Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 17 de Julio de 2008

DE LA COMPETENCIA: Según lo dispone el artículo 7° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la competencia para conocer de la solicitud debe determinarse según la afinidad que con la materia propia del Tribunal tengan los derechos y garantías que se dicen vulnerados; es decir, que además de ello, también deberá tomarse en cuenta la jurisdicción del lugar donde ocurrió el hecho, acto u omisión, y la jerarquía del Tribunal.

La Corte Suprema de Justicia, en la Sala Político-Administrativa, mediante sentencia de fecha 23 de octubre de 1.986, estableció la necesidad de tomar en cuenta las circunstancias del caso concreto, penetrar en el contenido de los derechos infringidos, para determinar la competencia del Tribunal.

Así las cosas, según el artículo 7° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la competencia para sustanciar y decidir acciones de amparo, corresponde a los Tribunales de Primera Instancia que conozcan de la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucional violados o amenazados de violación; es la llamada competencia ratione materiae.

En este caso, no sólo es necesario analizar la naturaleza de la garantía constitucional presuntamente violada, que por ser genérica, puede corresponder a distintas competencias, sino también la relación existente entre ella y el tipo de actividad desplegada por las partes.

La Sala Civil del M.T., en la decisión de fecha 26 de junio de 1.991, estableció:

La mencionada norma debe entenderse en el adecuado sentido que ella abarca, y por tanto la tarea del órgano jurisdiccional, para poder apreciar el criterio de competencia ratione materiae no sólo será necesario determinar la naturaleza del derecho o garantía afectado, pues en algunos casos se tratará de derechos o garantías genéricos o determinados específicamente en doctrina neutros, y que pueden estar vinculados a diversas actividades o esferas, en cuyo caso deberá examinar entonces lo relacionado con el ente de quien emana el hecho o acto que lo provocan, la esfera concreta de la actividad del sujeto presuntamente agraviado. En efecto, tratándose por ejemplo de la garantía del debido derecho a la defensa, la lesión que a ella se infrinja puede provenir de la conducta bien sea de los órganos de la administración pública, de la jurisdicción civil, mercantil, penal, fiscal, etc. Para determinar es este caso, o a casos similares, la competencia por afinidad con la materia, no bastará examinar sólo y únicamente la naturaleza misma del derecho o garantía lesionados, sino que será menester precisar en cuál de las esferas con las cuales esté relacionado puede provocarse esa lesión o gravamen, y así será el competente el Juez de Primera Instancia Civil, si la lesión es en relación a la esfera civil de sus derechos, por el contrario, será el de Primera Instancia Mercantil, si la lesión o los hechos que la originan, o la conducta que se imputa como causa eficiente de la lesión provengan de hechos o actividades relacionadas con la materia mercantil del sujeto, o, finalmente lo será administrativa, en la medida que dichos actos provengan o tengan relación más o menos estrecha con entes, hechos o actos relacionados con la actividad de la administración pública y que afecten de una u otra forma la actividad particular del presunto agraviado

.

De tal manera que la competencia viene definida por el criterio de afinidad con la naturaleza del derecho o garantía vulnerado y por el criterio de la territorialidad, referido al lugar donde ocurrió el acto, hecho u omisión que vulneró o amenazó con vulnerar el derecho o garantía constitucional, y siguiendo con el criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 01 de enero de 2.000, con ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO N° 1, en el caso E.M.M., complementado en decisión de fecha 08 de diciembre de 2.000, con ponencia del mismo Magistrado, número 1.555, este Tribunal actuando en sede Constitucional por cuanto se observa que en autos se han denunciado como supuestamente trasgredidos el derecho a la vivienda, a la no discriminación, el derecho a la tutela judicial efectiva y a la protección de la familia que son derechos constitucionales que son de carácter o naturaleza neutra, razón por la cual este Tribunal se declara competente para conocer de la presente acción, tanto por el criterio de afinidad por la naturaleza neutra de los derechos delatados como supuestamente vulnerados, cuyo conocimiento competen a éste Juzgado por el territorio.

Ahora bien, por tratarse de la presunta violación de los artículos 26, 49, 51, 253 primer aparte y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este Tribunal se considera competente para conocer y para decidir la presente acción de a.c..

DE LA ACCIÓN DE AMPARO: El ciudadano M.G.B., asistido por la abogada en ejercicio NORKA SUÁREZ RODRÍGUEZ, interpuso la referida acción por cuanto considera que el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, le lesionó su derecho a la defensa, al debido proceso, su derecho de petición y a la igualdad de las partes, así como a la tutela judicial efectiva, derechos éstos establecidos como garantías en los artículos 26, 49 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el juicio que por resolución de contrato de arrendamiento y cobro de bolívares, interpusiera la ciudadana N.C.B.D., en su condición de arrendadora y propietaria del inmueble que ocupa en calidad de arrendatario, consistente en un apartamento, ubicado en el Conjunto Residencial “C.Q.” tal como se desprende del contenido del expediente número 7141, que cursa por ante dicho Tribunal, acción que interpone en base a que solicitó al Tribunal de la causa, que se suspendiera la medida cautelar de secuestro y la Juez no se pronunció al respecto, sólo se limitó a requerir del Juzgado Ejecutor el cuaderno de medidas, el cual devolvió a instancia de la accionante sin pronunciamiento alguno sobre su oposición, con lo que la ejecución preventiva sigue su curso en el Juzgado Ejecutor en el expediente número 08-2470, habiéndose fijado su ejecución para el próximo jueves 19 del mes y año en curso.

Alega además, el ciudadano M.G.B., que la acción idónea es la demanda de desalojo, y no la resolución del contrato de arrendamiento, por virtud de la prohibición establecida en el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

La acción de amparo en general, es un derecho subjetivo que tiene todo ciudadano para acceder a los órganos jurisdiccionales, mediante sus pretensiones y cuando considere de que se le ha violado un derecho y más aún una garantía constitucional, para que se le respete dicho derecho o bien para que se le restituya de manera inmediata el derecho o garantía tutelada en nuestro ordenamiento jurídico y que en definitiva busca la más anhelada justicia y la tutela judicial efectiva.

En este sentido, el jurista C.E., citado por los constitucionalistas J.M.C. y M.Z.M., en la obra “TENDENCIAS ACTUALES DEL DERECHO PROCESAL, CONSTITUCIÓN Y PROCESO”, pág. 13, considera a la tutela judicial efectiva, en los siguientes términos:

En tal sentido, es conteste en la actualidad la doctrina y la jurisprudencia, tanto patria como extranjera, en señalar que el derecho a la tutela judicial efectiva se presenta como un derecho complejo que implica e involucra dentro de sí la verificación de otros derechos, como el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la tramitación de un proceso en el cual se hayan resguardado todas las garantías, el derecho a la obtención de un fallo fundado en derecho y a su vez el derecho a obtener la efectiva ejecución del mismo; así como el derecho a gozar de distintas medidas cautelares cuando se cumplan los requisitos exigidos legalmente por las mismas..

.

De tal manera que la acción de amparo contra actos jurisdiccionales puede definirse como aquel recurso de carácter extraordinario, breve expedito y eficaz, que tiene por objeto atacar la nulidad de la resolución, sentencia o acto que lesione un derecho o garantía constitucional. Es así que la acción de amparo contra actos jurisdiccionales ha sido concebida en nuestra legislación, como un mecanismo procesal de impugnación revestido de particulares características que lo diferencian de las acciones de amparo con otros fundamentos, así como de las otras vías existentes para atacar los actos emanados de los operadores de justicia.

Por lo tanto, no es cierto que per se cualquier transgresión de derechos y garantías constitucionales está sujeta de inmediato a la tutela del amparo, y menos las provenientes de la actividad procesal, ya que siendo todos los jueces de la República tutores de la integridad de la Constitución, ellos deben restablecer, al ser utilizadas las vías procesales ordinarios (recursos etc.), la situación jurídica infringida, antes que ella se haga irreparable.

De igual modo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, para salvaguardar la integridad de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, ha señalado que para la procedencia de las acciones de amparo contra actos jurisdiccionales deben existir la concurrencia de las siguientes circunstancias; a saber: a) Que el juez, de quien emanó el acto presuntamente lesivo haya incurrido en usurpación de funciones o abuso de poder (incompetencia sustancial); b) Que tal poder ocasione la violación de un derecho constitucional, lo que implica que no es impugnable mediante el amparo aquella decisión que simplemente desfavorece a un determinado sujeto procesal; y, c) Que todos los mecanismos procesales, existentes, resulten inidóneos para restituir o salvaguardar el derecho lesionado o amenazado de violación.

En el caso bajo análisis la parte accionada en a.c., no incurrió en usurpación de funciones o abuso de poder, ni violó derechos constitucionales y además la parte presuntamente agraviada no formuló cuestiones previas para el saneamiento del proceso para el supuesto que hubiese considerado la existencia de las mismas para la depuración del proceso, por lo que el a.c. interpuesto en contra del Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida es inadmisible, y así debe decidirse.

DE LA AUDIENCIA PÚBLICA CONSTITUCIONAL: Notificadas como fueron las partes y fijada como fue la precitada audiencia oral y pública, se realizó el acto el día 10 de julio de 2.008, a la una de la tarde. Estuvieron presentes la parte accionante ciudadano M.G.B., asistido por la abogada en ejercicio L.C.B., y la abogada F.M.R.A., en su condición de Juez Titular del Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, presunto agraviante. Igualmente se encontraba presente la ciudadana N.C.B.D., en su condición de propietaria y arrendadora del inmueble ubicado en la Avenida C.Q., Conjunto Residencial C.Q., Torre 6, piso 7, apartamento 6-71, jurisdicción de la Parroquia Spinetti Dini del Municipio Libertador del Estado Mérida, debidamente asistida por los abogados M.A.A.A. y J.A.P.L..

De la referida audiencia pública constitucional, que se infiere del folio 128 al 138, la parte agraviada ciudadano M.G.B., asistido por la abogada en ejercicio L.C.B., expuso:

Efectivamente incoamos está acción de amparo porque estimamos se violento en caso de mi representado su derecho a la defensa, a las condiciones del debido proceso al alterar la igualdad de las partes en el mismo, así como su derecho de petición, disposiciones normativas éstas cuya consagración constitucional ya explanamos en el escrito inicial de la acción. Los hechos sucintamente expuestos se refieren a actuaciones y omisiones ejecutadas por la Juez que se encuentra acá presente como presunta agraviante, quien lleva adelante un proceso por resolución de contrato con sus respectivos daños y perjuicios incoado por quién es arrendadora de mi representado, habiendo hecho oportuna oposición en el acto de la contestación de la demanda de un argumento de los que son calificados como de fondo, manifesté que no existía el pretendido derecho a la acción ejercida por los demandantes arguyendo y demostrando con recaudos que ya se encontraban en autos del expediente número 7141, que la acción incoada era errónea toda vez que siendo el contrato existente entre las partes un contrato a tiempo indeterminado debió incoarse la acción de desalojo a que se contrae el artículo 34 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, hecha está argumentación sustentada en opiniones reiteradamente sostenida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del Magistrado Rondón Haaz y ratificada también en múltiples oportunidades por las enjundiosas investigaciones hechas sobre la materia por el Dr. J.E.C. solicité con carácter urgente la suspensión de la medida preventiva acordada de secuestro que en ese momento era de inminente ejecución, estos argumentos que en opinión del mismo Dr. Cabrera pudieron ser respondidos de manera inmediata porque la inexistencia de la acción y en consecuencia la inexistencia del proceso puede y debe ser declarada en cualquier estado de la causa no fueron respondidos. En su oportunidad la Juez se limitó a requerir el expediente del Tribunal Ejecutor pero al tenerlo en su poder no providenció nada al respecto y ante una solicitud de la parte demandante requiriendo su devolución para la práctica de la medida cautelar fue devuelto el expediente otra vez; estos hechos que nos colocan en estado de indefensión al no haber sido dada oportuna respuesta bien fuera positiva o negativa a nuestro pedimento y que dicho sea en esta oportunidad alteraban la aplicación de las normas regulatorias del proceso se constituyen en una violación de los imperativos constitucionales que ya hemos delatado subrayados también por los dispositivos del artículo 49 y 253 constitucional, que sostienen incluso la responsabilidad de los Jueces en estas circunstancias. Ratifico en este momento para finalizar a este Tribunal Constitucional que en aplicación de las opiniones jurisprudenciales citadas se reponga la causa al estado de nueva admisión de la demanda, destacando la obligación al Tribunal a quo de decidir conforme a las opiniones expresadas por la Sala Constitucional con respecto a la acción inexistente. Es todo.

Igualmente, la parte presuntamente agraviante abogada F.M.R.A., en su condición de Juez del Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, señaló:

Solicito a este d.T. proceda a declarar improcedente la presente acción de a.c. por cuanto no existen violaciones de derechos constitucionales aquí denunciados. En este sentido, a los fines de ilustrar al Juez quiero exponer que la naturaleza jurídica del contrato por la que interponen la presente acción en mi Tribunal cumple con los requisitos de admisibilidad por cuanto no es contrario a derecho, al orden público ni a las buenas costumbres. Igualmente se requiere el contradictorio en la demanda interpuesta para que el Juez como punto previo de la sentencia pueda dilucidar la controversia si la acción incoada corresponde a un contrato a tiempo determinado o indeterminado. La quejosa al contestar la demanda no opuso ninguna cuestión previa como lo establece el artículo 35 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario que establece: Que al contestar la demanda debe esgrimir todas las defensas de fondo y el Juez junto con la sentencia procederá a decidir éstas, excepto la falta de jurisdicción y la competencia. El Tribunal decreta la medida cautelar solicitada (secuestro) de conformidad con el artículo 585, 588 y 599 ordinal 7º del Código de Procedimiento Civil, por la solicitud que hace la parte actora de la insolvencia de la parte demandada y de conformidad con los principios del periculum in mora y del fomus bonis iuris el Tribunal procedió a decretar dicha medida. El Tribunal Constitucional quien conoce de la presente acción de a.c. debe declarar inadmisible la presente acción de amparo porque ésta no es la vía para dirimir la controversia sobre si es admisible o no la demanda interpuesta en mi Tribunal. De conformidad con la sentencia número 927 de la Sala Constitucional de fecha 1 de junio de 2.001, establece que los Jueces que conocen de amparo no pueden entrar a conocer materias de fondo que corresponden a la vía ordinaria y por ende deben agotar los recursos ordinarios que la propia Ley establece. Es importante aquí destacar, que no se ejecutó la medida cautelar decretada por tanto no existen ni violaciones a sus derechos denunciados ni omisión alegadas por la quejosa, por cuanto su exposición en lo atinente a que no se decretará la medida no responde a una formalización de ésta, sólo indicó que no debía decretarla porque la naturaleza del contrato era indeterminado. En conclusión, solicito a este ilustre juzgador proceda a declarar inadmisible la presente acción por considerar que no existe violación de derechos legales y constitucionales. Es todo.

Asimismo, la abogada M.A.A.A., en su condición de co-apoderada judicial de la parte actora, ciudadana N.C.B.D., en el juicio de resolución de contrato de arrendamiento y cobro de bolívares llevado por el Tribunal Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, signado con el número 7141, señaló:

Estando en la oportunidad legal para hacer la respectiva descarga por el recurso de amparo interpuesto por la parte demandada, señalo lo siguiente: Primero: El recurso de amparo es una vía extraordinaria, cuando se lesionan o se violan algún derecho o garantía o por omisiones que haga el órgano jurisdiccional. El artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, establece el procedimiento idóneo y eficaz para que sean subsanadas dichas violaciones, tal como lo establece el artículo 5 de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales que señala que se concederá la acción de amparo cuando no exista un medio idóneo y eficaz y al respecto la Sala Constitucional en fecha 9 de abril del año 2.007, en el caso de Ymveloz estableció que el medio idóneo y eficaz para subsanar las omisiones en que incurriera el órgano jurisdiccional es el procedimiento establecido en la norma adjetiva, es decir, en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil vigente. Admitir lo contrario es subvertir el orden procesal por cuanto el recurso de amparo quedaría como una concepción de medidas e iría contra el mismo orden procesal. Segundo: En cuanto a que fueron violados los derechos y garantías constitucionales por el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. esta Circunscripción Judicial, es completamente falso por cuanto la parte quejosa de este amparo tuvo durante el procedimiento las mismas oportunidades que esta parte actora por lo tanto no se le violó el debido proceso, el derecho a la defensa, la tutela jurídica y la igualdad procesal, ya que tuvo en su haber ejercer los medios ordinarios preexistentes y no lo hizo, tal como consta en el folio 92 del expediente 7141, la oposición la realizó en forma extemporánea, en el acto de pruebas donde la parte demandada debía presentar las pruebas en descargo dejó el acto desierto, por lo tanto solicito a este honorable Tribunal no sea admitida la presente acción de amparo. Es Todo.

En uso del derecho de réplica, la parte presuntamente agraviada ciudadano M.G.B., asistido por la abogada en ejercicio L.C.B., indicó:

“Lo paradójico de la situación que se nos presenta es que en el proceso si ejercimos todas las defensas, contestamos la demanda y allí opusimos todas las argumentaciones que ya enuncie y aparte de eso después de argüir la ausencia de acción, a todo evento, contesté el fondo del asunto que a los efectos resultaba irrelevante y promoví pruebas que constan en el expediente, pero el nódulo de mi argumentó arrasa con cualquier otra consideración que se haga sobre este asunto y no lo digo yo, lo dicen los Magistrados de la Sala Constitucional, la sentencia del Dr. Haaz tantas veces citada ha dicho que la admisión de una acción errónea o inexistente coloca al Juez que la admite en la condición que describe el artículo 4 de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales “Juez actuando fuera de su competencia”, lo que la hace susceptible de ser llamado a responder por la conducta que generó dicha actuación, la acción es el motor que enciende el proceso al no haber acción no hay proceso no hay sentencia y en este caso no la había por una causal de las generales que establece la norma para que no haya admisión, hay prohibición expresa de la Ley de admitir dicha acción y esa prohibición está establecida en la Ley de Arrendamiento Inmobiliario y en tal sentido la acción no existe en cabeza de quien la intentó que es la señora N.B., por lo tanto esta acción solicitada debe prosperar y así lo solicito. Es todo.”

Señaló en uso del derecho de réplica, la abogada F.M.R.A., en su condición de Juez del Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, parte presuntamente agraviante, lo siguiente:

Primero: El Juez no admite una demanda sólo por las causales contempladas en el Código de Procedimiento Civil, ya arriba indicado; segundo, el Juez no puede subsanar lo no alegado por las partes en este sentido tampoco puede ampliar o reducir los lapsos porque los mismos son preclusivos; tercero, el Juez no ha violado derechos constitucionales alguno por cuanto las partes han ejercido plenamente sus alegatos y defensas estando el expediente paralizado para sentenciar, en relación al cuaderno de medidas ésta no se practicó y la quejosa no formalizó dicha oposición ni promovió ni evacuó prueba alguna que desvirtuará el decreto dictado por el Tribunal. Cuarto, el Juez que conoce de la presente acción de a.c. debe declarar inadmisible dicha acción por cuanto la quejosa posee todos los recursos ordinarios que establece nuestra legislación como garantía de sus derechos. Quinto, es falso que debamos inadmitir una demanda por la naturaleza jurídica del contrato porque para ello ésta el contradictorio dentro del proceso y de inadmitirla in limi litis estamos violando los derechos de los accionantes a reformar la demanda que también se encuentra prevista en nuestro Código cuantas veces lo desee hacer antes de ser citada la parte demandada y por último no se debe dirimir las controversias entre las partes en un procedimiento de acción de amparo porque a todas luces esta es inadmisible y estaríamos utilizando una instancia paralela a la ordinaria.

Igualmente, en uso del derecho de réplica, la abogada M.A.A.A., en su condición de co-apoderada judicial de la parte actora, ciudadana N.C.B.D., en el juicio de resolución de contrato de arrendamiento y cobro de bolívares llevado por el Tribunal Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, signado con el número 7141, señaló:

Primero para ratificar que las oposiciones realizadas por la parte demandada fueron extemporáneas tal como se pueden constatar en el recorrido del expediente 7141, por otra parte hasta la presente fecha la parte demandada adeuda siete (7) cánones de arrendamiento más el mes de mayo de condominio y tal como se evidencia en el expediente la empresa Ayala y asociados que lleva la contabilidad del condominio de la Residencia C.Q. envió oficio al Tribunal Primero de Municipios donde señala que el inquilino siempre presenta morosidad de cinco (5) meses ya que los meses de enero, febrero, marzo y abril fueron cancelados el 5 de junio del presente año. Por lo tanto solicito a este honorable Tribunal que se reestablezca los derechos de mi cliente que han sido lesionados al no poder tener su casa para habitarla con su grupo familiar, ya que la negativa de desocuparlo por parte del inquilino ha sido constantemente como lo demuestra los autos y pruebas del expediente. Anexo escrito de descargo. Es todo

.

De esta manera quedaron registradas las actuaciones de las partes en la audiencia pública constitucional, para que en el supuesto caso de ser apelada la presente sentencia el Tribunal de alzada se forme opinión cierta sobre las alegaciones de las partes en ese acto procesal.

LA OMISIÓN DE OPORTUNA RESPUESTA ATRIBUIDA AL JUZGADO SUPUESTAMENTE AGRAVIANTE:

En los casos donde la acción de amparo sea interpuesta contra una omisión, ésta debe entenderse comprendida dentro del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que si bien la citada disposición, se refiere a una “resolución, sentencia o acto” del Tribunal, la omisión también es susceptible de configurar un caso de violación de derechos de rango constitucional y, por tanto, equiparable a un vicio de incompetencia del Tribunal “lato sensu” -en sentido material y no solo formal-, por lo que es posible accionar en amparo contra un Tribunal por su falta de pronunciamiento, de conformidad con el artículo 2 de la aludida ley, en concordancia con el artículo 4 eiusdem.

Del análisis de las actas procesales se evidencia que la Juez Titular del Juzgado presuntamente agraviante dio respuesta oportuna a todos los pedimentos de las partes en el juicio de desalojo, por lo que mal puede esgrimirse que pudiera estar incursó dicho Tribunal en la violación del derecho constitucional establecido en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, más aún cualquier determinación que hubiese tomado sobre cualquier pedimento del presunto agraviado, no podía producir ninguna apelación, ya que en el procedimiento breve el Juez puede resolver las incidencias según su prudente arbitrio, sin que tal decisión pueda ser apelada, tal como lo consagra el artículo 894 del Código de Procedimiento Civil.

EN CUANTO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y AL DERECHO A LA DEFENSA: La Sala de Casación Civil, en sentencia reciente, de fecha 13 de diciembre de 2.007, contenida en el expediente número AA20-C-2006-000950, con ponencia de la Dra. Y.A.P.E., expuso:

El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura.

La conjugación de artículos como el 2, 26 o 257 de la Constitución de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles...

. (Sentencia del 2/6/03, caso: L.M.I. y otra). (Negritas de la Sala y Cursivas del texto).

De igual modo, esta Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 12 de abril de 2005, (caso: M.C.M., c/ J.M.F.), dejó establecido que:

“...el constituyente de 1999 acorde con las tendencias de otros países consagró el derecho a una justicia, accesible, imparcial, oportuna, autónoma e independiente, y estos aspectos integran la definición de la tutela judicial efectiva por parte de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), cuyo artículo 8 dispone que el derecho de acceso a los órganos de justicia consiste en “...la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter...”. Es decir, la tutela judicial efectiva comprende, no sólo el acceso a una vía judicial idónea para la resolución de los conflictos surgidos entre los ciudadanos a través de la aplicación objetiva del derecho mediante una sentencia justa, sino también la garantía de que gozan las partes para ejercer oportunamente los medios recursivos contra las providencias jurisdiccionales, a fin de que puedan ser revisadas en un segundo grado de la jurisdicción...”. (Negritas de la Sala y cursivas del texto).

Además, en decisión de fecha 15 de marzo de 2005, la Sala dejó sentado que “...la infracción de la norma procesal podría configurar un supuesto del recurso de casación por quebrantamiento de formas, si se refiere al iter procedimental o un aspecto del mismo, o bien a la estructura formal de la sentencia, y sólo podría constituir el fundamento propio de una denuncia por infracción de ley, si la norma procesal fue infringida por el juez al resolver la controversia...”. (caso: H.E.C.A. c/ L.D.V.S.G.).

(..Omissis…)

Por otro lado, en cuanto al derecho a la defensa, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 99, de fecha 15 de marzo de 2003, Exp. N° 00-158, caso Inversiones 1994 C. A., señaló lo siguiente:

…Por lo que atañe al derecho a la defensa, éste es un contenido esencial del debido proceso, y está conformado por la potestad de las personas de salvaguardar efectivamente sus derechos o intereses legítimos en el marco de procedimientos administrativos o de procesos judiciales mediante, por ejemplo, el ejercicio de acciones, la oposición de excepciones, la presentación de medios probatorios favorables y la certeza de una actividad decisoria imparcial…

. (Negritas de la Sala).

Ahora bien, en este orden de ideas, y respecto al principio de la necesidad de la prueba, el autor patrio J.E.C.R., sostiene lo siguiente:

…El principio de la necesidad de la prueba, lo organiza la ley en el proceso, mediante un sistema de ofrecimiento de pruebas (promoción de pruebas) por los sujetos procesales y su posterior evacuación, si se tratare de pruebas simples; y dentro de este campo específico, debe hacerse más concreto el derecho a la defensa, que hasta el momento, lo hemos enunciado en un sentido genérico, como la existencia legal de oportunidades para contradecir y probar las afirmaciones, por lo que la ley, por lo general, prevé actos específicos para presentar evidencias (promociones de pruebas donde una parte pide al Juez le acepte un medio que ofrece ingresar al proceso), así como para la oportunidad de cuestionarlas y para las actividades de fiscalización de las pruebas que se evacuen, ofreciendo a los litigantes la oportunidad para que conozcan los medios anunciados y para que no se incorpore el resultado de éstos a los autos a espaldas de los controversistas. Ante la actividad de la evacuación, va a surgir la posibilidad de una contra actividad, la cual abarca la destrucción de la prueba amañada….

(..Omissis…)

Pero en materia de pruebas, existe otra institución que también emana del Derecho de Defensa, la cual es el control de la prueba. El ejercicio del principio del control requiere que las partes tengan la posibilidad de conocer antes de su evacuación los medios de prueba promovidos, así como el momento señalado para su evacuación en autos, a fin de que asistan a la evacuación y hagan uso de los derechos que permitan una cabal incorporación a la causa de los hechos que traen los medios…”. (Contradicción y Control de la Prueba Legal y Libre, Caracas, Editorial Jurídica Alva, S.R.L., 1997, Tomo I, pág. 21 y 24).

En este mismo sentido se ha pronunciado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 1442, de fecha 24 de noviembre de 2000, caso: Marieliza Piñango Mulos y Otro, expediente N° 00-0738, cuando expresó:

…Forman parte del debido proceso, las oportunidades procesales para oír a las partes, así como lo relativo a la promoción y recepción de pruebas dentro de los términos y formas que establece la ley para ello, a fin que las partes puedan cumplir con el principio de necesidad de prueba, así como con los de contradicción y control de la prueba, todo como desarrollo del derecho de defensa. Mientras esas oportunidades legales se respeten, existe el debido proceso, ya que se oye a la persona en lapsos y actos que garantizan el poder recoger plenamente sus alegatos, además, se permite a las partes, ante la petición de una, recibir la contrapetición de la otra, lo que en materia de pruebas significa acceder a las pruebas que ofrece su contraparte y poder cuestionarlas y controlarlas…

. (Lo subrayado lo efectuó este Tribunal)

DE LA ACCIÓN INEXISTENTE: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 17 de julio de 2.001, con ponencia del Magistrado Dr. P.R.R.H., contenida en el expediente número 2136, dejó establecido, sobre la acción inexistente, el siguiente criterio:

“Para decidir, esta Sala observa que el quejoso fundamenta la demanda de amparo en la violación de sus derechos a la defensa y al debido proceso, en razón de que en su contra se intentó una demanda de “desocupación” del inmueble que ocupaba como arrendatario, que fue declarada con lugar en primera y segunda instancia y que, en su criterio, no encuentra ningún apoyo legislativo.

En efecto, el quejoso ha sostenido que el ordenamiento positivo venezolano no contempla ninguna acción de “desocupación”, sino, en todo caso, una acción por resolución o cumplimiento de contrato y el desalojo. Estos alegatos habrían sido opuestos como defensas en el juicio por desocupación, pero, a decir del demandante, las mismas no fueron valoradas, vulnerándose así el debido proceso.

Por su parte, el tribunal de la causa declaró inadmisible la demanda de amparo interpuesta, por considerar: (i) que el fundamento de las denuncias del accionante no pasaba de ser un simple problema semántico que no tenía trascendencia jurídica y (ii) que, en todo caso, el quejoso habría hecho uso de un medio judicial previo, como era el recurso de apelación, por lo que, con base en lo previsto en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, resultaba inadmisible la demanda.

Para decidir, la Sala constata que la demanda de a.c. fue incoada contra la sentencia pronunciada –en segunda instancia- por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara que declaró sin lugar la apelación ejercida por el quejoso y, en consecuencia, con lugar la demanda por desocupación propuesta en su contra.

Ahora bien, visto lo anterior, encuentra esta Sala que cuando la sentencia objeto de análisis consideró que la demanda de amparo resultaba inadmisible, por cuanto se había ejercido recurso de apelación, no se ajusta a derecho, por cuanto no es cierto que el fallo recurrido en amparo haya sido también recurrido en apelación, supuesto necesario para aplicar la causal de inadmisibilidad.

En efecto, se observa que la sentencia de primera instancia en el juicio que dio lugar al amparo, fue dictada por el Juzgado del Municipio Torres de la Circunscripción Judicial del Estado Lara y, al haber sido apelada, conoció el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la misma Circunscripción Judicial, sentencia de segunda instancia contra la cual se propuso el amparo de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Ahora bien, concuerda la Sala con la apreciación del Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara en lo referente a que no están configuradas las denuncias de violación a los derechos a la defensa y al debido proceso que alega el quejoso.

En efecto, la base de las denuncias constitucionales esgrimidas por el accionante es que se le habría demandado por “desocupación” y no por desalojo. Considera la Sala que tal hecho debe entenderse como una simple falta o problema semántico que no atenta contra el derecho a la defensa y al debido proceso del quejoso, por cuanto consta en autos que el mismo participó tanto en primera como en segunda instancia en el juicio que dice no se corresponde con ninguna calificación legal, sin que ello incidiera de forma negativa en la presentación de sus pruebas y alegatos; por tanto, carecen de fundamento las denuncias de violaciones de orden constitucional.

Además, se observa que en la primera instancia del juicio primigenio, el ahora quejoso no formuló ningún alegato en cuanto a la calificación de la demanda, solamente fue en el momento de la apelación que alegó por primera vez la incorrecta calificación de la acción incoada en su contra; esto comprueba, en criterio de la Sala, que por el hecho de que se demandara al quejoso por una acción de “desocupación” y no por una acción de resolución o cumplimiento de contrato o desalojo, se haya producido una subversión en el debido proceso y una violación al derecho a la defensa. Así se decide”.

De tal manera que para considerarse como una acción inexistente es cuando el juicio no se corresponde con ninguna calificación legal, no obstante si en el curso del proceso no se incide de forma negativa en la presentación de sus pruebas y alegatos, no existen razones para señalar que se han producido violaciones de orden constitucional, lo que tampoco implica una subversión en el debido proceso y una violación al derecho a la defensa, por lo que la supuesta violación constitucional por la presunta inexistencia de la acción, resulta inadmisible.

Como aditamento de lo antes señalado, debe aclararse que el Juez puede cambiar la acción.

EL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA Y DE LA SOBERANÍA DEL JUEZ EN LA INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS: La alegación del presunto agraviado, con respecto a que le cambiaron la acción contra él contrapuesta, resulta posible sin que se pueda invocar lesión de derechos constitucionales, pero en el caso que se analiza la Juez a quo admitió la acción tal y como se la formularon, sin que ello impida que en la sentencia definitiva se cambie la calificación de la acción.

En efecto, de acuerdo al principio denominado “iuri novit curia” los jueces pueden, sin suplir hechos no alegados por las partes, pueden elaborar argumentos de derecho para fundamentar la decisión, en atención a su ineludible deber jurisdiccional.

En este orden de ideas, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia número 270, de fecha 31 de mayo de 2.005, contenida en el expediente número 2005-000080, caso: (Eduardo E.S.N. c/ M.C.C., ), ratificó:

“Es menester señalar, que el sentenciador con base en los principios dispositivos, el iura novit curia y debido a su deber jurisdiccional, debe aplicar e interpretar el derecho alegado o no por las partes a los hechos presentados y probados por éstas para elaborar los argumentos de derecho que sustentan su decisión.

Ahora bien, la calificación de la acción es una cuestión de derecho que determina el juez mediante la subsunción de los hechos alegados por las partes a las normas jurídicas, la cual puede diferir de la calificación dada por las partes a la demanda, en virtud de lo dispuesto por el principio iura novit curia.

En efecto, esta Sala mediante sentencia N° 270, de fecha 31 de mayo de 2005, Exp N° 2005-000080, caso: E.E.S.N. c/ M.C.C.), con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe esta, ratificó:

“…Dentro de estas consideraciones Jurisprudenciales, la Sala, dando aplicación sistemática y concatenada a su doctrina, en decisión N° 02 del 17 de febrero de 2000, Exp. N° 96-789 en el juicio de R.W.M. contra H.Q., estableció:

“...La doctrina de la Sala sobre el cumplimiento del requisito de exhaustividad de la sentencia, expresa que además de decidir sobre todos los alegatos y defensas planteados en el libelo de la demanda y en la contestación

(...Omissis...)

Respecto de lo expresado en el fallo, esta Sala ha indicado que:

“...conforme al principio admitido “iuri novit curia” los jueces pueden, “si no suplir hechos no alegados por las partes”, sí elaborar argumentos de derecho para fundamentar la decisión, pues a ello se contrae su deber jurisdiccional...”. Con relación a la soberanía del juez respecto de la calificación jurídica, necesariamente la subsunción se debe efectuar de los hechos alegados por las partes a la norma. Según Chiovenda, lo que la regla prohíbe es la sustitución de hechos constitutivos, tales que individualicen una nueva acción o una nueva excepción a aquellos que se hacen valer por las partes, porque tanto la acción como la excepción, se individualizan por el hecho y no por la norma. Por consiguiente, si un mismo hecho cae bajo diversas normas, el cambio del punto de vista jurídico está permitido al juez, pero los hechos deben haber sido correctamente alegados” (Sentencia de 04-10-93, ratificada el 12-08-99)....” (Resaltado de la Sala) (caso: la Sala, dando aplicación sistemática y concatenada a su doctrina, en decisión N° 02 del 17 de febrero de 2000, Exp. N° 96-789 en el juicio de R.W.M. contra H.Q.…”.

En tal sentido el Juez es soberano con relación a la calificación jurídica de la acción judicial intentada, e indefectiblemente la subsunción se debe efectuar de los hechos alegados por las partes a la norma, que en el presente caso se encuadra dentro de los contratos a que se contrae el artículo 1.133 del Código Civil, cuyo cumplimiento está previsto en el artículo 1.167 eiusdem.

Ahora bien en cuanto a la soberanía del Juez en la interpretación de los contratos, el Tribunal observa: En la interpretación de los contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la Ley, de la verdad y de la buena fe.

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado reiteradamente la doctrina con respecto a la soberanía de los jueces de instancia la interpretación del contrato, salvo que el Juez incurra en desnaturalización o desviación intelectual de su contenido, lo que da lugar a la denuncia en casación, a través del primer caso de suposición falsa, así lo dejó establecido la mencionada Sala en sentencia de fecha 29 de noviembre de 1.995, en el expediente N° 94-703, N° 56910 en donde expresó:

“…Constituye doctrina reiterada de esta Corte, que la interpretación de los contratos es cuestión de hecho reservada a los jueces de instancia, controlable por esta Sala sólo cuando el sentenciador hubiese incurrido en suposición falsa, salvo que el Juez califique erróneamente el negocio jurídico, y lo subsuma en una norma que no es aplicable, error éste de derecho".

De tal manera que la Sala reiteradamente ha indicado que la interpretación de los contratos corresponde a los jueces de instancia, por ende, sus decisiones sólo pueden ser atacadas en casación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 eiusdem, el cual permite a la Sala conocer de aquellas denuncias que acusen el error en la calificación del contrato (error de derecho o por suposición falsa) y desnaturalización o desviación intelectual de su contenido, lo que conduciría a que la cláusula establecida produzca los efectos de una estipulación no celebrada, lo cual debe denunciarse por suposición falsa. (Sentencia de fecha 15-11-05, caso MAPER EXPORT S.A., contra la EMPRESA INTEGRAL DEL TÁCHIRA S.A.).

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en reciente decisión de fecha 25 de enero de 2.008, contenida en el expediente número AA20-C-2005-000831, con ponencia de la Magistrada Dra. ISBELIA P.V., al referirse a la inviabilidad de una denuncia con respecto a la interpretación de los contratos alegándose erróneamente la mutilación y un cambio en la inteligencia de su contenido como engendro imaginativo, dejó establecido lo siguiente:

No obstante, aun cuando la razón anterior es contundente y determina la absoluta inviabilidad de la presente denuncia, esta Sala constata que con el argumento referido a que en la interpretación del contrato de arrendamiento financiero cuya resolución se solicita, ambos sentenciadores mutilaron su contenido, produciendo un cambio tan importante en la inteligencia de su contenido, que los llevó a fundar su decisión en un error propio de su creación, “…es decir, a fundar su decisión en un elemento engendrado imaginativamente…”. Cabe destacar, que lo pretendido por el formalizante es justificar lo que para él constituye la falta de cualidad e interés de la parte demandada, sin embargo, no precisa cuál es el hecho positivo y concreto falsamente establecido por el juez a partir de la alegada desnaturalización o mutilación del contrato” .

OCTAVA: LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE A.C.: Tal como se ha afirmado, debe tenerse en consideración que no es cierto que presuntas omisiones provenientes de la actividad procesal, sea objeto de a.c., ya todos los jueces de la República son tutores de la integridad de la Constitución, toda vez que las partes, mediante la utilización las vías procesales ordinarias, pueden solicitar de esta manera se restablezca cualquier situación jurídica que pudiera haber sido infringida, antes que la misma se haga irreparable.

Para que se haga efectiva la utilización de la acción extraordinaria de a.c., se requiere la concurrencia --como antes se indicó-- de los siguientes elementos: a) Que el juez, de quien emanó el acto presuntamente lesivo haya incurrido en usurpación de funciones o abuso de poder (incompetencia sustancial); b) Que tal poder ocasione la violación de un derecho constitucional, lo que implica que no es impugnable mediante el amparo aquella decisión que simplemente desfavorece a un determinado sujeto procesal; y, c) Que todos los mecanismos procesales, existentes, resulten inidóneos para restituir o salvaguardar el derecho lesionado o amenazado de violación.

De esta manera se pretende evitar la interposición de acciones de amparo para intentar reabrir un asunto ya resuelto judicialmente y por otra parte repeler los intentos para que la vía de amparo se convierta en sustituta de los demás mecanismos procesales otorgados por el sistema judicial, para la resolución de los conflictos intersubjetivos de intereses. Por consiguiente, debe insistirse que la acción de a.c. está concebida para la protección de derechos y garantías constitucionales, de allí que los realmente determinante para resolver acerca de la pretendida violación, es que exista la violación de rango constitucional y no legal, ya que si así fuere el amparo perdería todo sentido y alcance y se convertiría en un mecanismo ordinario de control de la legalidad.

Sobre este particular la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 27 de julio de 2.000, caso L.A.B., con ponencia del Magistrado Dr. J.E.C.R., en donde se dejó sentado el siguiente criterio que ha sido reiteradamente aplicado por la mencionada Sala. Allí se indica:

Observa la Sala, que en materia procesal el legislador ha creado lapsos procesales para que se lleven a cabo actuaciones procedimentales, y al establecer estos términos, consideró que ellos eran aptos para que se pudieran realizar las actuaciones, lo que incluye las sentencias a dictarse en las causas, dentro del proceso signado por el principio de celeridad. Por ello, al dictarse una sentencia definitiva o interlocutoria apelable, si de ella resultase que se infringe algún derecho o garantía constitucional, no puede pensarse, que la situación no pueda ser reparada de inmediato si se apela , y la alzada decide dentro de los términos para ello.

Hace esta consideración la Sala, ya que detecta en el foro una tendencia a ocurrir al amparo ante cualquier acto u omisión procesal que una parte considera que lo perjudica, o ante cualquier fallo que subjetivamente una parte opina que la lesiona, siempre que a la actividad judicial se le atribuyan infracciones de índole constitucional. Sin embargo si estas trasgresiones existieran, y se apelase, sus efectos podrían ser muy bien enervados en un tiempo que impediría una lesión irreparable a la situación jurídica.

Sin mucha claridad, fallos de diversos Tribunales incluyendo los de varias Salas de la extinta Corte Suprema de Justicia, han negado el amparo al accionante aduciendo que el mismo ha debido acudir a las vías procesales ordinarias, aunque sin explicar la verdadera causa para ello, cual es que por estas vías se puede restablecer la situación jurídica infringida antes que la lesión causare un daño irreparable, descartando así la amenaza de violación lesiva.

Sólo cuando la dilación judicial ponga en peligro inminente la reparabilidad de la situación jurídica las partes puede acudir al amparo, para lograr la finalidad que se procuraba ante el Juez de la alzada, quien además es protector de la constitución del restablecimiento de inmediato de la situación jurídica lesionada

.

En el caso que aquí se a.n.s.v.e. derecho a la defensa, ni el debido proceso, ni el derecho de petición, a la parte recurrente en a.c., ni resulta inexistente la acción, ya que no se ha alteró la igualdad de las partes en el proceso, y más aún cuando la naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento, se revisa en la sentencia definitiva, la cual no se ha dictado en este proceso, sentencia que en todo caso es apelable en ambos efectos conforme al artículo 891 del Código de Procedimiento Civil. Además, la medida fue dictada pero no ejecutada y aún cuando fuere ejecutada, en la sentencia definitiva, en el supuesto caso que la causa sea declarada sin lugar, la medida tendría que ser suspendida.

Por otra parte, el accionante en a.c., al contestar la demanda, no opuso ninguna cuestión previa en orden a lo pautado en el artículo 35 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, que establece que al contestar la demanda debe esgrimir todas las defensas de fondo y el Juez junto con la sentencia procederá a decidir éstas, excepto la falta de jurisdicción y la competencia, además, el ciudadano M.G.B., posee todos los recursos ordinarios que establece nuestra legislación como garantía de sus derechos.

Es entendible que la acción de amparo jamás se debe entender como una tercera instancia, pues no es un medio idóneo para plantear nuevamente ante un Tribunal, lo relacionado a una medida preventiva que ya fue resuelta por otro Juzgado, ya que no actúa el Juez de amparo como una tercera instancia, sino como un Tribunal constitucional del fallo judicial, y que, en caso de que lo que se cuestione al fallo no sean vulneraciones constitucionales de suma gravedad -la usurpación de funciones o el abuso de poder-, sino la apreciación o criterio del juzgador sobre los hechos controvertidos o el derecho aplicable en el ámbito de su autonomía, entonces, la acción deberá ser desestimada por el Juez.

En efecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en reciente sentencia de fecha 10 de agosto de 2.007, con ponencia de la Magistrada Dra. C.Z.d.M., dejó establecido lo siguiente:

Así pues, en criterio de esta Sala, en el presente caso, la parte quejosa lo que pretende es acceder a una nueva instancia judicial, y no, en cambio, procurar la reafirmación de los valores constitucionales, que es lo que persigue la pretensión de amparo.

Atendiendo a lo antes expuesto, esta Sala observa que con la decisión dictada por el Juzgado Superior Segundo del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, no se violó ninguno de los derechos denunciados por la parte accionante, sino que lo que se aprecia es la disconformidad del accionante con la sentencia impugnada que le fue adversa, lo cual no es suficiente para que la acción de amparo contra decisiones judiciales proceda, de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la cual se declara sin lugar la acción de amparo, y, en consecuencia, se deja sin efecto la medida cautelar innominada acordada por esta Sala mediante decisión N° 1722/2006. Así se decide

.

DE LA MEDIDA INNOMINADA SOLICITADA Y EJECUTADA: Con relación a la medida cautelar innominada solicitada conjuntamente con esta acción de a.c. por la parte presuntamente agraviada, fue dictada con base a los hechos explanados en el auto de admisión de la demanda, tomando en especial consideración que estos casos no son necesarios los requisitos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, el fumus boni juris constitucional, esto es todo lo relacionado con la presunción grave de violación o amenaza del derecho constitucional denunciado como conculcado; el periculum in mora, y periculum in danni, vale decir, el riesgo de que ocurra un daño o perjuicio irreparable además el criterio sustentado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con sentencia Nº 156, de fecha 24-03-2000, caso: Corporación L `Hotels, C.A., Exp. Nº 00-0436, y el criterio doctrinario expuesto por el jurista nacional R.J. CHAVERO GAZDIK, en su obra “EL NUEVO RÉGIMEN DEL A.C. EN VENEZUELA”, páginas 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 y 272, que analiza las medidas cautelares dentro del p.d.a. constitucional.

En la oportunidad en que se dictó la precitada medida cautelar, se advirtió de que la medida de amparo cautelar acordada, tendría un carácter provisional, por lo que, de ser necesario, la situación jurídica siempre podría ser reversible, con especial advertencia a la parte recurrente que, dado el carácter provisional de la presente decisión, para el supuesto caso que se declarase inadmisible el amparo, la medida cautelar sería revocada.

SÍNTESIS DE LA VIOLACIÓN DE NORMAS SUBLEGALES: Por otra parte es necesario tener presente la naturaleza del a.c. autónomo, el cual es de carácter restablecedor de las situaciones jurídicas infringidas debido a la violación de derechos o garantías constitucionales tal como lo establece el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, insistiéndose en que la protección constitucional extraordinaria, está concebida como una protección de derechos y garantías constitucionales stricto sensu; de allí que lo realmente determinante para resolver la pretendida violación, es que las situaciones provengan de violaciones constitucionales y no de regulaciones legales aún cuando éstas últimas encuentren su fundamento en tales derechos y garantías, así lo ratificó la Sala Político Administrativa de la antes Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 10 de julio de 1.991, caso: TARJETAS BANVENEZ, en la cual se dispuso que:

…ha sostenido reiteradamente este Supremo Tribunal en jurisprudencia que una vez más ratifica, que en tales supuestos el accionante en amparo debe invocar y demostrar que se trata de una vulneración constitucional flagrante, grosera, directa e inmediata, lo cual no significa -se precisa ahora- que el derecho o garantía de que se trate no estén desarrollados o regulados en textos normativos de rango inferior, pero sin que sea necesario al juzgador acudir o fundamentarse en ellos para detectar o determinar si la violación constitucional al derecho o garantía se ha efectivamente consumado. De no ser así -ha dicho también esta Sala-, no se trataría entonces de una acción constitucional de amparo, sino de otro tipo de recurso, por ejemplo el contencioso-administrativo, cuyos efectos anulatorios no se corresponden con los restitutorios del amparo y ‘si tal situación se permitiere el amparo llegaría a suplantar no sólo esa sino todas las vías procedimentales establecidas en nuestro sistema de derecho positivo’ desnaturalizando el carácter extraordinario del amparo…

.

De igual manera, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia contenida en el expediente número 07-0026, con ponencia de la Magistrada Dra. L.E.M.L., sobre el particular se expresó en la forma siguiente:

En tal sentido, esta Sala Constitucional en sentencia N° 462/2001, estableció lo siguiente:

(…) Las normas que establecen derechos fundamentales vienen recogidas o informan diversos instrumentos jurídicos (por ejemplo, en derecho adjetivo a este tipo de normas se les denomina: garantías en el proceso), lo que origina que la antijuricidad constitucional respecto a derechos fundamentales involucre diversos planos normativos, sean legales o sublegales; u opere en la ejecución de diversos tipos de relaciones jurídicas en cuyos elementos subjetivos intervengan tanto personas jurídicas individuales, colectivas, públicas o privadas (...).

Tal postura controvierte el sentido expresado en la concepción según la cual el amparo persigue las violaciones directas de la Constitución y que, cuando la infracción se refiere a las leyes que la desarrollan, se está ante una transgresión indirecta que no motiva el amparo.

Si bien tal distinción tiene utilidad a la hora de explicar el fenómeno de lesividad a un derecho fundamental, debe quedar claro que la lesión directa debe entenderse en la línea en que fue explicado anteriormente, es decir, respecto a los conceptos del núcleo esencial del derecho de que se trate. La lesión será directa cuando toque ese núcleo, sea que la situación en que se origine la lesión acontezca con ocasión de una relación jurídica privada, administrativa, estatutaria o legal, o del desconocimiento, errónea aplicación o falsa interpretación de la ley, reglamento, resolución o contrato, que atente directamente contra el núcleo del derecho o garantía constitucional. No se trata del rango del acto, sino del efecto que sobre los derechos y garantías fundamentales ejerce la violación del acto, en relación con la situación jurídica de las personas y la necesidad de restablecerla de inmediato si ella fuere lesionada

.

Del análisis anteriormente citado se infiere, que no constituye una regla indefectible que toda violación de normas y derechos fundamentales sea constatable por el sólo análisis de los preceptos consagrados en el Texto Constitucional, como si éstos fuesen una especie de límite normativo del cual el juez constitucional no estuviese autorizado a rebasar, a los efectos de comprobar si hubo o no violación contra derechos o garantías constitucionales.

Ciertamente, en ocasiones resulta necesario que el juez constitucional analice el plano de las normas legales y/o sublegales, con el fin de constatar si en efecto, el incumplimiento originado en los planos normativos inferiores a la Constitución, pudieren conllevar en sí a la violación de la normativa fundamental; sin embargo, resulta factible que del estudio de esas normas se verifiquen violaciones que no le sean directas a la Constitución, sino únicamente a estas normas de plano inferior, por lo que en esos casos debe desestimarse el a.c., en virtud de existir otros medios de protección que son acordes al rango de las normas infringidas.

En tal sentido, este Tribunal comparte el criterio señalado por la mencionada Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en base al cual la transgresión de las prenombradas normas de rango inferior no conllevaron en sí, a una vulneración directa del derecho o garantía constitucional invocado, dado que las normas que en todo caso pudieron resultar transgredidas fueron las contenidas en los artículos 782 del Código Civil y 14 y 507 del Código de Procedimiento Civil, que son normas sublegales y así se decide.

LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO PUEDE SER DECRETADA EN CUALQUIER ESTADO DEL PROCESO: Mediante sentencia número 41, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 26 de enero de 2.001, Expediente No. 1011-1012, sostuvo, de manera vinculante (Caso B.A.G.O.), lo siguiente:

(…) debe señalarse que la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha establecido que las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo son de orden público, razón por la cual el Juzgador puede declarar la inadmisibilidad de dicha solicitud en cualquier estado del proceso, ya que posee un amplio poder para modificar, confirmar o revocar lo apreciado, aun cuando la acción se haya admitido

. (Lo subrayado lo efectuó este Tribunal)

Con base al criterio jurisprudencial que antecede se puede inferir que tal inadmisibilidad se decreta en un todo conforme con la antes señalada sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 26 de enero de 2.001, Expediente No. 1011-1012, según la cual las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo son de orden público, de tal manera que el Juzgador puede declarar la inadmisibilidad de dicha solicitud en cualquier estado del proceso, ya que posee un amplio poder para modificar, confirmar o revocar lo apreciado, aún cuando la acción se haya admitido, razón por la cual la presente acción debe ser declarada inadmisible. Y así debe decidirse.

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, actuando en sede constitucional y procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: