Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 18 de Septiembre de 2007

THEMA DECIDENDUM: El presente juicio por existencia de unión concubinaria, fue interpuesto por la ciudadana M.D.P.P.R., asistida por el abogado en ejercicio A.M.V., contra el ciudadano L.A.C.. La parte actora señaló que hizo vida marital con el ciudadano L.A.C., quien para ese momento era soltero, actualmente casado, con quien convivió como si fuera su marido y ella como su esposa, y que incluso tuvo un hijo. Que vivió con éste en un apartamento ubicado en la Avenida Los Próceres, Aldea S.B., Mérida, estado Mérida, que en virtud de tal unión adquirieron en conjunto algunos bienes muebles; abonos o pagos de amortización al crédito hipotecario con el cual su exconvivente adquirió de la Caja de Ahorro y Previsión Social de los Trabajadores de la U. L. A., el apartamento antes referido y que entre ellos existió de manera pública y notoria una convivencia no matrimonial desde el día 1º de mayo de 1.998 hasta el día 15 de noviembre de 2.000. La parte demandada en el escrito de contestación de la demanda, opuso como punto previo de la sentencia la falta de cualidad e interés, tanto de la demandante para intentar el juicio, como de su persona (demandado), para sostener el juicio respectivamente. Al contestar al fondo de la demanda negó, rechazó y contradijo en todas y cada de sus partes los hechos y el derecho alegado negó que haya hecho vida marital con la precitada ciudadana, así como que ésta haya vivido como si fuera su esposa. Negó, rechazó y contradijo que haya adquirido bienes muebles e inmuebles amortiguados con abonos o pago a crédito hipotecario. Negó, rechazó y contradijo que tenga que liquidar suma de dinero por concepto de ahorros, derechos y prestaciones sociales e igualmente negó, rechazó, contradijo e impugnó el justificativo de testigos y la constancia de residencia emitida por la Prefectura de la Parroquia Caracciolo Parra P.d.E.M.. Corresponde al Tribunal, determinar si es procedente declarar con o sin lugar la falta de cualidad e interés tanto de la parte actora para intentar el juicio como de la parte demandada para sostenerlo y de igual manera, de acuerdo a las pruebas aportadas por las partes, establecer si existió o no la referida unión concubinaria. Así quedó trabada la litis.

DEL PUNTO PREVIO AL MÉRITO DE LA SENTENCIA: La parte demandada señaló la falta de cualidad e interés tanto de la parte actora para intentar el juicio como de la parte demandada para sostenerlo, esto de conformidad con los artículos 16 y 361 del Código de Procedimiento Civil; a este respecto señaló entre otros hechos los siguientes: Que con referencia a la ciudadana M.D.P.P.R., jamás ha vivido con ésta; que siendo que el interés para accionar debe ser legítimo y actual, hace que la demandante carezca de cualidad para intentar el mismo; así mismo señaló que él, como demandado no tiene cualidad e interés para ser sujeto de la relación jurídica procesal por la cual fue traído a juicio, indicó que tal como se desprende de la sentencia de divorcio emitida por este Tribunal en fecha treinta (30) de abril de 1.998 y tal como consta del libro de Registro de Matrimonios que reposa en el archivo de la Oficina del Concejo Municipal del Municipio Rivas D.d.E.M., bajo el número 01, folios 002, 003, en fecha 20 diciembre de 2.000, donde regularizó la unión concubinaria con su actual cónyuge M.E.P.P.d.C.. Señaló que el hecho que la ilegítima demandante haya tenido un hijo de su persona no le da derecho alguno a demandar una supuesta unión no matrimonial, como demuestra de los recaudos que acompañó.

El Tribunal señala que el interés legítimo y actual de la demandante M.D.P.P.R. obedece a una situación de carácter legal, al accionar contra el ciudadano L.A.C., quien según consta en los autos es el padre del hijo de la referida ciudadana. Además, expresó que corre agregada a los autos el acta de matrimonio de fecha 20 diciembre de 2.000, donde regularizó la unión concubinaria con su actual cónyuge M.E.P.P.d.C..

Ahora bien, en referencia a la falta de cualidad del demandado para sostener el juicio argumentando la no existencia de una relación jurídica procesal, circunstancia ésta que no obsta para determinar la supuesta existencia de la unión concubinaria, toda vez que si bien hubo una unión matrimonial previa con la ciudadana Y.M.U., la misma fue disuelta según la sentencia de divorcio emitida por ese Tribunal en fecha treinta (30) de abril de 1.998.

A este respecto, el Tribunal señala que con relación la falta de cualidad e interés opera como defensa que puede invocar el demandado en la contestación de la demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 361, primer aparte del Código de Procedimiento Civil, y según lo tienen establecido la Doctrina y Jurisprudencia, para que proceda tal defensa, es necesaria una identidad lógica entre la persona del actor en el caso concreto y la persona en abstracto contra la cual la ley ha concedido la acción, lo que se manifiesta en la legitimación tanto activa como pasiva, de modo que pueda ser controlado por las partes en ejercicio del derecho constitucional a la defensa.

Desde el punto de vista doctrinario la falta de cualidad e interés es una institución jurídica que ha sido estudiada por valiosos juristas. En efecto, el ilustre tratadista patrio L.L., sostiene en sus ensayos jurídicos:

“La cualidad en sentido amplísimo, es sinónimo de legitimación. Allí donde se discute acerca de la pertenencia o titularidad de un derecho subjetivo o de un poder jurídico, allí se encuentra planteado un problema de cualidad o legitimación. Allí donde se discute acerca de la vinculación de un sujeto a un deber jurídico, allí se encuentra planteado un problema de cualidad o legitimación.

En el primer caso, podría muy bien hablarse de cualidad o legitimación activa; y en el segundo caso, de cualidad o legitimación pasiva. El problema de la cualidad entendido de esa manera, se resuelve en la demostración de la identidad entre la persona que se presenta ejercitando correctamente un derecho o poder jurídico, o la persona contra quien se ejercita y el sujeto que es su verdadero titular u obligado concreto. Se trata en suma, de una cuestión de identidad lógica entre la persona a quien la Ley le concede el derecho o poder jurídico, o la persona contra quien se concede y la persona que lo hace valer y se presenta ejerciéndolo como titular efectivo o contra quien se ejercita en tal manera". ( lo subrayado y destacado fue efectuado por el Tribunal )

Conforme a la casi unánime Doctrina Procesal Civil, por cualidad debe entenderse el derecho o potestad para ejecutar determinada acción o sostenerla entre tanto, el concepto de interés es el de la garantía, provecho o utilidad que puede proporcionar la acción intentada.

Al decir de otro procesalista A.B., no se tiene acción sino cuando se tiene derecho a reclamar algo, y no hay acción si no hay interés.

Por su parte el autor P.C., en su obra Instituciones de Derecho Procesal Civil, Volumen I, señala que la acción se puede concebir como un derecho subjetivo autónomo y concreto. Este derecho, que trata de obtener una determinada providencia favorable, encuentra su satisfacción en el pronunciamiento de esta providencia, y en ella se agota y se extingue. Pero ¿Cuáles son las circunstancias prácticas que deben verificarse a fin de que el Juez pronuncie una providencia jurisdiccional favorable a la petición del reclamante? Para responder a esta pregunta la doctrina ha clasificado tales circunstancias bajo la denominación de condiciones de la acción o de requisitos de la acción, que con mayor exactitud todavía, pueden denominarse requisitos constitutivos, para hacer comprender que sin ellos el derecho de acción (entendido como derecho a la providencia favorable) no nace, y que los mismos deben, por consiguiente, ser considerados como los extremos necesarios y suficientes para determinar, en concreto, el nacimiento del derecho de acción. A fin de que el órgano judicial pueda acoger la demanda del reclamante, y con ello satisfacer el derecho de acción que éste ejercita, es preciso que ese órgano se convenza de que tal derecho existe concretamente; y para convencerse de ello es necesario que verifique la existencia en concreto de estos requisitos constitutivos de la acción; existencia que constituye lo que nuestra ley llama el mérito de la demanda, que el Juez debe examinar para valorar su fundamento y para establecer, por consiguiente, si la misma merece ser acogida.

Acota Calamandrei que los requisitos de la acción son tres:

1. un cierto hecho específico jurídico, o sea una cierta relación entre un hecho y una norma;

2. la legitimación; y

3. el interés procesal.

Respecto a la legitimación para obrar o contradecir, el autor Calamandrei expresa que a fin de que el Juez pueda tomar las providencias correspondientes a aquella relación entre un hecho específico concreto y la norma jurídica, no basta que tal relación exista objetivamente, sino que es necesario además que la demanda le sea presentada por quien se encuentre frente a aquel hecho específico en la posición subjetiva que se llama precisamente legitimación para obrar; y que, de otra parte, la demanda sea propuesta por el actor contra un adversario que se encuentre, en cuanto a aquel mismo hecho específico, en la posición subjetiva recíproca que se llama legitimación para contradecir.

En torno a este aspecto el autor citado expresa igualmente lo siguiente:

Se ha dicho, en general, que los órganos jurisdiccionales no proveen si no son estimulados por un sujeto agente (nemo iudex sine actore), pero aquí al hablar de los requisitos de la acción entendida como derecho a obtener una providencia jurisdiccional favorable, se dice algo más: esto es, que a fin de que el juez provea en sentido favorable al solicitante, no basta que la demanda le sea propuesta por una persona cualquiera, sino que es necesario que le sea presentada precisamente por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en aquel caso concreto la función jurisdiccional

….“Se podría abstractamente imaginar una sociedad ideal en la que el sentido de la legalidad estuviera de tal manera desarrollado en todos los ciudadanos, que hiciera que cada uno de ellos, independientemente de su beneficio individual, sintiese como un interés propio, el general mantenimiento del orden jurídico; de suerte que estuviera consentido a cada uno de los ciudadanos, apenas tuviese conocimiento de una infracción cualquiera del orden jurídico, aun cuando ésta no le afectase personalmente, llevarla, sin más, a conocimiento del juez y obtener las providencias idóneas para restaurar, en el caso concreto el derecho violado”.

En un ordenamiento semejante en el que el poder de estimular el ejercicio de la jurisdicción estuviera consentido a todos los ciudadanos en la misma medida, el concepto de legitimación no tendría ya ningún significado práctico, por estar todos los ciudadanos igualmente calificados para pedir las providencias jurisdiccionales relativas a cualquier hecho específico concreto (aun cuando no estuviesen en modo alguno personalmente interesados en el mismo). La legitimación para obrar cesaría de estar considerada como un requisito particular de la acción y se confundiría con la capacidad procesal

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Pero éste no es el sistema actual en el que el juez, para aceptar la demanda, no puede contentarse con adquirir la certeza de la existencia objetiva real de una relación concreta entre el hecho específico afirmado y la norma jurídica invocada, sino que debe, además, exigir que la persona que pide la providencia y aquella respecto de la cual se pide, se encuentren respecto de aquel hecho específico, en una tal situación individual que les haga aparecer como especialmente calificados para afirmar y para contradecir respecto de la materia

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Finalmente, el citado autor concluye en que los tres requisitos constitutivos de la acción que se mencionaron supra, “….deben concurrir a fin de que pueda considerarse nacida la acción entendida en sentido concreto, como derecho a la providencia favorable: la falta de uno solo de ellos determinaría igualmente el rechazo del mérito de la demanda…”.

De igual manera el autor LIEBMAN, considera que el interés para accionar es el elemento material del derecho de acción y consiste en el interés para obtener la providencia solicitada.

El interés para accionar es por eso un interés procesal, secundario e instrumental, respecto del interés sustancial primario, y tiene por objeto la providencia que se pide al magistrado, como medio para obtener la satisfacción del interés primario, que ha quedado lesionado por el comportamiento de la contraparte, o más genéricamente por la situación de hecho objetivamente existente

…”El interés para accionar surge de la necesidad de obtener del proceso la protección del interés sustancial; presupone por eso la lesión de este interés y la idoneidad de la providencia demandada para protegerlo y satisfacerlo”.

Por otra parte, la legitimación para accionar o legitimatio ad causam es la titularidad activa o pasiva de la acción. El problema, según el autor Liebman, de la legitimación consiste en individualizar la persona a la cual corresponde el interés para accionar y la persona frente a la cual el mismo corresponde.

Asimismo, el autor L.L., al cual hemos hecho referencia anteriormente, también en su obra Estudios de Derecho Procesal Civil, al tratar acerca de la falta de cualidad establece lo siguiente:

Si, como se ha visto, la cualidad consiste en una relación de identidad lógica entre el actor concreto y la persona a quién la ley concede la acción (actor genérico), lógico es aceptar que es preciso que exista abstractamente un interés jurídico, a cuya defensa sirve la acción. Pueden encontrarse casos, como el de las obligaciones naturales, en los cuales exista un derecho subjetivo sin acción, pero son casos excepcionales y aislados.

El fenómeno se resuelve, pues, en la falta absoluta o limitada de la acción por la falta absoluta o limitada de un interés jurídico. Puede decirse, que donde no hay interés jurídico, no hay acción, y donde no hay acción, no hay cualidad. Tal es el orden lógico de nuestra vida jurídica. La noción de cualidad viene en el orden lógico de las representaciones mentales, después de la del interés. Este es un prius con respecto a la cualidad, que es un posterius

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Con base a todos los hechos narrados y los criterios doctrinarios y jurisprudenciales antes señalados es por lo que el Tribunal debe concluir necesariamente, que la defensa perentoria de fondo por la falta de cualidad o interés de la parte actora para intentar el juicio y de la parte demandada para sostenerlo no puede prosperar y así debe decidirse.

DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA: La parte accionante promovió las siguientes pruebas:

1) Valor y mérito jurídico probatorio de la confesión o posiciones juradas estampadas al ciudadano L.A.C..

Evidencia el Tribunal que del folio 94 al 99 corre efectivamente acto de posiciones juradas efectuadas al citado ciudadano L.A.C., en virtud de las mismas fueron estampadas de la siguiente manera:

• PRIMERA: Diga el posiciones absolvente como es cierto y verdad que usted conoció a la señora M.D.P.P.R., en la facultad de Farmacia cuando se desempeñaba en el laboratorio de citología. Respondió: Si la conocí como secretaria de otro laboratorio adjunto ha ese.

• SEGUNDA: Diga el posiciones absolvente como es cierto y verdad que desde esa fecha usted empezó a cortejarla con fines matrimoniales. Respondió: No es verdad solamente había relación laboral.

• TERCERA: Diga el posiciones absolvente que para el día 1 de mayo de 1.998, hasta el 15 de noviembre del año 2.000 ustedes vivieron públicamente como marido y mujer. Respondió: No es cierto, porque vivía en concubinato como mi actual esposa.

• CUARTA: Diga el posiciones absolvente como es cierto y verdad que la convivencia concubinaria entre ustedes dos se desarrolló en el apartamento Nº 7-2, del piso 7, de la Torre 2, del Conjunto Re. Respondió: No es cierto nunca he tenido ninguna relación concubinaria con la ciudadana M.D.P.P..

• QUINTA: Diga el posiciones absolvente como es cierto y verdad que esa convivencia concubinaria pública y notoria fue conocida por sus propios familiares tanto los que viven en la Ciudad de Valera como los que viven en la población de Sabana de Mendoza en Trujillo. Respondió: Primero no es cierto, Segundo no es notoria, Tercero no tengo familiares en Sabana de Mendoza y Cuarto la familia la tengo en M.f., población aledaña a Valera.

• SEXTA: Diga el posiciones absolvente como es cierto y verdad que usted personalmente llevó a M.D.P.P.R., a la casa de sus familiares ubicada en las Poblaciones de Valera y M.F. en varias oportunidades. Respondió: No es cierto no he viajado a esa ciudad con ella.

• SÉPTIMA: Diga el posiciones absolvente como es cierto y verdad que usted aparece en muchas fotografías en unión de su convivente M.D.P.P.R. y de familiares de ustedes dos. Respondió: En primer lugar si es cierto que aparezco en fotografías, segundo lugar no era con conviventes porque eran esporádicas, y en tercer lugar esas fotografías fueron tomadas en algunas visitas que la ciudadana M.D.P.P. llevaba nuestro hijo.

• OCTAVA: Diga el posiciones absolvente como es cierto y verdad que como producto de las relaciones concubinarias con M.D.P. tuvieron un hijo de nombre L.E.C., hoy menor de edad. Respondió: En primer lugar el producto de ese hijo que si es cierto, fue de una relación casual y pasajera y en segundo lugar no tiene porque haber existido relación concubinaria para obtener un hijo.

• NOVENA: Diga el posiciones absolvente como es cierto y verdad que el apartamento número 07-2 de la Torre 2, del Conjunto Residencial P.R.G. fue adquirido por usted, mediante un préstamo de la Caja de Ahorros de los Empleados de la U.L.A (CAPSTULA) y las cuotas de amortización durante el período de concubinato fueron pagadas con los sueldos que tenían en la U.L.A los dos. Respondió: En primer lugar si es cierto y consta en documento ante la Oficina de Registro Subalterno del Municipio Libertador del Estado Mérida que fue adquirido dicho apartamento sólo y exclusivamente por mí persona la cual consta en acta del Concejo de Administración de fecha 01 del año 1.998, y que dichas cuotas son descontadas de mí sueldo sólo exclusivamente de mi sueldo que percibo de la Universidad de los Andes como jubilado, en segundo lugar el estudio social para esa fecha que se hace en la Caja de Ahorros CAPSTULA no aparece la ciudadana M.D.P.P. como carga familiar, solamente mis tres hijos, mi madre y más nadie.

• DÉCIMA: Diga el posiciones absolvente como es cierto y verdad que durante la vida concubinaria con M.D.P., ustedes tuvieron altercados, disgustos, he inconvenientes graves por los malos tratos que le profería a su concubina, razones por las cuales lo denunció, tanto en la Policía del Estado Mérida como en la Prefectura de Lagunillas y de Mérida, viéndose obligado a firmar cauciones de buen comportamiento. Respondió: En primer lugar, no es cierto que los malos tratos y ninguna relación concubinaria, puesto que no había relación concubinaria, en segundo lugar la caución firmada por la ciudadana M.D.P.P. y mi persona se produjo debido a que cada vez que la ciudadana se trasladaba a visitarme a mi apartamento formaba escándalos y griterías y llamaba a la policía para hacer notoria su presencia y hacerme quedar mal, en tercer lugar, dicha acta de compromiso que se firmó y como la pregunta lo dice aparece la ciudadana M.D.P.P., con residencia en la Urbanización Urao de la Población de Lagunillas, casa número 12, por lo tanto no convivía en dos partes, en Lagunillas y en el Conjunto Residencial, en cuarto lugar dicha acta compromiso o caución como lo dice la pregunta elaborada por la Policía del Estado Mérida está firmada con letra y puño de la ciudadana y huellas dactilares por la ciudadana M.D.P.P., en fecha diciembre del año de 1.999, donde consta de no haber trato de ofensas, ni ella contra mí, ni contra familiares, por lo tanto ni mi persona, ni mis familiares no han tenido ningún trato con la persona de M.D.P.P., desde esa fecha, debido a esa caución impuesta por ella misma.

• DÉCIMA PRIMERA: Diga el posiciones absolvente como es cierto y verdad que el juego de cuarto, las cortinas, el roda pié, televisor, espejo, muebles, marcos del apartamento, la puerta principal del apartamento y otros artefactos existentes en el apartamento 7- 2, antes mencionados fueron adquiridos durante la vida concubinaria por M.D.P.P.R., para hacer mas agradable y placentera la convivencia. Respondió: En primer lugar los marcos, espejos, y otros muebles descritos en la pregunta fueron adquiridos por mí persona con cheques de mis cuentas personales, producto de mi sueldo en la Universidad, en segundo lugar no he comprado televisor a mí nombre puesto lo que consta en autos o en el juicio el televisor Sony que aparece es de una tercera persona, en tercer lugar, la ciudadana hace mención de puerta, espejo, marcos, y otros enceres, producto de haberlos visto cuando hacía visitas esporádicas a llevar al niño, para que su padre lo viera.

• DÉCIMA SEGUNDA: Diga el posiciones absolvente como es cierto y verdad que en ese mismo apartamento 7-2, durante la vida concubinaria usted le faltó el respeto a la integridad moral de M.D.P., al ser sorprendido en ese hogar con otra mujer, por eso su reacción fue violenta para terminar inmediatamente la vida concubinaria entregándole de mala gana los objetos personales que M.D.P., conservaba por espacio de dos años y casi seis meses, en ese hogar concubinario. Respondió: En primer lugar, no es cierto que existió vida concubinaria y mucho menos malos tratos, ni ser sorprendido por otra persona en dicho apartamento, en segundo lugar, en ningún momento hubo pertenencias de la ciudadana M.D.P.P. en dicho apartamento por cuanto no existía ninguna relación concubinaria con dicha ciudadana.

• DÉCIMA TERCERA: Diga el posiciones absolvente como es cierto y verdad que la convivencia concubinaria con M.D.P., fue conocida por amigos de los dos, asistieron a fiestas, reuniones sociales, donde se presentaron como marido y mujer y hasta usted llegó a vivir por más de cinco meses en la casa propiedad de M.D.P., que tiene en la Urbanización Urao de Lagunillas, comportándose en todos estos casos y frente a los vecinos y relacionados como el marido de M.D.P.. Respondió: En primer lugar, no es cierto ni verdad mi convivencia concubinaria con la ciudadana M.D.P.P., con respecto a amigos y mucho menos fiestas, relaciones sociales, en segundo lugar, mi asistencia a la Urbanización Urao de Lagunillas fue netamente institucional, debido a que para ese entonces era el Vice-presidente de la Caja de Ahorros (CAPSTULA) para resolver casos de toda esa Urbanización referente a relaciones comerciales, entre esa Urbanización y CAPSTULA, y en tercer lugar, la relación con la ciudadana M.D.P.P., respecto a la casa de su propiedad fue que firmamos un documento de constitución de hipoteca ante la oficina de Registro Subalterno del Municipio Sucre, entre la ciudadana M.D.P.P. y yo, en el cual consta del año 1.997, por ante ese registro. Es todo, terminó, se leyó y conformes firman.

Observa igualmente el Tribunal que del folio 100 al 106 corre acto de posiciones juradas efectuadas a la ciudadana M.D.P.P.R., quien al momento de serle estampadas respondió de la siguiente manera:

• PRIMERA: Diga la posiciones absolvente como es cierto y verdad que al momento de introducir la presente demanda de unión no matrimonial usted identificó al ciudadano L.A.C., de estado civil soltero. Respondió: Si porque en ese momento y en ese año el estaba divorciado de su primer matrimonio a la cual hicimos unión concubinaria en el Conjunto Residencial P.R.G., edificio 2, apartamento 7-2, por lo tanto duramos en unión concubinaria dos años y medio a la cual nació nuestro hijo menor L.E.C.P., segundo, en esa unión concubinaria equipamos juntos el apartamento, muebles, comedor, juego de cama, lavadora, secadora, pintura, donde compramos juntos y escogimos juntos todo la factura que aparece en el expediente.

• SEGUNDA: Diga la posiciones absolvente como es cierto y verdad que usted tenía conocimiento que para el año 98, el CIUDADANO L.A.C., era casado. Respondió: El ya estaba divorciado, y estaba en trámites de divorcio, a la cual los dos quisimos rehacer nuestra unión concubinaria mientras le salía el divorcio, ante los amigos, amistades, compañeros de trabajo a la luz pública, a la cual estuvimos varios meses viviendo en la casa que tengo en la población de Lagunillas donde empezamos a vivir en pareja a la cual estaba embarazada para ese entonces, de ahí adquirimos el apartamento de un préstamo hipotecario de la Caja de Ahorros (CAPSTULA) donde hicimos vida marital durante los dos años y medio, tercero, al nacer nuestro hijo tenía la costumbre él de cambiar, tiene la costumbre de cambiar, los cilindros del apartamento para yo quedar en la calle en el estado en que yo me encontraba, donde lo esperaba a él en los mismos vecinos de ese edificio, a alta hora de la noche para que me abriera donde vivía con él y aún así él se la pasaba divirtiéndose en el Centro Demócrata Social.

• TERCERA: Diga la posiciones absolvente como es cierto que usted en el libelo de demanda describe como bienes muebles supuestamente adquiridos en la presunta unión no matrimonial con el ciudadano L.A.C., y que en copia simple corre las facturas en los folios 25 y 26 del presente expediente los siguientes bienes: un televisor Sony de 21 pulgadas, un VHS Sony, una lavadora GE, una secadora GE, un soporte para lavadora, una cama Varela Sarina, una peinadora Varela Sarina y un colchón confort PYLLOW. Respondió: Si es cierto, porque eso lo adquirimos los dos en Foto Estudio Venezuela, lo escogimos los dos, a la cual en la factura aparece una a nombre de él, otra a nombre de terceras personas y tercero el número de teléfono que para ese entonces era el teléfono de la casa de mis padres y está firmada la factura por el ciudadano L.C., me consta porque todo lo que dijo en el acto de ayer todo era falso.

• CUARTA: Diga la posiciones absolvente como es cierto y verdad que para el año de dar a luz al menor L.E.P. usted declaró en la historia clínica del Centro Clínico de esta ciudad, historia Nº 28532, que su domicilio y número de teléfono es el siguiente: Urbanización R.d.L., avenida Pulido Méndez, casa Nº 115, teléfono 634153. Respondió: Es falso por lo siguiente, primero, en el momento que yo salí embarazada que estábamos esperando nuestro hijo el ciudadano L.C. y yo vivíamos en el Conjunto Residencial P.R.G., edificio 2, apartamento 7-2, a la cual me acompañaba en todas las consultas con mí ginecólogo el Dr. J.R.S. y en la historia aparece la dirección donde nosotros habitábamos.

• QUINTA: Diga la posición absolvente como es cierto y verdad que en fecha 3 de diciembre de 1.999, usted firmó un acta de compromiso de buen comportamiento por ante el Departamento de Atención al Público de la Dirección General de Policía perteneciente a la Gobernación del Estado Mérida. Respondió: En ese momento tuve que acudir a la policía porque el señor me maltrataba dentro de las residencias donde vivía verbalmente y violentamente a la cual la cita fue acudida al ciudadano L.C., donde firmó un acta de no meterse más hacia mi persona por lo que me estaba haciendo sacándome del apartamento junto con mi menor hijo las veces que él quería hacerlo, en varias oportunidades lo hizo sacándome la ropa del niño en una caja de cartón y entregándosela a la conserje del edificio sin importarle su hijo, su hogar que allí había.

• SEXTA: Diga la posiciones absolvente como es cierto y verdad que en dicha acta de compromiso o buen comportamiento de fecha 3 de diciembre de 1.999, usted en forma voluntaria y libre declaró que su profesión u oficio es de secretaria e igualmente declaró que su domicilio era el Conjunto Residencial Urao, calle 1, casa Nº 12 el Molino, Lagunillas Estado Mérida. Respondió: Es falso, en la residencia que se colocó fue el Conjunto Residencial Rincón Gutiérrez donde nosotros vivíamos, si soy secretaria de la Universidad de los Andes de la Facultad de Farmacia, quiero notificar algo que el ciudadano L.A.C. y mi persona me amenazaba en forma persistente desde que me quería sacar del apartamento de la manera grosera y agresiva junto con mi menor hijo, porque a él le interesa y le ha interesado toda la vida lo material y nada más.

• SÉPTIMA: Diga la posiciones absolvente como es cierto y verdad que cuando usted asentó al menor L.E.P.R., declaró que su domicilio era en la Parroquia D.P., ubicada en S.E.d. esta ciudad de Mérida, distante de la Parroquia Caracciolo Parra en donde se encuentra el apartamento signado con el Nº 7-2, del piso 7, de la torre 2, del Conjunto Residencial P.R.G.d.E.M.. Respondió: En esos días él me acababa de sacar del apartamento ya mencionado, el niño lo presenté en la Parroquia D.P., a la cual él estaba presente en ese momento junto con los testigos en el momento de hacer el acta de nacimiento donde él dijo en ese momento que no quería reconocer a su propio hijo y salió en ese momento después que pasó eso el niño fue asentado con mis dos apellidos donde meses después lo reconoció con su nota marginal, pidiéndome a mi que lo perdonara que volviera nuevamente al apartamento para poder llevar una relación más normal de lo cual, volví con ese ciudadano y me hizo la vida insoportablemente imposible, también quiero decir algo donde ese señor me insultaba delante del niño sin haber sentido ningún tipo de sentimiento ni moral en la persona que puedo decir es un hombre anormal psicológicamente.

• OCTAVA: Diga la posiciones absolvente como es cierto y verdad que usted expresó en el libelo de demanda en cuanto que usted colaboró en la amortización de los pagos hechos al apartamento signado con el Nº 7-2, del piso 7, de la Torre 2, del Conjunto Residencial P.R.G.d.E.M.. Respondió: Si es cierto, los pagos los hicimos juntos, a la cual los dos trabajamos en la Universidad de los Andes.

• NOVENA: Diga la posiciones absolvente como es cierto y verdad que en el libelo de demanda usted expone que la supuesta unión no matrimonial fue desde el 1 de mayo de 1.998, hasta el 15 de noviembre del 2.000. Respondió: Si es verdad, nuestra unión concubinaria fue a partir de esa fecha a la cual tuvimos serios problemas fuertes donde este señor emocionalmente me tenía acosada, porque vivía hacia conmigo con unos celos enfermitos (sic) y donde dice él que declaró ante el acto de ayer de que él hizo unión concubinaria con la ciudadana con quien él está casado para ese entonces según acta de matrimonio de ellos, ella estaba casada con otro ciudadano donde la sentencia de ese matrimonio para ese entonces salió en julio del año 99.

• DÉCIMA: Diga la posiciones absolvente como es cierto y verdad que el ciudadano L.A.C. reconoció a su hijo menor cinco meses después, es decir, el 1 julio de 1.999, después de haber nacido. Respondió: Él lo reconoció meses después porque estaba arrepentido, a la cual teníamos todavía en el Conjunto Residencial P.R.G., edificio 2, apartamento 7-2, a la cual lo reconoció cinco meses después de haber nacido, porque su familia, su madre, su hermana, lo venía aconsejándolo que no reconociera a su hijo.

• DÉCIMA PRIMERA: Diga la posiciones absolvente como es cierto y verdad que usted pudo haber cancelado, amortiguado, o vivido en el apartamento signado con el Nº 7-2, del piso 7 de la Torre 2, del Conjunto Residencial P.R.G., ya que el mismo fue adquirido el 11 de agosto de 1.998, según se desprende de documento debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Distrito Libertador del Estado Mérida, en fecha 11 de agosto de 1.998, el cual quedó registrado bajo el Nº 48, Protocolo Primero, Tomo 23, correspondiente al Tercer Trimestre de ese año. Respondió: Si es cierto porque en el momento que nos entregaron el apartamento compartimos todos los gastos del inmueble del apartamento, donde convivimos a la luz pública, de los vecinos de ese mismo edificio que vivimos todo ese tiempo, dos años y medio, a la cual ese señor ha desmentido, en falsos todo lo que dije. En este estado solicitó el derecho de palabra el abogado asistente de la parte demandada y concedido como fue expuso: Consigno en este acto: a) Originales emitidas por la casa comercial Foto Estudio Venezuela Compañía Anónima C.A., y que corren insertas en el presente expediente en los folios 25 y 26 en copias simples y en la cual aparece la firma de la ciudadana M.D.P.P.R. y en las originales que consignó no aparece la firma de la mencionada ciudadana, y dichas facturas aparecen a nombre del ciudadano J.P., el cual no es parte en el presente proceso; b) En un folio útil consignó acta de compromiso o buen comportamiento de fecha 3 de diciembre de 1.999, donde queda señalado en forma voluntaria por la ciudadana M.D.P.P.R. que su domicilio es en el Conjunto Residencial Urao, calle 1, casa Nº 12, El Molino Lagunillas del Estado Mérida; c) Consignó en un folio útil la portada de la historia clínica de la fecha de ingreso y egreso de la ciudadana M.D.P.P.R., en donde indica que su domicilio es la Urbanización R.d.L., Avenida Pulido Méndez, número 115 del Estado Mérida, de fecha 13 de enero de 1.999; d) Consignó en un folio útil partida de nacimiento del menor L.E.C.P., donde queda demostrado que la ciudadana M.D.P.P.R., declara que su domicilio se encuentra dentro de la Parroquia D.P.M.L.d.E.M., de fecha 24 de mayo de 1.999; e) Consignó documento de propiedad del ciudadano L.A.C., debidamente registrado donde adquiere el apartamento signado con el Nº 7-2, piso 7, Torre 2, del Conjunto Residencial P.R.G., de fecha 11 de agosto de 1.998, los cuales los datos y demás características reposan en el cuerpo del documento que consignó. El Tribunal vista la consignación hecha por la parte demandada ordena agregarla a los autos de conformidad con el artículo 107 del Código de Procedimiento Civil Vigente y de los cual se dará cuenta inmediata al Juez conforme la ley.

En cuanto a las posiciones juradas, el autor patrio A.R.-Romberg, expresa lo siguiente:

…las posiciones juradas pueden definirse como el medio de prueba del género de la confesión, mediante el cual, una de las partes en el juicio, requiere de su adversario, bajo juramento, respuesta afirmativa, a las posiciones que le formule, sobre hechos de que tenga conocimiento personal, que sean pertinentes a la causa… (Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo IV, pág. 45).

A los fines de la valoración de las posiciones juradas depuestas, este juzgador observa: Conforme a lo establecido en el artículo 405 del Código de Procedimiento Civil, las posiciones solo podrán efectuarse sobre hechos pertinentes al mérito de la causa, esto significa, que entre los requisitos de validez de la prueba se encuentra la pertinencia. Prueba pertinente, es aquella que versa sobre las proposiciones y hechos que son verdaderamente objeto de prueba. Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 410 eiusdem, las mismas deben ser concernientes a los hechos controvertidos. Por tanto, las posiciones juradas sólo tendrán efecto contra el absolvente, siempre que el interrogatorio contenga preguntas que tiendan necesaria y directamente a calificar la acción del demandante o la excepción del demandado, pues de no guardar relación con los hechos de la controversia, aquellas no versan sobre los hechos pertinentes al mérito de la causa. No podría ser de otro modo, puesto que las posiciones efectuadas en el proceso deben calificar el derecho que se controvierte y sólo de esa eficacia y pertinencia es de donde deriva la fuerza vital que la ley confiere a esa prueba. Para el maestro Borjas, las posiciones deben tender directamente a calificar la acción del demandante o la excepción del demandado, porque, de no ser pertinentes a la controversia carecerán de objeto. No serán pertinentes, por lo tanto, las preguntas completamente extrañas a la materia en litigio; ni las referentes a apreciaciones, doctrinas o calificaciones jurídicas, o a hechos de que el absolvente no tenga conocimiento alguno, ni a las que tengan por objeto probar una acción manifiestamente inexistente, o hechos cuya prueba no es permitida por la ley, o que no pueden ser comprobados sino por pruebas distintas de la confesión.

El Tribunal al valorar, las posiciones juradas absueltas tanto por la ciudadana M.D.P.P.R., parte demandante, como por el ciudadano L.A.C., parte demandada, las cuales se verificaron en la oportunidad fijada al efecto y cumpliendo con las formalidades legales correspondientes, motivo por el cual este Tribunal procedió al exhaustivo análisis y valoración de las posiciones formuladas y las respuestas dadas por los mencionados absolventes, observando en cuanto a la posición jurada “ séptima” confesó como ciertas las fotografías pero agregó que fueron esporádicas, y que fueron tomadas cuando la ciudadana M.D.P.P.R., iba de visita, y en la posición jurada “octava” confesó la existencia del hijo. En cuanto a las demás posiciones su contenido fue negado rotundamente. Tales posiciones juradas absueltas por las partes no arrojan ningún elemento de confesión importante, ya que el hijo de las partes fue reconocido por el ciudadano L.A.C., antes de ser interpuesto el presente juicio, y en cuanto a la ciudadana M.D.P.P.R., se limitó a señalar hechos que había narrado en su escrito de demanda. Las partes no incurrieron en contradicciones.

Por otra parte resulta importante destacar que si la declaración de comunidad concubinaria, contemplada en el artículo 767 del Código Civil, se elevó a rango constitucional, ya que el artículo 77 de la Constitución, protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges y de igual manera que las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la Ley, producirán los mismos efectos que el matrimonio, siendo así, se le puede aplicar al concubinato, lo expresado con relación al divorcio por la Sala de Casación Civil, en decisión de fecha 29 de septiembre de 2.000, en la que señaló que: ‘Las cuestiones en materia de familia son de riguroso orden público y espacialísima, por lo que no se pueden tratar sólo a la luz de los conceptos procesales por ser un hecho social fundamental que escapa de los mismos’. Es decir, que si lo relacionado con el divorcio es de orden público también lo es el concubinato, ya que se refiere a asuntos familiares, materia indisponible e irrenunciable, y por ende escapan del poder negocial de los sujetos de derecho que interactúan en un juicio de divorcio o de una existencia de unión concubinaria, ya que según el artículo 6 del Código Civil,

‘No pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden público o las buenas costumbres’. De tal manera que constituye una duda razonable admitir como cierta la confesión en un juicio de existencia de unión concubinaria, pues sería fácil admitir una confesión de esa naturaleza, para constituir una sociedad de bienes concubinarios en detrimento de cualquier acreedor.

2) De la prueba Testifical: La parte actora promovió las testimoniales de los ciudadanos E.U.R., D.E.S.P. y M.E.C.R., igualmente la testificación de los ciudadanos M.B.M.O., R.P.S., J.O.R.O. y D.I.R., a los fines de que ratifiquen el contenido y firma del justificativo judicial de testigos acompañados al escrito libelar.

El Tribunal comparte el criterio sustentado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 22 de marzo de 2.000, posteriormente ratificado en decisión de fecha 5 de octubre de 2.000, en el cual expresa lo siguiente:

Al pronunciarse con respecto a la declaración de un testigo, el Juez no está obligado a transcribir íntegra ni resumidamente el contenido de las preguntas y repreguntas con sus respuestas, pues su deber es indicar las razones por las cuales estima o desestima, según el caso, lo dicho por el testigo, es decir, debe señalar expresamente lo que lo lleva a la convicción de que éste le merece fe o por el contrario considera que incurrió en reticencia o falsedad.

De lo expuesto puede evidenciarse que cuando el sentenciador aprecia el dicho del testigo, no está obligado a transcribir íntegra ni resumidamente el contenido de las preguntas, repreguntas y respuestas respectivas, debe indicar las razones por las cuales estima o desestima, según el caso lo dicho por el testigo. (...) Siendo así, no incurre la sentencia recurrida en el vicio de inmotivación por silencio de pruebas, pues como antes se indicó, el ad-quem al apreciar a los testigos arriba referidos, cumplió con el deber de señalar expresamente lo que lo llevó a la convicción de que los referidos testigos le merecen fe, como lo fue al indicar algunas de las respuestas dadas a las preguntas que el promovente de la prueba formuló como algunas de las respuestas dadas a las repreguntas, pudiendo con éstas controlarse la prueba mediante el análisis de los elementos en que se apoyó el Juez para apreciar dichos testimonios.”

DECLARACIÓN DE LA TESTIGO E.U.R.. El Tribunal observa que las declaraciones efectuadas por esta testigo corren agregadas al folio 142. La declarante ratificó en todas y cada una de sus partes la declaración rendida por ante la Notaría Pública Primera de Mérida, en fecha 4 de abril de 2.001. Al ser interrogada por la parte demandada señaló que reconoce su firma dado el hecho de ser compañeros de trabajo y en virtud a reuniones efectuadas en el apartamento, en la casa de Lagunillas. Con relación a la interrogante en cuanto a si le une algún lazo o vínculo con las partes intervinientes del juicio en cuestión, respondió: Que catorce años de estar conociéndose es suficiente y sobrado para decir que ha existido y existirá siempre una amistad. Esta testigo no incurrió en contradicciones y su testimonio se valora de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, a favor de la parte demandante.

DECLARACIÓN DE LA TESTIGO D.E.S.P.: El Tribunal observa que las declaraciones efectuadas por esta testigo corren agregadas al folio 146. La declarante ratificó en todas y cada una de sus partes la declaración rendida por ante la Notaría Pública Primera de Mérida, en fecha 4 de abril de 2.001. Al ser interrogada por la parte demandada señaló que llegó a trabajar en la escuela de bionálisis donde conoció a las partes intervinientes en juicio, profesándose entre ellos un gran compañerismo. Que con referencia a los bienes adquiridos por ambos, le consta pues en varias oportunidades los visitó y estos le comentaban de dichas compras. A la pregunta respecto a como le constaba que las cuotas del apartamento ubicado en el Conjunto Residencial P.R.G., fueron amortizadas conjuntamente por la ciudadana M.D.P.P. y L.A.C., respondió que en varias oportunidades cuando los visitó ellos le comentaron que los dos estaban pagando las cuotas del apartamento. Esta testigo no incurrió en contradicciones y su testimonio se valora de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, a favor de la parte demandante.

DECLARACIÓN DE LA TESTIGO M.E.C.R.: El Tribunal observa que al folio 152 riela diligencia suscrita por la parte actora mediante la cual desiste de la testimonial de la referida ciudadana, por ser innecesarios sus dichos en este juicio.

DECLARACIÓN DE LA TESTIGO M.B.M.O.: El Tribunal observa que las declaraciones efectuadas por esta testigo corren agregadas al folio 149 y su vuelto. La declarante al ser interrogada respondió entre otros hechos los siguientes: Que conocía amplia y suficientemente a los ciudadanos M.D.P.P. y L.A.C. desde hacia más de diez años aproximadamente, que le constaba la convivencia existente entre ambos, porque los había visitado varias veces en el apartamento de las residencias P.R.G., que la vida concubinaria como marido y mujer se produjo desde el primero de mayo de 1.998, hasta el 15 de noviembre de 2.000, que incluso el señor L.A.C. la presentaba como su señora. Que la referida relación fue pública y notoria, puesto que el precitado ciudadano era directivo del Colegio de Contadores y coincidían en todos los eventos relacionados a dicho colegio. Que le consta que la pareja en cuestión, compró el moblaje del apartamento número 7-2, puesto que de hecho los encontró en Foto Estudio Venezuela, y estos les comentaron que estaban haciendo las compras de la casa donde vivían, para amoblar el apartamento donde vivían y posteriormente cuando fueron a conocer al niño, ambos le mostraron el apartamento con todo lo que habían adquirido. A la pregunta respecto que si, el sueldo de los dos amortizaba las mensualidades del precio del apartamento 7-2 durante el lapso que vivieron como marido y mujer. Respondió: Que en una oportunidad los ciudadanos en referencia le habían comentado sobre el pago de las mensualidades del apartamento. Señaló asimismo que la señora P.P. en sus tiempos libres trabajaba en la distribución de productos naturales actividad ésta que ella también realiza y porque todavía en diciembre del año pasado, el señor Cabrita la buscaba en las actividades que estaban realizando en la distribución de esos productos para buscar reconciliarse otra vez, para convivir con ella. Esta testigo no incurrió en contradicciones y su testimonio se valora de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, a favor de la parte demandante.

DECLARACIÓN DEL TESTIGO R.P.S.: El Tribunal observa que las declaraciones efectuadas por este testigo corren agregadas del folio 134 al 137. El declarante al ser interrogado respondió entre otros hechos los siguientes: Que conocía desde hace mucho tiempo a los ciudadanos L.A.C. y M.D.P.P.R., que incluso le constaba que ambos hicieron vida en pareja desde el día 1º de mayo de 1.998 hasta el 15 de noviembre de 2.000, en el apartamento número 7-2 del piso 7 de la Torre 2 del Conjunto Residencial P.R.G., ubicado en la Avenida Los Próceres de esta ciudad. A la pregunta en cuanto dijere las razones que tenía para afirmar que conoció a la pareja CABRITA PARADA desde hace tiempo. Contestó: “Si una razón es que se sepa la verdad, si los vio por la avenida los Próceres y en el centro”. A la pregunta en cuanto a si los citados ciudadanos trabajaban en la Universidad de los Andes en el tiempo que vivieron juntos como marido y mujer, y si amortizaron las cuotas de pago por el apartamento 7-2, así como que compraron nevera, baldosas, muebles etc; contestó que si le constaba y que esos bienes comprados por los dos, con dinero de los dos, estaban en posesión de L.A.C.. A la pregunta respecto a la cual señalara si vio que la pareja andaba junta en la Universidad en distintas dependencias, vivían juntos en ese apartamento y si se trataban como marido y mujer delante de sus relacionados y amigos; contestó “si me consta”. Señaló así mismo que sabe de todas esas cosas que ha declarado, ya que las ha visto. Al momento de ser repreguntado entre otros hechos señaló los siguientes: A la repregunta respecto a si por el conocimiento que dice tener de los ciudadanos mencionados, les une un lazo de amistad respondió; “no, no somos amigos”. A la repregunta en cuanto a que señalara como sabía que los supuestos bienes adquiridos fueron comprados por los ciudadanos en cuestión; respondió: “o sea vio las facturas, una carpeta con un balance, vio lo necesario para hacer un balance personal para la solicitud de tarjeta de crédito con esa información”. Señaló que su profesión es contador y que su trabajo se limitaba a llevar balances a la ciudadana M.D.P.P.R. y no la contabilidad. Este testigo no incurrió en contradicciones y su testimonio se valora de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, a favor de la parte demandante.

DECLARACIÓN DEL TESTIGO J.O.R.O.: El Tribunal observa que al folio 152 riela diligencia suscrita por la parte actora mediante la cual desiste de la testimonial del referido ciudadano, por ser innecesarios sus dichos en este juicio.

DECLARACIÓN DE LA TESTIGO D.I.R.. El Tribunal observa que al folio 152 riela diligencia suscrita por la parte actora mediante la cual desiste de la testimonial de la referida ciudadana, por ser innecesarios sus dichos en este juicio.

3) Valor y mérito jurídico probatorio de la prueba de informes dirigida a la Dirección de Administración de la Universidad de los Andes y a la Dirección del Personal Administrativo de la misma Universidad, así como a la entidad bancaria “Banesco Banco Universal S.A.C.A” Agencia Principal de Mérida, estado Mérida.

Observa el Tribunal que al folio 160 corre oficio número 5404, expedido por las ciudadanas A.R.O.d.I., Directora de Personal y la ciudadana Y.C., Jefa de Unidad de Pasivos Laborales de la Dirección de Personal de la Universidad de los Andes; en virtud del cual informan que el monto acumulado en prestaciones sociales del trabajador jubilado L.A. CABRITA, entre el período comprendido del 01/ 05/ 1.998 al 15/ 11/ 2.000, es de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 7.412.577, 73).

Consta igualmente del folio 161 al 170 corre oficio emanado de la entidad bancaria BANESCO Banco Universal, expedido por el ciudadano F.C., Gerente de la División de investigación de Fraude TDC y TDD, Vicepresidencia Corp. De seguridad, Gerencia de Investigación; mediante el cual remite movimientos bancarios de la cuenta corriente número 30-1-015518 a nombre de L.A.C., correspondientes a los meses de junio, julio, agosto y noviembre del año 2.000. Motivado a que la cuenta fue aperturada en fecha 15-05-2.000. En el referido oficio se hace mención que con relación a los meses de mayo, septiembre y octubre del 2.000 no fueron recuperados en sus archivos muertos.

Este Juzgado comparte el criterio sustentado por la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, y relacionado con la valoración de la prueba de informes, la cual expresó lo siguiente:

“...Ahora bien, la prueba de informes es una prueba legal incorporada en nuestro vigente Código de las formas con más singular provecho, precisamente por la versatilidad y alcance de la misma, ya que por su intermedio se logra incorporar a los autos elementos de hecho cuyo establecimiento por los medios tradicionales se mostraba de difícil factura. Por ello precisamente el legislador no estableció norma alguna expresa que sujetara la valoración de esta prueba, dejándola librada a la sana crítica que ha de aplicar el juzgador en los términos del artículo 507 del mismo cuerpo de normas (...) Lo anterior significa, siguiendo con ello la enseñanza del insigne procesalista E.C. (Couture-Eduardo; Las Reglas de la Sana Crítica en la apreciación de la prueba testimonial. Revista de Derecho Jurisprudencial y Administración. Tomo XXXVII, Montevideo 1939, p.272), que la censura en casación de la apreciación de la prueba de informes ex artículo 433 del vigente Código de Procedimiento Civil, exige enmarcarse como la violación de una máxima de experiencia según lo previsto en la parte in fine del primer aparte del ordinal 2º del artículo 313 ejusdem, en concordancia con el artículo 320 ibidem.

En este sentido la doctrina patria expresa:

La prueba de informes (...) En cuanto a su valor probatorio, el Juez, ante la ausencia de una regla expresa de valoración, se atendrá a la sana crítica, es decir, a su propio juicio de valor, derivado de la lógica, la ciencia y la experiencia. La no apreciación de esta prueba por la regla de la sana crítica, puede dar lugar a una de los casos de Casación sobre los hechos, según lo determina el aparte primero del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, de acuerdo una opinión doctrinaria, la que comparto, la Casación no sólo podría constatar si fueron o no aplicadas las reglas de la sana crítica, sino . (Duque Corredor; R.J.; Apuntaciones sobre el Procedimiento Civil Ordinario, Editorial Jurídica Alva, S. R. L., Caracas, 1.990, p. 219)

La prueba de informes que como tal no se tratan de una confesión ni de una testimonial, ni su finalidad es para ratificar los documentos de terceros, no obstante si es útil jurídicamente para obtener la información de un tercero ajeno al proceso, sobre documentos indicados dentro del juicio y en el caso de autos.

A esta prueba de informes, por estar interrelacionada con los otros elementos procesales antes precitados, el Tribunal le asigna el valor jurídico probatorio y la correspondiente eficacia jurídica a favor de la parte actora.

4) De la prueba de la inspección judicial: La parte actora promovió la inspección judicial en el apartamento número 7-2 del piso 7, de la torre “2” del Conjunto Residencial “PEDRO RINCÓN GUTIÉRREZ”, ubicado en la Avenida Los Próceres en el sector Aldea S.B.d.M., estado Mérida.

Evidencia el Tribunal que a los folios 91 y 92 corre la respectiva acta de inspección judicial, en virtud de la cual este juzgado se trasladó y constituyó en la dirección indicada; en dicha acta quedó plasmado, la existencia física del inmueble, así como la descripción pormenorizada de una serie de bienes muebles entre los cuales se discriminaron los siguientes: Un sofá, cinco (5) cuadros en la sala, una lámpara de mesa, un equipo de sonido, una cocina empotrada de madera, una nevera, microondas, un mueble tipo biblioteca, una cama matrimonial, tres marcos de madera en las puertas etc. Se hizo constar que las baldosas de los baños, se corresponden con el mismo tipo de baldosas de todo el apartamento.

En orden a lo consagrado en el artículo 1.430 del Código Civil los Jueces estimarán en su oportunidad el mérito de dicha prueba, vale decir, de la inspección judicial y es precisamente en esta sentencia definitiva, la oportunidad para apreciarla, sin confundirla con la valoración que se le da a otros medios probatorios, pero si adminiculándola a otros hechos, circunstancias, y pruebas producidas en los actos, pues se trata de una prueba de inmediación, directa, personal y formal con relación a los hechos inspeccionados, observándose entre los requisitos para su eficacia probatoria los siguientes: 1) La conducencia de este medio probatorio con relación con el hecho u hechos inspeccionados; 2) Pertinencia de lo inspeccionado; 3) Que las conclusiones sean lógicas y razonables; 4) Que no exista prueba que la desvirtúe, 5) Que el acta se elabore de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, con claridad y precisión y 6) Que el hecho inspeccionado no sea jurídicamente imposible.

En este orden de ideas el Tribunal observa que la inspección judicial solicitada y practicada fue realizada en forma legal y que guarda estrecha relación con los hechos narrados en el escrito libelar y con otras pruebas que obran en los autos por lo que el Tribunal la estima como una prueba que tiene eficacia jurídica probatoria a favor de la causa que representa la parte demandante, toda vez, que el funcionario público que la practicó le otorga fe pública entre las partes y respecto de terceros, sobre los hechos jurídicos que el funcionario declara haber efectuado, facultado para hacerlo y en donde declara lo que pudo haber visto u oído facultado como estaba para hacerlo constar.

Es de aclarar que en sentencia de la Sala de Casación Civil Accidental de la extinta Corte Suprema de Justicia, de fecha 14 de octubre de 1.993, expresó en cuanto a la eficacia de la inspección judicial, que no es posible confundirla con el valor probatorio de los instrumentos públicos, estos últimos valorados conforme a lo previsto en los artículos 1.359 y 1.361 del Código Civil, mientras que la inspección judicial está regulada por el artículo 1.428 en concordancia con el artículo 1.430 ejusdem.

Mientras que la misma Sala de Casación Civil en posterior decisión de fecha 03 de noviembre de 1.993, considera que la inspección judicial practicada por un Juez debe considerarse como un documento público o auténtico, que hace plena fe, así entre las partes como con respecto a terceros mientras no sea declarado falso, por lo que se le otorga el valor probatorio previsto en el artículo 1.359 del referido texto sustantivo, y así lo considera este Tribunal y le da el valor, ya señalado, vale decir de documento público, y así se decide.

5) Valor y mérito jurídico probatorio del acta de nacimiento.

Observa el Tribunal que al folio 12 consta partida de nacimiento número 270 expedida por el P.C. de la Parroquia D.P., Municipio Libertador del Estado Mérida, correspondiente al n.L.E.P.R. presentado por la ciudadana M.D.P.P.R.. Al precitado documento público que riela en original, este Tribunal le asigna el valor probatorio a que se contrae el artículo 1.359 del Código Civil, ya que el mismo no fue tachado de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil.

6) Valor y mérito jurídico favorable de la sentencia proferida por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, A.C. y Estabilidad Laboral del Estado Mérida: El Tribunal ha podido constatar que del folio 8 al 11 corre en copias fotostáticas sentencia proferida por el antes señalado Juzgado Superior, referida a la apelación interpuesta por la parte demandada L.A.C. en el juicio por reclamo de pensión alimentaría por la ciudadana M.D.P.P., por mediación de la Fiscalía Novena de Protección del Niño y del Adolescente y de la Familia del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. El expresado recurso fue interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Juez de Juicio número 3 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de esta Circunscripción Judicial. A este documento público, el Tribunal le asigna el valor probatorio a que se contraen los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que tal documento público no fue tachado de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil.

7) Valor y mérito jurídico probatorio de trece (13) fotografías de diferentes fechas y lugares, reflejando la vida pública concubinaria.

El Tribunal ha podido constatar que en la posición jurada número SÉPTIMA: Diga el posiciones absolvente como es cierto y verdad que usted aparece en muchas fotografías en unión de su convivente M.D.P.P.R. y de familiares de ustedes dos. Respondió: En primer lugar si es cierto que aparezco en fotografías, segundo lugar no era con conviventes porque eran esporádicas, y en tercer lugar esas fotografías fueron tomadas en algunas visitas que la ciudadana M.D.P.P. llevaba nuestro hijo. Por lo tanto el ciudadano L.A.C., admitió como ciertas las fotografías que corren insertas del folio 70 al vuelto del folio 74, que tal prueba fue admitida en la indicada posición jurada, y por lo tanto se valora sólo como un indicio en orden a lo pautado en el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil.

DE LAS PRUEBAS PRODUCIDAS POR LA PARTE DEMANDADA: La parte accionada promovió las siguientes pruebas:

1. Valor y mérito jurídico probatorio de la sentencia de divorcio, emanada por este Juzgado.

   Observa el Tribunal que del folio 54 al 56 corre sentencia de divorcio emanada por este Juzgado, en virtud de la cual declaró disuelto el vínculo matrimonial existente entre los ciudadanos L.A.C. y Y.M.U., celebrado por ante la Presidencia de la Junta Municipal del Municipio Chacao, Distrito Sucre del Estado Miranda, el día 22 de agosto de 1.980. Dicha sentencia fue emitida en fecha 30 de abril de 1.998. Tal documento en copia fotostática se le tiene como fidedigno por no haber sido impugnado por el adversario, tal como lo señala el primer aparte del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

2. Valor y mérito jurídico probatorio del acta de matrimonio inserta a los folios 57 y 58.

   El Tribunal observa que en los folios antes indicados, corre agregada en copia fotostática simple, acta de matrimonio expedida por el Alcalde y Presidente del Concejo Municipal del Municipio Rivas D.d.E.M., concerniente a la regularización de la unión concubinaria entre los ciudadanos L.A.C. y M.E.P.P.R.. Observa el Tribunal que el referido matrimonio fue efectuado en fecha 20 de diciembre de 2.000.

   Tal documento en copia fotostática se le tiene como fidedigno por no haber sido impugnado por el adversario, tal como lo señala el primer aparte del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

La presente acción tiene por objeto el reconocimiento de la unión concubinaria, derivada de la unión de hecho entre los ciudadanos M.D.P.P.R. y L.A.C., es decir, la declaración de comunidad concubinaria, contemplada en el artículo 767 del Código Civil, disposición sustantiva se elevó a rango constitucional, ya que el artículo 77 de la Constitución, protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges, y asimismo, el señalado dispositivo constitucional agrega que las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la Ley, producirán los mismos efectos que el matrimonio.

En el caso que nos ocupa, la ciudadana M.D.P.P.R., alega haber vivido en comunidad concubinaria, con el ciudadano L.A.C., desde el día 1 de mayo del año 1.998 hasta el día 15 de noviembre de 2.000, esto es por un período exacto de dos años y seis meses, tal como lo indica la accionante en el libelo de la demanda, tales alegatos fueron comprobadas fundamentalmente por la prueba testifical, razón por la cual, la acción judicial interpuesta debe ser declarada con lugar y así debe decidirse.

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: