Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 14 de Noviembre de 2011

NIEGA la solicitud realizada por la Fiscalía 49° del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, en el sentido de DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, seguida en contra de la ciudadana LEON LUCES S.M., de conformidad con lo establecido en el artículo 318 numeral 4° del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar que se han violentado derechos procesales de la victima M.N.E., toda vez que, aun faltan diligencias de investigación que practicar en la presente causa.

Se ORDENA remitir las presentes actuaciones a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, a fin de que se ratifique o rectifique el pedimento fiscal, a tenor de lo establecido en el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal”.

El 16 de marzo de 2011, fue presentada por la Fiscal Superior del Ministerio del Área Metropolitana de Caracas Público, ratificación parcial de la petición de sobreseimiento realizada la Fiscal Cuadragésima Novena del Ministerio Público, pero de conformidad a lo previsto en el numeral 1 del articulo 318 del Código Orgánico Procesal Penal .

El Juzgado Décimo Tercero en Funciones de Control de la Área Metropolitana, en ocasión a la ratificación parcial del sobreseimiento interpuesto por la Fiscalía Cuadragésima Novena del Ministerio Público señaló lo siguiente:

MOTIVACION PARA DECIDIR

Ahora bien, antes de emitir pronunciamiento en torno a la solicitud fiscal, considera pertinente este Juzgador, analizar el supuesto de hecho previsto en el artículo 318 numeral 1° del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de adecuarlo a los hechos que nos ocupan, con el objeto de verificar la procedencia de la consecuencia jurídica establecida en dicha norma…

Artículo 318 …(omissis)…

Del contenido de la norma anteriormente transcrita se desprenden dos supuestos señalados por el legislador, en el primer caso, cuando de las actuaciones no se ha demostrado la comisión de un hecho tipificado previamente, como delito por las leyes vigentes, en segundo lugar, cuando, comprobada la comisión de este hecho ilícito y antijurídico, pero el mismo no puede ser atribuido al imputado.

En cuanto al primer supuesto de la norma antes señalada y en la cual se fundamenta la representación fiscal para solicitar el sobreseimiento de la presente causa, observa este Juzgador, que la jurisprudencia patria ha fijado posición al respecto, señalando en Sentencia N° 287 emanada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Expediente N° C06-0403 de fecha 07/06/2007, lo siguiente: …(omissis)…

De lo expuesto se observa que para proceder con el juicio oral y público, en contra de persona alguna, es necesaria la comprobación material del hecho típicamente antijurídico, por cuanto de él dependerá la existencia de la relación jurídica material penal, es decir, la existencia de las partes en conflicto, quienes debatirán los hechos punibles de acuerdo al principio contradictorio.

Este hecho punible, debe ser claramente establecido en el curso de la investigación, para posteriormente con los elementos probatorios demostrar su existencia y la imputación en contra del autor o participe del mismo.

En el caso que nos ocupa, aun y cuando este Juzgador no comparte este criterio, observa que de la investigación efectuada por el representante del Ministerio Público, no se puede evidenciar claramente la existencia de un hecho punible, que merezca pena corporal y que su acción no se encuentre evidentemente prescrita, toda vez que, según la Fiscalía Superior del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, sostuvo que “…la investigación realizada por el Fiscal del Ministerio Público, se pudo determinar fehacientemente que la ciudadana S.L., no altero (sic) o falsificó la firma del denunciante, mucho menos aun, pudo hacer uso de dicho documento forjado, cuando para los fines expuesto (sic) en dicho documento, presuntamente falsificado había contratado los servicios del profesional del derecho N.J.V., toda vez que la demanda por desalojo del inmueble, era llevada por éste en representación de la ciudadana hoy imputada, limitándose la misma a otorgar el respectivo poder para la realización de dicha tramitación legal…”.

Por lo tanto y ante los fundamentos anteriormente expuestos, considera este juzgador que lo procedente y ajustado a derecho es DECLARAR CON LUGAR la solicitud del representante del Ministerio Público y en tal sentido DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, seguida en contra de la imputada LEON LUCES S.M., venezolana, natural de Maturín, Estado Monagas, nacida el 24-02-1949, de 61 años de edad, de estado civil casada, de profesión u oficio Ingeniero, titular de la cédula de identidad N° 3.548.684, hija de C.A.L. (f) y L.L.A. (f), apartamento B-42, Municipio Baruta del Estado Miranda, por cuanto el hecho objeto del proceso no se realizó, conforme a lo establecido en el artículo 318 numeral 1° del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con lo establecido en el artículo 323 ejusdem. Y así se declara.

III

OPINION SALVADA

Ahora bien, este Juzgador procede, conforme a lo establecido en el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, a disentir de la opinión realizada por la representación Fiscal, expresamente sobre los fundamentos que dieron lugar a ratificar parcialmente la solicitud de sobreseimiento efectuada por la Fiscalía 49° del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, conforme al contenido del numeral 1° del artículo 318 ejusdem, por las razones siguientes:

De acuerdo con los argumentos esgrimidos por la victima M.N.E., durante el desarrollo de la audiencia oral, el Ministerio Público no practicó todas las diligencias tendientes a investigar los hechos denunciados, calificados como los delitos de falsificación de documento privado y uso del mismo en la jurisdicción civil, e igualmente considera este Juzgador, que la experticia en la cual se fundamenta la fiscalía para solicitar el sobreseimiento en cuestión, resulta incompleta y no acorde con los requerimientos necesarios para determinar la autoría de la firma que señala como falsificada, por no ser realizada por la victima M.N.E., y por último el Ministerio Público inexplicablemente no imputó a la otra persona denunciada, ciudadano N.J.V., Abogado contratado por la ciudadana LEON LUCES S.M..

En ese sentido, considera este Tribunal, que según el artículo 285 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es deber, único e indeclinable del ministerio público el ejercicio de la acción penal pública, así como dirigir la investigación, para determinar no solamente el hecho punible denunciado, sino la identificación de los sujetos presuntos autores o partícipes del mismo, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos del delito, todo ello en consonancia con los artículos 283 y 300 ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

De modo tal y con miras a la falta de diligencia alegadas por la victima para determinar el hecho punible, considera este tribunal, que efectivamente la investigación que adelanta el Ministerio Público resulta incompleta, toda vez que la fiscalía no ha establecido la autoría del sujeto que presuntamente falsificó la firma de la hoy victima, en el documento denominado por las partes, Acuerdo de Derecho de Uso y Convenio de entrega de Inmueble.

Por cuanto, si bien es cierto cursa al folio doscientos sesenta y nueve (269) experticia documentologica signada bajo el N° 9700-030-1485 de fecha 21-04-2010, realizada por la División de Documentología del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con el cual el Ministerio Público fundamenta su solicitud de sobreseimiento, no es menos cierto, que dicha experticia se realizó únicamente con las muestras manuscritas tomadas por la hoy imputada LEON LUCES S.M., para realizar la comparación grafotécnica, obviando de esta forma, las muestras manuscritas del resto de las personas señaladas en la causa, incluso de la victima M.N.E., y la otra persona denunciada, para así determinar si efectivamente nos encontramos en el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTO, toda vez, que en materia penal carece de asidero jurídico desvirtuar la comisión de un hecho con el simple desconocimiento de cualquiera de las partes, pues, es deber del Ministerio Público determinar fehacientemente el hecho denunciado.

Por otro lado, y en cuanto al señalamiento de la victima en el sentido que el Ministerio Público no imputó a la otra persona denunciada, ciudadano N.J.V., considera quien aquí decide, que por el mandato constitucional antes referido artículo 285 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no puede este órgano Jurisdiccional ordenar inicio de investigación e incluso se impute a una determinada persona y menos aun, se ejerza en su contra cualquier acto conclusivo de carácter acusatorio, pues ello, constituiría a juicio de este tribunal, una intromisión en las facultades propias del Ministerio Público.

De modo tal, que este órgano jurisdiccional se le dificulta establecer las causas por las cuales el Ministerio Público no ha procedido con la imputación de la otra persona denunciada ciudadano N.J.V..

Por último, considera este tribunal tal y como ha sido señalado por la victima M.N.E., que la representación fiscal nada señaló en su acto conclusivo a la investigación, con respecto al posible delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, ni tampoco la presunta participación en el mismo de la hoy imputada LEON LUCES S.M., toda vez que únicamente se limitó a considerar la falta de elementos suficientes para enjuiciar a la ciudadana LEON LUCES S.M., y determinar si había participado en la falsificación del documento cuestionado.

Por lo tanto y sobre la base del delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, considera este tribunal que el Ministerio Público no practicó ninguna diligencia al respecto y con ello violentó derechos procesales de la victima. Este criterio se sustenta con la sentencia N° 991 de fecha 27-6-2008, dictada en el expediente N° 07-763 con ponencia del magistrado FRANCISCO CARRASQUERO LOPEZ, emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuando expuso lo siguiente: …(omissis)…

Como puede observarse, el Ministerio Público no realizó ninguna diligencia con relación al delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, denunciado por el ciudadano M.N.E., como se ha señalado anteriormente, pues solo se limitó a investigar el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTO, y ni en este caso determinó la autoría o la responsabilidad penal de persona alguna.

Por último, considera este Tribunal, que si bien resulta imposible establecer la autoría de la ciudadana LEON LUCES S.M., en los hechos investigados, considera este Tribunal que debió a.e.i. (sic) su presunta participación en tales hechos, a través de otros grados de participación que igualmente son punibles, como lo es la complicidad.

Por lo tanto, considera este tribunal que lo procedente y ajustado a derecho es ESTABLECER OPINIÓN CONTRARIA A LA SOLICITUD FISCAL, en el sentido de DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA seguida en contra de la ciudadana LEON LUCES S.M., de conformidad con lo establecido en el artículo 318 numeral 1° del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar que se han violentado derechos procesales de la victima M.N.E., toda vez que, aun faltan diligencias de investigación que practicar en la presente causa, a tenor de lo establecidos en el artículo 323 ejusdem. Y así se decide.

IV

DISPOSITIVA

Con fuerza al análisis anteriormente expuesto, este Juzgado Décimo Tercero en Funciones de Control del Tribunal de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento:

PRIMERO: DECLARA CON LUGAR la solicitud del representante del Ministerio Público y en tal sentido DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, seguida en contra de la imputada LEON LUCES S.M., venezolana, natural de Maturín, Estado Monagas, nacida el 24-02-1959, de 61 años de edad, de estado civil casada, de profesión u oficio Ingeniero, titular de la cédula de identidad N° 3.548.684, hija de C.A.L. (f) y L.L.A. (f), residenciada en: Boulevard “El Cafetal”, Residencias Valiana, Piso 4, Apartamento B-42, Municipio Baruta del Estado Miranda, por cuanto el hecho objeto del proceso no se realizó, conforme a lo establecido en el artículo 318 numeral 1° del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con lo establecido en el artículo 323 ejusdem.

SEGUNDO: Se acuerda el cese de toda medida cautelar impuesta en contra de la referida imputada, conforme a lo establecido en el artículo 319 del Código Orgánico Procesal Penal

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El día 25 de octubre de 2011, se llevo a acabo audiencia oral de conformidad a lo establecido en el artículo 456 de la Normativa Adjetiva Penal y en el que las partes expusieron:

Seguidamente se le concede el derecho de palabra a la Abg. E.M.N., quien expone: “ En mi condición de victima y apelante en contra de la decisión dictada por el Juzgado 13 de Primera Instancia en funciones de Control, en la declaró el Sobreseimiento de la Causa en fecha 10 de junio de 2011, mi recurso de apelación obedece a que no hubo una averiguación debida, el ministerio público no dio cumplimiento a las tareas ineludibles de cualquier averiguación, ese documento fue redactado por la Administradora del Inmueble, Abogada M.A.D.R., quien atestiguo que ese documento yo no lo firme, y que se lo entrego sin mi firma a la ciudadana S.L.L. al serle revocada la administración y su abogado N.J.V., me demandaron con ese documento el cual al ser cotejado se determino que la firma mía fue falsificada pero no se comparo la firma de la imputada con la adulterada, no obstante la fiscal 49° del Ministerio Público dice que con esa experticia realizada quedo plenamente que la ciudadana no es la autora de la firma y es lo que conlleva al Sobreseimiento, yo denuncie a dos personas a la ciudadana S.L.L. y a su abogado N.J., , mi primera actuación fue darme por notificado y contestar la demanda, el abogado siguió metiendo documentos en el tribunal civil e instando el proceso. Ellos Apelaron de la decisión de primera Instancia, insistiendo en hacer valer el acto falso y el Tribunal Superior en lo Civil declaró sin lugar la demanda. El propio Tribunal de Control se dio cuenta de que no se hizo la debida averiguación por parte del Ministerio Público quien imputo a una de las dos personas que yo denuncie , remitió a la Fiscalia superior y esta ratifico el sobreseimiento conforme al artículo 318 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que debemos observar que el juez se sintió obligado a dictar una decisión, contra su propia convicción esto es violatorio de la tutela judicial efectiva y demás garantías, el juez sabia que no procedía el sobreseimiento, es por eso que disiento de esa decisión, el juez debe ser garante de los derechos y garantías constitucionales, y este lo hizo saber en su decisión, al salvar su opinión en sentido contrario, pero lo que debió hacer fue anular y ordenar que se averiguaran los hechos, Pido se declare con lugar el Recurso de Apelación , ante la evidencia de violación de orden público, existe una amistad entre el abogado y la fiscal 49° del Ministerio Público, M.L.M., es por lo que realice la denuncia en la Dirección en inspección y Disciplina y luego ante la dirección contra la corrupción del Ministerio Publico” Es todo. De seguidas se le concede el derecho de palabra al Abg. B.A.P.C., quien expuso: “En principio la averiguación se desarrolla entre una relación arrendataria, aquí lo que existe es un fraude procesal al montar toda esta situación, lo que él quiere es seguir ocupando el inmueble de la ciudadana S.L.L. ocupado desde el año 2003 como inquilino. El p.P. es claro es falso cuando el recurrente dice que no pudo defenderse, el dice que recibió el documento firmado, la señora SMIRNA desconoce lo que decía el documento, el abogado que aparece en el documento se convino con él inquilino para llevar a cabo esta situación, aquí no se esta discutiendo quien falsifico, ella no lo hizo. El recurrente alega que la decisión del Juzgado de Control le perjudica, por el contrario no le pone fin al proceso, existe una fiscalía que conoce de la investigación. El Ministerio Público determinó que la señora S.L.L. no es culpable, yo hago un llamado a esta Sala de la Corte de Apelaciones ya que la cualidad recursiva debe tener la afectación y eso aquí esta ausente, aquí lo que hay es un ataque por parte de este ciudadano que merma la capacidad económica de mi asistida. El recurrente no tiene argumentos la decisión le es favorable. Es todo”. Seguidamente se le concede el Derecho de palabra a la S.C.D.V., quien expuso: “Revisadas las actuaciones que se encuentran en el expediente y lo escuchado aquí por las partes, el Ministerio Público quiere dejar claro bajo mi concepto aún cuando el Ministerio Público es único e indivisible, no se encuentran llenos los extremos de la norma contenida en el artículo 318 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal la investigación no fue completa y la denuncia deviene de una demanda civil, que dice que la firma del documento fue falsificada, se debió tomar la declaración al ciudadano N.J. y al otro abogado que aparece en el documento, conforme lo establece el artículo 222 del Código Orgánico Procesal Penal, ellos estaban representando a la ciudadana S.L.L., hay vicios cuando el juez 13° de Control se da cuenta que se le debió practicar experticia documentológica a estos ciudadanos, mas sin embargo no sucedió para determinar la falsificación. En cuanto al inmueble ella tiene otros procedimientos, hay muchos puntos que no se tocaron, hubo un sobreseimiento, no se realizaron muchas investigaciones, la Fiscalía superior ratifica el sobreseimiento parcialmente, conforme lo establece el articulo 318 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal, lo mas sano en este caso, es que no estoy de acuerdo y se debió continuar la averiguación. Asimismo quiero dejar claro en este acto que conozco desde hace tiempo al abogado B.P., del día a día en los tribunales, eso no me hace desprenderme de mis obligaciones como fiscal del Ministerio Público. ES todo”. De seguida se le concede el Derecho a replica a la Victima en la presente causa, quien expuso: “Quiero desmentir la versión descabellada de una componenda con el abogado, quiero agregar que si sufro perjuicio en la decisión de sobreseimiento y jamás se le hizo imputación al abogado N.J.V.. Por otra parte mi interés recursivo no es tener animadversión hacia la señora S.L.L. lo que quiero que se lleve una investigación objetiva. Mi interés es una decisión favorable a mi persona, por que si me causa perjuicio la decisión de sobreseimiento”. Es todo”. Se le concede el Derecho a contrarreplica al Defensor, quien expuso: “Me parece irrespetuoso, todo lo que dice es falso, me estoy enterando de la denuncia que es falso, el señor es el mejor amigo del socio de mi padre, por lo que supo que yo trabajaba en Ministerio Publico, el ha optado por la descalificación de mi persona, el desconoce los causales de inhibición del Fiscal del Ministerio Publico, pretende decir que yo al conocer a una persona esta me va a favorecer. En cuanto al ciudadano N.J., la responsabilidad Penal es directa, allá el abogado que desvió el documento que la señora desconoce, las implicaciones de un documento falso, no se puede atribuir a la señora,”. Se le concede el Derecho a contrarreplica a la fiscal del Ministerio Publico, quien expuso: “NO haré uso de la palabra” Estando presente la Acusada S.M.L.L., expone lo siguiente: Este problema se origina a raíz de un contrato de arrendamiento y al culminar el mismo no se logro nada con este señor y con la administradora, esto esta desde el año 2003, contrate al Dr. N.J. para que notificara al inquilino del vencimiento del Contrato, le di los papeles que tenia, luego me entere que soy demandada en un Tribunal Civil, y después me entero por la prensa que están depositando por un Tribunal el alquiler del apartamento, mi situación es que le pedí de mil maneras a este señor que me devolviera el apartamento, sé lo ofrecí en venta y no he podido concretar nada con él, el lo quiere es no salirse del apartamento pagando la suma de quinientos mil bolívares yo soy la que he perdido moral y económicamente, yo soy la perjudicada. Esta sala culmina la presente audiencia y a tenor de lo pautado en el último aparte del artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal, quedan las partes debidamente notificadas, Es todo. Se Terminó. Se Leyó y conformes firman”.

Como se puede apreciar del caso bajo estudio, la Fiscalía Cuadragésima Novena del Ministerio Pública de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana Caracas, presento el 29 de junio de 2009, sobreseimiento de la causa, por considerar que el hecho investigado en el que funge como imputada la ciudadana S.M.L.L., no es típico de conformidad a lo establecido en el articulo 318 ordinal 4 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que generó que el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control, en presencia de todas las partes celebrara audiencia de conformidad a lo establecido en el articulo 323 ejusdem, en la que señaló que en cuanto al delito de Uso de Documento Falso, el Ministerio Público no realizó ninguna diligencia al respecto y con ello violento derechos procesales de la victima, por lo que negó el pedimento fiscal ordenando remitir las actuaciones al Fiscal Superior del Ministerio Público a fin que ratifique o rectifique el pedimento realizado por la Fiscal Cuadragésima Novena, de tal manera la Fiscalía Superior en fecha 16 de marzo de 2011, ratificó parcialmente el sobreseimiento de la causa ahora de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del articulo 318 de la Normativa Adjetiva Penal, para posteriormente decretar por su parte el Juez A quo el sobreseimiento de la causa seguida a la ciudadana S.M.L.L., bajo los supuestos antes señalados, dejando expresada su opinión en contrario sobre el referido acto conclusivo, argumentando que la vindita pública al ejercer la acción penal, debió además de dirigir la investigación, determinar no solo el hecho punible sino identificar los presuntos autores o participes, estimando que las pesquisas efectuadas no fueron suficientes para establecer el sujeto que presuntamente falseo la firma de la victima en el documento mencionado y el cual fue usado en la jurisdicción civil, pues consideró que la experticia empleada por la representación fiscal para sustentar el acto conclusivo mencionado no constituía un soporte sólido ni completo que permitiera suministra la identificación de quien realizó la firma presuntamente falsificada, además que no se incluyo dentro de la investigación al abogado N.J.V., quien fue también denunciado, ni al resto de las demás personas que se mencionaron.

Así pues señaló la recurrida, que no fue indicado por el representante del ministerio público en su solicitud de sobreseimiento nada sobre el delito de uso de documento falso, ni de la presunta participación de la ciudadana S.M.L.l., limitándose solo a referir la insuficiencia de elementos para a juzgarla, sin tomar en consideración su posible participación en la falsificación del documento, razones estas con las que dejo a salvo su opinión del referido acto conclusivo.

Ahora bien, el recurrente en su escrito de apelación denunció que el sobreseimiento proferido por el Juez de Primera Instancia, fue dictado en contra de su propia convicción, el cual esta obligado acordarlo en virtud del acto emitido por la Fiscalía Superior del Área Metropolitana de Caracas, que ratificó parcialmente con fundamento al ordinal 1 del articulo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, y que la Fiscalía Cuadragésima Novena había solicitado de conformidad a lo establecido en el numeral 4 del articulo 318 Ibídem, por lo que considera que le violentaron sus derechos como victima pues debieron de haberse realizado las debidas diligencias de investigación para esclarecer los hechos criminales denunciados, identificar a sus autores y participes, por lo que considera que la referida decisión le causa un gravamen irreparable, además que se fundamentó en un supuesto distinto al originalmente invocado por la Fiscal Cuadragésima Novena y sin llevarse a acabo la audiencia prevista en el articulo 323 ejusdem, es decir unos motivos de hechos y de derecho que nunca tuvo ocasión de contradecir.

Arguyo que el ministerio público, no emitió un pronunciamiento motivado en derecho por no explicar en que normas legales y principios jurídicos aplicable a los hechos y actos establecidos en la averiguación fundó la descarriada conclusión, en la que indicó que el delito de uso de documento falso, no podía imputársele a la persona en cuyo nombre y beneficio se hizo valer el acto falso sino al abogado que la representó, obviando la Fiscalía Superior la figura de la autoria intelectual.

En ese orden de ideas la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto a los derechos de la victima estableció en sentencia Nro 1099, de fecha 23 de mayo de 2006, lo siguiente:

:

En tal sentido, con base al criterio expuesto, se precisa que, la víctima tiene derecho a ser convocada para la celebración de la audiencia preliminar, a dar su opinión y a apelar de la decisión que acuerde el sobreseimiento de la causa, supuesto este en el cual no se condiciona a la víctima a la actuación del Ministerio Público.

Por su parte el artículo 118 del Texto Adjetivo Penal indica:

La protección y reparación del daño causado a la víctima del delito son objetivos del p.p.. El Ministerio Público está obligado a velar por dichos intereses en todas las fases. Por su parte, los jueces garantizarán la vigencia de sus derechos y el respeto, protección y reparación durante el proceso.

El P.P.V., esta regulado por un cuerpo normativo como lo es el Código Orgánico Procesal Penal, el cual en el Capitulo II, denominado Del inicio del proceso, SECCIÓN PRIMERA, De la Investigación de oficio, específicamente en los artículos 283 y 284 contempla que cuando la vidita publica conozca de la comisión de un delito el cual sea catalogado de acción pública ordenara que se practiquen las pesquisas necesarias para constatar la comisión del hecho, las circunstancias que lo rodeen, la responsabilidad de sus autores y demás participes, ello en armonía con el contenido del articulo 300 ibídem, de manera que, es través de una denuncia ya sea verbal o escrita o de una querella presentada en ocasión a la perpetración de un hecho punible de acción pública, por la que el representante fiscal ordenara de inmediato se practiquen todas las diligencias pertinentes.

Al respecto cabe mencionar que durante esa fase de investigación en la que el Ministerio Fiscal con la atribuciones que le son conferidas en el ordinal 3 del articulo 285 Constitucional, así como lo señalada en el numeral 1 del articulo 108 del Texto Adjetivo Penal, deberá efectuar diligentemente un conjunto de acto tendentes a verificar en primer lugar la ocurrencia del hecho delictivo y en segundo lugar determinar quienes son los autores del hecho, en el marco de una actuación eficiente, breve y adecuada en la que se conjugue el interés de esclarecer los hechos, brindarle la debida asistencia a los derechos de la victima e incorporar los elementos que permitan fundar la defensa del imputado.

En el caso bajo estudio se observa, que el ciudadano E.M.N., acudió ante la sede del ministerio público en fecha 22 de marzo de 2008, a los fines de denunciar, tanto al abogado N.J.V. y a la ciudadana S.M.L.L., en virtud de la demanda que le fuera interpuesta en su contra, y distribuida al Juzgado Vigésimo Primero de Municipio de esa Circunscripción Judicial, por incumplimiento del acuerdo de derecho de uso y convenio de entrega de inmueble, la cual fue refrendado con una imitación de su firma.

A tal efecto se constata del acto conclusivo presentado por la Fiscalía Cuadragésima Novena del Ministerio Público, en el CAPITULO III, denominado de las DILIGENCIAS PRACTICADAS, lo siguiente:

1. - OFICIO F49-0755-200S, de fecha 02/06/2008 suscrita por la Fiscal Cuadragésima Novena del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en el cual se solicita al Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el cual se solicita la remisión de las actuaciones relacionadas con la causa 08-4917, relacionada con la demanda de cumplimiento de Contrato de Arrendamiento, incoada por la ciudadana S.L.L. en contra del ciudadano E.M.N..

2. - OFICIO F49-1312-200S, de fecha 18/09/2008 suscrita por la Fiscal Cuadragésima Novena del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en el cual se solicita al Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el cual se solicita la remisión de los documentos originales que cursan desde el folio uno (01) hasta el folio doce (12) ambos inclusive del expediente OS-4917, referente a la demanda de cumplimiento de Contrato de Arrendamiento, incoada por la ciudadana Smlrna León Luces en contra del ciudadano E.M.N..

3. - Comunicación 2091, de fecha 10/11/2008, suscrita por la Juez Quinta de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la cual remite los folios originales desde el uno (01) al doce (12) ambos inclusive, cursantes en la causa OS-4917, demanda que por cumplimiento de contrato intentó la ciudadana S.L.L. en contra del ciudadano E.M.N..

4. - Resultado de Experticia Documentologica N° 9700-030-0394, de fecha 11/0212009, suscrita por los funcionarios A.R. y P.P., expertos adscritos a la División de Documentología del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, realizado a un documento dubitado: 1.- un (01) contrato de Arrendamiento entre los ciudadanos: S.L.L. DE LA TERGA Y E.M.N., constante de cinco folios útiles, para los efectos del presente cotejo lo hemos identificado con la letra "A". CONCLUSION: La firma con el carácter de "ARRENDATARIO", presentes en el documento de Contrato de Arrendamiento, marcado con la letra "A", dubitado constituye IMITACION de la firma auténtica del ciudadano: M.N.E..

5. - Muestras Manuscritas, tomadas por la División de Documentología del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en data 02/02/2009, al ciudadano M.N.E., titular de la Cédula de Identidad W V-7.682.164.

6. - Comunicación N° DGIE-1117-2009, de fecha 06/03/2009, suscrita por el Director General de Información electoral, en el cual informa que según sus archivos de Registro electoral, la dirección de Habitación de la ciudadano: S.M.L.L., titular de la Cédula de Identidad W V-3.548.684, es la siguiente: Calle S.I., Quinta Negra, S.F., Parroquia Baruta, Municipio Baruta, Estado Miranda.

7. -Comunicación N° 1270-09, de fecha 16/07/09, suscrita por el Juzgado Cuadragésimo Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la cual remiten constante de ocho (08) folios útiles, expediente 316-09, contentivo de la juramentación que realizara la ciudadana S.L. a su abogado de confianza Abog. B.A.P..

8. - Acta de Imputación, de fecha 14/08/2009, realizada ante la Fiscalía Cuadragésima Novena del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, a la ciudadana S.M.L.L., titular de la cédula de identidad nro V-3.548.684, por la comisión del delito de “USO DE DOCUMENTO FALSO O ALTERADO, previsto y sancionado en el articulo 322 en concordancia con el articulo 321 del Codigo Penal vigente en perjuicio del ciudadano E.M.N..

9. - Acta de Entrevista, de fecha 29/09/2009, rendida por la ciudadana ARABDIA DE R.M.H., titular de la Cédula de Identidad N° V-2.611.450, ante la Fiscalía Cuadragésima Novena del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en la cual entre otras cosas expone lo siguiente: "... administrábamos el inmueble, la relación comenzó a ser no del todo agradable porque la señora quería su inmueble para venderlo, el señor Eddy hizo la propuesta de que el quería comprarlo pero nunca se concretó , a raíz de eso la señora decidió que nosotros no debíamos continuar con la administración y el convencimiento de terminación de contrato y entrega de inmueble, fue redactado en la oficina, el señor Eddy no lo firmo y cuando a nosotros nos requirieron toda la administración y fue una Abogada de parte de la señora Smirna y a recoger la carpeta con todos los documentos que existían en la oficina, personalmente yo hice la entrega de la carpeta y le hice mención a la doctora del Convenio de Derecho de uso y convenio de entrega de inmueble y lo entregué sin firma del arrendador, es decir el salió de la oficina sin firmar. Es Todo."

10. - Acta de Entrevista, de fecha 29/09/2009, rendida por la ciudadana BRUGES DE A.A.M., titular de la Cédula de Identidad N° E-81.449.202, ante la Fiscalía Cuadragésima Novena del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en la cual entre otras cosas expone lo siguiente: " ... nosotros estuvimos en la administración, propiedad de la señora S.L., siempre pago regularmente cuando se le pidió que desocupara y posteriormente se le pidió que comprara el inmueble, nos firmo una prorroga legal, pero cuando mi socia la doctora Rodríguez le solicitó firmar el convenio de entrega el señor Eddy se negó, luego la propietaria nombró unos abogados que retiraron de nuestras oficinas el expediente en el cual iba el convenio que el no firmó en nuestra oficina, desconozco si lo han hecho en otro lado. Es Todo."

11. - Acta de Entrevista, de fecha 03/03/2010, rendida por el ciudadano J.V.N.A., titular de la Cédula de Identidad W V-6.201.568, ante la Fiscalía Cuadragésima Novena del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en la cual entre otras cosas expone lo siguiente: " ... ella solo me contrato para demandar al señor E.M., me entregó toda la documentación tal como me entregó la documentación, así fue consignada en tribunales, no pude ubicar a este señor, ni con él no lo conozco de vista, trato ni comunicación, ella tiene mi teléfono dirección correo y me pago mis honorarios completo sin ninguna objeción, me extrañó la conducta de esta señora por ser como ella dice, no ubique a este señor EDDY, porque me interesaba, en el juicio presentaron una prueba de informes mediante la cual una empresa que fungía de administradora del inmueble que habitaba ese señor, señala que el referido ciudadano no había firmado ese documento, el juicio siguió el transcurso de acuerdo a los alegatos y pruebas presentadas, no recuerdo bien la sentencia, solo se que salió a favor del señor, le apele y en el superior la modificaron parcialmente igual salió a su favor, hasta agoté las dos instancias, tengo la disposición de someterme a cualquier prueba que me ponga esta Representación Fiscal. Es Todo."

12. - Muestras Manuscritas, tomadas por la División de Documentología del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en data 21/09/2009, a la ciudadana S.L.L., titular de la Cédula de Identidad W V-7.682.164, en compañía del Abogado: B.A.P.C., MATRICULA W 107.003, solicitadas por el Ministerio Público mediante oficio AMV-49-1819-09, de fecha 11/09/2009.

13. - Resultado de Experticia Documentologica N° 9700-030-0125, de fecha 11/01/2010, suscrita por los funcionarios A.R. y BENITEZ JESUS, expertos adscritos a la División de Documentología del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, realizado a documento dubitado: 1.- un (01) contrato de Arrendamiento celebrado entre los ciudadanos: S.L.L. DE LA TERGA Y E.M.N., sobre un bien inmueble (Apartamento); constante de cuatro (04) folios útiles, previamente identificados con la letra "A" y foliados como: OCHO -8-, NUEVE -9-, DIEZ -10- Y ONCE -11-. 2.Un (01) Acuerdo de Derecho de Uso y Convenio de Entrega de Inmueble, celebrado entre los ciudadanos: S.L. N LUCES DE LA TERGA Y E.M.N., constante de un (01) folio útil, previamente identificado con la letra: "A" y foliado como: DOCE -12-. Documento indubitado: 3.- Muestra manuscrita suministrada por la ciudadana: LEON LUCES S.M., Cédula de Identidad W V-3.548.684; fechada: 21-09-2009; constante de tres (03) folios útiles, individualizados manuscritamente como: "MUESTRA 1", para efectos del presente estudio. CONCLUSION: La firma que suscribe con el carácter de "ARRENDADORAS.L.N LUCES", presente en el Contrato de Arrendamiento, celebrado entre los ciudadanos: S.L. N LUCES de DE LA TERGA Y E.M.N., foliado como: OCHO -8-, NUEVE -9-, DIEZ -10- Y ONCE -11- así como su homologación observable en el Acuerdo de Derecho de Uso y Convenio de Entrega de Inmueble, celebrado entre los precitados ciudadanos, foliado como: DOCE -12- han sido realizadas por la ciudadana LEON LUCES S.M..

14. - Comunicación N° 624-2010, de fecha 05/03/10, emanada del Sistema de Administración Identificación Migración y Extranjería (SAIME), en la cual informa que el ciudadano N.J.V., titular de la Cédula de Identidad W V-6.201.568, no registra movimientos migratorios en su sistema.

15. - Resultado de Experticia Documentológica N° 9700-030-1485, de fecha 21/04/2010, suscrita por los funcionarios DE FREITAS GLEINA y A.S., expertos adscritos a la División de Documentología del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, realizado a documento dubitado: 1.- un (01) contrato de Arrendamiento celebrado entre: S.L. N LUCES de DE LA TERGA denominada "LA ARRENDADORA" Y el ciudadano E.M.N., denominado "EL ARRENDATARIO", donde la arrendadora cede en arrendamiento a el arrendatario un Apartamento de su propiedad, distinguido con el No. 6-C, ubicado en el piso 6 de la Torre "A" del Edificio Residencias Karina, situado en la Avenida Río Paragua, Parque Humbolt, Urbanización Prados del Este, Municipio Autónomo baruta del Estado Miranda, constante de cuatro (04) folios útiles, dicho documento se encuentra identificada cada uno de sus folios con la letra "A". 2.- Un documento celebrado entre los ciudadanos: S.L. N LUCES de DE LA TERGA Y E.M.N., declaran que acuerdan realizar el siguiente acuerdo de derecho de uso y convenio de entrega de inmueble a regirse por la cláusula, constante de un (01) folio útil, dicho documento se encuentra identificada con la letra "A". Documento indubitado: 3.- Muestra manuscrita suministrada por la ciudadana: LEO N LUCES S.M., Cédula de Identidad W V-3.548.684; fechada: 21-09-2009; constante de tres (03) folios útiles, identificada previamente como muestra "1". CONCLUSIONES: 1.- La firma ubicada en los caracteres computarizados alusivos a: "ARRENDADORA S.L.L.", presentes en el Contrato de Arrendamiento, así como la plasmada en los caracteres computarizados alusivos a: "LA PROPIETARIAARRENDADORA - S.L.L. de DE LA TERGA", presentes en el documento de acuerdo de derecho de uso y convenio de entrega de inmueble, todos identificados con la letra "A", calificados como dubitados, han sido realizadas por la ciudadana: LEON LUCES S.M..2.- Las restantes firmas presentes en la documentación cuestionada, evidenció al estudio documentológico, características de individualización escritural distintas a las analizadas evaluadas y confrontadas con la muestra de escritura manuscrita de carácter indubitado.

16. - Comunicación N° 0943, de fecha 06/06/2008, emanado del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la cual remiten copias certificadas del expediente signado bajo el número 08-4917, correspondiente al juicio que por Cumplimiento de Contrato, sigue LEON LUCES SMIRNA, contra M.N.E..

    Así pues, este Órgano Colegiado, no puede dejar de pasar por alto en primer lugar, que tal como lo establece el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, los representantes fiscales ostentan la condición de únicos e indivisibles, y además de ello que poseen el monopolio de la acción penal, es decir son quienes ordenan y dirigen la investigación penal cuando por cualquier medio tengan conocimiento de la comisión de un hecho típico de acción pública, es decir ejercen en nombre del estado el Ius puniendi , por lo que su actuación sin lugar a duda debe ser consona, ponderada y diligente, efectuado una indagatoria debida con apoyo de los órganos penales de investigación en donde secuencialmente, se establezca de ser el caso la existencia del hecho delictivo denunciado, la recolección y la conservación de las evidencias, las cuales son de gran importancia para develar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que suscitaron los acontecimientos, la identificación plena de sus autores y responsables, las cuales serán sometidas a los análisis técnicos científico necesarios para establecer su certeza, para luego incorporarlas por las vías jurídicas al proceso, sin olvidar que el objetivo fundamental de este desempeño fiscal es la búsqueda de la verdad, percatándose esta Alzada notablemente por un lado, que la Fiscal Cuadragésima Novena del Ministerio Pública de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana Caracas, presento el 29 de junio de 2009, el sobreseimiento de la causa de conformidad con lo establecido en el ordinal 4 del articulo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, que la Fiscal Superior del Área Metropolitana de Caracas, estimo que el acto conclusivo interpuesto era el correcto, pero no con el supuesto invocado, por cuanto consideró que el adecuado era el numeral 1, y por lo ultimo lo manifestado por la Representante Fiscal que asistió a la audiencia fijada por esta Corte de Apelaciones de conformidad a lo previsto en el articulo 456 ejusdem quien manifestó disentir completamente con las posiciones antes asumidas en relación al delito investigado, pues a su criterio no se practicaron las diligencias necesarias para dilucidar los hechos denunciados.

    La Sala Constitucional en sentencia nro 402 de fecha 21 de julio de 2011, en cuando a la función de la vindita pública señaló:

    ……el Ministerio Público es el titular de la acción penal, conforme lo dispone el artículo 285, numeral 4, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no obstante todos los Fiscales del Ministerio Público actúan, en virtud del principio de la unidad del Ministerio Público, por delegación de la Fiscal General de la República, (artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público) siempre atendiendo a la unidad de criterio y adecuando sus actos a criterios de objetividad y buena fe, procurando siempre la correcta interpretación de ley con preeminencia de la justicia;..

    Según A.A., en la investigación criminal se debe estar claro en lo que se busca, como hallarlo, es decir quien, como, cuando, por qué y para que se perpetró el delito y con que medios, para si acercarse a la verdad de lo ocurrido, en el caso de marras luego del estudio minucioso y pormenorizado de cada una de las actas que la conforman, concluye esta Alzada que tal como lo menciono el Juez A quo cuando dejo a salvo su opinión sobre el sobreseimiento presentado, no se llevo a cabo una investigación completa, aun cuando se observa la falsificación de un documento privado y que además de ello fue usado en la jurisdicción civil, que la experticia usada por la vindicta pública para soporta su acto conclusivo no fue suficiente para determinar su autoria, que aun cuando existía otra persona denunciada nunca fue sometida a ninguna investigación, y que contradictoriamente la representante fiscal en sus consideraciones argumentó lo siguiente: “ corresponde determinar quien utilizó realmente el documento, quien lo presento en el Tribunal Civil, de lo cual se evidencia que no fue la imputada, por cuanto ella encomendó una labor a una tercera persona que tuvo en sus manos toda la documentación relacionada con el asunto civil e hizo uso de ella sin el conocimiento de la imputada …”; De manera que la representante fiscal, aun cuando formulo ligeramente unas interrogantes en cuanto a lo sucedido, y a los resultados que hasta ese momento había obtenido, sin embargo decidió dar fin al proceso investigativo que venia realizando y que sin lugar a dudas no culmino debidamente, pues tal como ella lo explano, surgen indudablemente un conjunto de incógnitas como lo son: ¿quién o quines lo hicieron entonces?, ¿Cómo lo hicieron? ¿De que modo lo hicieron? ¿Cuando lo hicieron? ¿Donde y en que lugar lo hicieron? ¿Y con que fin lo hicieron?, esta actividad lógica indudablemente debió ser desarrollada por la vindita pública, para así obtener los resultados conducentes al esclarecimiento del presunto delito y la identificación de sus autores, pues de las actuaciones que consta en autos se aprecia una serie de personas que podrían contribuir tanto a esclarecer lo ocurrido como a determinar el responsable del hecho típico penal, no demostrándose en tal sentido un desempeño, asertivo, diligente y célere por parte del ministerio fiscal.

    En cuanto al proceder del Ministerio Público la Sala Constitucional Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia nro 30, de fecha 30 de enero de 2009 indicó lo siguiente:

    Omosis….3. Ahora bien, sin perjuicio de los pronunciamientos que anteceden, la Sala estima que es pertinente la expresión de las siguientes valoraciones:

    3.1 En esencia, la legitimada pasiva fundamentó su decisión de revocación del auto, mediante el cual el a quo penal decretó el sobreseimiento de la causa que se seguía o sigue contra los quejosos de autos, en el hecho de que, contrariamente a lo que alegó el Ministerio Público, sí existía la posibilidad de incorporación de nuevos datos a la investigación, particularmente, elementos probatorios cuya evacuación era necesaria para el arribo a la convicción respecto del acto conclusivo que, en definitiva, fuera pertinente;

    3.2 La causa penal que se sigue o seguía a los actuales demandantes fue iniciada, por querella, respecto de hechos punibles de acción pública. Así las cosas, la dirección de la investigación penal era tarea del Ministerio Público, el cual, una vez que entró en conocimiento de la posible comisión de dichos ilícitos, debió iniciar la indagación tendente, entre otros propósitos, a la comprobación de los mismos, así como la identificación de las personas a quienes, como autores u otra de las formas de participación que señala la Ley, fuera imputable la comisión de tales hechos.

    3.3 La Alzada penal concluyó que, contrariamente a lo que alegó la representación fiscal, no estaba acreditada la actualización del supuesto que contiene el artículo 318.4 del Código Orgánico Procesal Penal, porque, según el criterio de aquélla, sí existían elementos de prueba cuya incorporación al expediente de la causa aún se encontraba pendiente y los cuales serían eficaces para la decisión sobre el acto conclusivo que, en definitiva, presentaría el Ministerio Público, razón por la cual estimó que fue contrario a derecho el decreto judicial de sobreseimiento que expidió el a quo penal.

    3.4 Respecto de la conclusión que se relató en el anterior aparte, encuentra la Sala que a la legitimada pasiva le asistió la razón. En efecto, se trataba de una causa penal por la posible comisión de un hecho punible enjuiciable de oficio, durante cuya fase de investigación el Ministerio Público tenía la carga de recolección de todos los elementos de convicción posibles para la prueba de los hechos incriminables, así como de la participación en la comisión de los mismos. De allí que, contrariamente a lo que adujo la representación fiscal, para el momento cuando se produjo el decreto de sobreseimiento que se señaló supra, la Corte de Apelaciones estimó, razonablemente que aún podía ser incorporada la deposición de testigos presenciales y referenciales –con inclusión de los funcionarios policiales-, cuya identificación, ubicación y convocatoria, eran cargas del Ministerio Público y no de las víctimas, para lo cual el titular de la acción penal pública contaba con auxilios suficientes, tales como los que provee el artículo 11 de la Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas;

    3.5 Asimismo, estimó la supuesta agraviante de autos que podía ser incorporado el testimonio de los médicos que, en actividad privada, examinaron a los supuestos lesionados y cuya identificación y consiguiente citación pudo y debió ser procurada por el representante fiscal. Al respecto, éste debió recordar que no había prohibición de admisión de dicha prueba testifical, razón por la cual la incorporación de la misma resultaba conforme a derecho, en virtud del principio de libertad de prueba que recoge el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal, salvo el caso de que la misma hubiera sido obtenida por los medios ilícitos que refiere el artículo 197 eiusdem, lo cual no aparece alegado en las actas procesales disponibles por esta Sala.

4. Esta Sala Constitucional sostiene la doctrina que, por el presente medio, ratifica, de acuerdo con la cual es requisito necesariamente concurrente de procedibilidad del amparo contra decisiones judiciales, conforme al artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que el órgano jurisdiccional al cual se impute el agravio haya actuado fuera de su competencia, expresión que, de acuerdo con doctrina de larga data del M.T. de la República, incluye los conceptos de abuso de poder y usurpación de funciones.

5. Por otra parte, de manera reiterada y consistente, esta Sala se ha pronunciado, de manera anticipada, sobre el fondo de la pretensión de amparo, cuando, en su criterio, no existe una expectativa razonable de decisión que no sea la de improcedencia de la pretensión, la cual ha declarado in limine litis, en obsequio a la economía procesal y al imperativo de una administración de justicia sin dilaciones indebidas y sin reposiciones inútiles que exige el artículo 26 de la Constitución.

6. Con base en las precedentes consideraciones, concluye esta Sala que la legitimada pasiva actuó conforme a derecho cuando, de manera razonada, declaró con lugar la apelación y revocó el auto por el cual el a quo penal decretó el sobreseimiento que ha sido relatado; ello, porque dicha Alzada estimó que aún podían ser incorporados elementos de convicción desde cuya apreciación y valoración el Ministerio Público podría concluir respecto de la naturaleza del acto conclusivo que habría de ser presentado; por ende, que no hubo ilegítima afectación a los derechos fundamentales cuya tutela reclamó el accionante; consiguientemente, que la legitimada pasiva actuó dentro de los límites de su competencia, con la extensión que, a dicha expresión, le ha atribuido el M.T., inclusiva de los conceptos abuso de poder y usurpación de funciones, como requisito de necesaria concurrencia con los de lesión constitucional y la inexistencia de vía procesal distinta del amparo para la restitución de la situación jurídica quebrantada, para la procedibilidad del amparo contra decisiones judiciales, de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En la situación sub examine, la Sala advierte que no existe razonable expectativa alguna de un pronunciamiento distinto del de improcedencia del amparo que se demandó, la cual, por tanto, se declara in limine litis.

   En razón a las consideraciones antes expuesta, así como del criterio jurisprudencial parcialmente trascrito, aprecia esta Corte de Apelaciones que indubitablemente no fueron efectuadas las diligencias de investigación, pertinentes, adecuadas y necesarias para presentar el acto conclusivo en cuestión, por lo que a los fines que se continúe con las indagatorias que permitan en el marco de una correcta administración de justicia, el acceso de los justiciables a los órganos encargados de velar por sus derechos e intereses de manera idónea, imparcial transparente, responsable, equitativa y expedita, se revoca la decisión proferida por el Tribunal Décimo Tercero del Ministerio Público el 10 de junio del 2011, mediante la cual decretó el sobreseimiento de conformidad a lo establecido en el numeral 1 del articulo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, de la causa seguida a la ciudadana S.L.L., y se ordena remitir las presentes actuaciones a la Fiscalía Superior del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de que sea designada una Fiscalía para que continúe la investigación. Y ASI SE DECIDE.

   Capítulo V

   DISPOSITIVA

   Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, es por lo que esta Sala Uno Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado E.M.N., actuando en su carácter de Victima, en contra de la decisión proferida en fecha 10 de Junio de 2011, por el Juzgado Décimo Tercero (13°) de Primera Instancia en función de Control del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declara con lugar, la solicitud del Ministerio Público y en tal sentido decretó el Sobreseimiento de la causa seguida en contra de la ciudadana LEON LUCES S.M., de conformidad con lo establecido en los artículos 318 ordinal 1° en relación con el articulo 323 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTO y USO DE DEOCUMENTO FALSO. SEGUNDO: Se ordena remitir las presentes actuaciones a la Fiscalía Superior del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de que sea designada una Fiscalía para que continúe la investigación Y así se decide.

   Publíquese, Regístrese y Déjese copia de la presente decisión.

   Bájese el expediente.

   Dada, firmada y sellada en la Sala Uno de la Corte de Apelaciones en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los catorce (14) días del mes de noviembre de Dos Mil Once (2011). Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

   Publíquese, Regístrese y Déjese copia de la presente decisión.

   LAS JUEZAS PROFESIONALES

   DRA. E.D.M.H.

   Presidente y Ponente

   DRA. SONIA ANGARITA DRA. ARLENE HERNANDEZ

   LA SECRETARIA

   ABG. JOHANA YTRIAGO

   En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede.

   LA SECRETARIA

   ABG. JOHANA YTRIAGO

   SA/EDMH/GG/ICVI/Ag.-

   CAUSA N° 2690