Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 21 de Abril de 2009

THEMA DECIDENDUM. El presente juicio por incumplimiento de contrato de arrendamiento de un local comercial fue interpuesto por la ciudadana A.I.D.N., asistida por el abogado en ejercicio ALBEIRO DE J.Z., en contra de la ciudadana A.C.S.D.D.. Expuestos los hechos explanados en el escrito libelar, así como también tanto los hechos expresados por la parte demandada y su correspondiente reconvención, en la parte narrativa del presente fallo, le corresponde al Tribunal determinar la procedencia o no de la acción propuesta, la efectividad o no de las notificaciones presuntamente enviadas, la confirmación respecto del correcto pago o no de los servicios públicos, gastos y aumento de canon por parte de la demandada, la comprobación respecto a si la demandada dejó de pagar hasta la fecha de introducción de la demanda por diferencia del canon de arrendamiento la cantidad de SEISCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 600.000,oo) o su equivalente según reconversión monetaria en la cantidad de SEISCIENTOS BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 600,oo), por el aumento establecido, la verificación respecto a si la parte demandada dejó de pagar los cánones de arrendamiento desde el 15 de diciembre de 2.006 al 15 de enero de 2.007, la confirmación o no respecto a si fue efectuado un doble depósito por parte de la demandada; el pronunciamiento del Tribunal en torno a la multa establecida por el SENIAT y la procedencia o no de la reconvención propuesta. Así quedó trabada la litis.

DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA RECONVENIDA:

1. Valor y mérito jurídico probatorio de los autos en cuanto sean favorables a su representada.

   Con respecto al mérito y valor jurídico probatorio de las actas del proceso en cuanto le sean favorables, el Tribunal señala, que efectuado el aporte de pruebas, las mismas pasan a formar parte del proceso, sin que ninguno de los contendores pueda atribuirse factores favorables y la eliminación de los que no lo sean, toda vez que por el principio de la comunidad de la prueba, ninguna de las partes contendientes puede atribuirse el valor exclusivo de cualquier prueba o de parte de la misma, ya que como antes se indicó, las pruebas aportadas al juicio son propias de éste, y no de las partes en particular.

   Con relación a esta prueba, el Tribunal considera pertinente, hacer las siguientes consideraciones: En primer lugar, cuando una prueba es promovida dentro de un proceso cualquiera, no es el promovente el dueño de la prueba, pues la misma puede beneficiar, favorecer o perjudicar a todas las partes que de una u otra forma aparezcan involucradas en la controversia, en atención al principio procesal de la comunidad de la prueba, que permite que una prueba evacuada y producida a los autos pertenece al proceso, guardando total independencia de la parte que la promovió o produjo y no en forma particular a su aportante o promovente, ya que tal como lo estableció la Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 19 de noviembre de 1.969, tienen su justificación jurídica en que “... como las pruebas constituyen los elementos utilizados por el Juez para alcanzar el fin del proceso, nada importa quien las haya promovido o aportado”; en segundo lugar, son tres las características fundamentales que se le atribuyen al principio de la comunidad de la prueba: 1) Que se relaciona con el hecho de que toda prueba surte efectos para el proceso quien la adquiere (proceso de adquisición de la prueba) para el proceso, sin que importe la parte que la haya promovido. 2) El destinatario de la prueba no es una parte específica, no es tampoco su promovente, es, siempre y en todo caso el proceso. 3) La valoración de una prueba no toma en cuenta el vínculo generador de ella, pues el mérito y la convicción que de ella dimanan es totalmente independiente del propósito del promovente, sólo subordinado a la soberanía del juzgador; en tercer lugar, si bien, la expresión de reproducir el mérito favorable de los autos en cuanto a que favorezca a la parte promovente, no vulnera en sí el principio de la adquisición procesal, ni tampoco lesiona el principio de la comunidad de la prueba, ni menoscaba la potestad del juzgador de valorar las pruebas, no obstante, la expresión el mérito favorable de los autos en cuanto favorezca al cliente o representado, no constituye por sí misma una prueba, sino una especie de recordatorio al Juez para analizar las actas procesales, sin que ello implique, se repite, una prueba en si misma. Por lo tanto, a esta prueba promovida por la parte actora reconvenida, el Tribunal no le asigna eficacia probatoria alguna, pues las actas procesales y las pruebas no son patrimonio de una parte en especial sino que corresponden al proceso, y por lo tanto, pueden favorecer o desfavorecer a las mismas.

2. Valor y mérito jurídico probatorio del contrato de arrendamiento celebrado entre la ciudadana A.I.D.N. y la ciudadana A.S.D.D..

   Observa el Tribunal que del folio 9 al 12 corre en original contrato de arrendamiento suscrito entre la ciudadana A.I.D.N., en su condición de arrendadora y la ciudadana A.C.S.D.D., quien funge como arrendataria; a tal documento público, este Tribunal le asigna el valor probatorio a que se contraen los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que el mismo no fue tachado de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil.

3. Valor y mérito jurídico probatorio de las facturas que corren a los folios 59 y 97.

   Evidencia el Tribunal que al folio 59 corren cinco (5) facturas identificadas con el membrete “Hotel Bar-Restaurant Dorado”, otorgadas a la ciudadana A.C.S.D.D., en su carácter de inquilina, y en dichas facturas se evidencian como fecha de emisión las siguientes: 15-12-06, 15-01-07, 15-02-07, 13-03-07 y 15-04-07 respectivamente, constata el Tribunal que las mismas contienen enmiendas, así como la carencia de firma u sello alguno, se observa igualmente al folio 97 siete (7) facturas emitidas identificadas con el membrete “Hotel Bar-Restaurant Dorado”, otorgadas a la ciudadana A.C.S.D.D., en su carácter de inquilina, dichas facturas evidencian como fecha de emisión las siguientes: 15-05-07, 15-06-07, 15-07-07, 13-08-07 y 15-09-07, 15-10-07, 15-11-07 respectivamente.

   A este respecto estima el Tribunal que tal como lo establece la doctrina más acreditada, las facturas se usan en el comercio, constituyen un medio documental que se utiliza para el pago de mercancía o servicio, sirviendo también como medio de prueba unilateral e indirecta de entrega de mercancía o la prestación de un servicio, siempre que el destinatario las acepte expresamente.

   Por otra parte, el artículo 147 del Código de Comercio expresa:

   El comprador tiene derecho a exigir que el vendedor forme y le entregue factura de las mercancías vendidas que ponga el pie recibo del presente de la parte de éste que se hubiere entregado.

   No reclamando contra el contenido de la factura dentro de los ochos días siguientes a su entrega, se tendrá por aceptada irrevocablemente

   .

   De igual manera el artículo 124 eiusdem, señala que las obligaciones mercantiles y su liberación, se prueban, entre otros documentos con facturas aceptadas.

   Al concatenar ambas disposiciones, se llega a la conclusión que para que la factura comercial tenga carácter probatorio en el proceso de que se trate, tiene que estar aceptada; entendiendo por aceptación de una factura comercial, el acto mediante el cual un comprador asume las obligaciones en ella expresadas, esto es, el pago del precio convenido, según las modalidades establecidas por lo cual no puede estimarse la aceptación de la factura como un mero recibo de mercancías sino como prueba de las obligaciones contraídas y la expresión “aceptadas”, indica que deben estar autorizadas con la firma de la persona a la cual se opone y ello porque el reconocimiento aceptación de una factura por el presunto deudor, es un acto personal. De modo que para que exista una factura aceptada, es necesario que hubiera sido autorizada por el deudor mismo a quien se le opone, o por quien tenga poder para hacerlo por él.

   Ahora bien, en el caso bajo examen las referidas facturas además de presentar enmiendas, no contienen ni firma ni sello alguno; por tanto las mismas carecen de valor jurídico probatorio. Y así debe decidirse.

4. Valor y mérito jurídico probatorio de la notificación que corre a los folios 21 y 23.

   Observa el Tribunal que al folio 21 riela notificación de fecha 15 de febrero de 2.006, remitida por la demandante ciudadana I.D.N. a la ciudadana A.C.S.D.D., en virtud de la cual comunica que en virtud del vencimiento del contrato de arrendamiento en fecha 15 de marzo de 2.006 y visto la renovación de este, tomando en cuenta la cláusula sexta, decidió hacer un ajuste del canon de arrendamiento por la cantidad de CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 100.000,oo) o su equivalente según reconversión monetaria en la cantidad de CIEN BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 100,oo) mensuales, quedando el canon a partir de la renovación, en la cantidad de OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 800.000,oo) o su equivalente según reconversión monetaria en la cantidad de OCHOCIENTOS BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 800,oo), mensuales. Así mismo observa el Tribunal que al folio 23 consta otra presunta notificación remitida igualmente por la actora a la persona de la arrendataria ciudadana A.C.S.D.D., la misma emitida en fecha 20 de septiembre de 2.006, mediante la cual señalada que en virtud del vencimiento del contrato, su renovación y tomando en cuenta a la solicitud verbal que le realizara, le notifica que dicho contrato le fue renovado automáticamente, manteniendo las cláusulas anteriormente estipuladas, con el aumento de CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 100.000,oo) o su equivalente según reconversión monetaria en la cantidad de CIEN BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 100,oo), como lo había venido pagando.

   Este Juzgado comparte la constante jurisprudencial de las decisiones emanadas de la extinta Corte Suprema de Justicia y del actual Tribunal Supremo de Justicia, en las cuales se considera que ninguna de las partes puede unilateralmente crear una prueba a su favor, excepto en el caso de la figura jurídica del juramento decisorio; así lo decidió la Sala Constitucional en sentencia de fecha 2 de abril de 2.002, en el expediente número 00-1493, con ponencia del Magistrado Dr. P.R.R.H., todo ello en obsequio del ejercicio del derecho en el caso del sistema de apreciación de las pruebas, precisamente con la finalidad de proteger las disposiciones constitucionales a la defensa y al debido proceso. Por lo tanto valorar esta prueba unilateralmente creada por la parte actora, implicaría soslayar ilegalmente la tarifa legal prevista en el artículo 1.381 del Código Civil, en concordancia con el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, para los documentos privados que le son opuestos a la parte contraria y mal puede oponérsele a la parte contraria un documento privado que no ha sido firmado por la misma. Por las razones anteriormente expuestas, es por lo que a las mencionadas notificaciones no se les otorga eficacia jurídica probatoria.

5. Valor y mérito jurídico probatorio de los recibos que corren agregados al folio 97, enumerados 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109 y 0111.

   Constata el Tribunal que esta prueba agregada por la parte actora en el referido folio corresponden a facturas. Facturas éstas que ya fueron objeto de valoración tal como se desprende de la prueba enumerada c), no obstante señala nuevamente el Tribunal que para que exista una factura aceptada, es necesario como se señaló ut supra, que hubiera sido autorizada por el deudor mismo a quien se le opone, o por quien tenga poder para hacerlo por él. Ahora bien, al presentarse en un proceso judicial, considera el Tribunal que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, la parte actora debió promover como testigo a la persona que firmó las mencionadas facturas, toda vez que son documentos privados emanados de terceros, que no son parte en el juicio, ni causantes de las mismas, y los cuales debieron ser promovidos mediante la prueba testifical. Constata el Tribunal que las mencionadas facturas no aducen ni sello ni firma alguna, por tanto las mismas carecen de valor jurídico probatorio.

6. Valor y mérito jurídico probatorio de la copia anexa marcada “D” planilla de liq uidación que corre a los folios 25 y 30 con la letra “E” (folios 27, 28 y 29) donde consta que está siendo obligada a pagar una multa de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL BOLÌVARES (Bs. 4.800.000,oo) o su equivalente según reconversión monetaria en la cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 4.800,oo), que el SENIAT le hizo al Hotel El Dorado.

   Constata el Tribunal que al folio 25 riela en copia fotostática planilla de liquidación emitida por el Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, emitida en fecha 07 de noviembre de 2.006, signada con el número de liquidación 052001227000177, la cual contiene como contribuyente, causante o agente de retención el “Hotel Dorado S.R.L.”, a quien se le estableció una multa I.V.A, por concepto u periodo de ejercicio fiscal desde 01-09-2.006 hasta 30-09-2.006. Igualmente consta al folio 30 planilla emitida por la precitada institución “SENIAT” signada con el número RLA/DFPF/2.006 4911/AQ /02, en la que se establece que las facturas de ventas serie B emitida en septiembre 2.006, desde la número 1.368 al 1.493 y las facturas emitidas en septiembre de 2.006 número 1.056 al 1.069 no cumplieron con los requisitos legales en virtud a que no identificaban razón social. Ahora bien, el Tribunal señala que en referencia a los documentos públicos administrativos la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en reciente sentencia número 0499, de fecha 20 de marzo de 2.007, contenida en el expediente número AA60-S-2006-001870, con ponencia del Magistrado Dr. J.R.P., al valorar el documento público administrativo, señaló:

   …Partiendo del contenido del acto en cuestión y del órgano del cual emanan, la Sala estima que tales documentos deben reputarse como documentos públicos administrativos, que gozan de una presunción de legitimidad, autenticidad y veracidad, desvirtuable mediante prueba en contrario.

   La Sala Constitucional, al referirse a los documentos públicos administrativos en sentencia Nº 1307, de fecha 22 de mayo de 2003, expediente Nº 02-1728, ratificada en sentencia Nº 4992, de fecha 15 de diciembre de 2005, expediente Nº 05-0465, y que hizo suya esta Sala en sentencia Nº 1015 de fecha 13 de junio de 2006, señalo lo siguiente:

   … El concepto de documento público administrativo ha sido tratado ampliamente por la jurisprudencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y de la Sala Político – Administrativo, y se fundamenta en que los actos escritos emanados de la Administración Publica gozan de una presunción de veracidad y legitimidad, lo que es característico de la autenticidad; formalmente para que un acto sea auténtico se requiere que esté firmado por el funcionario competente para otorgarlo, y que lleve el sello de la oficina que dirige …

   Por su parte la Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 00209 de fecha 16 de mayo de 2003, señaló que:

   … Los documentos públicos administrativos son aquellos realizados por un funcionario competente actuando en el ejercicio de sus funciones, pero que no se refiere a negocios jurídicos de los particulares, sino que tratan de actuaciones de los referidos funcionarios que versan, bien sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrativo que la suscribe, conformando la extensa gama de los actos constitutivos

   (concesiones, autorizaciones, habilitaciones, admisiones, suspensiones, sanciones, etc.), o bien constituyen manifestaciones de certeza jurídica que son las declaraciones de ciencia y conocimiento, que a su vez, conforman la amplia gama de los actos declarativos (certificaciones, verificaciones, registros, etc.), y que por tener la firma de un funcionario administrativo están dotados de una presunción desvirtuable de veracidad y legitimidad de su contenido, en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el articulo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y por lo tanto deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario.

   Por lo que se valora como cierto, por estar revestido del principio de ejecutividad y ejecutoriedad, por haber sido realizado por funcionario competente actuando en el ejercicio de sus funciones y por no existir en los autos prueba en contrario. En tal sentido a dicha prueba se le otorga pleno valor probatorio.

DE LAS PRUEBAS PRODUCIDAS POR LA PARTE DEMANDADA RECONVINIENTE:

1. Valor y mérito jurídico probatorio de la Inspección Judicial número 6584, de fecha 24 de septiembre de 2.007, practicada por el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

   Observa el Tribunal que a los folios 111 y 112 corre acta de inspección judicial, de fecha veinticinco (25) de septiembre de 2.007, en virtud de la cual el precitado Juzgado Tercero del los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, se trasladó y constituyó, en el inmueble signado con el número 16-25, ubicado en la Avenida 5 Zerpa, entre calles 16 y 17 de esta ciudad de Mérida, Estado Mérida, concretamente dentro de las instalaciones del Hotel Dorado S.R.L. en donde funciona el Restaurante; en virtud del referido acto se dejó constancia de los siguientes hechos: Que el inmueble se encuentra entre otros bienes; un refrigerador de tres (3) compartimentos, un (01) lavaplatos, dos (2) lámparas de pared y una (1) de emergencia, cuatro (4) sillas de madera en la barra, todos en buenas condiciones de mantenimiento y uso. Que en el referido inmueble consta en el área de barra, permisos de patente de industria y comercio, propaganda comercial y constancia de registro de expendio de licores y especies alcohólicas expedidas por la Alcaldía de Municipio Libertador del Estado Mérida. Que en el salón principal se contemplan cuatro (4) mesas y veintidós (22) sillas y dos (2) lámparas en funcionamiento, que en el área de cocina existe un (1) refrigerador industrial, una (1) cocina industrial y sobre ella una (1) campana industrial; todo en buenas condiciones de funcionamiento. Que así mismo se encontró un (1) filtro de agua, un (1) ventilador, dos (2) gabinetes y un (1) mueble de madera, una (1) lámpara de techo, una (1) extinguidor de fuego; un (1) biombo divisorio de madera, un (1) regulador de voltaje, todo igualmente en buenas condiciones; así mismo se observa que el inmueble inspeccionado se encuentra también en buenas condiciones de pintura. En el precitado acto se hizo presente la ciudadana A.I.D.N. (arrendadora) quien manifestó que sólo quería el local, pues no firmaría ni recibiría nada. En ese estado el solicitante abogado KAMIL SAAB SAAB, representante de la demandada en autos expuso: depositó en c.d.T., las llaves del inmueble objeto de controversia, vista la negativa de la arrendadora A.I.D.N. de recibirlas en éste acto. Se dejó constancia que el Tribunal recibió dos (2) llaves en su custodia.

   Tal documento contiene una inspección judicial de carácter extralitem, a la cual el Tribunal, le asigna el valor probatorio que se desprende del contenido del artículo 1.429 del Código Civil. En efecto, el 3 de agosto de 1.954, la Corte Federal y de Casación se pronunció de la siguiente manera:

   La doctrina y la jurisprudencia han señalado que la inspección judicial extra lítem es procedente cuando se pretende hacer constar el estado o circunstancias que pueden desaparecer o modificarse con el transcurso del tiempo (...) Una vez cumplidos estos requisitos; la prueba debe considerarse promovida y evacuada validamente, pues la inspección judicial no necesita ser ratificada en el proceso para que surta los efectos probatorios, por cuanto hubo inmediación del Juez que aprecia por sus sentidos las circunstancias de una situación de hecho.

   La Sala de Casación Civil ha mantenido el criterio, antes señalado, de asignarle a este tipo de inspección extra litem valor probatorio. En efecto, en decisión de fecha 7 de julio de 1993, la expresada Sala indicó:

   .... Ha señalado nuestra doctrina y la Ley, que la inspección judicial preconstituida es procedente cuando se pretende hacer constar el estado o circunstancias que puedan desaparecer o modificarse con el transcurso del tiempo. Es cierto que la causa que motiva o pone en movimiento este medio probatorio, en su carácter de prueba preconstituida, es la urgencia o el perjuicio por retardo que puede ocasionar su no evacuación inmediata, para dejar constancia de aquellos hechos, estados o circunstancias que puedan desaparecer o modificarse con el transcurso del tiempo (...) Una vez cumplido éstos requisitos, la prueba debe considerarse promovida y evacuada válidamente (...) La inspección judicial preconstituida no necesita ser ratificada en el proceso para que surta efectos probatorios, por cuanto si hubo inmediación del Juez que aprecia por sus sentidos las circunstancias de una situación de hecho.

   Aprecia el Tribunal, que siendo que dicha inspección, fue promovida a los fines de dejar constancia del estado en que se encontraba el inmueble objeto de autos y habida cuenta de que la misma, fue realizada por una Juez Titular investida de autoridad judicial, es por lo que, para este Tribunal la presencia de dicho funcionario le otorga a dicho acto plena fe; en razón de ello, éste Tribunal le otorga a la referida inspección extralitem pleno valor jurídico probatorio.

2. Valor y mérito jurídico probatorio de los recibos de consignación otorgados por el Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

   Constata el Tribunal que del folio 128 al 134 corren siete consignaciones arrendaticias efectuadas por la ciudadana SEGOVIA DE DELGADO A.C., a favor de la ciudadana A.I.D.N., ante el mencionado Juzgado:

   El primero: Entre el 15 de enero de 2.007 y el 15 de febrero de 2.007.

   El segundo: Entre el 15 de febrero de 2.007 y el 15 de marzo de 2.007.

   El tercero: Entre el 15 de marzo de 2.007 y el 15 de abril de 2.007.

   El Cuarto: Entre el 15 de abril de 2.007 y el 15 de mayo de 2.007.

   El Quinto: Entre el 15 de mayo de 2.007 y el 15 de junio de 2.007.

   El Sexto: Entre el 15 de junio de 2.007 y el 15 de julio de 2.007.

   El Séptimo: Entre el 15 de julio de 2.007 y el 15 de agosto de 2.007.

   Tales documentos públicos este Tribunal, les asigna el valor probatorio a que se contraen los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que dichos documentos no fueron tachados de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil.

3. Valor y mérito jurídico probatorio de los 13 recibos de CADELA pagados por la ciudadana A.C.S.D.D., en su totalidad.

   Constata el Tribunal que del folio 114 al 127 corren 14 recibos emitidos por la empresa CADELA en los cuales aparece como titular la ciudadana DÍAZ ANA, estos documentos públicos administrativos, el Tribunal les asigna el valor probatorio a que se contraen los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que dichos documentos no fueron tachados de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil.

4. Valor y mérito jurídico probatorio del recibo de depósito del restaurante del Hotel Dorado S.R.L.

   Observa el Tribunal que al folio 136 corre recibo simple signado con el número 33, en fecha 10/09/05, emitida por el Hotel Dorado S.R.L. a favor de la ciudadana A.D.D., el mismo estipulado por la cantidad de TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 3.150.000) o su equivalente según reconversión monetaria en la cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 3.150,oo) por concepto de depósito del restaurante del hotel. Tal documento privado, no fue impugnado por la parte actora, en orden a lo previsto en el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil, ni fueron desconocidas sus firmas, ni tachado con base a las previsiones legales contenidas en el artículo 1.381 del Código Civil en concordancia con el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, razones por las cuales se da por reconocido dicho documento privado en orden a lo pautado en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.363 del Código Civil. No obstante, constata el Tribunal que el referido depósito fue efectuado en fecha 10 de septiembre de 2.005; siendo que el contrato de arrendamiento fue celebrado en fecha 15 de septiembre de 2.005, es decir el depósito en cuestión fue realizado 5 días antes de la vigencia del contrato objeto de controversia; aunado a ello en el mencionado contrato no se estipuló el mencionado pago, pues por el contrario quedó establecido en la cláusula décima sexta, que la arrendadora declaraba recibir de la arrendataria la cantidad de DOS MILLONES CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 2.100.000,oo), o su equivalente según reconversión monetaria en la cantidad de DOS MIL CIEN BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 2.100,oo), por concepto de depósito. No siendo establecido por ninguna parte el pago de TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 3.150.000), o su equivalente según reconversión monetaria en la cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 3.150,oo) por concepto de depósito, mucho menos antes de la vigencia del contrato. En tal sentido este Tribunal determina que no hubo pago doble de depósito. Por las razones anteriormente explanadas, es por lo que al mencionado recibo no se le asigna eficacia probatoria. Así debe decidirse.

No se trata del arrendamiento de un simple local comercial, toda vez que lo arrendado constituye un fondo de comercio, ya que además del local, el mismo funciona como restaurante y bar, con todos sus respectivos equipos y accesorios necesarios para su funcionamiento, con licencia de licores número 074-C351, ubicado dentro de las instalaciones del “HOTEL DORADO S.R.L.”, y asimismo, se señala en el contrato de arrendamiento, que son por cuenta de la arrendataria los gastos que genere el referido establecimiento, según copia de recibo de pago por concepto de agua, luz, cable, patente de comercio, licencia de licores, contador y 1% sobre ventas para INATUR y permiso sanitario, de conformidad con la cláusula décima sexta, segunda y sexta.

Que además, se le dio entrada al presente juicio por incumplimiento de contrato de arrendamiento, tomando como referencia el artículo 3 de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, en virtud del cual se evidencia el ámbito de aplicación de la ley y el procedimiento a seguir en el caso de que se trate de fondos de comercio; que en efecto mediante auto de admisión de la demanda, quedó establecido que se trata de un fondo de comercio de acuerdo a las características estipuladas en el contrato de arrendamiento; por lo tanto, se analizó el mencionado artículo, concluyéndose que por ser el objeto de la presente demanda un fondo de comercio, dicha ley escapa del ámbito de aplicación del mismo; por lo tanto mal podría ventilarse el juicio por el Procedimiento Breve como señala dicho decreto, siendo que debía ventilarse por el procedimiento ordinario establecido en el Código de Procedimiento Civil, tomando en cuenta la cuantía del asunto. Así mismo se señaló igualmente que también es una compañía comercial, por lo que en este caso se ventila la resolución contractual de un arrendamiento de un establecimiento comercial, el cual está fuera de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y en consecuencia, al no tener pautado la acción de resolución de un contrato de arrendamiento de un fondo de comercio el trámite judicial de este proceso es el pautado en el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, para el procedimiento ordinario. En tal sentido, este Tribunal admitió la acción incoada, emplazándose a la demandada para que compareciera dentro de los VEINTE DÍAS DE DESPACHO, siguientes a aquél en que conste en autos su citación, a fin de que de que contestara la demanda que se providenciaba. Constata el Tribunal que la referida decisión no fue apelada.

Del análisis de las alegaciones de las partes y del elenco probatorio evacuado con respecto a las pruebas promovidas por las partes, el Tribunal concluye señalando lo siguiente:

1) Que en fecha 15 de septiembre de 2.005, fue celebrado contrato de arrendamiento entre las ciudadanas A.I.D.N. y A.C.S.D.D..

2) Que el objeto del contrato fue un local comercial ubicado dentro de las instalaciones del Hotel Dorado S.R.L., descrito con licencia número 074-C351 para expendio de Especies Alcohólicas en cantina anexa al restaurante y hotel.

3) Que el canon establecido en el contrato de arrendamiento, fue convenido en la cantidad de SETECIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 700.000, oo) o su equivalente según reconversión monetaria en la cantidad de SETECIENTOS BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 700.oo). Que de conformidad con el contrato de arrendamiento la arrendataria debía entregar el inmueble con las debidas solvencias de los servicios de luz, agua, patente, licencia de licores, la contabilidad y permiso sanitario.

4) Que la demandada reconviniente logró probar el pago de los servicios de luz (CADAFE), correspondientes, desde el 4 de enero de 2.007 al 10 de agosto de 2.007, esto es la cantidad de TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO (Bs. 303.271,oo) o su equivalente según reconversión monetaria en la cantidad de TRESCIENTOS TRES MIL BOLÍVARES FUERTES CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (Bs. F. 303,27), los cuales deben ser deducidos de la cantidad demandada respecto de los servicios públicos.

5) Que la parte demandada reconvenida por cuanto no logró pagar el pago de los demás servicios esto es; agua, patente, licencia de licores, la contabilidad y permiso sanitario, debe pagar la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs. 2.472.334,50), o su equivalente según reconversión monetaria en la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS BOLÍVARES FUERTES CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 2.472,33), por cuanto se restó lo pagado por concepto del servicio de luz (CADAFE).

6) Que la actora reconvenida no logró demostrar el envío de las notificaciones entregadas a la ciudadana A.D.D., en las que presuntamente le aumentaba el canon convenido la cantidad de CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 100.000,oo), o su equivalente según reconversión monetaria en la cantidad de CIEN BOLÍVARES FUERTES (BS. F. 100,oo).

7) Que el SENIAT como ente recaudador actuando conforme a la ley, estableció una multa, esto según planilla de liquidación emitida en fecha 07 de noviembre de 2.006, en la que figura como contribuyente causante o agente de retención el “Hotel Dorado S.R.L”.

8) Que la referida multa fue establecida por concepto u periodo de ejercicio fiscal desde el 01/09/2.006 hasta el 30/09/2.006; siendo el monto a pagar la cantidad de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 4.872.000,oo), o su equivalente según reconversión monetaria en la cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 4.872,oo).

9) Que el precitado “Hotel Dorado S.R.L.”, según planilla de liquidación emitida por el SENIAT, incumplió emitiendo documentos que amparan las ventas sin cumplir con los requisitos a los cuales está obligado como contribuyente formal del IVA, en contravención a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y 3 de la providencia número SNAT/2.003/1677 del 14/03/2.003.

10) Que la parte demandada reconviniente no logró probar el pago correspondiente al pago de canon de arrendamiento correspondiente desde el 15 de diciembre de 2.006 al 15 de enero de 2.007.

11) Que la parte demandada reconviniente logró demostrar el pago de los cánones de arrendamiento correspondientes entre el 15 de enero de 2.007 y el 15 de febrero de 2.007, el comprendido entre 15 de febrero de 2.007 y el 15 de marzo de 2.007, el efectuado entre 15 de marzo de 2.007 y el 15 de abril de 2.007, el consignado entre el 15 de abril de 2.007 y el 15 de mayo de 2.007, el efectuado entre el 15 de mayo de 2.007 y el 15 de junio de 2.007, el realizado entre 15 de junio de 2.007 y el 15 de julio de 2.007 y finalmente el consignado entre 15 de julio de 2.007 y el 15 de agosto de 2.007.

12) Que la ciudadana A.C.S.D.D., debe pagar la cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA (Bs. 933.330,oo), o su equivalente según reconversión monetaria en la cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES BOLÍVARES FUERTES CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. F. 933,33), por concepto del canon correspondiente comprendido desde el 15 de agosto de 2.007 al 15 de septiembre de 2.007, más los días que corrieron equivalente a 10 días adicionales computados hasta la fecha 25 de septiembre de 2.007, fecha en que fue entregado el inmueble objeto de controversia.

13) El Tribunal no se pronuncia con relación a la entrega del inmueble, toda vez que, mediante inspección realizada por el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, las llaves del inmueble objeto de controversia, le fueron entregadas al Tribunal, quedando en depósito y custodia del mismo, vista la negativa de la arrendadora A.I.D.N. de recibirlas en ese acto; por lo tanto le correspondía a la mencionada ciudadana en su condición de arrendadora, acudir al Tribunal a retirarlas, ya que personalmente se negó a recibirlas en la oportunidad en que se practicó la Inspección Judicial signada con el número 6584, de fecha 24 de septiembre de 2.007, por parte del mencionado Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

14) Que no se acuerda el pago de los SEISCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 600.000,00) o su equivalente según reconversión monetaria en la cantidad de SEISCIENTOS BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 600,oo) por complemento de seis meses de diferencia del canon de arrendamiento desde el 15 de enero de 2.007 hasta el 15 de junio de 2.007, esto por cuanto no fue probado el aumento establecido en las notificaciones presuntamente enviadas.

15) Que la ciudadana A.C.S.D.D., no logró probar el haber realizado pago doble de depósito, esto por las razones ut supra mencionadas.

16) Que en referencia a la reconvención propuesta, la parte demandada reconviniente no complementó u argumentó la misma, siendo a todas luces improcedente.

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: