tal declaración le merece fe y por lo tanto considera que no incurrió en reticencia o falsedad y quien declaró con respecto a los hechos relacionados con situaciones jurídicas planteadas en la litis, por lo que su testimonio se valora a favor de la parte actora reconvenida.

DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA RECONVINIENTE. La parte demandada promovió las siguientes pruebas:

1. VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO DE TODO CUANTO LE FAVOREZCA EN LOS ACTOS, PROVIDENCIA, ESCRITO, ACTAS QUE CONFORMAN ESTE EXPEDIENTE.

   El pronunciamiento del Tribunal es de idéntica forma a la prueba de la consideración SEGUNDO letra “A”, que se refiere al aporte de pruebas efectuado por las partes y que las mismas pasan a formar parte del proceso, sin que ninguno de los contendores pueda atribuirse factores favorables y la eliminación de los que no lo sean, en orden al principio procesal de la comunidad de la prueba.

2. VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO DE OPCIÓN A COMPRA-VENTA SUSCRITO POR EL CIUDADANO J.A.Z. Y LA CIUDADANA ALASCA M.P.M..

   Este Juzgado observa que el documento público, el cual corre inserto del folio 08 al 11, ya fue debidamente valorado por haber sido igualmente promovidos por la parte actora reconvenida, por lo que no requiere ser valorado nuevamente.

3. VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO DE LA COPIA FOTOSTÁTICA DEL CHEQUE EMITIDO POR (IPASME) A FAVOR DEL BANCO VENEZUELA S.A. BANCO UNIVERSAL, POR UN MONTO DE DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 19.973.600,oo), CON FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2.003.

   El Tribunal observa al folio 13 copia fotostática de un cheque signado con el número 41804010, por un monto de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 19.973.600,oo), con fecha 21 de diciembre de 2.003, a favor del BANCO VENEZUELA S.A. BANCO UNIVERSAL, consignado junto con el libelo de la demanda por el actor. Ahora bien, en virtud de ser éste un documento privado reconocido por la contraparte del promovente se le asigna valor probatorio de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

4. DE LA PRUEBA DE EXPERTICIA: la parte demandada solicitó a este Tribunal la experticia contable sobre la operación matemática de los recibos de ingreso que debe presentar la parte demandada reconvenida, para determinar cual es el saldo deudor y se aclare si se cometió o no error matemático.

   A los folios 235 al 238, obra experticia contable solicitada por la parte demandada reconvenida, en relación a la misma el Tribunal considera, en primer lugar, que los expertos designados, son personas que les merecen plena fe a este Juzgado en cuanto a la capacidad profesional de los mismos para la realización de pruebas periciales como la antes señalada. En segundo lugar, que con relación a tales expertos, en ningún momento fue solicitada por alguna de las partes la sustitución de los expertos en orden a lo pautado en el primer aparte del artículo 453 del Código de Procedimiento Civil; en tercer lugar, que no consta en los autos que cualquiera de los expertos o todos hubiesen sido objeto de recusación en orden a lo consagrado en el artículo 680 del texto procesal antes mencionado.

   En orden a todo lo expuesto, es por lo que este Tribunal concluye que el dictamen pericial original practicado y rendido de conformidad con el artículo 467 del Código de Procedimiento Civil, cumple con lo establecido en el artículo 1.425 del Código Civil, pues fue extendido en un solo acto suscrito por todos, en la que hubo unanimidad de criterio con relación a lo antes señalado y le asigna el valor probatorio a la expresada experticia, en orden a criterios lógicos elementales, al sentido común, a las conclusiones presentadas y al hecho mismo de no existir contradicción alguna en el informe pericial inicial, por lo tanto este Tribunal le asigna a dicha experticia el mérito, valor jurídico y eficacia probatoria.

Efectuada la valoración y apreciación por este sentenciador las pruebas traídas por las partes al proceso, quedaron comprobados los siguientes hechos:

• Que efectivamente se celebró entre las partes un contrato opción de compra-venta sobre un inmueble consistente en una parcela de terreno identificada con el número 14 del Conjunto Residencial “LA MANZANEDA”, ubicada en la zona del Manzano Bajo del Municipio Campo E.d.E.M..

• Que el precio total convenido de la opción de compra-venta del inmueble referido, es la cantidad de CUARENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 40.000.000,oo).

• Que la demandante canceló la cantidad de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 15.900.000,oo), en dinero efectivo según los recibos ingresos números 255 de fecha 09/11/01 por (Bs. 2.400.00,oo); 0285 de fecha 13/12/01 por (Bs. 1.600.000,oo); 0371 de fecha 31/05/02 por (Bs. 6.900.000,oo) y 0411 de fecha 31/05/02 por (Bs. 5.000.000,oo).

• Que el saldo deudor en la opción de compra-venta del inmueble, es de VEINTICUATRO MILLONES CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 24.100.000,oo).

Los hechos comprobados anteriormente, así como los demás elementos probatorios evidencian que la demandante no cumplió con el pago de la cantidad de VEINTICUATRO MILLONES CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 24.100.000,oo), saldo deudor en la opción de compra venta según el contrato celebrado entre las partes y que en virtud de tal incumplimiento la parte actora reconviene por resolución de contrato.

Ahora bien, la acción de resolución contractual, se fundamenta en el Artículo 1.167 del Código Civil, que expresa:

En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello.

De la lectura de dicha norma se desprende que las obligaciones deben cumplirse en la forma en que han sido contraídas y que en caso de incumplimiento por una de las partes, la otra puede a su elección, reclamar judicialmente la ejecución o cumplimiento del contrato o la resolución del mismo.

A tal efecto, la “Acción Resolutoria” presupone un incumplimiento del deudor, vale decir, cuando el deudor no pone la conducta debida tal como ella estaba pactada y que resulte imputable a ese deudor. Nuestra Jurisprudencia de Instancia ha venido expresando en forma reiterada, cuales son los requisitos para la procedencia de la acción resolutoria, al señalar:

…la acción resolutoria exige como requisitos de procedencia: A) La Bilateralidad del Contrato; B) El incumplimiento definitivo del contrato; C) el incumplimiento culpable imputable al deudor; D) Que el Demandante hubiese cumplido u ofrezca cumplir con su obligación; y E) La intervención Judicial…

(Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Mercantil del Área Metropolitana de Caracas. Sentencia del 14 de Agosto de 1.997, Autocamiones CORSA contra FIAT Automóviles de Venezuela C.A.)

Visto que existe el incumplimiento de la demandante con las obligaciones contraídas en el contrato de opción de compra-venta y en virtud de la reconvención propuesta, el demandado solicita la resolución del contrato, solicitud ésta que procede, por cuanto se han cumplido los requisitos señalados anteriormente; en tal sentido este Tribunal, declara resuelto el contrato de opción a compra-venta celebrado entre la ciudadana ALASCA M.P.M. y la empresa mercantil INVERSIONES R-J, C. A., en fecha 02 de octubre de 2.002. Así se decide.

Ahora bien, se evidencia del contrato de opción de compra-venta, que la cláusula quinta del contrato establece:

“En caso de que “LA COMPRADORA” no cumpla con uno cualquiera de los pagos señalados en la Cláusula Tercera, “LA VENDEDORA”, podrá dar resuelto el presente contrato y devolverá a “LA COMPRADORA” sólo el Setenta y Cinco por ciento (75%) de lo abonado o entregado hasta la fecha de entrada en mora, en un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles renovables, reteniendo para sí el Veinticinco por ciento (25%) por concepto de penalidad, sin que “LA COMPRADORA” pueda reclamar y así lo hace constar cualquier tipo de interés, ya sea legal o convencional.”

En relación a la reconvención propuesta por el demandado de autos a la actora, para que le pague como compensación de daños y perjuicios causados a su representada el veinticinco por ciento (25%) del monto entregado al inicio del contrato, que es el porcentaje fijado en la cláusula quinta del contrato como cláusula penal; en virtud del incumplimiento de la actora, este Tribunal dejó comprobado el incumplimiento de la misma y siendo el pedimento del demandado-reconviniente, permisible de acuerdo a lo estipulado en la cláusula quinta transcrita anteriormente, es por lo que este Tribunal ordena al demandado de autos devolver a la demandante el setenta y cinco por ciento (75%) de la cantidad entregada en el contrato de opción de compra-venta, es decir, devolver la cantidad de ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL BOLÍVARES, monto este que corresponde al setenta y cinco por ciento (75%) de la cantidad de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS MIL BOLÍVARES, suma ésta entregada a la firma de la celebración del contrato de opción de compra-venta. Así mismo, el demandado reconviniente de autos, retendrá el veinticinco por ciento (25%) de la cantidad entregada a la firma de la celebración del contrato de opción de compra-venta, es decir la cantidad de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES, equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la cantidad de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS MIL BOLÍVARES, suma ésta entregada a la firma de la celebración del contrato de opción de compra-venta. Así se decide.

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: