Decisión nº WP01-R-2007-000177 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 26 de Febrero de 2008

El recurrente de autos, en el capítulo I de su escrito de apelación, alegó que del acta de fecha 06 de julio del 2007, motivada el 18 de julio del 2007, con ocasión a celebrarse la audiencia oral, de conformidad con el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, señaló que si bien es cierto, que el acta de la audiencia tan sólo recogió la síntesis de la decisión de la Juez Recurrida, no es menos cierto, que sus lineamientos en una decisión razonada no pueden ni deben ser diferentes a lo expresado en el acta, pues se estaría vulnerando la seguridad jurídica de las partes en actas procesales; así pues la Juez de Instancia debió motivar, es decir cumplir con los parámetros de la lógica jurídica, esas reglas que conseguimos establecidas en diversas sentencias de Tribunal Supremo de Justicia; que tan sólo a título de ejemplo se transcribió sentencia Nº 203 de 11 de Junio del 2004 de la Sala de Casación Penal, la sentencia Nº 114 de fecha 03 de mayo del 2005, que la recurrida en auto razonado, resultó un tanto cómplice en un acto de injusticia al no hacer un exhaustivo análisis de las actas que conforman el presente expediente.

Por otra parte, la decisión de fecha 17 de enero del 2007, emanada de la Corte de Apelaciones del Estado Vargas, tiene las siguientes consecuencias, según el recurrente de autos:

La Corte de Apelaciones del Estado Vargas, conoció de la presente controversia produciendo decisión de fecha 17 de enero del 2007, en la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto y ANULÓ de conformidad con lo establecido en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, la decisión de fecha 14- 07-04 emanada del Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial y de los actos sucesivos con excepción de la decisión referida, debiendo el Tribunal de la Causa convocar a las partes y a la víctima a la audiencia oral prevista en el artículo 323 ejusdem, a los fines que expongan sus alegatos o motivar, si así lo estima conveniente, la prescindencia de dicha audiencia. Arguyendo el ciudadano M.C.P., en su carácter de víctima en el presente proceso, asistido por el Dr. A.J. BARRIOS J. ABAD, que como consecuencia de ello entonces se anuló la decisión de fecha 14 de julio del 2004 y TODOS LOS ACTOS POSTERIORES A ESTA DECISIÓN con excepción del pronunciamiento del Tribunal de Alzada; que la Juez de la Causa olvidó y no tomó en cuenta la decisión de la Corte de Apelaciones la cual anuló todas las actuaciones posteriores a la decisión de fecha 14 de julio del 2004; lo que quiere decir a criterio del recurrente que la ratificación hecha por la Fiscal Superior de fecha 10 de diciembre del 2004 es NULA; por lo que, la recurrida se basó en un acto inexistente para decretar un sobreseimiento que obra en su contra, como consecuencia de la anulación de la Corte de Apelaciones, por lo que la Juez de la recurrida en un acto que está viciado de nulidad como lo es la ratificación de la Fiscal Superior que es posterior a la nulidad decretada por la Alzada, en consecuencia consideró que una vez más se le han violentado sus derechos constitucionales de víctima en el proceso.

Además señaló oportuno traer a colación sentencia número 933 de Sala de Casación Penal, expediente Nº 933 de Sala de Casación Penal, expediente Nº 99-1372 de fecha 06 de julio del 2000.

En razón de la denuncia de infracción realizada por el ciudadano M.C.P., en su carácter de víctima en el presente proceso, asistido por el Dr. A.J. BARRIOS J. ABAD, es menester, que esta Alzada, enfatice, en cuanto a la decisión impugnada si versa o no del vicio in procedendo, por inmotivación.

Frente a tal argumento de impugnación, esta Alzada denota que el fallo recurrido trascrito en el Capítulo II del presente fallo, se encuentra debidamente motivado, ya que la juez de la recurrida, a.l.f.d. hecho y de derecho, que la llevaron a la conclusión del decreto del Sobreseimiento de la causa seguida a los ciudadanos E.A.H., G.F.L.R. Y A.E.D.L., así como también en contra de las SOCIEDADES MERCANTILES “BANCO CARACAS S.A.C.A Y ARRENDADORA BANCARAC ARRENDAMIENTO FINANCIERO, C.A, el primero de ellos, por la presunta comisión de los delitos de FRAUDE Y EMISIÓN DE CHEQUES SIN PROVISIÓN DE FONDOS, previstos y sancionados en los artículos 465 numeral 6 del Código Penal y 494 del Código de Comercio; respectivamente, los restantes, por la presunta comisión del delito de FRAUDE, previsto y sancionados en el artículos 465 numeral 6 del Código Penal, en razón de haberse acreditado en acta la existencia de COSA JUZGADA de conformidad con lo dispuesto en los artículos 318 numeral 3, en concordancia con el 323, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se determinó que el fallo aludido, no violentó lo dispuesto expresamente en el encabezamiento del artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, que dispone:

…Las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencia o auto fundados, bajo pena de nulidad, salvo los autos de mera sustanciación…

(Negrillas de la Sala).

De la precitada disposición legal, se determina la imperiosa necesidad de que toda decisión sea ésta, interlocutoria o definitiva, debe estar debidamente motivada o fundamentada; es decir, que todo juez al dictar una resolución judicial debe realizar un juicio lógico y razonado sobre lo que decide, explicando pormenorizadamente el porqué de lo decidido, y sobre cual disposición legal, éste argumenta su fallo, informando de esta forma, no solamente a las partes del proceso, el porqué tomó esa resolución, sino también, a la sociedad en general.

El autor B.B.G., en su Libro Ideología de la Prueba Penal, P. 217, (2004), señala que: La motivación es la parte de las resoluciones judiciales integrada por el conjunto de razonamientos tácticos y jurídicos, expuestos en orden cronológico, en que el juez o tribunal fundamenta su decisión.

En este sentido amplio, motivar es dar motivo para una cosa. Explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer una cosa; mientras que motivación es la acción y efecto de motivar, es decir, entonces, explicar el motivo por el que se ha hecho una cosa.

No obstante, la motivación involucra un factor psicológico, consciente o no, que predispone al individuo para realizar ciertas acciones, o para tender hacia ciertos fines.

El p.p. es la realización del derecho penal. De allí, que las garantías procesales tienen tanta relevancia como la que tienen los principios legitimantes del derecho penal material; ni aquéllas ni éstos se pueden obviar en la aplicación de la ley penal; de tal modo que el reconocimiento o no de derechos fundamentales procesales permitirá medir el carácter autoritario o liberal de la sociedad.

En tal sentido, es menester destacar, que el incumplimiento de la referida exigencia legal, lo hace incompatible con la garantía constitucional del debido proceso legal, previstas en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En atención a lo antes indicado, Claria Olmedo, nos propone en su obra: Tratado de Derecho Procesal Penal (Tomo I), lo siguiente:

El proceso exigido es una entidad jurídica, pues ha de ser regular y legal, estando comprendido en el concepto de el debido proceso legal, que mencionan los textos norteamericanos...

(P. 225). (Negrillas del autor)

De igual tenor, el Procesalista A.P.B., al referirse al Debido Proceso en su libro titulado El Debido P.P., dice:

Lo debido se desdobla, primero se relaciona con la aplicación justa de la norma procesal penal; segundo, derivado de ello, se conexiona la aplicación, también justa de la ley de fondo. En síntesis, la normativa procesal penal se convierte así, por vía del debido proceso en una instrumentalidad justa en tanto a su vez, es un medio para la obtención de un fin preciso: la aplicación justa de una pena o en su caso, de una medida de seguridad...

(Negrillas del autor).

El debido proceso legal, constituye un principio de proyección netamente procesal, el cual, condiciona la función jurisdiccional del Estado, ya que la sentencia o fallo, (acto con el que culmina la función jurisdiccional), jamás podrá dictarse sin el cumplimiento del debido proceso legal; en pocas palabras, sin el cumplimiento de los formales actos procesales esenciales y previos, que determina la ley adjetiva.

En total comprensión adecuadamente esgrimido por este Juzgado Ad quem, también denotamos, que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha definido este último postulado, mediante la sentencia N° 29, de fecha 15 de Febrero del 2.000, expediente N° 00-0052, en los siguientes términos:

…Se denomina debido proceso a aquel proceso que reúna las garantías indispensables para que exista una tutela judicial efectiva. Es a esta noción a la que alude el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 1999, cuando expresa que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas…

Estudiado como ha sido esta garantía constitucional, es menester acotar, que la misma condiciona la función jurisdiccional del Estado, pues está culmina una resolución judicial, y en razón de ello, al hablar de la sentencia, ella debe haber previamente cumplido con todas las formalidades del proceso.

De un estudio de las actas que conformen el presente expediente, así como de las jurisprudencias y de las doctrinas señaladas por esta Corte, se desprende que la razón no le asiste al apelante de autos, en cuanto a éste punto se refiere, quien invoca el referido vicio de inmotivación, en razón que en la decisión dictada por el Juzgado de la Causa, resulta a todas luces motivada, toda vez que realizó razonamientos fácticos y jurídicos, expuestos en orden cronológico, en que la juez fundamentó su fallo, para llegar a la conclusión de decretar el Sobreseimiento de la causa seguida a los ciudadanos E.A.H., G.F.L.R. Y A.E.D.L., así como también en contra de las SOCIEDADES MERCANTILES “BANCO CARACAS S.A.C.A Y ARRENDADORA BANCARAC ARRENDAMIENTO FINANCIERO, C.A, el primero de ellos, por la presunta comisión de los delitos de FRAUDE Y EMISIÓN DE CHEQUES SIN PROVISIÓN DE FONDOS, previstos y sancionados en los artículos 465 numeral 6º del Código Penal y 494 del Código de Comercio respectivamente, los restantes por la presunta comisión del delito de FRAUDE, previsto y sancionados en el artículos 465 numeral 6º del Código Penal, en razón de haberse acreditado en acta la existencia de COSA JUZGADA de conformidad con lo dispuesto en los artículos 318 numeral 3, en concordancia con el 323, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, de conformidad con las exigencias jurídicas establecidas por el Legislador patrio.

Por otra parte, observa este Tribunal Colegiado que ciertamente la Corte de Apelaciones del Estado Vargas, en fecha 17 de enero del 2007, dictó el siguiente pronunciamiento: DECLARÓ CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano M.C.P., y ANULÓ de conformidad con lo establecido en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, la decisión de fecha 14-07-04 emanada del Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial y de los actos sucesivos con excepción del fallo dictado por la referida Corte, acotando que debió el Tribunal de la Causa convocar a las partes y a la víctima a la audiencia oral prevista en el artículo 323 ejusdem, a los fines de la exposición de sus alegatos o motivar, si así lo estimaba conveniente, la prescindencia de dicha audiencia.

En relación a este punto se advierte, que el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dispone:

…Efectos La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, conlleva la de los actos consecutivos que del mismo emanaren o dependieren.

Sin embargo, de la declaración de nulidad no podrá retrotraer el proceso a etapas anteriores, con grave perjuicio para el imputado, salvo cuando la nulidad se funde en la violación de una garantía establecida en su favor.

De este modo, si durante la audiencia preliminar se declarare la nulidad de actuaciones judiciales realizadas durante la fase de investigación, el tribunal no retrotraerá el procedimiento a esta fase. Asimismo, las nulidades declaradas durante el desarrollo de la audiencia del juicio oral no retrotraerán el procedimiento a la etapa de investigación o a la de la audiencia preliminar.

Contra el auto que declare la nulidad, las partes podrán interponer recurso de apelación, dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Este recurso no procederá si la solicitud es denegada…

(Subrayado de la Corte)

El Autor R.R.M., en su libro “NULIDADES PROCESALES PENALES Y CIVILES”, en relación a los efectos de la nulidad señala lo siguiente:

…Establece el artículo 196 los efectos de la declaración de nulidad. En el primer párrafo expresa que la nulidad de un acto conlleva la de los actos consecutivos que del mismo emanaren o dependieren. Es obvio que la nulidad de una decisión únicamente afecta las actuaciones que dependen de ella, porque requieren de su validez para poder existir. Pero cuando el acto declaro nulo no es requisito indispensable para la existencia de otros posteriores que tienen vida propia e independiente del anulado, no hay ninguna razón para que su invalidez los afecte. Si el defecto no se comunica a todos los actos del proceso, o a un conjunto de ellos, o a un acto en sí mismo completo…la reposición del proceso o la renovación del acto procesal, procede entonces cuando todos los actos que lo integran o un conjunto de ellos o un acto en sí mismo completo, se encuentre afectados por la nulidad…El auto de declaración de nulidad debe precisar todos estos aspectos y razonar la conexión y porque se anulan los actos a partir del acto nulo. Debe tenerse presente que la norma in comento dispone que la nulidad no podrá retrotraer el proceso a etapas anteriores, con grave perjuicio para el imputado, salvo cuando la nulidad se funde en la violación de una garantía establecida a su favor…

(Subrayado de la Corte)

Si bien es cierto, que el escrito de ratificación de la Dra. S.A., en su carácter de Fiscal Superior sobre el sobreseimiento, solicitado en la presente causa por el Fiscal Titular Décimo del Ministerio Público con competencia Plena a Nivel Nacional y Fiscal Auxiliar Segundo del Ministerio Público; quedó nulo, es decir, no existe. No es menos cierto que el escrito de solicitud de sobreseimiento de la causa presentado por los mencionados Fiscales se encuentra incólume el cual se baso igualmente en el hecho de existir cosa juzgada; razón esta, que acogió la juez de la recurrida para decretar el sobreseimiento de la causa conforme a los artículos 318 numeral 3 en concordancia con el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, pronunciamiento que es compartido por quienes aquí deciden, ya que efectivamente de actas se desprende la existencia de la cosa juzgada. En efecto, de la revisión de las actas que conforman la presente causa se evidencia que en fecha 5-11-1997 el Juzgado Cuadragésimo Sexto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público del Área Metropolitana de Caracas, dictó decisión mediante el cual declaró TERMINADA LA AVERIGUACIÓN SUMARIA, por no revestir carácter penal los hechos; posteriormente, en fecha 14-01-1998, el Juzgado Superior Décimo Séptimo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, confirmo la decisión consultada. Resaltándose que el denunciante de autos no ejerció el recurso correspondiente a dichas decisiones, por lo que forzoso resulta concluir que estamos ante una decisión definitivamente firme.

Al respecto, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado ELADIO APONTE APONTE, ha sostenido en relación a la cosa juzgada, lo siguiente:

…El no bis idem busca proteger los derechos de los ciudadanos que han sido procesados por determinar hechos, para que no vuelvan a ser enjuiciados por los mismos hechos, una vez que han obtenido sentencia firme copada de las formalidades de ley

.

En consecuencia considera la Sala que resultaría inoficioso retrotraer el proceso a la emisión de un nuevo pronunciamiento, por el hecho de declarar con lugar la solicitud de ratificación del fiscal Superior, cuando lo correcto era declarar con lugar la solicitud realizada por el Fiscal Dr. A.R., Fiscal Décimo a Nivel Nacional del Ministerio Público y Fiscal Auxiliar Segundo del Ministerio Público Dr. J.A.L., siendo que tanto la motiva como la dispositiva se basaron en la existencia de la cosa juzgada y ello, vulnera las garantías establecidas a favor de las partes involucradas en el proceso; igualmente, se observa que las razones del Juzgado de la Causa en nada varían el dispositivo de su fallo; por lo que se declara Sin Lugar la denuncia referida en el presente punto.-

Ahora bien, en cuanto al punto Nº 2 señalado por el recurrente de autos, sobre la “Incongruencia y falta de motivación con respecto al tercer pronunciamiento”. El recurrente señaló que la juez A-quo en el acta del 06 de julio del 2007, al momento de celebrarse la audiencia oral para oír a las partes, conforme con lo dispuesto en el artículo 323 del Código Orgánico Procesal, en su tercer pronunciamiento, expresó lo siguiente:

Se admiten para ser consignado en la presente causa FORMULARIO DE RESALTE TOTAL DE VISITA, SOBRE CONCURSO REAL DE DELITOS y sentencia del Juzgado SUPERIOR MARITIMO CON COMPETENCIA Y SEDE EN LA CIUDAD DE CARACAS…

Esta Alzada constató que el Juzgado de la Causa, en fecha 6 de julio del 2007, en su tercer pronunciamiento de su dispositiva, admitió para ser “consignado” en la presente causa FORMULARIO DE RESALTE TOTAL DE VISITA, SOBRE CONCURSO REAL DE DELITOS y sentencia del Juzgado SUPERIOR MARITIMO CON COMPETENCIA Y SEDE EN LA CIUDAD DE CARACAS, y en su fallo dictado, posteriormente, en fecha 18 de julio del 2007, la Juez A-quo, no hizo motivación alguna acerca del referido punto.

Al respecto, se denota que el Legislador Patrio es claro al señalar en el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, ya mencionado por esta Corte, que las “decisiones” deberán ser emitidas mediante sentencias o autos fundados, bajo pena de nulidad, constatándose que en relación al tercer pronunciamiento no se basó en una controversia entre partes que se encontraban presentes al momento de celebrarse la audiencias oral, conforme al artículo 323 ejusdem, sólo el Juez de la recurrida acordó admitir una consignación, vale decir: una entrega de un formulario de resalte total de visita, sobre concurso real de delitos y sentencia del Juzgado Superior Marítimo con competencia y sede en la ciudad de Caracas, que no fue debatida en la mencionada audiencia oral, que se llevó por ante el Juzgado de la Causa, en fecha 6 de julio del 2007, en consecuencia, no se subvirtió el orden procesal en la presente causa, por lo que se declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el recurrente de autos, en cuanto a este punto se refiere.

Como corolario de lo anteriormente expuesto, esta Corte de apelaciones considera procedente y ajustado a derecho CONFIRMAR la decisión motivada en fecha 18 de julio del 2007, por el Juzgado A-quo, mediante el cual Sobreseimiento de la causa seguida a los ciudadanos E.A.H., G.F.L.R. Y A.E.D.L., así como también en contra de las SOCIEDADES MERCANTILES “BANCO CARACAS S.A. C.A Y ARRENDADORA BANCARAC ARRENDAMIENTO FINANCIERO, C.A, el primero de ellos, por la presunta comisión de los delitos de FRAUDE Y EMISIÓN DE CHEQUES SIN PROVISIÓN DE FONDOS, previstos y sancionados en los artículos 465 numeral 6º del Código Penal y 494 del Código de Comercio respectivamente, los restantes, por la presunta comisión del delito de FRAUDE, previsto y sancionados en el artículos 465 numeral 6º del Código Penal, en razón de haberse acreditado en acta la existencia de COSA JUZGADA de conformidad con lo dispuesto en los artículos 318 numeral 3, en concordancia con el 323, ambos del Código Orgánico Procesal Penal. Quedando SIN LUGAR la apelación interpuesta. Y ASI SE DECIDE.-

D I S P O S I T I V A

En base a la argumentación anteriormente explanada, esta Corte de Apelaciones del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por ciudadano M.C.P., en su carácter de víctima en el presente proceso, asistido por el Dr. A.J. BARRIOS J. ABAD, y se CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, de fecha 18 de Julio de 2007, con ocasión de celebrarse la audiencia para oír a las partes, conforme al artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, de fecha 6 de julio del 2.007, en la cual decretó el SOBRESEIMIENTO de la causa seguida a los ciudadanos E.A.H., G.F.L.R. Y A.E.D.L., así como también en contra de las SOCIEDADES MERCANTILES “BANCO CARACAS S.A. C.A Y ARRENDADORA BANCARAC ARRENDAMIENTO FINANCIERO, C.A, el primero de ellos, por la presunta comisión de los delitos de FRAUDE Y EMISIÓN DE CHEQUES SIN PROVISIÓN DE FONDOS, previstos y sancionados en los artículos 465 numeral 6 del Código Penal y 494 del Código de Comercio, respectivamente, los restantes, por la presunta comisión del delito de FRAUDE, previsto y sancionados en el artículos 465 numeral 6 del Código Penal, en razón de haberse acreditado en acta la existencia de COSA JUZGADA de conformidad con lo dispuesto en los artículos 318 numeral 3, en concordancia con el 323, ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

Regístrese, publíquese y remítase el presente expediente al Tribunal de la causa en su oportunidad legal.

LA JUEZ PRESIDENTE

(Ponente),

N.S.

LA JUEZ EL JUEZ

OFELIA RONQUILLO PEREZ JUAN FERNANDO CONTRERAS

LA SECRETARIA,

FREYSELA GARCIA

En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede.

LA SECRETARIA,

FREYSELA GARCIA

Exp. Nº WP01-R-2007-000177

NS/OR/JFC/joi