Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 19 de Junio de 2007
| Fecha de Resolución | 19 de Junio de 2007 |
| Emisor | Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. |
| Ponente | Teresa Garcia de Cornet |
| Procedimiento | Querella |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En su Nombre
JUZGADO SUPERIOR QUINTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN CAPITAL
PARTE QUERELLANTE: E.D.C.B.U..
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE QUERELLANTE: M.M.P.H..
ORGANISMO QUERELLADO: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN).
SUSTITUTA DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA: J.M..
OBJETO: PAGO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES E INTERESES DE MORA.
En fecha 06 de febrero de 2007 la abogada M.M.P.H., Inpreabogado N° 17.068, actuando como apoderada judicial de la ciudadana E.D.C.B.U., titular de la cédula de identidad N° 3.215.096, interpuso por ante el Juzgado Superior (Distribuidor) la presente querella, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN).
Hecha la distribución correspondió a este Juzgado su conocimiento, en tal razón el día 15 de febrero de 2007 admitió la querella y ordenó conminar a la Procuradora General de la República, para que diese contestación a la misma, lo cual hizo en fecha 26 de abril de 2007 a través de la abogada J.M., Inpreabogado N° 77.509.
La actora solicita: a) El pago de la cantidad de, “NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLÍVARES CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 95.804.334,95)”, por concepto de diferencia prestaciones sociales e “intereses moratorios derivados e inherentes a la terminación de la relación laboral”, b) El pago de los intereses sobre las prestaciones sociales, “desde el momento de la terminación de la relación laboral hasta el definitivo pago de los conceptos aquí demandados y los generados durante este procedimiento según experticia complementaria”.
El 31 de mayo de 2007 oportunidad fijada para que tuviese lugar la audiencia preliminar dispuesta en el artículo 104 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, con la sola comparecencia de la parte querellante quien dio conformidad a los límites fijados e hizo uso de la palabra para exponer sus alegatos.
Celebrada la audiencia definitiva, se dejó constancia de que sólo compareció la parte querellante quien hizo uso del derecho de palabra para defender su posición en juicio. La causa entró en estado de sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, la cual será dictada sin narrativa y con exposición breve y concisa de los extremos de la litis por exigirlo así el artículo 108 ejusdem.
I
MOTIVACIÓN
La sustituta de la Procuradora General de la República al momento de dar contestación a la querella, alega como punto previo la inadmisibilidad de la acción, en razón -argumenta- de que la actora dejó de agotar el procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, establecido en los artículos 54 al 60 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. En tal sentido observa el Tribunal que en el presente caso estamos en presencia de una querella funcionarial regida por la Ley del Estatuto de la Función Pública (artículo 92) y no ante una demanda contra la República, caso en el cual sí es necesario agotar ese procedimiento, no así en este caso, habida cuenta que la Ley del Estatuto de la Función Pública no requiere agotamiento de procedimiento administrativo alguno para que los funcionarios puedan querellarse por ante la vía judicial, por el contrario su artículo 92 determina con toda claridad que “sólo” es procedente el recurso jurisdiccional, de allí que la inadmisiblidad aducida es infundada, y así se decide.
Fondo:
Señala la actora que se desempeñó como educadora al servicio del Ministerio de Educación y Deportes, lo cual hizo desde el 16 de febrero de 1977 hasta el 01 de agosto de 2003 cuando egresó por jubilación, ejerciendo como último cargo el de Docente IV/Coordinador. Que ese tiempo arroja veintiséis (26) años y seis (6) según consta en la Resolución Nº 03-13-01 de fecha 18 de septiembre de 2003 con vigencia a partir del 01 de agosto de 2003, dictada por el Ministro de Educación Cultura y Deportes. Agrega que después de más de tres (3) años, esto es en fecha 07 de noviembre de 2006, recibió como pago de sus prestaciones sociales la cantidad de cincuenta y nueve millones trescientos sesenta y seis mil trescientos catorce bolívares con veinticuatro céntimos (Bs. 59.366.314,24), monto éste que considera no le es satisfactorio, pues al comparar los cálculos hechos por el Ministerio querellado y los que realizó su Contador Público particular se revelan diferencias a su favor.
Reclama la apoderada judicial de la querellante, que entre la fecha del ingreso de su representada al Ministerio de Educación (hoy Ministerio del Poder Popular para la Educación), el 16 de febrero de 1977 a la fecha del cálculo efectuada por la parte querellada, esto es, “julio de 1980”, se puede observar que no aparecen reflejados la totalidad de los años de servicio de su representada, por cuanto falta un (1) año. En tal sentido observa el Tribunal que los 3 años que refleja la planilla son los correctos, toda vez que se empieza a computar no desde el día de ingreso, sino desde que se cumple el primer (1) año de ese ingreso, ya que ese es el primer término para el cual se han generado los intereses, y así se decide.
La actora bajo el título de: “Resultados del Régimen Anterior (al 18-06-1997)” reclama las siguientes cantidades: por concepto de Indemnización de antigüedad -dice- se le debe la cantidad de doscientos setenta y siete mil trescientos sesenta bolívares (Bs. 277.360,00), en razón de que el Ministerio de Educación y Deportes determinó como pago la cantidad de cinco millones cuatrocientos sesenta y siete mil doscientos bolívares (Bs. 5.467.200,00), siendo lo correcto la cantidad de cinco millones setecientos cuarenta mil quinientos sesenta bolívares (Bs. 5.740.560,00).
Que por concepto del fideicomiso acumulado previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1980, el Ministerio querellado le pagó la cantidad de cuatro millones quinientos un mil novecientos ocho bolívares con sesenta y ocho céntimos (Bs. 4.501.908,68), cuando lo correcto es la suma de cuatro millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos noventa y dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 4.835.892,60), lo que arroja una diferencia a favor de su representado de trescientos treinta y tres mil novecientos ochenta y tres bolívares con noventa y dos céntimos (Bs. 333.983,92), que esa diferencia también obedece a la fórmula utilizada por el Ministerio para determinar dicho interés.
Que por concepto de Intereses adicionales (desde el 19-06-1997 hasta la fecha de egreso) el Ministerio querellado le pagó la cantidad de treinta y siete millones ciento noventa y siete mil setecientos treinta y un bolívares con quince céntimos (Bs. 37.197.731,15), cuando lo correcto es la cantidad de cuarenta y cinco millones treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y siete bolívares con catorce céntimos (Bs. 45.031.447,14), lo que arroja una diferencia de siete millones ochocientos treinta y tres mil setecientos quince bolívares con noventa y nueve céntimos (Bs. 7.833.715,99).
Que en relación al régimen vigente: el Ministerio le pagó concepto de indemnización por antigüedad la cantidad de ocho millones sesenta y ocho mil trescientos once bolívares con sesenta y tres céntimos (Bs. 8.068.311,63), cuando lo correcto es la cantidad de catorce millones trescientos treinta y cuatro mil diecisiete bolívares con veintiocho céntimos (Bs. 14.334.017,28), lo que arroja una diferencia de seis millones doscientos sesenta y cinco mil setecientos cinco bolívares con sesenta y cinco céntimos (Bs. 6.265.705,65).
Que por fracción de conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo el Ente querellado no determinó ningún pago, por ende le adeuda la cantidad de un millón novecientos treinta y siete mil ochocientos cuarenta y siete bolívares con diez céntimos (Bs. 1.937.847,10).
Que el Ente querellado no determinó ningún pago por concepto de días adicionales de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, que por este concepto se le adeuda la cantidad de seiscientos cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y nueve bolívares con tres céntimos (Bs. 645.949,03), cantidad ésta correspondiente a la diferencia por tal concepto.
Que por intereses acumulados el Ministerio querellado le pagó la cantidad de tres millones ochocientos veintiún mil cuatrocientos once bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 3.821.411,50), cuando lo correcto es la cantidad de tres millones novecientos diecinueve mil ciento sesenta y cinco bolívares con setenta y un céntimos (Bs. 3.919.165,71), lo que arroja una diferencia de noventa y siete mil setecientos cincuenta y cuatro bolívares con veintiún céntimos (Bs. 97.754,21), toda vez que estos intereses -dice- debieron ser calculados de acuerdo al artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Que las diferencias demandadas son producto de un errado cálculo, ya que el Ministerio omitió la aplicación de ciertos conceptos y derechos.
Por su parte la sustituta de la Procuradora General de la República refuta argumentando que el Ministerio de Educación y Deportes, nada adeuda por ningún concepto, pues pagó el monto total de las prestaciones sociales de la querellante en su oportunidad, así como sus respectivos intereses. Para decidir al respecto observa el Tribunal que independientemente que puedan revelarse diferencias entre la cantidad aspirada por la actora y la cancelada por el Organismo, ello sólo obedece a la fórmula de cálculo utilizada, con la observancia de que la Administración no queda sujeta en sus cálculos a las fórmulas que use el administrado, salvo que éste demuestre que la utilizada por el Ente querellado contraría la Ley, lo cual no ha sucedido en este caso, por tal razón resultan infundados los reclamos aquí hechos, y así se decide.
La apoderada judicial de la actora reclama para su representada el pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 92 del Texto Constitucional. Aduce para ello, que su representada egresó por jubilación del Ministerio de Educación y Deportes el 01 de agosto de 2003 fecha en que se hizo efectiva su jubilación, y fue sólo el 07 de noviembre de 2006 cuando le fue cancelada la suma de cincuenta y nueve millones trescientos sesenta y seis mil trescientos catorce bolívares con veinticuatro céntimos (Bs. 59.366.314,24) por concepto de prestaciones sociales, razón por la que reclama dicho pago, a cuyos efectos pide experticia complementaria del fallo. Por su parte la sustituta de la Procuradora General de la República rebate argumentando que en el supuesto negado de que la República, por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Educación, se viere constreñida a pagar intereses de mora sobre las prestaciones sociales canceladas a la querellante, la única tasa aplicable debe ser la del 3% prevista en el artículo 1.746 del Código Civil, o en su defecto la contemplada en el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. En tal sentido observa el Tribunal que la actora indica con toda claridad la fecha de jubilación y la del pago de prestaciones sociales, lo cual es suficiente para calcular el concepto de morosidad previsto en el artículo 92 Constitucional. En efecto, existe prueba a los autos de que la actora fue jubilada con efectividad a partir del 01 de agosto de 2003 (folios 16 al 18) y fue sólo el 07 de noviembre de 2006 cuando recibió el pago de las prestaciones sociales, según ella afirma, sin objeción al respecto por parte de la Administración, de manera que sí existió demora en la cancelación de dicho beneficio, lo cual genera a favor de la misma el pago de los intereses moratorios previstos en el citado artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y así se decide.
De acuerdo con lo precedentemente decidido estima este Tribunal, que a la actora deben pagársele intereses moratorios por el lapso comprendido entre el 01 de agosto de 2003, día en que se hizo efectiva la jubilación y el 07 de noviembre de 2006 fecha en que le cancelaron las prestaciones sociales por un monto, de cincuenta y nueve millones trescientos sesenta y seis mil trescientos catorce bolívares con veinticuatro céntimos (Bs. 59.366.314,24), monto este último que el Tribunal estima correcto, pues la actora no logró demostrar errores en dicho cálculo, por tanto ésta será la suma sobre la que habrá de hacerse el cómputo de los intereses moratorios, calculados dichos intereses no capitalizados, los cuales deben estimarse por una experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. La experticia complementaria ordenada se practicará por un solo experto, que designará el Tribunal, en caso de que las partes no se pongan de acuerdo sobre esa designación, y así se decide.
Dichos intereses se calcularán según lo previsto en el artículo 108, literal “c” de la Ley Orgánica del Trabajo, rechazando este Tribunal el alegato de la sustituta de la Procuradora General de la República, según el cual los intereses deben calcularse en base al 3% previsto en el artículo 1746 del Código Civil, o en todo caso de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, inobservando así la aludida Sustituta, que el artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública remite para dicho cálculo a la Ley Orgánica del Trabajo, de allí que debe atenderse al citado literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, y así se decide
El Tribunal estima improcedente el pago de intereses moratorios que reclama la apoderada judicial de la actora por el tiempo que duró el juicio, pues en ello inobserva la peticionante, que al incumplirse el pago de intereses en fecha 07 de noviembre de 2006, lo que se generó fue su exigibilidad inmediata y no nuevos intereses, pues esto comportaría un pago de intereses de mora sobre intereses de mora, los cuales no prevé el citado artículo 92 Constitucional, y así se decide.
II
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos:
Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por la abogada M.M.P.H., actuando como apoderada judicial de la ciudadana E.D.C.B.U., contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN).
Se niega el pago de la diferencia de prestaciones sociales por la motivación ya expuesta en este fallo.
Se ordena al Organismo querellado pagarle a la actora los intereses moratorios causados por retardo en el pago de prestaciones sociales, desde el 01 de agosto de 2003 hasta el 07 de noviembre de 2006, lo cual debe hacerse sin capitalizarlos.
A los fines de determinar con toda precisión el monto a pagar a la actora, se ordena practicar experticia complementaria del fallo, en la cual se determinará el monto de los intereses de mora causados sin capitalizarlos, desde el 01 de agosto de 2003 día en que se hizo efectivo el beneficio de la jubilación hasta el 07 de noviembre de 2006 fecha del pago de las prestaciones sociales. La base sobre la que se calcularán los intereses de mora será la suma de cincuenta y nueve millones trescientos sesenta y seis mil trescientos catorce bolívares con veinticuatro céntimos (Bs. 59.366.314,24) que fue la cantidad que por concepto de prestaciones sociales se le cancelaron tardíamente a la actora. Dichos intereses serán los que determine el Banco Central de Venezuela para el cálculo de los intereses de antigüedad, según lo dispone el literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, al cual remite el artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Se niega la pretensión de pago de intereses moratorios generados durante el tiempo que dure presente juicio por la motivación ya expuesta en el cuerpo de la sentencia.
La experticia complementaria ordenada se practicará por un solo experto, que designará el Tribunal, en caso de que las partes no se pongan de acuerdo sobre esa designación.
Publíquese, regístrese y notifíquese a la ciudadana Procuradora General de la República.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil siete (2007). Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación.
LA JUEZ,
T.G.D.C.
LA SECRETARIA,
C.V.C.
En esta misma fecha 19 de junio de 2007, siendo la una (1:00 pm) de la tarde, se publicó y registró la anterior sentencia.
La Secretaria,
EXP. 07-1842
