Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 28 de Septiembre de 2009

THEMA DECIDENDUM: El juicio por incumplimiento de contrato de arrendamiento, fue interpuesto por el ciudadano J.A.G.S., en su carácter de Presidente de la Sociedad Venezolana de Turismo S.A., en contra del ciudadano M.Á.S..

Ahora bien, tanto los hechos narrados por la parte actora en el libelo de la demanda, como los señalados por la parte accionada en la contestación de la demanda, fueron debidamente especificados en la parte narrativa de este fallo.

Corresponde al Tribunal determinar: Si los meses demandados enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2.008, fueron debidamente pagados o no, si las normas contractuales establecidas en el contrato de arrendamiento objeto de controversia fueron cumplidas o no, si efectivamente se cumplió o no con el pago de la alícuota correspondiente del Impuesto al Valor Agregado establecido mediante Decreto número 5.770 de fecha 27/12/2.007, emanado del Ejecutivo Nacional y publicado en Gaceta Oficial número 38.839 de fecha 27/12/2.007, así mismo, la determinación en cuanto a la extinción o no de la relación arrendaticia, la procedencia o no de la entrega definitiva del inmueble y finalmente si la acción incoada es procedente o si por el contrario no lo es. Así quedó trabada la litis.

DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA.

La parte actora promovió las siguientes pruebas:

1. Valor y mérito jurídico probatorio de las actas procesales.

   Con respecto al mérito y valor jurídico probatorio de las actas del proceso en cuanto le sean favorables, el Tribunal señala, que efectuado el aporte de pruebas, las mismas pasan a formar parte del proceso, sin que ninguno de los contendores pueda atribuirse factores favorables y la eliminación de los que no lo sean, toda vez que por el principio de la comunidad de la prueba, ninguna de las partes contendientes puede atribuirse el valor exclusivo de cualquier prueba o de parte de la misma, ya que como antes se indicó, las pruebas aportadas al juicio son propias de éste, y no de las partes en particular.

   Con relación a esta prueba, el Tribunal considera pertinente, hacer las siguientes consideraciones: En primer lugar, cuando una prueba es promovida dentro de un proceso cualquiera, no es el promovente el dueño de la prueba, pues la misma puede beneficiar, favorecer o perjudicar a todas las partes que de una u otra forma aparezcan involucradas en la controversia, en atención al principio procesal de la comunidad de la prueba, que permite que una prueba evacuada y producida a los autos pertenece al proceso, guardando total independencia de la parte que la promovió o produjo y no en forma particular a su aportante o promovente, ya que tal como lo estableció la Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 19 de noviembre de 1.969, tienen su justificación jurídica en que “... como las pruebas constituyen los elementos utilizados por el Juez para alcanzar el fin del proceso, nada importa quien las haya promovido o aportado”; en segundo lugar, son tres las características fundamentales que se le atribuyen al principio de la comunidad de la prueba: 1) Que se relaciona con el hecho de que toda prueba surte efectos para el proceso quien la adquiere (proceso de adquisición de la prueba) para el proceso, sin que importe la parte que la haya promovido. 2) El destinatario de la prueba no es una parte específica, no es tampoco su promovente, es, siempre y en todo caso el proceso. 3) La valoración de una prueba no toma en cuenta el vínculo generador de ella, pues el mérito y la convicción que de ella dimanan es totalmente independiente del propósito del promovente, sólo subordinado a la soberanía del juzgador; en tercer lugar, si bien, la expresión de reproducir el mérito favorable de los autos en cuanto a que favorezca a la parte promovente, no vulnera en sí el principio de la adquisición procesal, ni tampoco lesiona el principio de la comunidad de la prueba, ni menoscaba la potestad del juzgador de valorar las pruebas, no obstante, la expresión el mérito favorable de los autos en cuanto favorezca al cliente o representado, no constituye por sí misma una prueba, sino una especie de recordatorio al Juez para analizar las actas procesales, sin que ello implique, se repite, una prueba en si misma. Por lo tanto, a esta prueba promovida por la parte actora, el Tribunal no le asigna eficacia probatoria alguna, pues las actas procesales y las pruebas no son patrimonio de una parte en especial sino que corresponden al proceso, y por lo tanto, pueden favorecer o desfavorecer a las mismas.

2. Valor y mérito jurídico probatorio de los siguientes documentos que acompañan el escrito libelar:

   • Valor y mérito jurídico probatorio poder especial autenticado.

   Observa el Tribunal que del folio 8 al 10 corre poder especial otorgado por el ciudadano J.A.G.S., en su carácter de Presidente de la Sociedad Venezolana de Turismo S.A., a la ciudadana IRAIMA Y.C.P., para que defienda los derechos e intereses judiciales o extrajudiciales, en materia laboral relacionado con el Sistema Teleférico de Mérida. Tal documento público, este Tribunal le asigna el valor probatorio a que se contraen los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que el mismo no fue tachado de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil.

   • Valor y mérito jurídico probatorio del Decreto número 4.518 de fecha 29/05/2.006 emanado del Ejecutivo Nacional y publicada en Gaceta Oficial número 38.450 de fecha 02/06/2.006.

   Constata el Tribunal que del folio 23 al 26 corre la respectiva Gaceta Oficial, emanada por la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de la cual quedaron establecidos los fines, para los cuales se instauró el Sistema Teleférico de Mérida. Este Tribunal le asigna el valor probatorio a que se contraen los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que tal documento no fue tachado de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil.

   • Valor y mérito jurídico probatorio de los contratos de arrendamientos signados con los literales “C, D, E y F”.

   Observa el Tribunal que del folio 27 al 43 corren los referidos contratos de arrendamientos, todos estipulados por el lapso de un (1) año cada uno, y todos de carácter privados:

   - El PRIMERO de ellos celebrado entre LA COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA CORPORACIÓN DE TURISMO DE VENEZUELA, representada por los ciudadanos R.B. y O.P.P., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 3.096.393 y 4.174.671, presidente y miembro de la Comisión Liquidadora respectivamente, según consta en designación realizada por instrucciones del ciudadano Presidente de la República a través de la ciudadana Ministra de Producción y el Comercio mediante Resolución número 982 de fecha 13-12-2.001, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 37.346 de fecha 14-12-2.001; y el ciudadano M.S.N., quienes fungen como arrendador y arrendatario respectivamente. Constata el Tribunal que este primer contrato presentado en copia simple, fue celebrado en enero de 2.002, se observa que el mismo no tiene firma del arrendatario, no obstante no hay evidencia en autos que haya sido impugnado, lo cual permite deducir al Tribunal que la relación arrendaticia comenzó el año 2.002.

   - En referencia al SEGUNDO CONTRATO, observa el Tribunal que fue celebrado entre EL SISTEMA TELEFERICO DE MÉRIDA, representado por su Gerente General (E) ciudadano R.P., según designación de la COMISIÓN LIQUIDADORA DE CORPOTURISMO DE VENEZUELA, y el ciudadano M.S., quienes fungen como arrendador y arrendatario respectivamente, este contrato estipulado en fecha 2 de enero de 2.005.

   - En referencia al TERCER CONTRATO, evidencia el Tribunal que el mismo fue convenido entre EL SISTEMA TELEFERICO DE MÉRIDA, representado por su Gerente General (E) ciudadano P.C.N., según comunicado emanado del “Ministerio de Turismo” y el ciudadano M.S., quienes fungen como arrendador y arrendatario respectivamente, este contrato establecido en fecha 3 de enero de 2.006.

   - En referencia al CUARTO CONTRATO, evidencia el Tribunal que el mismo fue estipulado entre EL SISTEMA TELEFERICO DE MÉRIDA, representado por su Gerente General (E) ciudadano P.C.N., según comunicado emanado del “Ministerio de Turismo” y el ciudadano M.S., quienes fungen como arrendador y arrendatario respectivamente, este contrato estipulado en fecha 3 de enero de 2.007. Constata el Tribunal que este último contrato, aduce como fecha de vigencia, el día 01 de enero al 31 de diciembre de 2.007.

   Advierte el Tribunal que los tres últimos contratos en original, tienen valor jurídico probatorio, ya que el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, señala que las copias fotostáticas producidas en juicio se reputaran fidedignas cuando se traten de documentos públicos o privados reconocidos expresa o tácitamente por la parte a la cual se oponen y no fueren impugnadas por el adversario, de ello se infiere que las copias fotostáticas de los documentos simplemente privados carecen de todo valor probatorio, tal y como se concibe del primer contrato de arrendamiento establecido entre las partes el cual fue presentado en copias fotostáticas simples, no obstante siendo que no fue un hecho controvertido, el mismo permite demostrar al Tribunal que la relación arrendaticia comenzó en el año 2.002.

3. Valor y mérito jurídico probatorio de la notificación judicial practicada al demandado por el Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

   Evidencia el Tribunal que del folio 44 al 53 corre la referida notificación judicial, solicitada por el ciudadano S.E.S.P., Gerente General del Sistema Teleférico de Mérida, según consta en comunicado Nº VT/2.007/0870, de fecha 24 de agosto de 2.007, emanado de la Presidencia de la Sociedad Venezolana de Turismo S.A., dicha notificación judicial fue realizada en fecha 17 de abril de 2.008; en virtud de la misma se dejó constancia que el ciudadano M.Á.S. no se encontraba, por lo que seguidamente se le dio lectura a la notificación respecto de la cual establecía entre otras hechos los siguiente; que desde el 01 de enero de 2.008, comenzó a correr el tiempo que por ley le correspondía por prórroga legal, tal como lo señala el artículo 38, literal c, de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, el cual sería por un tiempo de 2 años, visto que la ocupación del inmueble por concepto de arrendamiento lo había mantenido desde el año 2.002. Así mismo, de la lectura en mención, se le notificó que de conformidad con el artículo 14 eiusdem, para el período 2.008, siendo que era de prórroga legal, debía pagar el canon de arrendamiento con ajuste del IPC, del mismo modo se le notificó que de acuerdo al artículo 2, literal 5, del Decreto número 5.770 de fecha 27/12/2.007 emanado del Ejecutivo Nacional, publicado en Gaceta Oficial número 38.839 de fecha 27/12/2.007, debía pagar conjuntamente con el canon ajustado, la alícuota correspondiente de Impuesto al Valor agregado. Finalmente siguiendo la lectura correspondiente, se dejó por sentado la no disposición de prorrogar el contrato de arrendamiento, así como, el deber de cumplir con las disposiciones legales vigentes. Finalmente quedó establecido que toda consignación arrendataria fuera de lo señalado, sería contraria a derecho. Tal documento público se le asigna el valor probatorio a que se contraen los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que el mismo no fue tachado de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil.

4. Valor y mérito jurídico probatorio de las copias certificadas por el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, expediente de consignaciones número 357.

   Observa el Tribunal que del folio 145 al 180 corre el referido expediente de consignaciones en el que figura como consignatario el ciudadano M.Á.S.N. y beneficiario el ciudadano S.E.S.; constata el Tribunal que las consignaciones efectuadas tienen como fecha de inicio el 10-03-2.008.

   A este respecto observa el Tribunal que al folio 159 corre consignación efectuada mediante depósito de fecha 07 de marzo de 2.008, por la cantidad de QUINIENTOS SETENTA BOLÍVARES CON CERO CENTÍMOS (Bs. F. 560,00) correspondiente a los meses de enero y febrero de 2.008, a razón de DOSCIENTOS OCHENTA MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 280,00). Constata el Tribunal que de la consignación efectuada se desprende lo siguiente:

   Con relación al canon de arrendamiento correspondiente al mes de enero de 2.008, la parte demandada no logró demostrar que pagó dentro del lapso oportuno para hacerlo, tal como lo establece el artículo 51 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, en tiempo útil para hacerlo es decir, los primeros cinco (5) días siguientes al vencimiento de cada mes, más los quince (15) días concedidos por el precitado artículo, cuando se trata del primer canon reclamado, todo lo cual conlleva a afirmar que el demandado pagó de manera incorrecta el referido mes de enero de 2.008, por haber efectuado el señalado pago el día 7 de marzo de 2.008, vale decir, en forma extemporánea tal como se desprende de la planilla de depósito bancario número 12504839, que obra al folio 158 de este expediente.

   En referencia al canon de arrendamiento correspondiente al mes de febrero de 2.008, constata el Tribunal que el mismo tenía como fecha de pago, el periodo comprendido desde el 01 de marzo al 05 de marzo de 2.008, tal como lo reza el contrato de arrendamiento (dentro de los primeros 5 días al vencimiento de cada mes), siendo que el mismo fue pagado en fecha 07 de marzo de 2.008, es indudable que fue pagado de manera extemporánea, todo lo cual permite verificar que la referida mensualidad correspondiente al mes de febrero de 2.008, fue pagada de manera incorrecta, vale decir, en forma extemporánea, tal como se desprende de la planilla de depósito bancario número 12504839, que obra al folio 158 de este expediente.

   - Con relación al canon de arrendamiento correspondiente al mes de marzo de 2.008 (folio 165), advierte el Tribunal que el mismo tenía como fecha de pago, el periodo comprendido desde el 01 de abril al 05 de abril de 2.008, tal como lo reza el contrato de arrendamiento (dentro de los primeros 5 días al vencimiento de cada mes), habida cuenta que el mismo fue pagado en fecha 04 de abril de 2.008, es evidente que fue pagado de manera temporaria, de tal manera que la aludida mensualidad correspondiente al mes de marzo de 2.008, fue pagada de manera correcta.

   - Con respecto al canon de arrendamiento correspondiente al mes de abril de 2.008 (folio 169), señala el Tribunal que el mismo tenía como fecha de pago, el periodo comprendido desde el 01 de mayo al 05 de mayo de 2.008, tal como lo reza el contrato de arrendamiento (dentro de los primeros 5 días al vencimiento de cada mes), siendo que el mismo fue pagado en fecha 06 de mayo de 2.008, es evidente que fue pagado de manera extemporánea, todo lo cual, permite verificar que la referida mensualidad correspondiente al mes de abril de 2.008, fue pagado de manera incorrecta, vale decir, fue pagado en forma extemporánea.

   - En cuanto al canon de arrendamiento correspondiente al mes de mayo de 2.008 (folio 174) el Tribunal determina que el mismo tenía como fecha de pago, el periodo comprendido desde el 01 de junio al 05 de junio de 2.008, tal como lo reza el contrato de arrendamiento (dentro de los primeros 5 días al vencimiento de cada mes), siendo que el mismo fue pagado en fecha 02 de junio de 2.008, es incuestionable que fue pagado de manera temporaria, en tal sentido la referida mensualidad correspondiente al mes de mayo de 2.008, fue pagada de manera correcta, es decir, dentro del lapso contractual.

   - Con relación al canon de arrendamiento correspondiente al mes de junio de 2.008, se puede constatar que al folio 91, corre consignación realizada por ante el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en la que se establece que el demandado en autos, consignó mediante planilla de depósito de fecha 02 de julio de 2.008, el canon de arrendamiento correspondiente a junio de 2.008. Constata el Tribunal que siendo que la referida mensualidad tenía como fecha de pago, el periodo comprendido desde el 01 de julio al 05 de julio de 2.008, tal como quedó convenido en el contrato de arrendamiento (dentro de los primeros 5 días al vencimiento de cada mes), es incuestionable que el mismo fue pagado de manera temporaria, todo lo cual permite confirmar que la referida mensualidad correspondiente al mes de junio de 2.008, fue pagada de manera correcta, es decir, dentro del lapso contractual.

5. De la prueba de exhibición: La parte actora solicitó la exhibición de los originales del expediente de notificación judicial practicada a su representado por el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

   Observa el Tribunal que la aludida prueba no consta en autos, no obstante, en virtud del principio de notoriedad judicial, el Tribunal constata que tales notificaciones corren agregadas a los folios 161, 163, 167 y 170.

6. Valor y mérito jurídico probatorio de las sentencias números BP12-R2.006-000323 de fecha 06 de marzo de 2.007, la signada con el número 1099-07 de fecha 06 de octubre de 2.005 y la número BP12-V-2.005-000067, de fecha 03 de abril de 2.007.

   Observa el Tribunal que del folio 181 al 196 corren en copias fotostáticas las respectivas sentencias emanadas la primera, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui El Tigre, la segunda, proferida por el Juzgado del Municipio S.R.d. la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui extensión El Tigre, y la tercera, dictaminada por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Ocumare del Tuy. Tales decisiones efectivamente, tiene la connotación de documentos públicos judiciales, no obstante sus dichos no contienen para este Tribunal un efecto de carácter vinculante.

DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA.

La parte demandada promovió las siguientes pruebas:

1. Valor y mérito jurídico probatorio de las constancias de pago de los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2.008.

   Observa el Tribunal que en referencia a las aludidas consignaciones, las mismas fueron valoradas tal y como se desprende ut supra, de las pruebas promovidas por la parte actora enumerada 4.

2. Valor y mérito jurídico probatorio de la constancia de pago de impuesto, de la alícuota al valor agregado, de los meses a que se contrae el literal anterior que se hace referencia en el libelo de la demanda.

   Constata el Tribunal que al folio 92 corre la respectiva consignación de pago, emanada por el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, mediante la cual se hace constar que el ciudadano M.Á.S., depósito la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS BOLÍVARES (Bs. 156,00) en el Banco de Fomento Regional los Andes (Banfoandes) mediante planilla de depósito de fecha 09-07-08, por concepto de pago de Impuesto al valor Agregado (I. V. A); correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2.008. Tal documento en copia fotostática certificada reviste para este Tribunal pleno valor jurídico probatorio.

3. Valor y mérito jurídico probatorio del contrato de arrendamiento correspondiente al año 2.007.

   Con relación a esta prueba la misma, fue agregada por la parte actora tal y como se infiere del folio 41 al 43, constata el Tribunal que el mencionado contrato ya fue objeto de valoración tal y como consta ut supra de la pruebas promovidas por la parte actora en su numeral 2.3, otorgándosele pleno valor jurídico probatorio.

4. Valor y mérito jurídico probatorio del nuevo contrato de arrendamiento.

   Observa el Tribunal que del folio 96 al 100 corre en copias fotostáticas, contrato de arrendamiento de fecha 1 de enero de 2.008, celebrado entre el SISTEMA TELEFERICO DE MÉRIDA y el fondo de comercio “MOUNTAIN EXTREM TOUR” representada por su propietario ciudadano M.Á.S.N.; constata el Tribunal que el referido contrato no contiene la firma del ciudadano M.Á.S. arrendatario en autos.

   Con relación a esta prueba, este Juzgado comparte la constante jurisprudencial las decisiones emanadas de la extinta Corte Suprema de Justicia y del actual Tribunal Supremo de Justicia, en las cuales se considera que ninguna de las partes puede unilateralmente crear una prueba a su favor, excepto en el caso de la figura jurídica del juramento decisorio; así lo decidió la Sala Constitucional en sentencia de fecha 2 de abril de 2.002, en el expediente número 00-1493, con ponencia del Magistrado Dr. P.R.R.H., todo ello en obsequio del ejercicio del derecho en el caso del sistema de apreciación de las pruebas, precisamente con la finalidad de proteger las disposiciones constitucionales a la defensa y al debido proceso. Por lo tanto valorar esta prueba unilateralmente creada, implicaría soslayar ilegalmente la tarifa legal prevista en el artículo 1.381 del Código Civil en concordancia con el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, para los documentos privados que le son opuestos a la parte contraria y mal puede oponérsele a la parte contraria un documento privado que no ha sido firmado por la misma. Por las razones anteriormente expuestas, es por lo que al mencionado contrato no se le otorga eficacia jurídica probatoria.

5. Valor y mérito jurídico probatorio de la notificación que el arrendador le hizo, en fecha 10 de abril de 2.008, por intermedio del Tribunal Segundo de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

   Advierte el Tribunal que la mencionada notificación de fecha 10 de abril de 2.008, no consta en autos, toda vez que la que discurre es la notificación de fecha 17 de abril de 2.007, que es la que alude la parte demandada. Siendo que la promovida no corre en autos, la misma es inexistente y en consecuencia no es objeto de valoración.

6. Valor y mérito jurídico probatorio de la notificación que hiciere al arrendador por intermedio del Tribunal Segundo de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

   Constata el Tribunal que la prueba en mención ya obtuvo su pronunciamiento, tal y como se desprende de las pruebas promovidas por la parte actora, específicamente la enumerada 3; a la cual le fue otorgada plena eficacia jurídica probatoria.

7. Valor y mérito jurídico probatorio de las constancias de pago del canon de arrendamiento, correspondiente al mes de julio, en consignación arrendaticia, depositada en el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

   Observa el Tribunal que al folio 128 corre en copia fotostática escrito dirigido al Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en virtud del cual el ciudadano M.Á.S.N. realizó la consignación de un depósito, emitido por la entidad bancaria Banfoandes, por la cantidad de TRESCIENTOS SEIS BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 306,oo), que corresponden al canon de arrendamiento correspondiente al mes de Julio, por un monto de DOSCIENTOS OCHENTA MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 280,00), más lo correspondiente al pago de impuesto al valor agregado por un monto de VEINTISEIS BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 26,00). Tal consignación aún y cuando no contiene el recibo de consignación emitido por el Tribunal a quo, el mismo permite demostrar al Tribunal, que el demandado pagó el mes de julio de 2.008. Ahora bien, siendo que el mismo no es objeto de reclamo en el escrito libelar, el Tribunal no se pronuncia respecto a su pago temporario o no. De tal manera que al referido escrito y depósito se le otorga eficacia jurídica probatoria.

8. Valor y mérito jurídico probatorio de la copia de la denuncia formulada en el Ministerio Público, contra su arrendador S.E.S.P., por irregularidades en el sistema teleférico.

   Corre del folio 125 al 127 copias simples de la precitada denuncia dirigida al Fiscal Superior del Estado Mérida, en fecha 16 de julio de 2.008; a este respecto considera el Tribunal que de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, las mismas deben desecharse.

9. Valor y mérito jurídico probatorio de la copia de la denuncia formulada ante el C.L.d.E.M., contra el ciudadano S.E.S.P., Gerente General del Sistema Teleférico.

   El Tribunal señala que de la revisión exhaustiva del expediente, se ha podido comprobar que la referida prueba no consta en autos, por tanto la misma se tiene como inexistente, en consecuencia no es objeto de valoración.

10. Valor y mérito jurídico probatorio de la exhibición de los documentos a que se refiere los numerales TERCERO, CUARTO y QUINTO de la prueba instrumental.

    Observa el Tribunal que la mencionada prueba de exhibición no consta en autos, no obstante en virtud al principio de notoriedad judicial se puede comprobar que tales documentos fueron promovidos ut supra, los mismos fueron valorados de la siguiente manera:

    Con relación al documento enumerado TERCERO, concerniente a la copia del contrato de arrendamiento, correspondiente al año 2.007, se le otorgó pleno valor jurídico probatorio.

    Con referencia al documento CUARTO relativo a la copia del nuevo contrato de arrendamiento, no se le otorgó eficacia jurídica probatoria por cuanto no fue probada su legitimidad, dado que el mismo no presentaba firma del demandado en autos.

    Con relación al documento enumerado QUINTO concerniente a la copia de la notificación realizada en fecha 10 de abril de 2.008, el Tribunal constató que tal notificación supuestamente realizada en esa fecha, no constaba en autos, de tal manera que no fue objeto de valoración dada su inexistencia.

DE LAS CONSIGNACIONES ARRENDATICIAS: En cuanto a las consignaciones arrendaticias el artículo 52 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios establece lo siguiente: “Cuando estuviere en curso cualquier proceso judicial entre los contratantes, por causa derivada directa o indirectamente de la relación arrendaticia, el arrendador o propietario podrá retirar y disponer libremente de las cantidades consignadas a su favor conforme al artículo anterior, sin que ello pueda considerarse como renuncia o desistimiento de la acción intentada, a menos que ésta estuviere fundamentada en la falta de pago de las pensiones de alquiler”. Del artículo anteriormente trascrito se desprende que el arrendador o beneficiario de la consignación puede retirar la misma en cualquier momento, pues el dinero está a su orden y disposición, sin que ello se interprete como renuncia desistimiento de la acción que haya intentado el arrendador en contra del arrendatario, pero por interpretación del precitado artículo aplicado al presente caso en que se fundamenta la demanda en la falta de pago de los cánones de arrendamiento, debe entenderse que estando en curso la causa no debe retirar las pensiones de alquiler porque podría interpretarse como renuncia o desistimiento de la acción intentada; pero una vez que se dicte la sentencia en alzada el Tribunal puede autorizar al beneficiario de tales cánones de arrendamiento para que los retire, toda vez que dictándose la misma en instancia superior no existe otro recurso ordinario que pueda dejar sin efecto la sentencia.

De la misma manera, el artículo 55 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios dispone lo siguiente: “La suma de dinero consignada conforme a los artículos precedentes sólo podrá ser retirada por el beneficiario de la consignación o su apoderado legalmente constituido y autorizado para ello y en ningún caso podrá retirarlas el arrendatario o el tercero consignante”. Siendo ello así, el consignante de las pensiones de alquiler, una vez consignada las mismas no puede retirarlas.

CONCLUSIÓN: Ahora bien, en el caso bajo examen luego de analizar los argumentos explanados por las partes así como, las probanzas aportadas por las mismas, el Tribunal concluye señalando lo siguiente:

1. Que la relación arrendaticia estipulada entre las partes intervinientes en juicio, quedó demostrado que comenzó en el año 2.002.

2. Que el último contrato convenido entre las partes fue establecido en fecha 03 de enero de 2.007, siendo el mismo estipulado por 1 año, contado a partir del 1 de enero de 2.007 al 31 de diciembre de 2.007.

3. Que de conformidad con el artículo 2 literal 5 del Decreto número 5.770 de fecha 27 de diciembre de 2.007, emanado del Ejecutivo Nacional publicado en Gaceta Oficial número 38.839, de fecha 27 de diciembre de 2.007, fue establecido el Impuesto al Valor Agregado.

4. Que el demandado no logró probar haber pagado de manera correcta las mensualidades concernientes a los meses de enero, febrero y abril de 2.008 (reclamados), siendo incorrectos tales pagos, vale decir, fuera del lapso contractual.

5. Que con relación a los cánones de arrendamiento de los meses de marzo, mayo y junio de 2.008 (reclamados), el demandado logró probar que pagó dentro del lapso oportuno para hacerlo, de tal manera que los mismos se tienen como pagados de manera correcta.

6. Que el demandado logró probar que pagó el impuesto correspondiente de la alícuota correspondiente al Valor Agregado inherente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2.008, mediante consignación realizada por ante el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, según planilla de depósito número 26141126, de fecha 09 de julio de 2.008.

7. Que el demandado efectuó el pagó del canon de arrendamiento correspondiente al mes de julio de 2.008, en el que se incluyó el Impuesto al Valor Agregado.

8. Que de las pruebas consignadas quedó probado el incumplimiento de cláusulas contractuales, establecidas en el último contrato de arrendamiento, esto es el convenido en fecha 3 de enero de 2.007.

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: