Decisión nº PJ0082013000108 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Falcon (Extensión Coro), de 30 de Octubre de 2013

Fecha de Resolución30 de Octubre de 2013
EmisorTribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio
PonenteKarina Zavala
ProcedimientoSentencia Definitiva

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón

Coro, 30 de Octubre de 2013

203º y 154º

ASUNTO PRINCIPAL: IP01-P-2010-000725

SENTENCIA CONDENATORIA POR ADMISIÓN DE HECHOS

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

JUEZA TERCERA DE JUICIO: ABG. K.Z.

LA SECRETARIA DE SALA: ABG. M.B.

FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. Y.M.

DEFENSORA PÚBLICA: ABG. CARMARI ROMERO

ACUSADO: E.J.P.

VICTIMA: J.O.R.

DELITO: ROBO AGRAVADO Y EXTORSION

Corresponde a este Tribunal motivar decisión y publicar la sentencia definitiva dictada en la presente causa, donde esta Juzgadora CONDENA al ciudadano E.J.P. titular de la cédula de identidad Nº 18.605.816, venezolana, de 27 años de edad, nacido en fecha 3/10/1986, y natural de esta Ciudad, residenciado barrio Zumurucuare calle Negro Primero, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO Y EXTORSIÒN, previsto y sancionado en articulo 458 del Código Penal vigente y 16 de la Ley Contra la Extorsión y el Secuestro, en perjuicio de J.O.R..

Antecedentes

En fecha 23 de octubre de 2013, constituido en la Comunidad Penitenciaria de esta ciudad, a fin de llevar a cabo plan contra el retardo judicial, este Tribunal llevo a cabo la celebración de Audiencia de Apertura Juicio Oral y Público relacionada con causa instruida en contra de los ciudadanos E.J.P., por la presunta comisión del delito ROBO AGRAVADO Y EXTORSIÒN, previsto y sancionado en articulo 458 del Código Penal vigente y 16 de la Ley Contra la Extorsión y el Secuestro, en perjuicio de, en perjuicio de J.O.R., se anuncio la presencia de la ciudadana juez quien instruye a la secretaria para que verificará la presencia de las partes, dejándose constancia de que se encontraba presentes la Fiscalía del Ministerio Público Abg. Y.M., el acusado E.J.P., igualmente se dejó constancia de la incomparecencia de la víctima y de la comparecencia de la defensa Publica Carmaris Romero.

Seguidamente la ciudadana Juez instruye al Alguacil para que anuncie la Apertura del debate Oral y Público garantizando formalmente la Publicidad del mismo. Acto seguido, la ciudadana Juez explica a las partes la naturaleza e importancia del acto, exhortando a las partes a litigar de buena, si temeridad y a evitar señalamientos dilatorios e impertinentes; exponiendo a las partes, el modo de dirimir las incidencias, en caso que sean planteadas por las partes, lo que se hará según lo pautado en el artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 327 eiusdem, esta era la oportunidad para Aperturar Formalmente el Debate Oral y Público en el presente proceso.

Luego se le otorgó el derecho de palabra al representante del Ministerio Público, quien hizo una breve exposición de los hechos y ratificó la acusación formal presentada en su oportunidad, exponiendo la identificación del acusado y de su representante legal, una relación circunstanciada de los hechos, fundamentando la acusación en los elementos de convicción señalados en el escrito acusatorio, la calificación jurídica por la cual acusa el ministerio Público al ciudadano E.J.P., por la presunta comisión del delito ROBO AGRAVADO Y EXTORSIÒN, previsto y sancionado en articulo 458 del Código Penal vigente y 16 de la Ley Contra la Extorsión y el Secuestro, en perjuicio de J.O.R., ratificando los medios de pruebas ofrecidos en el escrito acusatorio, así como las pruebas documentales ofrecidas por haberse obtenido lícitamente y por ser útiles, pertinentes y necesarios para el esclarecimiento de los hechos y se apertura a juicio oral y público, de igual forma solicitó que se mantuviese la medida de coerción personal que actualmente pesa contra los imputados.

Por su parte, la defensa publica expuso: “...quien expuso de forma sucinta su discurso de apertura al Juicio Oral y Publico, estableciendo que demostraría la inocencia de su defendido con el objeto que se declare absuelto de los cargos que le atribuye la Fiscalía de Ministerio Publico...”

Posteriormente, esta Instancia Judicial impuso al acusado del precepto Constitucional, establecido en el ordinal 5to del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y del 330 del Código Orgánico Procesal Penal que lo exime a declarar en causa propia que se sigue en su contra y de querer hacerlo se haría sin juramento, libre de apremio y coacción, informándole que su negativa no se tomaría como elemento en su contra ni detendrá el curso del proceso, pero es una de las oportunidades que la Ley le concede para desvirtuar los hechos por lo cual los acusa la Representación Fiscal y se le explico el delito objeto de la acusación y los preceptos jurídicos aplicables, igualmente se le identifico y ambos acusados manifestaron no querer declarar.

Por último, se impuso al acusado del contenido del artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, explicándole claramente los delitos por los cuales los acusa la Fiscalía del Ministerio Público, la calificación Jurídica por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO Y EXTORSIÒN, previsto y sancionado en articulo 458 del Código Penal vigente y 16 de la Ley Contra la Extorsión y el Secuestro, la posible pena a imponer en el presente caso con la rebaja que prevé la ley; igualmente se le informó que esta era la última oportunidad para que proceda el derecho de acogerse al procedimiento por la admisión de los hechos, por lo que se les preguntó si deseaba acogerse a dicho procedimiento, manifestando el acusado, E.J.P., libre de coacción y apremio ante este tribunal: “SI DESEO ADMITIR LOS HECHOS POR LOS CUALES SE ME ACUSA. Posteriormente se le concedió la palabra a la Defensa quien expreso, estar conforme con el procedimiento de admisión de hechos ya que el mismo lo realizó libre de apremio y coacción y solicitando sea remitido el asunto a la Fase de Ejecución.

Escuchada la exposición voluntaria del acusado E.J.P.d. admitir los hechos, procede el Tribunal de Juicio a imponerlo de la CONDENA.

CALIFICACIÓN JURÍDICA

El Tribunal una vez examinada la acusación la cual fue admitida en su totalidad por el Tribunal de Control así como las pruebas promovidas que acompañan tal acusación, consideró que la conducta realizada por el acusado G.J.C. se subsume en el tipo penal de ROBO AGRAVADO Y EXTORSIÒN, previsto y sancionado en articulo 458 del Código Penal vigente y 16 de la Ley Contra la Extorsión y el Secuestro, en perjuicio de, en perjuicio de J.O.R..

HECHOS QUE EL TRIBUNAL ESTIMA ACREDITADOS

Según se desprende de la acusación Fiscal, el hecho que se le atribuye al acusado y por el cual este Tribunal procedió a condenarlos se relaciona con un suceso ocurrido, en donde fueron señalados por el ciudadano J.O.R.Z., como dos de los cuatro sujetos fuertemente armados que el día 02 de abril de 2010, en horas de la noche lo despojaron de sus pertenencias momentos cuando iba llegando a su residencia, y que posteriormente, le estaban efectuando llamadas telefónicas solicitándole la cantidad de MIL DOSCIENTOS BOLIVARES FUERTES a cambio de sus pertenencias, prometiendo su devolución, por lo que solicito el apoyo de funcionarios de la Policía Municipal, quienes se dirigen en compañía de la referida victima hasta la calle 19 de la urbanización C.V. de esta ciudad, lugar se realizaría la negociación y al llegar lograron visualizarlos, es ahí donde estos son identificados por la victima como autores del robo a mano armada del que había sido objeto horas antes, por lo que una vez ahí con las previsiones del caso, se logra neutralizarlos y al ser inspeccionados, tenían en su poder como evidencia de interés criminalistico, un celular móvil y una batería, por lo que se logra la aprehensión de los mismos en situación de flagrancia, por considerarlos incursos en la presunta comisión de delitos previstos en la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión y el Código Penal.

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

El Código Orgánico Procesal Penal reformado publicado en Gaceta Oficial de fecha 15-06-12 N° 6078, en el artículo 375, con vigencia anticipada, instituye el procedimiento especial de admisión de hechos, el cual aparece redactado en los siguientes términos:

… Artículo 375. El procedimiento por admisión de los hechos tendrá lugar desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación, hasta antes de la recepción de pruebas.

El Juez o Jueza deberá informa al acusado o acusada respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. El acusado o acusada podrá solicitarla aplicación del presente procedimiento, para lo cual admitirá al tribunal la imposición inmediata de la pena respectiva.

En estos casos; el Juez o Jueza podrá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, pudiendo cambiar la calificación jurídica del delito, atendidas todas las circunstancia, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado y motivando adecuadamente la pena.

Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas cuya pena exceda de ocho años en su limite máximo, y en los casos de delitos de: homicidio intencional, violación, delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños y adolescentes; secuestro, delito de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y la administración pública; trafico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra, el Juez o Jueza sólo podrá rebajar hasta un tercio de la pena aplicable

En el orden de lo expuesto, resulta importante hacer constar, que la admisión de hechos, posee su doble finalidad, véase Sentencia Sala de Casación Penal, de fecha 03 de agosto del año 2007, en la cual se estableció: “…la intención del legislador al crear la figura de la admisión de los hechos no es otra que procurar un beneficio para ambas partes, para el Estado, celeridad y economía procesal y para el acusado, una rebaja sustancial de la pena que se le ha de imponer por ese hecho punible reconocido…”, limita la oportunidad procesal para su aplicación, y se establece en todo supuesto procedimental (procedimiento ordinario o abreviado), luego de admitida la acusación y antes de la apertura del juicio oral y público, toda vez que al permitirse su aplicación y consecuencias procesales una vez aperturado el mismo, se desnaturaliza uno de sus objetivos, ya que la celeridad y economía procesal no se verificaría con un juicio agotado, criterio este pacífico en la jurisprudencia patria; así se observa que la Sala de Casación Penal, del M.T. ha establecido: “La admisión de los hechos si se aplica correctamente puede ser un instituto muy eficaz para poner fin a un gran número de procesos, en los cuales por reconocer el imputado los hechos que se le imputan, resultaría inútil u ocioso, además de oneroso para el Estado, continuar con un proceso penal que puede definirse allí mismo; pero si por el contrario su utilización o aplicación se hace en forma errada, alterando su fin o naturaleza bien sea por el Juez, el Ministerio Público o cualquiera otra de las partes, más bien va a surgir como un instrumento para desviar la justicia y hasta crear un estado de impunidad, que constituye el principal reclamo a la Justicia Penal en los actuales momentos”. (Sentencia N° 070, de fecha 26 de febrero de 2003).”

En línea con lo anterior, debe entenderse que la admisión de hechos realizada por los acusados, de conformidad con el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, permite a esta jueza de juicio establecer los hechos ocurridos en fecha 2—4-2010, trayendo como consecuencia la admisión realizada por el acusado de autos, la desvirtualización de la presunción de inocencia que a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela amparaba a dicho acusado, quien ha reconocido de forma libre y espontánea los hechos anteriormente señalados y que le adjudica la parte acusadora, en aplicación del procedimiento especial de admisión de hechos, por lo cual lo procedente y ajustado a derecho es proceder como en efecto a prescindir del juicio y a dictar sentencia condenatoria y a la imposición inmediata de la pena, con las consecuencias de ley. Y ASÍ SE DECIDE.

PENALIDAD

Establece el artículo 458 del Código Penal Venezolano, lo siguiente:

Artículo 458: Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes se haya cometido por medio de amenazas a la vida, a mano armada o por varias personas, una de las cuales hubiera estado manifiestamente armada, o bien por varias personas ilegítimamente uniformadas, usando hábitos religiosos o de otra manera disfrazadas, o si, en fin, se hubiera cometido por medio de un ataque ala libertad individual, la pena de prisión será por tiempo de diez años a diecisiete años, sin perjuicio a la persona o personas acusada, de la pena correspondiente al delito de porte ilícito de arma...

El artículo 16 de la Ley Contra la Extorsión y el Secuestro, lo siguiente:

Artículo 16: Extorsión. Quien por cualquier medio capaz de generar violencia, engaño; alarma o amenaza de graves daños contra personas o bienes, constriña el consentimiento de una persona para ejecutar acciones u omisiones capaces de generar perjuicio en su patrimonio o en el de un tercer, o para obtener de ellas dinero, bienes títulos, documentos o beneficios, serán sancionados o sancionadas con prisión de diez a quince años.

…Omisis…

Por su parte el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Pena, dispone:

Artículo 375. El procedimiento por admisión de los hechos tendrá lugar desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación, hasta antes de la recepción de pruebas.

El Juez o Jueza deberá informa al acusado o acusada respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. El acusado o acusada podrá solicitarla aplicación del presente procedimiento, para lo cual admitirá al tribunal la imposición inmediata de la pena respectiva.

En estos casos; el Juez o Jueza podrá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, pudiendo cambiar la calificación jurídica del delito, atendidas todas las circunstancia, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado y motivando adecuadamente la pena…

En relación a la pena que se le debe imponer al acusado, esta Juzgadora observa que el delito de ROBO GRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, establece una pena de prisión de diez a diecisiete años, siendo el término medio conforme a lo previsto en el artículo 37 del Código Penal vigente de trece (13) años y seis (6) meses de prisión, procediendo esta juzgadora a llevar la pena a su limite mínimo considerando como atenuante para el acusado el hecho de haber mantenido buena conducta durante el proceso y no tener antecedentes penales, ello conforme al articulo 74.4 del Código Penal, quedando la pena en diez (10) años de prisión, a lo que se le suma el delito de extorsión, que establece una pena de prisión de diez a quince años, siendo el término medio conforme a lo previsto en el artículo 37 del Código Penal vigente de doce (12) años y seis (6) meses, aplicando la concurrencia de delito lo cual exige la rebaja de la mitad de la pena, es decir seis (6) años y tres (3) meses de prisión, dando un total de pena a imponer de dieciséis (16) años y tres (3) meses de prisión, lo que aplicándole la rebaja por el procedimiento de admisión de hechos de un tercio de la pena, da un total de pena de DIEZ (10) AÑOS Y DIEZ (10) MESES DE PRISIÓN de prisión. Y ASI SE DECIDE.

Se condena al acusado a las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal. Y ASI SE DECIDE

Se mantiene la medida de privación judicial de Libertad que pesa sobre los acusado E.J.P. y se estable como fecha de cumplimiento de pena el día 2-2-2021, sin perjuicio del cómputo que realice el Tribunal de Ejecución. Y ASI SE DECIDE

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Código Orgánico Procesal Penal, se eximen del pago de las costas procesales contempladas en el artículo 267 eiusdem, en virtud del principio de la gratuidad de la justicia consagrado en el artículo 254 de la Constitución Nacional. Y ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO FALCON, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se CONDENA al ciudadano E.J.P. titular de la cédula de identidad Nº 18.605.816, venezolana, de 27 años de edad, nacido en fecha 3/10/1986, y natural de esta Ciudad, residenciado barrio Zumurucuare calle Negro Primero, pro la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO Y EXTORSIÒN, previsto y sancionado en articulo 458 del Código Penal vigente y 16 de la Ley Contra la Extorsión y el Secuestro, en perjuicio de J.O.R., a cumplir la pena de DIEZ (10) AÑOS Y DIEZ (10) MESES DE PRISIÓN; ello en aplicación del procedimiento por admisión de los hechos previsto y sancionado en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal y 74.4 del Código Penal, más las penas accesorias establecidas en el artículo 16 eiusdem. SEGUNDO: Se mantiene la medida de privación judicial de Libertad que pesa sobre el E.J.P. y se estable como fecha de cumplimiento de pena el día 2-2-2021, sin perjuicio del cómputo que realice el Tribunal de Ejecución TERCERO: Se exime al acusado del pago de las costas procesales, de conformidad con el artículo 34 del Código Penal en relación con los artículos 251 y 254 del Código Orgánico Procesal Penal y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. CUARTO: Se acuerda remitir el presente asunto a los Tribunales de Ejecución q corresponda por distribución una vez que quede definitivamente firme la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en Coro, el treinta (30) días del mes de octubre de dos mil trece (2013). Publíquese y regístrese.-

LA JUEZA TERCERA DE JUICIO

ABG. K.N. ZAVALA ESPINOZA

LA SECRETARIA

ABG. MARLYN BARRIENTOS

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