Decisión nº 190-2013 de Juzgado Séptimo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de Zulia, de 21 de Octubre de 2013

Exp. Nº 2534

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En su nombre:

JUZGADO SEPTIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, J.E.L. Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

203º y 154º

I

INTRODUCCIÓN

DEMANDANTE: ciudadano J.P.D., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 1.668.346, asistido por la Profesional del Derecho G.P.P., inscrita en el inpreabogado N° 140.475, ambos domiciliados en Maracaibo estado Zulia.

DEMANDADA: ciudadana A.M.O.C., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 10.688.104, domiciliada en la Ciudad de Maracaibo estado Zulia.

MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES y ADJUDICACIÓN DE PROPIEDAD.

II

NARRATIVA

El día 13 de octubre de 2011, corresponde conocer por distribución de la causa a este Juzgado Séptimo de los Municipios Maracaibo, J.E.L. y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante recibo N° 40048-2011.

El día 19 de septiembre de 2011, el Tribunal ordenó formar expediente, numerarlo y anotarlo en los libros respectivos.

El día 20 de octubre de 2011, la parte actora consignó documentales.

El día 21 de octubre de 2011, la parte actora impulso la citación.

El día 27 de octubre de 2011, el Tribunal admitió la demanda y ordenó la citación de la parte demandada.

El día 10 de noviembre de 2011, se libraron los recaudos de citación.

El día 09 de mayo de 2012, la parte actora solicitó el avocamiento a la causa de la nueva jueza.

El día 10 de mayo de 2012, la nueva jueza del Tribunal se abocó al conocimiento de la presente causa.

El día 15 de mayo de 2012, la parte actora ratificó el impulso de la citación.

El día 25 de mayo de 2012, el alguacil practicó la citación de la parte accionada, para que compareciera ante este Tribunal al segundo día de despacho siguiente a los fines de dar contestación a la demanda incoada en su contra.

II

ALEGATOS DE LA PARTE ACTORA

Expone la parte actora:

Que el causante V.P.V. adquirió en comunidad con J.M.M., la propiedad del Fundo “LA ENTRADA” ubicado en la Ciudad de Maracaibo estado Zulia, en una tercera parte el primero y dos terceras partes el segundo.

Que el ciudadano J.M.M. dio en venta a VINCENCIO P.S., la mitad de los derechos que adquirió en comunidad con V.P.V. en el fundo “LA ENTRADA”.

Que la propiedad de dicho fundo quedó repartida en forma pro-indivisa en parte iguales entre PARRA VALBUENA, MONTES MONSERRATE y P.S..

Que posteriormente y a convenio de partes, el fundo “LA ENTRADA” pertenece a los herederos de VINCENCIO P.S., de J.M.M. y de V.P.V..

Que la ciudadana A.M.O.C., tiene ocupada con una construcción una zona de terreno que forma parte del fundo “LA ENTRADA”.

Que no ha podido llegar a un arreglo con la ciudadana A.M.O.C. para que adquiera el terreno propiedad de la comunidad de sucesores de V.P.B., J.M.M. y VINCENSO P.S..

Que la construcción edificada por la ciudadana A.M.O.C. tiene un valor superior al terreno sobre el cual esta erigida.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 558 del Código Civil, demanda a la ciudadana A.M.O.C. para que convenga en pagarles el valor del terreno ocupado y se le atribuya a la demandada la propiedad.

III

DERECHO MATERIAL

El objeto de la demanda que encabeza estas actuaciones se circunscribe al hecho de que la ciudadana A.M.O.C., realizo una construcción sobre una zona de terreno que forma parte del fundo “LA ENTRADA” el cual pertenece a los herederos de VINCENCIO P.S.; J.M.M. y V.P.V., dicha construcción tiene un valor superior al terreno sobre el cual esta erigida; razón por la cual el ciudadano J.P.D., obrando por sus propios derechos y para resguardar los derechos de sus co-herederos y de sus comuneros demanda el COBRO DE BOLIVARES por el valor del terreno y ADJUDICACIÓN DE PROPIEDAD para la ocupante conforme a los alcances del articulo 558 del Código Civil.

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Establece el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil:

…Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, atendiéndose a la confesión del demandado. En todo caso, a los fines de la apelación se dejará transcurrir íntegramente el mencionado lapso de ocho días si la sentencia fuere pronunciada antes de su vencimiento…

Nuestro legislador estableció tres requisitos concurrentes para la declaratoria de la confesión ficta y a cuya verificación los someterá este Tribunal; estos son:

1) Que el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados

2) Que el demandado nada probare que le favorezca y

3) que no sea contraria a derecho la petición del demandante

Del análisis de las actas procesales pudo constatar este Tribunal que posteriormente al emplazamiento de la parte recurrida, no existe ninguna otra actuación que implique una contestación al escrito libelar o la presentación y promoción de medios probatorios por parte de la demandada, por lo que al no comparecer ni por sí, ni por medio de apoderado a dar contestación a la demanda, ni haber promovido y evacuado pruebas que pudieran enervar la pretensión del actor, corresponde a este Tribunal analizarla el ultimo de los requisitos exigidos por el articulo 362 antes trascrito como es “…que no sea contraria a derecho la petición del demandante…” ya que tal y como lo afirma el Dr. A.R.R. la presunción de confesión que recae sobre los hechos narrados en la demanda, pero no sobre el derecho o las consecuencias jurídicas que conforme a la ley debe aplicarse a los hechos establecidos, ella admite prueba en contrario y se caracteriza, por tanto, como una presunción iuris tantum.

De la redacción del escrito libelar se desprende que el Profesional del Derecho J.P.D. manifiesta que actúa en su propio nombre y para resguardar los derechos de sus coherederos y de sus comuneros, conforme a los parámetros establecidos en el articulo 168 del Código de Procedimiento Civil, cuando expresa:

(omisis) “…Yo, J.P. Duarte…(sig)…obrando por mis propios derechos como heredero ab-intestato de mi padre José de los S.P.V. y heredero testamentario de C.A., A.R. y B.P. Valbuena…(sig)…y para resguardar los derechos de mis co-herederos, los herederos de V.P.V., y de mis comuneros, los herederos de Vincencio P.S. y J.M.M., de conformidad con lo establecido en el articulo 168 del Código de Procedimiento Civil…(sig) …a usted, atentamente ocurro para exponer…”

Ante tal manifestación, es preciso indicar, que la actuación sin poder ha sido circunscrita para los casos en que exista un interés común entre el demandante y el coheredero o condueño, respecto al derecho o cosa litigiosa, que legitime esa actuación, sin que para incoar el juicio tenga el actor que presentar caución o solvencia judicial (cautio judicatum solvi). El caso de comunidad engloba el de la herencia, que también es comunidad, aunque la engloba solo en su elemento esencial, pues el acervo heredado esta sujeto a reglas especificas como las contenidas en los artículos 1066 y siguientes del Código Civil, y particularmente, a un origen común, el de cujus, pero en ambos casos existe un supuesto de coparticipación pro-indivisa en una misma cosa o titularidad de derechos que presupone la existencia de una conexión intelectual de las relaciones sustanciales.

Nuestro artículo 168 de la Ley Adjetiva Civil, no supedita esta actuación sin poder a la circunstancia de que la persona por quien se comparece se encuentre impedida de hacerlo o ausente del lugar del juicio.

El autor Ricardo Henríquez La Roche, en sus comentarios al artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente: “…Nótese que el artículo 168 no dice que “podrán representar en juicio como actores sin poder…”, lo que dice es que “podrán presentarse en juicio como actores sin poder…” esto indica que el demandante no es necesariamente un representante ex lege de sus coherederos o condueños, actúa por un derecho propio (ex iure proprio) y al mismo tiempo en beneficio (ad-adiuvandum) a quienes coparticipan con él en la relación jurídica sustancial. Esta condición de no ser el heredero demandante, un representante procesal de sus coherederos, lo confirma, en cuanto a los sujetos demandados, el articulo 1256 del código civil; quien puede hacer citar (llamamiento in causa) a sus coherederos para que defiendan por si mismos sus propios intereses, y no opere contra él solo la cosa juzgada adversa. La actuación sin poder es similar a la legitimación anómala por categoría y a la intervención adhesiva en cuanto a su justificación se refiere, la existencia de un interés legítimo del personero en hacer valer los derechos de otro junto con el propio, en beneficio de ambos….”

Sin embargo, en el presente caso la relación jurídica substancial que subyace a la procesal, involucra mucho más que el derecho de reparación que tiene el ciudadano J.P.D., frente la demandada, ocupante del inmueble sobre el que aquél acusa propiedad. Ello así, pues conforme los sostiene el propio actor en el libelo, lo que busca con la acción sub examine no es la reivindicación del dominio de la cosa, sino la restitución del precio de la misma, por mayor valor de las mejoras que sobre esa cosa han sido levantadas, y que se le atribuya a la parte demandada la propiedad del terreno deslindado.

Ciertamente, en el libelo de la demanda se lee:

…por cuanto la construcción que se encuentra edificada en el lote de terreno al que me he referido tiene un valor de unos VEINTE MIL BOLIVARES FUERTES (Bs.F 20.000, oo) excediendo el valor del terreno ocupado, que es de SETECIENTOS SETENTA BOLIVARES FUERTES (Bs.F 770, oo)…(sig)…en mi carácter de heredero de V.P.V. y en resguardo de los derechos de mis coherederos, así como el derecho de mis comuneros los sucesores J.M.M. y VINCENCIO P.S., vengo a demandar a la ciudadana A.M.O.C., y identificada, para que convenga en pagarnos el valor del terreno ocupado o en caso contrario a ello sea condenada por este Tribunal, atribuyéndosele a ella la propiedad del terreno deslindado, con los demás pronunciamientos de ley …

Es eso lo que se defiere de la cita del artículo 558 del Código Civil, sobre el cual soporta la pretensión el ciudadano NEUCRATES DE J.P.M.. En efecto, los juicios que penden del supuesto consagrado en la norma de referencias, no sólo buscan acrecentar el patrimonio del interesado (que ha de ser el propietario no detentador), sino que involucra la pérdida del carácter de propietarios del inmueble, en provecho del detentador, a cambio de la indemnización a que se refiere la norma. El Tribunal encuentra que para que tal traslación de propiedad sea posible, se precisa tener la facultad de disposición sobre la cosa, cualidad que no ostenta el actor sin poder, que se presenta de conformidad con el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil.

En atención a las normas y criterios precedentes es impretermitible concluir que el ciudadano J.P.D., se presentó como actor sin poder de sus comuneros y/o coherederos de conformidad con lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, y al momento de instaurar la demanda invoca un derecho común a sus coherederos y condueños, excediéndose hasta la disposición del mismo sin la autorización de todos los copropietarios cuando sus actuaciones están limitadas a la administración que le otorga el supra-mencionado articulo 168 del Código de Procedimiento Civil.

Ante tal manifestación es menester invocar lo que al respecto establece el artículo 765 del Código Civil:

Artículo 765: Cada comunero tiene la plena propiedad de su cuota y de los provechos o frutos correspondientes. Puede enajenar, ceder o hipotecar libremente esa parte, y aun sustituir otras personas en el goce de ellas, a menos que se trate de derechos personales; pero no puede cercar fracciones determinadas del terreno común ni arrendar lotes del mismo a terceros. El efecto de la enajenación o de la hipoteca se limita a la parte que le toque al comunero en la partición.

Del articulo trascrito, se evidencia que el mismo lo que establece son los derechos de disfrute y libre disposición sobre las cuotas correspondientes a cada comunero, y desde luego no la libre disposición de la totalidad del bien común por parte de uno sólo de los comuneros respecto a las cuotas ajenas, que requiere para la eficacia de su enajenación el acuerdo unánime de todos los comuneros, contrario a lo expuesto por el Profesional del Derecho J.P.D., en su escrito libelar.

La disolución de la comunidad comporta la extinción o finalización del régimen patrimonial y al disolverse la comunidad procede su liquidación, o lo que es lo mismo, la realización de un conjunto de operaciones encaminadas a separar los bienes comunes de los privativos de cada uno de ellos, que debe culminar con la adjudicación en propiedad exclusiva a cada comunero de determinados bienes, lo cual puede efectuarse judicialmente o mediante acuerdo entre las partes que integran esa comunidad de gananciales. Al existir un proceso judicial de liquidación o partición sin que el mismo hubiere terminado, ninguno de los comuneros actuando separadamente, puede realizar actos de disposición sobre la totalidad de aquellos bienes pro-indivisos; por lo que, no puede el ciudadano J.P.D., como ocurrió en el presente caso, disponer de la cuota parte que no le corresponde; puesto que, su derecho pleno de propiedad esta limitado a su cuota en la comunidad y a los provechos o frutos correspondientes conforme a lo establecido en el articulo 765 del Código Civil.

Observa este Tribunal que, al tratarse de un derecho porcentual sobre una alícuota de la totalidad de un bien propiedad de una comunidad hereditaria y/o copropietarios, se debe limitar a la parte que le toque al comunero previa partición de los bienes, siguiendo los parámetros establecidos en los artículos 1066 y siguientes del Código Civil, hecho éste del que no hay constancia en actas de haberse verificado, por lo que se imposibilita una pretensión que implica el cobro de la indemnización correspondiente a la totalidad de un bien inmueble cuando los derechos de propiedad no le son absolutos en relación al porcentaje adjudicado. Así se establece.

Así pues, el Tribunal aprecia con interés que si el demandante no puede disponer de los bienes de sus comuneros, en una pretensión que persigue –precisamente– la enajenación de la cosa a cambio de una indemnización, se está desde esa perspectiva en presencia de una demanda contraria a la ley, y cuya configuración imposibilita a este Tribunal para declarar la confesión ficta en este proceso por inconcurrencia de los supuestos establecidos en el articulo 362 del código de procedimiento civil, razón por la cual no hay lugar a la confesión ficta en el presente juicio. Así se declara.-

Ante ese argumento, esta Juzgadora, de la revisión efectuada a las actas, determina que para que la demanda encausada en el escrito que encabeza las presentes actuaciones, prospere en derecho; es preciso que de la integración de la parte actora, participe la totalidad del litisconsorcio que sobre el inmueble tiene derecho, no bastando para ello la representación sin poder que de conformidad con el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, se atribuye el ciudadano J.P.D..

Es de este modo, como se revela un problema de indebida integración del contradictorio, que postula un problema de falta de cualidad en la parte actora. La posición de la Sala Constitucional al respecto, ha sido que, la cualidad es un presupuesto procesal de la acción, sin cuya existencia ésta no se constituye; por lo que, se estaría a la postre de una demanda contraria a derecho, cuya inadmisibilidad sería inminente de acuerdo al tenor del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el caso: P.M., sentenciado con el N° 1930, el 14 de julio de 2003, falló:

La cualidad o legitimación ad causam, es un problema de afirmación del derecho, es decir, está supeditada a la actitud que tome el actor en relación a la titularidad del derecho. Si la parte actora se afirma titular del derecho entonces está legitimada activamente, si no entonces carece de cualidad activa.

Incluso la legitimación pasiva está sometida a la afirmación del actor, porque es éste quien debe señalar que efectivamente el demandado es aquél contra el cual se quiere hacer valer la titularidad del derecho.

El juez, para constatar la legitimación de las partes no revisa la efectiva titularidad del derecho porque esto es materia de fondo del litigio, simplemente observa si el demandante se afirma como titular del derecho para que se dé la legitimación activa, y si el demandado es la persona contra la cual es concedida la pretensión para la legitimación o cualidad pasiva.

La legitimidad (sic) se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico venezolano en virtud de los principios de economía procesal y seguridad jurídica, debido a que ella, le permite al Estado controlar que el aparato jurisdiccional sea activado sólo cuando sea necesario y que no se produzca la contención entre cualesquiera parte, sino entre aquellas en las cuales ciertamente existe un interés jurídico susceptible de tutela judicial.

Este fue el criterio que recientemente acogió la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con el fallo N° RC.000258, del 2 de junio de 2011, en el que sentenció:

De allí que, la falta de cualidad o legitimación ad causam (a la causa) es una institución procesal que representa una formalidad esencial para la consecución de la justicia (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional N° 1930 del 14 de julio de 2003, expediente N° 02-1597, caso: P.M.J.), por estar estrechamente vinculada a los derechos constitucionales de acción, a la tutela judicial efectiva y defensa, materia ésta de orden público que debe ser atendida y subsanada incluso de oficio por los jueces. (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional N° 3592 del 6 de diciembre de 2005, expediente N° 04-2584, caso: C.E.T.A. y otros, ratificada en sentencias números 1193 del 22 de julio de 2008, expediente N° 07-0588, caso: R.C.R. y otros y 440 del 28 de abril de 2009, expediente N° 07-1674, caso: A.A.J. y otros).

Tales criterios vinculantes de la Sala Constitucional fueron acogidos por esta Sala de Casación Civil en sentencia N° 462 del 13 de agosto de 2009, expediente N° 09-0069, caso: B.P.Q. c/ Inversiones Plaza América, C.A., ratificada en sentencia N° 638 del 16 de diciembre de 2010, expediente N° 10-203, caso: Inversora H9, C.A. c/ Productos Saroni, C.A., ambas con ponencia de quien suscribe, que aquí se reiteran.

Ahora bien, como quiera lo sostenido en dichas decisiones discrepa de lo decidido por esta misma Sala en otras oportunidades, conforme a lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil juzga necesario garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, por lo que en su condición de máximo y último intérprete de la Constitución encargado de velar por su uniforme interpretación y aplicación, tomando en consideración que de acuerdo con lo establecido en dicho precepto, las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República, abandona expresamente el criterio jurisprudencial según el cual, la falta de cualidad no puede ser declarada de oficio por el juez, sentado entre otras, en sentencia N° 207 del 16 de mayo de 2003, expediente N° 01-604, caso: N.J.M.A. y otros c/ J.L.M.C. y otra; sentencia N° 15 del 25 de enero de 2008, expediente N° 05-831, caso: Arrendadora Sofitasa C.A, Arrendamiento Financiero c/ M.C.B. y otro; sentencia N° 570 del 22 de octubre de 2009, expediente N° 09-139, caso: J.A.V.M. y otros contra Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A., así como cualquier otra decisión que contenga el aludido criterio que aquí se abandona.

En consecuencia, por todos los argumentos antes explanados, y tomando base en el precedente judicial de la M.I.C. del país, ante la evidente falta de cualidad del ciudadano J.P.D. como representante de la parte actora para incoar y sostener la presente demanda; es por lo que, este Tribunal encuentra impretermitible declarar IMPROCEDENTE la demanda, tal y como se hará constar de manera expresa, positiva y precisa en la parte dispositiva de este fallo.

DECISIÓN

Por los fundamentos antes expuestos y en fuerza de los argumentos vertidos en la parte motiva de esta decisión, este JUZGADO SEPTIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, J.E.L. Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO

La inconcurrencia de los supuestos establecidos en el articulo 362 del código de procedimiento civil, razón por la cual no hay lugar a la confesión ficta en el presente juicio.

SEGUNDO

Improcedente por ser contraria a derecho la demanda de cobro de bolívares incoada por el ciudadano J.P.D., actuando en su propio nombre y en representación de terceros, en contra de la ciudadana A.M.O.C..

Se condena en costas a la parte demandante conforme a los alcances del articulo 274 del código de procedimiento civil.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFIQUESE.-

Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO SEPTIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, J.E.L. Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo a los veintiún (21) días del mes de octubre del año dos mil trece (2013).- Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

LA JUEZA TITULAR

Dra. M.D.L.P.S.S.

LA SECRETARIA,

Abog. E.V.F.

En la misma fecha y previo el anuncio de Ley dado por el Alguacil de este Tribunal a las puertas del despacho y siendo las (02:10 p.m.) se dictó y publicó el fallo que antecede; quedando registrado bajo el N° 190-2013.

LA SECRETARIA,

Abog. E.V.F.,

MSS/perez